Artículo publicado en MilenioA diferencia del inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió gobernar por decreto, la administración de Claudia Sheinbaum está construyendo el segundo piso de la 4T sobre un conjunto de reformas constitucionales y legales que le dan cimiento sólido. Con el acelerador a fondo, cada semana el órgano reformador de la Constitución aprueba modificaciones que están redefiniendo el régimen de gobierno y la administración.Un simple recuento de las modificaciones realizadas desde la instalación de la actual legislatura muestra la magnitud de los cambios. Se reformaron ya 46 artículos constitucionales, algunos en más de una ocasión. Adicionalmente, otros siete artículos están en proceso de completar el ciclo legislativo de reforma y a éstos se sumarán otros 13 que se aprobarán esta semana. En total, aproximadamente 66. Como punto de comparación, en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto se reformaron 92 artículos constitucionales.Las reformas abarcan áreas diversas y críticas: poderes judiciales, Guardia Nacional, derechos de pueblos y comunidades indígenas, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa, transporte ferroviario, empresas y áreas estratégicas, supremacía constitucional, igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, erradicación de la brecha salarial por razones de género, bienestar social, vivienda para trabajadores, protección y cuidado animal. Esta misma semana se aprobará la reforma que desaparecerá a algunos órganos constitucionales autónomos (OCAs).En el ámbito legal, destaca la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aunque mantiene esencialmente la estructura que conocemos, se reestructuran las funciones de la mayoría de la secretarías, se crean dos nuevas (Mujeres y Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación), se cambia la denominación y foco de la Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y Buen Gobierno, y se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con un mandato muy amplio. Llama poderosamente la atención que, aunque formalmente es una secretaría, no se le denomina como tal.En todo esto hay dos buenas noticias. En materia de prisión preventiva oficiosa, no se incluyeron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. Por otro lado, la desaparición de los OCAs podría no ser tan radical. Hay indicios de que, aunque desaparecen como tales, las funciones de algunos de ellos se preservarán, sobre todo en materia de competencia económica.Sin embargo, también hay que decirlo, hay que cantarle las golondrinas al derecho de acceso a la información. La transferencia de sus funciones en la materia a una diversidad de órganos augura que será muy difícil garantizar su eficacia. Sin ser perfecto, el modelo mexicano de acceso a la información pasará a mejor vida.

