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Charla: Beneficiarios controladores: la dimensión procesal

Charla fiscal: ¿Quiénes son beneficiaros controladores para efectos fiscales?

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Propaganda Gubernamental y veda por revocación de mandato

Charla: Beneficiario controlador para efectos fiscales

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Preparación para concurso de ingreso a la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano 2022

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Yaopol Pérez Amaya Jiménez

El juicio mercantil: el reto de la oralidad

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Charla Fiscal &#8220;Tasas efectivas del ISR y percepción de riesgo de los contribuyentes&#8221;

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José Fernando González Aceves

Teoría de los sistemas jurídicos.

Constitucionalismo y teoría de la Constitución.

José Ramón Cossío Díaz

Mecanismos para la solución jurídica de conflictos

Javier Martín Reyes

Maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática

Artículo publicado en MilenioA diferencia del inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió gobernar por decreto, la administración de Claudia Sheinbaum está construyendo el segundo piso de la 4T sobre un conjunto de reformas constitucionales y legales que le dan cimiento sólido. Con el acelerador a fondo, cada semana el órgano reformador de la Constitución aprueba modificaciones que están redefiniendo el régimen de gobierno y la administración.Un simple recuento de las modificaciones realizadas desde la instalación de la actual legislatura muestra la magnitud de los cambios. Se reformaron ya 46 artículos constitucionales, algunos en más de una ocasión. Adicionalmente, otros siete artículos están en proceso de completar el ciclo legislativo de reforma y a éstos se sumarán otros 13 que se aprobarán esta semana. En total, aproximadamente 66. Como punto de comparación, en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto se reformaron 92 artículos constitucionales.Las reformas abarcan áreas diversas y críticas: poderes judiciales, Guardia Nacional, derechos de pueblos y comunidades indígenas, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa, transporte ferroviario, empresas y áreas estratégicas, supremacía constitucional, igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, erradicación de la brecha salarial por razones de género, bienestar social, vivienda para trabajadores, protección y cuidado animal. Esta misma semana se aprobará la reforma que desaparecerá a algunos órganos constitucionales autónomos (OCAs).En el ámbito legal, destaca la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aunque mantiene esencialmente la estructura que conocemos, se reestructuran las funciones de la mayoría de la secretarías, se crean dos nuevas (Mujeres y Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación), se cambia la denominación y foco de la Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y Buen Gobierno, y se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con un mandato muy amplio. Llama poderosamente la atención que, aunque formalmente es una secretaría, no se le denomina como tal.En todo esto hay dos buenas noticias. En materia de prisión preventiva oficiosa, no se incluyeron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. Por otro lado, la desaparición de los OCAs podría no ser tan radical. Hay indicios de que, aunque desaparecen como tales, las funciones de algunos de ellos se preservarán, sobre todo en materia de competencia económica.Sin embargo, también hay que decirlo, hay que cantarle las golondrinas al derecho de acceso a la información. La transferencia de sus funciones en la materia a una diversidad de órganos augura que será muy difícil garantizar su eficacia. Sin ser perfecto, el modelo mexicano de acceso a la información pasará a mejor vida.