Los nuevos pilares de la 4T

Artículo publicado en El PaísLa reforma judicial avanza, pero avanza mal. Los pasos jurídicos necesarios para su culminación son torpes, descoordinados. Por momentos da la impresión de que sus apoyadores saben lo que hacen, pero después se contradicen y disuelven la apariencia. Declaran que no entienden lo que hacen o que los males serán conjurados en el final que sobrevendrá. Suponen que errores, omisiones, contradicciones, dudas y desconciertos serán superados por la grandiosidad a la que llegaremos.Mientras los críticos y los observadores planteamos dudas sobre la reforma, sus comprometidos realizadores esperan el epifánico momento en el que la realidad les confirme sus todavía deseos, les imponga la calidad de triunfantes y les permita mostrar su poder sobre los incrédulos. Los campeones de la reforma judicial apuran y esperan su final realización para confirmarse vencedores políticos, pero, sobre todo, morales. Personas que, nos dirán, se mantuvieron firmes no por vanidad o espíritu de cuerpo, sino por la convicción de la tarea a desempeñar. Personas que, se dirán, lo arriesgaron todo por un ideal y nunca por la necesidad de agregarse a algo que les diera sentido de sí mismos o protección por lo antes hecho. Personas que, afirmarán, miraron siempre por la salvación de un pueblo al que desde el inicio amaron y al que ahora, y gracias a la aparición de un líder, han podido acercarse y servir.La reforma judicial avanza en sus aspectos inmediatos. Sus avances, sin embargo, muestran su falta de sentido. Los actos cotidianos de acompañamiento no son suficientes para conferirle los atributos que las entusiastas declaraciones pretenden establecer. Pregones aparte, la reforma judicial sigue siendo lo que desde sus orígenes fue. La voluntarista determinación de quien decidió suprimir la autonomía e independencia judicial. Es por ello que la propuesta y la reforma carecieron y carecen de justificación.Quienes presentaron la iniciativa, y quienes la idearon y la prepararon, no quisieron o no pudieron compartirnos sus motivos. Prefirieron sustentarla en la autorreferente narración sobre la inutilidad, corrupción o confrontación de los juzgadores nacionales con el proyecto de nación encarnado en una persona. Al presentarse el 5 de febrero de 2024, la propuesta era una mera posibilidad condicionada por las venideras elecciones. Pasó después a ser una imposición a la heredera del movimiento. Urnas de por medio, adquirió el carácter de mandato directo e inalterable. Finalmente, y ante la transmutación de papeles presidenciales, la iniciativa se configuró como imperativo moral. Lo que comenzó como mera decisión terminó siendo una especie de ética popular establecida para no traicionar a un electorado que en condiciones plebiscitarias acudió a las urnas por y para esa reforma.La reforma judicial no tiene sentido porque desde la iniciativa careció de él o, más posiblemente, quedó oculto con palabras que decían otras cosas. Si hoy parece que la reforma tiene rumbo y dirección se debe a que el proceso y sus incipientes resultados se están dando. Esta situación exige distinguir entre el hacer y lo que se hace. Entre moverse y saber la dirección y propósito del movimiento; ya que lo cuantitativo no terminará por ser cualitativo. Por muchas que sean las reformas legales, los acuerdos administrativos o las postulaciones serán agregadas a una masa de normas y prácticas que seguirán careciendo de sentido.El sentido de la reforma judicial no puede descansar en la mera calidad de quien presentó la iniciativa o en el mero acto de presentación. Tampoco puede provenir del resultado de la elección, ni de los consabidos treinta y seis millones de votos en favor de la actual presidenta de la República. Menos aún puede extraerse tal sentido del voto mayoritario del oficialismo en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales. Suponer que el sentido de la reforma judicial parte de esos elementos, sería tanto como asumir que la reforma no vale por lo que es, sino por la mera y contingente posición de quienes hoy ocupan la titularidad de diversos cargos públicos. Colocarse en esta condición mayorista implicaría negar la razonabilidad de un movimiento tenido como intrínsecamente moral. El mero mayorismo conlleva la imposibilidad de distinguir entre el movimiento que se estima legítimamente transformador frente a los que hoy se tienen como perversos partidos o ideologías del pasado, y aquellos que en el futuro podrían desplazar a la actual casa reinante.El sentido de la reforma judicial tiene que ser la propia reforma judicial. El oficialismo pasado y presente nos ha dicho que se trata de un cambio para que la justicia pertenezca al pueblo, los corruptos se vayan y los intereses privados se desincorporen. Para que todo esto fuera posible, la reforma debió haber tenido otra estructura y composición. Tendría que haberse hecho cargo de los conflictos existentes en la sociedad actual, así como los medios para resolverlos. Debió haber avanzado en la conformación de los litigios y sus modos de tramitación. Debió haberse considerado la existencia de una carrera judicial y los medios de ascenso y permanencia de sus integrantes. Tuvo que haber previsto la manera de identificar corruptos y corruptores a fin de no trivializar el tema. Necesitó haber visto a la procuración y la impartición de justicia como un todo, así como sus maneras de inserción en el sistema jurídico nacional. Debió haberse hecho cargo de las inocultables condiciones de criminalidad existentes en el país, así como sus maneras políticas, empresariales y estrictamente delincuenciales de realización. Hubo de hacerse cargo de la necesidad de comprender a la jurisdicción como una indispensable función del Estado y no suponerla como una rama adversarial al mismo.Como nada de lo anterior se tuvo en cuenta y, por el contrario, la iniciativa y sus acompañamientos melódicos se limitaron a insistir en las antes dichas corrupciones y clasismos, queda la sospecha, desde luego fundada, de que lo que se dice que se quiere lograr y lo que en realidad se pretende alcanzar no sólo son incompatibles, sino que más bien están en oposición. Más aún, que entre lo dicho y lo deseado hay unas profundas diferencias y que es gracias a éstas, que la reforma carece de sentido. Que lo que se nos dice que está pasando o se está buscando es distinto a lo que en realidad se pretende que finalmente acontezca.Si al presentarse la iniciativa, atarla a la elección o exigirla como deber moral, se nos hubiera dicho que con ella se buscaba acumular el poder mediante la supresión de quienes ejercen frenos y contrapesos jurídicos, la reforma judicial tendría sentido. Cualquier crítico o lector mínimamente interesado podría constatar con facilidad la correspondencia entre las pretensiones y objetivos reformistas con las estructuras y desenlaces buscados. Sería fácilmente reconocible la intencionalidad de las elecciones populares; y la búsqueda de predominio de la actual clase política sobre la clase jurídica hasta el punto de subordinarla cuando no de plano incorporarla. Sería perfectamente entendible la ausencia de diagnósticos sobre la situación a superar, así como del planteamiento de remedios frente a los muchos e indisputables problemas de la procuración y la impartición de justicia en nuestro país. Si quienes presentaron y prepararon la iniciativa, o quienes de una u otra manera la han apoyado, hubieran tenido el valor o, siquiera, la decencia de contarnos o al menos esbozarnos sus intenciones verdaderas, la reforma contaría con un sentido. Todos sabríamos para qué fue hecha y no estaríamos en los juegos y las simulaciones que finalmente impiden asignarle su carácter. El activismo que desde la oficialidad se despliega prácticamente a diario para tratar de decirnos que lo que estamos viendo es producto de nuestros propios atavismos o intereses pero que, en realidad, no es ni lo que está sucediendo ni lo que se pretende que suceda, es la muestra más palpable de la imposibilidad de contarnos, y tal vez de contarse, lo que la reforma es.El creador de la reforma judicial la arrojó al mundo de la política fundado en su legitimidad. Al hacerlo no se atrevió a confesarnos sus intenciones. Pretendió darle un carácter distinto para hacerla respetada y aceptable. Es por ello que carece de sentido. Las voces que a diario y en coro tratan de decirnos lo contrario no hacen nada más sino confirmarnos la disonancia entre lo que se dice querer hacer y lo que se sabe que se está haciendo.

Una reforma en busca de sentido

Artículo publicado en El UniversalPocas autoridades —oficialistas o no— parecen darse cuenta del reto que avanza en paralelo a la reforma judicial recientemente aprobada. Más allá de sus motivos, deficiente concepción y atropellada instrumentación, sus resultados y efectos habrán de manifestarse en el contexto de las diversas transformaciones procesales en marcha. La reforma judicial irrumpirá en los muchos procesos judiciales pendientes de concluir.Al respecto, debemos recordar que en 2016 entraron en vigor los procesos penales acusatorios en todo el país. De entonces para acá han sido pocos los esfuerzos para terminar los pendientes en policías, servicios forenses, fiscalías y juzgadores. Prácticamente al mismo tiempo, comenzó una tímida e inconsistente modificación de los procesos mercantiles que siguen sin conclusión ni arraigo. También están en marcha, y también inconclusas, las transformaciones en la justicia laboral. Después de un arranque ciertamente potente, han caído en la inercia y la ralentización. Finalmente y con motivo de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, están por arrancar los profundos y extensos cambios que esta legislación impone a la Federación y a las entidades federativas.Si sumamos los procesos judiciales que se están modificando, ajustando o implementando, parecen involucrar un amplio porcentaje de la totalidad de los litigios nacionales. Además de la magnitud que en sí misma es relevante, el asunto tiene una muy sería dimensión cualitativa. El asunto tiene que apreciarse en el contexto de un país en el que, por más que se niegue, los particulares y las autoridades han decidido o se han visto obligados a resolver sus conflictos fuera del sistema estatal de justicia.&nbsp;Vivimos momentos en los que, así sea por demás difícil y suene prácticamente utópico, es necesario reconducir los conflictos humanos a litigios judiciales a fin de tratar de que éstos sean verdaderos instrumentos de pacificación. Si nuestra sociedad falla en este intento y más allá de si las omisiones o irresponsabilidades terminan atribuyéndose a las autoridades o a los particulares, los habitantes del territorio nacional tendrán que buscar mecanismos de protección y de resolución a sus conflictos fuera del Estado.Quienes han precipitado la reforma judicial no parecen haber visualizado —mucho menos comprendido— las varias transformaciones procesales en desarrollo. Se han limitado a suponer que los cambios orgánicos y las designaciones electorales serán suficientes —quién sabe por qué— para alcanzar cierto nivel de justicia. En sus ingentes deseos de controlar a las judicaturas federales y locales, ignoraron la realidad procesal que mal y desordenadamente está desenvolviéndose o que, de plano, está estancada.&nbsp;Las reformas procesales y la reforma judicial han sido entendidas como dos variables independientes. La realidad demostrará que están vinculadas. Que son interdependientes y que uno de los efectos de la segunda será la dificultad para que la justicia sea un mecanismo de pacificación en nuestra convulsa y violenta convivencia. Los efectos que producirá la intersección entre la reforma orgánico-judicial y la procesal no podrá atribuirse a los actores del pasado, ni a la asignada perversidad de juzgadores, abogados u otros enemigos creados con fines exculpatorios. Quienes han decidido que es necesario realizar reformas a la dimensión orgánica de la judicatura nacional, tuvieron el tiempo, los recursos y las mayorías necesarias para hacerse cargo de las implicaciones de su actuar.

La reforma judicial y las reformas procesales

Artículo publicado en El UniversalEn la comedia de equivocaciones que ya es la reforma judicial, hay algunos episodios que se destacan. Que demuestran la incompetencia técnica, la necesidad de complacer o la precipitación de proponentes y aplaudidores. La velocidad de los actos y sus actores no ha permitido poner de manifiesto la gravedad de los acontecimientos ni adscribir las correspondientes responsabilidades. Como lo que está sucediendo dará lugar a distintas tragedias se hace necesario documentar esos graves episodios.Un pequeño grupo de senadores del oficialismo presentó el 22 de octubre de 2024 una iniciativa para reformar o adicionar los artículos 1°, 103, 105 y 107 de la Constitución. En lo esencial, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos la dictaminaron en sentido favorable. En la discusión plenaria se impuso cierta racionalidad y se eliminó uno de los peores contenidos.Los promoventes buscaban cerrar el control judicial de las reformas y adiciones a la Constitución: por una parte, el control concentrado —amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad— al reformar los artículos 103, 105 y 107; por otra parte, el control difuso al prohibir los pronunciamientos de inconvencionalidad, ya que se planteó agregar al segundo párrafo del artículo 1° que las normas relativas a los derechos humanos “… en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.La impericia o precipitación referidas se evidencian en lo que los legisladores oficialistas pensaban que iban a lograr con la abandonada adición al artículo 1°. Ni aun cuando se hubiera aprobado tan artera propuesta hubieran logrado sus pretensiones.En el actual sistema de control de constitucionalidad mexicano, las normas jurídicas pueden invalidarse por ser contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo anterior puede realizarse mediante el control concentrado o el difuso. Los medios del primero son el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y los del segundo cualquier proceso judicial ordinario de carácter federal o local.En este sentido y aun cuando la infausta propuesta se hubiera aprobado, hubiera sido posible seguir analizando la validez de las reformas constitucionales. Por una parte, los jueces ordinarios hubieran podido realizar el control difuso de carácter constitucional y convencional respecto de las reformas constitucionales que no estuvieran relacionadas con los derechos humanos. Por otra parte, los jueces ordinarios hubieran podido realizar el control difuso de carácter constitucional respecto de las reformas constitucionales con independencia de su materia.La malograda propuesta de los senadores mostró, una vez más, que la reforma constitucional en marcha es el resultado de un deseo inicial poco reflexivo y de un mantenido seguidismo del mismo carácter. Que lejos de querer o poder reconocer los errores de concepción e instrumentación iniciales y sobrevenidos, se ha decidido que se tiene que actuar y volver a actuar fundados en la fuerza mayoritaria por el sólo hecho de serlo. Tan precipitado proceder quedó evidenciado con la presentación de una iniciativa que, más allá de su desechamiento, no hubiera servido para lo que sus promotores pretendían lograr. Una propuesta que no tenía más mérito y alcance que ser respaldada por la actual mayoría legislativa.