Los nuevos pilares de la 4T

Artículo publicado en El PaísLa reforma judicial avanza, pero avanza mal. Los pasos jurídicos necesarios para su culminación son torpes, descoordinados. Por momentos da la impresión de que sus apoyadores saben lo que hacen, pero después se contradicen y disuelven la apariencia. Declaran que no entienden lo que hacen o que los males serán conjurados en el final que sobrevendrá. Suponen que errores, omisiones, contradicciones, dudas y desconciertos serán superados por la grandiosidad a la que llegaremos.Mientras los críticos y los observadores planteamos dudas sobre la reforma, sus comprometidos realizadores esperan el epifánico momento en el que la realidad les confirme sus todavía deseos, les imponga la calidad de triunfantes y les permita mostrar su poder sobre los incrédulos. Los campeones de la reforma judicial apuran y esperan su final realización para confirmarse vencedores políticos, pero, sobre todo, morales. Personas que, nos dirán, se mantuvieron firmes no por vanidad o espíritu de cuerpo, sino por la convicción de la tarea a desempeñar. Personas que, se dirán, lo arriesgaron todo por un ideal y nunca por la necesidad de agregarse a algo que les diera sentido de sí mismos o protección por lo antes hecho. Personas que, afirmarán, miraron siempre por la salvación de un pueblo al que desde el inicio amaron y al que ahora, y gracias a la aparición de un líder, han podido acercarse y servir.La reforma judicial avanza en sus aspectos inmediatos. Sus avances, sin embargo, muestran su falta de sentido. Los actos cotidianos de acompañamiento no son suficientes para conferirle los atributos que las entusiastas declaraciones pretenden establecer. Pregones aparte, la reforma judicial sigue siendo lo que desde sus orígenes fue. La voluntarista determinación de quien decidió suprimir la autonomía e independencia judicial. Es por ello que la propuesta y la reforma carecieron y carecen de justificación.Quienes presentaron la iniciativa, y quienes la idearon y la prepararon, no quisieron o no pudieron compartirnos sus motivos. Prefirieron sustentarla en la autorreferente narración sobre la inutilidad, corrupción o confrontación de los juzgadores nacionales con el proyecto de nación encarnado en una persona. Al presentarse el 5 de febrero de 2024, la propuesta era una mera posibilidad condicionada por las venideras elecciones. Pasó después a ser una imposición a la heredera del movimiento. Urnas de por medio, adquirió el carácter de mandato directo e inalterable. Finalmente, y ante la transmutación de papeles presidenciales, la iniciativa se configuró como imperativo moral. Lo que comenzó como mera decisión terminó siendo una especie de ética popular establecida para no traicionar a un electorado que en condiciones plebiscitarias acudió a las urnas por y para esa reforma.La reforma judicial no tiene sentido porque desde la iniciativa careció de él o, más posiblemente, quedó oculto con palabras que decían otras cosas. Si hoy parece que la reforma tiene rumbo y dirección se debe a que el proceso y sus incipientes resultados se están dando. Esta situación exige distinguir entre el hacer y lo que se hace. Entre moverse y saber la dirección y propósito del movimiento; ya que lo cuantitativo no terminará por ser cualitativo. Por muchas que sean las reformas legales, los acuerdos administrativos o las postulaciones serán agregadas a una masa de normas y prácticas que seguirán careciendo de sentido.El sentido de la reforma judicial no puede descansar en la mera calidad de quien presentó la iniciativa o en el mero acto de presentación. Tampoco puede provenir del resultado de la elección, ni de los consabidos treinta y seis millones de votos en favor de la actual presidenta de la República. Menos aún puede extraerse tal sentido del voto mayoritario del oficialismo en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales. Suponer que el sentido de la reforma judicial parte de esos elementos, sería tanto como asumir que la reforma no vale por lo que es, sino por la mera y contingente posición de quienes hoy ocupan la titularidad de diversos cargos públicos. Colocarse en esta condición mayorista implicaría negar la razonabilidad de un movimiento tenido como intrínsecamente moral. El mero mayorismo conlleva la imposibilidad de distinguir entre el movimiento que se estima legítimamente transformador frente a los que hoy se tienen como perversos partidos o ideologías del pasado, y aquellos que en el futuro podrían desplazar a la actual casa reinante.El sentido de la reforma judicial tiene que ser la propia reforma judicial. El oficialismo pasado y presente nos ha dicho que se trata de un cambio para que la justicia pertenezca al pueblo, los corruptos se vayan y los intereses privados se desincorporen. Para que todo esto fuera posible, la reforma debió haber tenido otra estructura y composición. Tendría que haberse hecho cargo de los conflictos existentes en la sociedad actual, así como los medios para resolverlos. Debió haber avanzado en la conformación de los litigios y sus modos de tramitación. Debió haberse considerado la existencia de una carrera judicial y los medios de ascenso y permanencia de sus integrantes. Tuvo que haber previsto la manera de identificar corruptos y corruptores a fin de no trivializar el tema. Necesitó haber visto a la procuración y la impartición de justicia como un todo, así como sus maneras de inserción en el sistema jurídico nacional. Debió haberse hecho cargo de las inocultables condiciones de criminalidad existentes en el país, así como sus maneras políticas, empresariales y estrictamente delincuenciales de realización. Hubo de hacerse cargo de la necesidad de comprender a la jurisdicción como una indispensable función del Estado y no suponerla como una rama adversarial al mismo.Como nada de lo anterior se tuvo en cuenta y, por el contrario, la iniciativa y sus acompañamientos melódicos se limitaron a insistir en las antes dichas corrupciones y clasismos, queda la sospecha, desde luego fundada, de que lo que se dice que se quiere lograr y lo que en realidad se pretende alcanzar no sólo son incompatibles, sino que más bien están en oposición. Más aún, que entre lo dicho y lo deseado hay unas profundas diferencias y que es gracias a éstas, que la reforma carece de sentido. Que lo que se nos dice que está pasando o se está buscando es distinto a lo que en realidad se pretende que finalmente acontezca.Si al presentarse la iniciativa, atarla a la elección o exigirla como deber moral, se nos hubiera dicho que con ella se buscaba acumular el poder mediante la supresión de quienes ejercen frenos y contrapesos jurídicos, la reforma judicial tendría sentido. Cualquier crítico o lector mínimamente interesado podría constatar con facilidad la correspondencia entre las pretensiones y objetivos reformistas con las estructuras y desenlaces buscados. Sería fácilmente reconocible la intencionalidad de las elecciones populares; y la búsqueda de predominio de la actual clase política sobre la clase jurídica hasta el punto de subordinarla cuando no de plano incorporarla. Sería perfectamente entendible la ausencia de diagnósticos sobre la situación a superar, así como del planteamiento de remedios frente a los muchos e indisputables problemas de la procuración y la impartición de justicia en nuestro país. Si quienes presentaron y prepararon la iniciativa, o quienes de una u otra manera la han apoyado, hubieran tenido el valor o, siquiera, la decencia de contarnos o al menos esbozarnos sus intenciones verdaderas, la reforma contaría con un sentido. Todos sabríamos para qué fue hecha y no estaríamos en los juegos y las simulaciones que finalmente impiden asignarle su carácter. El activismo que desde la oficialidad se despliega prácticamente a diario para tratar de decirnos que lo que estamos viendo es producto de nuestros propios atavismos o intereses pero que, en realidad, no es ni lo que está sucediendo ni lo que se pretende que suceda, es la muestra más palpable de la imposibilidad de contarnos, y tal vez de contarse, lo que la reforma es.El creador de la reforma judicial la arrojó al mundo de la política fundado en su legitimidad. Al hacerlo no se atrevió a confesarnos sus intenciones. Pretendió darle un carácter distinto para hacerla respetada y aceptable. Es por ello que carece de sentido. Las voces que a diario y en coro tratan de decirnos lo contrario no hacen nada más sino confirmarnos la disonancia entre lo que se dice querer hacer y lo que se sabe que se está haciendo.