Una fallida propuesta en la reforma judicial

Un Pleno Regional se pronunció sobre las limitaciones a contratos temporales de trabajo, no obstante que estén permitidos en una norma legal. En materia de amparo, analizamos varios criterios sobre pruebas, suspensión y ejecución de la sentencia.AmparoOmisión de dictar sentencia en amparo indirectoLa Primera Sala sostuvo que sí procede recurso de queja cuando el juez no dicte sentencia en los 90 días siguientes a la celebración de la audiencia constitucional, a pesar de que este caso no esté previsto expresamente en la Ley de Amparo. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029439" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029439</a>Cumplimiento de la suspensión por una autoridad que no es parte en el juicioCuando en amparo se conceda la suspensión de oficio y se vincule a una autoridad no señalada como responsable, ésta no podrá interponer recurso de queja en contra del auto que le ordena llevar a cabo actos para dar cumplimiento a la suspensión. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029436" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029436</a>Ofrecimiento de pruebas en amparo directoComo una excepción al principio de limitación de pruebas en amparo directo, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando busque desvirtuar una causal de improcedencia. En este caso, para acreditar que la demanda había sido presentada dentro de plazo, se ofreció el recibo de depósito en la oficina de Correos de México. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029441" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029441</a>Pensionado reclama retención de ISREl sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado puede ser dictado fuera de audiencia en casos de excepción, por ejemplo, cuando se reclame la retención por impuesto sobre la renta a la pensión de una persona, y se advierte que las autoridades señaladas como responsables de forma previsible no intervienen en el acto reclamado. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029442" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029442</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029443" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029443</a>Deficiencia de la vía en recurso de inconformidadEl juzgador está obligado a suplir la deficiencia de la vía cuando advierta que el quejoso interpuso, para cuestionar el cumplimiento de la sentencia, un medio de impugnación distinto al recurso de inconformidad. El juzgador debe reencauzar la vía y tramitarlo como recurso de inconformidad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029435</a>ConstitucionalPrincipio de progresividad y no regresividad en actos legislativosPara evaluar si el poder legislativo emitió una norma que provoca una regresión injustificada a un derecho humano, es necesario que el juzgador lleve a cabo el siguiente ejercicio interpretativo: i) definir el mínimo de protección otorgada previamente al derecho, ii) identificar el cambio y sus efectos, iii) determinar si el cambio provoca un perjuicio injustificado al derecho y, de ser así, iv) declarar la inconstitucionalidad de los artículos que afecten el derecho. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029434" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029434</a>LaboralDeclaración de incompetencia de tribunal laboralSi un tribunal laboral declina competencia para conocer de un asunto y lo remite a otro tribunal que también declina, éste último deberá remitir el asunto a la autoridad encargada de resolver el conflicto jurisdiccional, esto es, a un tribunal colegiado de circuito, y no así a un tercer tribunal laboral. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029440" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029440 </a>No a contratos temporales en el gobierno de la Ciudad de MéxicoLos “Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados&#8221; no justifican la contratación temporal de trabajadores por parte del gobierno de la Ciudad de México, ya que esto atenta contra del derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029431" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029431</a>Plazo para que servidores públicos reclamen aportaciones patronalesLa Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no establece un plazo para que prescriba la obligación de inscribir al trabajador en dicho Instituto y realizar las aportaciones patronales. El Pleno Regional sostuvo que para este supuesto no puede aplicarse el plazo general de prescripción que es de tres años, ya que se trata de derechos imprescriptibles. [Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029432" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029432</a> Limitación a secretario instructor para emitir acuerdosEl secretario instructor carece de facultades para dictar acuerdos una vez concluida la fase escrita del procedimiento laboral. Posteriormente, los actos del secretario instructor deberán emitirse con la intervención del Juez. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029438" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029438</a>

Blog 181: Contratos temporales y juicio de amparo

Artículo publicado en MilenioRetomemos las preguntas de nuestra última entrega. ¿Tiene límites el poder reformador de la Constitución? ¿Puede actuar como quiera y modificar lo que sea? ¿Sus facultades admiten el control de la Suprema Corte?Antes de responderlas, debo advertir que es un tema muy complejo. En un extremo, hay quienes sostienen que el órgano reformador de la Constitución es equiparable al poder constituyente, cuya capacidad de configuración es ilimitada y cuyos actos no pueden ser objeto de una revisión formal o material. En el otro, se argumenta que se trata de un poder constituido, que debe seguir las reglas de procedimiento que establece la propia Constitución, así como la jurisprudencia sobre violaciones al procedimiento legislativo, y que por ende sus actos pueden ser revisados por la SCJN.La respuesta es todavía más complicada si consideramos que quienes hoy sostienen la primera posición, en el pasado argumentaron la segunda. Varios legisladores, entre otros Ernestina Godoy, Adán Augusto López o Ricardo Monreal promovieron un amparo indirecto contra la reforma constitucional en materia energética. Morena promovió la acción de inconstitucionalidad 17/2016 contra la reforma constitucional en materia política de Ciudad de México. El mismo Arturo Zaldívar defendió la procedencia del control judicial de las reformas a la Constitución (voto particular del amparo en revisión 2021/2009).Por su parte, la Suprema Corte ha resuelto desde 1998 diversos casos. Las diferentes integraciones han alternado criterios que son claramente incongruentes entre sí y han suscitado votaciones divididas y valiosos votos de minoría. En la sesión del pleno de la SCJN del 3 de octubre de 2024, el ministro Ortiz Mena pidió a sus colegas “poner en orden nuestra jurisprudencia sobre un tema tan trascendental” pues los criterios “no están sistematizados y no hay suficiente claridad interpretativa”.En síntesis, enfrentamos un tema especialmente importante que requiere de una reflexión pausada y cuidadosa con una perspectiva de largo plazo. Podríamos empezar por reconocer que el órgano reformador de la Constitución es un poder constituido que tiene características especiales, por ello debe estar sujeto a un criterio de control constitucional distinto al ordinario.También es necesario reconocer que las normas constitucionales tienen funciones y valores diferentes, sobre todo en un texto que tiene disposiciones tan detalladas. Que la reforma a la Constitución es un asunto muy serio que requiere deliberación, especialmente cuando esa reforma puede afectar algunas de las estructuras o decisiones fundamentales. Finalmente, recordar que la Constitución es el espacio donde la política y el derecho se encuentran y encauzan. Hay que intentar que ni uno ni otro se desborden. En la siguiente entrega aportaré algunos elementos más específicos.

La inconstitucionalidad de la Constitución (segunda parte)

Artículo publicado en El PaísLa reforma judicial en marcha continúa mostrándonos una pluralidad de ángulos, prácticamente a diario. Nos ha tocado presenciar la renovación de discursos de vieja raigambre nacionalista. A la rememoración de las doctrinas del poder absoluto o del que pretende llegar a serlo. Hemos visto también falta de oficio en la forma de incapacidades políticas y jurídicas. Así como muchos otros elementos que, o suponíamos superados o que, al menos, habrían de presentarse con mayor pudor.En el encarreramiento de los días, hay dos manifestaciones del oficialismo que han llamado mi atención y, supongo, la de otros. Se trata de dos fenómenos que han logrado significar mucho de lo que se está diciendo y haciendo por parte de los órganos gubernamentales y de los coros que los ensalzan. Lo curioso es que ambas narrativas resultan, si no de plano contradictorias entre sí, sí respecto de la totalidad de los discursos y posicionamientos con que las nuevas autoridades están pretendiendo asentar y ejercer su poder.El primer fenómeno frente a la oposición judicial y jurídica a la reforma judicial apela a la subordinación más abyecta de los juzgadores a los poderes fácticos o, de plano, a una ideología que, por lo demás, se estima como propia y autogenerada. Se dice —cada vez más estruendosa y abiertamente— que toda la oposición a la reforma tiene como propósito mantener la incrustación conservadora, neoliberal o de signo parecido, en la actividad jurisdiccional. En esa representación se asume que alrededor de 50,000 personas comparten una concepción unitaria y defienden al unísono una posición contraria, a la cuarta transformación en su modalidad “segundo piso”. Se asume que, de algún modo, ese conjunto humano se constituyó de manera tal, que las diferencias de edad, formación, arraigo o procedencia quedaron borradas al momento mismo de incorporarse a la actividad de uno de los poderes del Estado o que, de manera todavía más pintoresca, esas muchas personas decidieron incorporarse a él por una curiosa predisposición del alma.La narrativa oficialista ha tenido que construir un monigote al cual poder atacar con facilidad después de haberle asignado condiciones tan peculiares como las señaladas anteriormente. Establecido el conjunto a partir de la ideología impuesta, ha sido posible generar la idea de que todo acto jurídico emanado de los órganos jurisdiccionales de la Federación no es sino la expresión irrefutable de la ideología asignada. En tan generosa suposición no es posible admitir la diferencia de intereses, compromisos, proyectos ni, menos aún, ideales, pues todo se ha querido reducir a la defensa de los mínimos privilegios y de las abyectas defensas, ya ni siquiera de los intereses propios, sino de los de alguien abstracto y poderoso al que, por algún motivo, se dice, se ha decidido servir.La segunda manera de actuación del oficialismo ha estado vinculada con las decisiones que diversos órganos jurisdiccionales han tomado con motivo del proceso de reformas judiciales en marcha. Desde los inicios de la dinámica reformista, diversos juzgadores han emitido resoluciones para analizar la validez del proceso y sus efectos, así como para suspender sus avances y consecuencias. Los juzgadores han actuado, bien o mal, fundada o infundadamente, dentro de los procesos previstos en la Constitución y las leyes. Cada una de sus resoluciones, cuestionables o no, han estado y están sujetas a la revisión de las instancias competentes, una vez promovidos los correspondientes medios de impugnación.Frente a las impugnaciones promovidas y las resoluciones dictadas en ellas, el oficialismo ha tomado dos caminos de acción, pues en algunas ocasiones las ha recurrido y, en otras, simplemente, las ha desconocido. Es así que en este momento existen, como debe ser conforme a nuestro orden jurídico, diversos recursos para que lo decidido respecto de la reforma pueda ser revocado o acotado. En ello no hay nada de particular, pues se trata de la manera ordinaria en la que las autoridades deben estar frente a un orden jurídico que determina la legalidad de cada una de sus actuaciones y, con ello, la legitimidad final del ejercicio de poder que realizan.Por otra parte, sin embargo, se han emitido declaraciones y se han constituido omisiones respecto de lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales. Frente a las declaraciones de suspensión de los actos reclamados, simplemente se ha dicho que lo decidido carece de validez política o jurídica. La primera, porque el pueblo ha decidido que la reforma va, y sobre el pueblo nada ni nadie puede manifestarse; la segunda, porque se ha decidido por la autoridad política que la determinación jurídica de la autoridad jurisdiccional carece de fundamento y validez.Cualquiera que haya sido el modo de enfrentar las decisiones judiciales para evitar su cumplimiento, existe un problema de fondo que se encuentra sin solución. Se trata de la posibilidad de que las autoridades político-administrativas determinen por sí y ante sí la juridicidad de las decisiones tomadas por otros poderes, en particular, las judiciales. La narrativa y actuación del actual oficialismo ha propiciado una grieta, una resquebrajadura en el orden constitucional que, por lo demás, sustenta su propia existencia y la legitimidad de sus actuaciones. El actual oficialismo ha decidido apartarse del juego autorreferente que imponen la Constitución y las leyes, para abrir otro en el que, si bien sus líneas todavía son paralelas, muy pronto se cruzarán en la forma de una crisis constitucional.También de las contradicciones a que está dando lugar el oficialismo al tratar de sortear la oposición de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación y las decisiones jurídicas por ellos tomadas, se están generando diversas disonancias con respecto a la narrativa general del nuevo gobierno. A fin de atraer inversión directa o a fin de evitar que la ya realizada se vaya del país, se ha dicho que en México se respeta y respetará la autonomía judicial y se acatarán las decisiones judiciales. Sin embargo, con motivo de la reforma en marcha se está produciendo la paradoja de amenazar a los jueces y magistrados que exigen el cumplimiento de sus resoluciones jurídicas. Asimismo, se está señalando que no se acatarán las decisiones de los juzgadores que, a juicio de los políticos, sean contrarias a derecho. Es más que evidente ya la disonancia entre la oferta general de cumplimiento y subordinación al derecho y las condiciones particulares de acatamiento a las incidencias de la reforma judicial.Ante la contradicción narrativa y operativa que el oficialismo está viviendo es muy posible que se produzca una salida en la forma siguiente: no es que no se vaya a cumplir con las decisiones judiciales, ni que se vaya a afectar la independencia judicial, sino que, precisamente, para lograr tan idílica situación, primeramente, es necesario reformar al poder judicial y privarlo de sus malos elementos. Los desconocimientos actuales son instrumentales a la situación que pretende generarse y que, una vez establecida, sí será propicia y propiciatoria al más pleno cumplimiento judicial y al más amplio respeto a la institución judicial.Es en esta narrativa en la que se condensan todos los demás elementos enfrentados en estos días, sean éstos de carácter operativo o normativo. Lo que queda en duda es si para que se considere que los juzgadores son verdaderamente independientes y sus resoluciones dignas de cumplimiento, es necesario que los mismos sean designados mediante los medios impuestos. Que, adicionalmente, las decisiones a acatar sean dictadas por quienes fueron electos mediante los nuevos y controlados mecanismos que, precisamente, están en disputa.