Una reforma en busca de sentido

Artículo publicado en El UniversalPocas autoridades —oficialistas o no— parecen darse cuenta del reto que avanza en paralelo a la reforma judicial recientemente aprobada. Más allá de sus motivos, deficiente concepción y atropellada instrumentación, sus resultados y efectos habrán de manifestarse en el contexto de las diversas transformaciones procesales en marcha. La reforma judicial irrumpirá en los muchos procesos judiciales pendientes de concluir.Al respecto, debemos recordar que en 2016 entraron en vigor los procesos penales acusatorios en todo el país. De entonces para acá han sido pocos los esfuerzos para terminar los pendientes en policías, servicios forenses, fiscalías y juzgadores. Prácticamente al mismo tiempo, comenzó una tímida e inconsistente modificación de los procesos mercantiles que siguen sin conclusión ni arraigo. También están en marcha, y también inconclusas, las transformaciones en la justicia laboral. Después de un arranque ciertamente potente, han caído en la inercia y la ralentización. Finalmente y con motivo de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, están por arrancar los profundos y extensos cambios que esta legislación impone a la Federación y a las entidades federativas.Si sumamos los procesos judiciales que se están modificando, ajustando o implementando, parecen involucrar un amplio porcentaje de la totalidad de los litigios nacionales. Además de la magnitud que en sí misma es relevante, el asunto tiene una muy sería dimensión cualitativa. El asunto tiene que apreciarse en el contexto de un país en el que, por más que se niegue, los particulares y las autoridades han decidido o se han visto obligados a resolver sus conflictos fuera del sistema estatal de justicia.&nbsp;Vivimos momentos en los que, así sea por demás difícil y suene prácticamente utópico, es necesario reconducir los conflictos humanos a litigios judiciales a fin de tratar de que éstos sean verdaderos instrumentos de pacificación. Si nuestra sociedad falla en este intento y más allá de si las omisiones o irresponsabilidades terminan atribuyéndose a las autoridades o a los particulares, los habitantes del territorio nacional tendrán que buscar mecanismos de protección y de resolución a sus conflictos fuera del Estado.Quienes han precipitado la reforma judicial no parecen haber visualizado —mucho menos comprendido— las varias transformaciones procesales en desarrollo. Se han limitado a suponer que los cambios orgánicos y las designaciones electorales serán suficientes —quién sabe por qué— para alcanzar cierto nivel de justicia. En sus ingentes deseos de controlar a las judicaturas federales y locales, ignoraron la realidad procesal que mal y desordenadamente está desenvolviéndose o que, de plano, está estancada.&nbsp;Las reformas procesales y la reforma judicial han sido entendidas como dos variables independientes. La realidad demostrará que están vinculadas. Que son interdependientes y que uno de los efectos de la segunda será la dificultad para que la justicia sea un mecanismo de pacificación en nuestra convulsa y violenta convivencia. Los efectos que producirá la intersección entre la reforma orgánico-judicial y la procesal no podrá atribuirse a los actores del pasado, ni a la asignada perversidad de juzgadores, abogados u otros enemigos creados con fines exculpatorios. Quienes han decidido que es necesario realizar reformas a la dimensión orgánica de la judicatura nacional, tuvieron el tiempo, los recursos y las mayorías necesarias para hacerse cargo de las implicaciones de su actuar.

La reforma judicial y las reformas procesales

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El arbitraje como alternativa ante la reforma judicial

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La inconstitucionalidad de las constituciones

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