Narrativas en conflicto sobre la reforma judicial

Artículo publicado en El Universal¿Qué pasaría si los gobernados deciden incumplir con sus obligaciones tributarias porque, en su opinión, éstas son excesivas, y además deciden que el SAT no tiene facultades para cobrarles y por lo tanto ellos van a determinar cuánto y cuándo hay que pagar impuestos? Una verdadera ruptura con el sistema jurídico y con ello una autentica amenaza para la subsistencia del Estado mismo, eso es lo que pasaría. Algo absolutamente indeseable.Nuestro sistema jurídico, como cualquier otro, requiere un cumplimiento generalizado de las normas. Casi todo el tiempo, casi todas los gobernados deben de cumplir con casi todas las normas. Esto llevado a la vida cotidiana permite que el billete de 100 pesos con el que usted paga sea recibido por el tendero, y éste a su vez lo pueda usar para pagar la carne con la que alimentará a su familia y, al conducir de regreso a su casa, no encuentre que el tránsito es un galimatías porque todos conducen por el lado de la avenida que les da la gana y, por supuesto, que al llegar a su casa ésta siga siendo suya y no la de alguien más.Para garantizar lo anterior, si los ciudadanos no cumplen voluntariamente con las normas jurídicas, el Estado tiene la atribución de hacérselas cumplir incluso con el uso de la fuerza, como por ejemplo con la imposición de multas, el embargo de bienes o con la pérdida de su libertad.El postulado es muy sencillo: si las normas jurídicas no se cumplen de manera generalizada, el sistema jurídico (la herramienta que inventamos para proteger nuestros derechos) está en peligro. Si esto es tan claro para el ciudadano, ¿por qué no lo es para el gobierno? Cuando la titular del Ejecutivo Federal declara que su administración no cumplirá con las suspensiones dictadas en los juicios de amparo en contra de la reforma judicial, lo que está haciendo es romper con el sistema jurídico.Que distintos servidores públicos afirmen que no van a acatar una suspensión de amparo es equivalente a que los gobernados decidan que no van a pagar impuestos. Si las decisiones de los jueces o la imposición de impuestos son contrarias a la norma, existen mecanismos dentro del propio sistema jurídico para combatirlas. Si el objeto, la tasa o la base de un impuesto no son del agrado del contribuyente, existe el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo. Todo dentro del sistema normativo.De igual forma, si a la autoridad responsable no le parece correcta la determinación de suspensión dictada en un juicio de amparo en relación con la reforma judicial, ésta podría combatirla a través del recurso previsto en la propia ley de amparo. Lo que no debería de hacer es decidir por sí misma que no le gusta la suspensión y, por lo tanto, que no la va a acatar.¿La Presidenta se dará cuenta de que con su acción abre la puerta a una serie de desobediencias y omisiones que, de realizarse, no ayudarán en nada al Estado de Derecho, ya de por sí bastante maltrecho? Cuando la titular del Ejecutivo Federal tomó protesta juró cumplir la Constitución, siempre, no solo cuando le parezca adecuado.La desobediencia de la Presidenta sólo da lugar a dos suposiciones. a) No dimensiona con claridad el daño que le hace al Estado de Derecho al decidir cuáles resoluciones de jueces cumple y cuáles no. b) Sí dimensiona con claridad el daño que le hace al Estado de Derecho al decidir cuáles resoluciones de jueces cumple y cuáles no, y no le importa. En cualquier caso, es gravísimo lo que está pasando.La democracia sólo funciona cuando es operada por demócratas. Saberse con todo el poder y decidir pasar por encima de la ley, no es una actitud propia de demócratas. Por el contrario, manda el mensaje de L&#8217;État, c&#8217;est moi. Así volvemos al gobierno de las personas (y no al de las leyes). Forma de gobernar que debió de haber quedo atrás hace siglos.El IVA es del 16%, el ISR del 35%, el IEPS a los cigarros es del 160%, suficiente para que cualquier ciudadano inconforme con la calidad de los servicios públicos de electricidad, salud, seguridad pública o educación esté tentado a no pagarlos.

Los impuestos son muy altos

Artículo publicado en El HeraldoCon el resultado de esa tómbola perdemos todas y todos. Nos quitan a los jueces profesionales que llegaron a ese cargo a través de estudio y exámenes y, a cambio, nos dan a personas con una calificación de 8 en la carrera.El sábado pasado el Senado decidió, a través de una tómbola, quiénes son las 711 personas juzgadoras que se quedarán sin trabajo en 2025 y serán sustituidas por la persona que obtenga más votos en no sabemos cuál boleta de qué distrito electoral, porque el INE no tiene ni idea de cómo hacer corresponder los circuitos judiciales con los distritos electorales.Lo que el Senado no sabe es ¿Quiénes de esas 711 personas construyeron a lo largo de 30 años carreras judiciales intachables? ¿Cuántas y cuántos fueron jueces o magistrados incorruptibles, valientes, capaces y conocedores del Derecho? Ni el expresidente López Obrador se atrevió a decir que ninguno.Él mismo reconocía que había personas juzgadoras con carreras pulcras. Bueno, pues a ellas y a ellos también se les desechará. Sin argumentos, sin valoración, sin evaluación, sin consideración. El Senado no sabe y no le importa.Aparentemente la impartición de justicia en México vale tan poco para el Congreso de la Unión que éste es muy capaz de aprobar leyes secundarias con errores de técnica legislativa (véase el documento del Instituto Belisario Domínguez&nbsp;https://t.co/1D4ohXggIT&nbsp;), para reglamentar una reforma constitucional (también con errores) sujeta a control de constitucionalidad, del cual se quieren desentender con solo afirmar que los amparos no procedían (peligrosísimo precedente para que en su momento la FGR, el SAT, el IMSS y cualquier otra autoridad administrativa tenga a bien decidir cuándo procede o no un amparo).En unas cuantas horas de un sábado se resolvió con un sorteo lo que requería evaluación, ¿Cuáles eran las personas juzgadoras que México necesitaba conservar? Nunca lo sabremos. Si no fuera tan triste, daría risa el método de la tómbola, la cual ni el Congreso utiliza para decisiones infinitamente menos transcendentes que correr a centenares de jueces, buenos y malos, por igual.Por ejemplo, cuando se decide cuáles personas legisladoras integrarán las mesas directivas de las distintas comisiones (con su respectivo presupuesto) ninguna de las dos cámaras utiliza la tómbola; negocian, analizan perfiles y tratan de encontrar a la mejor persona para el mejor cargo.Algo similar se puede decir cuando se realiza la asignación del presupuesto anual para las actividades de los partidos políticos. Sus representantes en el INE no aceptan que se asigne por tómbola; negocian, argumentan, analizan cifras e indicadores. Tampoco se utiliza la tómbola para la inscripción en la lista de representación proporcional para un cargo de diputado o senador o para decidir qué legislador se reelegirá o no. El uso de la tómbola es la negación de la técnica y la política.Obviamente la implementación de la reforma judicial es un proceso cuyo resultado no le importa a los legisladores, y por eso optaron por usar una tómbola, en la que no creen ni ellos. ¿Qué más da quién se va, si lo importante es que quien llegue sepa quién es el que manda?Con el resultado de esa tómbola perdemos todas y todos. Nos quitan a los jueces profesionales que llegaron a ese cargo a través de estudio y exámenes y, a cambio, nos dan a personas con una calificación de 8 en la carrera, práctica profesional de 5 años, un ensayo de 3 cuartillas y 5 cartas de referencia. Ya con eso.&nbsp;

Triste tómbola

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que el reglamento del municipio de Tepic que prohíbe las peleas de animales y las considera maltrato animal, es inconstitucional. En amparo laboral se estableció que los patrones no están obligados a otorgar garantía cuando se ordena la suspensión.AdministrativoProcedencia del recurso de queja en sede contenciosa administrativaLa Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no viola el derecho a la igualdad, aun cuando no prevea entre los supuestos de procedencia del recurso de queja, los casos en que se declaró la nulidad por vicios de competencia y, posteriormente, la autoridad pretende iniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución a pesar de que caducaron sus facultades. No puede equipararse a los supuestos de procedencia del recurso de queja previstos en dicha Ley. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029428" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029428</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029427</a>Propiedad intelectualReserva en tratado en materia de patentesLa Segunda Sala resolvió que la reserva que presentó México a la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es constitucional, a pesar de que no fue aprobada por el Senado de la República. Esto porque dicha reserva se refiere a cuestiones administrativas y no sustantivas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029421" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029421</a>ConstitucionalCrueldad animal y principio de subordinación jerárquicaLa Segunda Sala sostuvo que el Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Tepic que prohíbe las peleas de animales y las considera maltrato animal, está en abierta contradicción con la Ley de Protección a la Fauna de Nayarit que expresamente señala que las peleas de gallos y tauromaquia no se deben considerar maltrato o crueldad animal. El Reglamento viola el principio de subordinación jerárquica. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029419" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029419</a>Usos y costumbres indígenas, su aplicación sobre la leyLa persona que solicite en juicio que se aplique el principio de maximización de la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, es necesario que cumpla con lo siguiente: a) solicitar expresamente la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación; b) señalar cuáles son los usos o costumbres que considera aplicables; y, c) precisar el motivo por el cuál, los usos o costumbres deben prevalecer sobre las disposiciones legales. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029426" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029426</a>Amparo¿Los patrones deben otorgar garantía por daños y perjuicios de la suspensión?Dentro del concepto de personas morales oficiales latu sensu, se encuentra la parte patronal, quien en amparo directo está exenta de otorgar garantía cuando solicite la suspensión y su concesión pueda causar daños y perjuicios. Lo anterior porque existe la presunción legal de que tiene la capacidad patrimonial para reparar e indemnizar los perjuicios que se llegaran a causar a terceros. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029429" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029429</a>LaboralDerecho a la seguridad social de militares&nbsp;La Segunda Sala resolvió que es inconstitucional la norma que establece que los militares dados de baja por incapacidad contraída fuera del trabajo, que no cuenten con 20 años de servicio, no tendrán derecho a un haber del retiro ni a atención médica. Esta disposición restringe su derecho humano a la seguridad social, por lo que debe inaplicarse y en su lugar, atender al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. [Segunda Sala] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029420" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029420</a>

Blog 180: Crueldad animal y suspensión en amparo laboral

El acuerdo del 2 de octubre: perdón y olvido

Artículo publicado en El UniversalEl proceso de reformas judiciales en marcha constituye un amplio y complejo muestrario de muchas cosas. Desde luego, de la manera en la que el oficialismo gobernante concibe a la impartición de justicia. Como una actividad por conquistar para hacer de ella, de sus realizadores y de sus destinatarios, una parte más del engranaje que buscan establecer. Bajo la repetición estruendosa de sus 36 millones de votos, de la supuesta voluntad popular unificada y unitaria, y de la arrogancia de suponerse conciencia y destino de la nación entera, ese oficialismo quiere adjudicarse una función concebida para ser autónoma, de modo que pase a formar parte de sus designios e intervenciones.La reforma judicial en marcha ha evidenciado que la escenificación a la que asistimos proviene de algo que no se nombra y que, con el azar, se dice, quieren regirse las cosas (Borges). De quien, ya instalado en su maximato, ve a los personajes por él elegidos interpretar el guion que dejó escrito. Quien asiste a las puestas en escena para mirar, satisfecho, los malabares y ridículos que sus personeros ejecutan para complacerlo.La reforma en marcha ha mostrado las incapacidades de los ejecutores de la encomienda. De quienes reducen el oficio de la política a la arbitrariedad de ser y saberse mayoría. De tener que mostrar el poder para complacer a quien no nombran y para saberse, tal vez reconocerse, poderosos y triunfantes. La marcha de estos días ha evidenciado incapacidades técnicas. El no saber hacer lo necesario para alcanzar los resultados buscados. Rifas de carpa, esferas saltarinas, listados secretos, ocultas relaciones numéricas y dudosas aritméticas, significaron los acontecimientos de los que se disponía por decisión propia.La reforma judicial anunció también el futuro. Su escenificación mostró las prácticas y los recursos de los actuales gobernantes. Nos dejaron ver que aun cuando ellos mismos decidan las reglas de su actuar, podrán también desconocerlas cuando en algo se opongan a su actuar. El guionista y los directores, los productores y los actores de la tragicomedia judicial en marcha nos han hecho saber que tienen la capacidad de recrear el guion, la dirección y las actuaciones conforme lo vayan creyendo necesario.La reforma judicial en marcha nos ha mostrado que el oficialismo no está dispuesto a someterse, ni siquiera, a sus propias reglas. Que lejos de servirles como patrones de actuación, son indicadores tentativos de las acciones a realizar. Que sus reglas no dan fijeza a sus conductas, ni pueden servir a otros de mapas u hojas de ruta.El espectáculo de las reformas constitucionales, las leyes que de ellas emanaron, los acuerdos parlamentarios y la tombolera sesión del 12 de octubre, evidenciaron muchas cosas. Visiblemente, incapacidades y arrogancias, y la celebratoria festividad de quien suele confundir razón con mayoría. Evidenció también la malsana capacidad de violar las propias reglas hasta reducirlas a nada.&nbsp;De la reforma misma y de la azarosa sesión senatorial se ha escrito y se escribirá mucho. Se señalarán sus grandes errores y mayores arbitrariedades. Se identificarán ordenadores, escenificadores y tramoyistas. El pasar de los años terminará por reafirmar a esas horas y a esos actos la vergonzosa dimensión que desde ahora tienen. Pero volviendo a nuestro presente, estos actuares nos han mostrado la posibilidad de que todo sea instrumentalizado para nada. De que el valor de lo establecido quede reducido al instante de su establecimiento.&nbsp;

La puesta en escena de la reforma judicial

Artículo publicado en El PaísLa reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre se encuentra en un peculiar momento, y está generando amplios efectos tanto para el presente como para el futuro próximo y remoto. La discusión ha dejado de tener un carácter eminentemente técnico. Ya no se habla de los problemas de redacción, ni menos del acomodo de sus distintos supuestos a los cánones más básicos del constitucionalismo. Tampoco se ha querido radicar la discusión en los muchos y previsibles problemas funcionales a que los textos están dando y darán lugar más adelante. La discusión ha adquirido un sesgo político. Se ha reducido a las posibilidades que tienen las mayorías gobernantes de imponer su voluntad, así como a las posibilidades jurídicas con que cuentan los diversos opositores a las pretensiones mayoritarias. Las disputas se han ido configurando con un lenguaje de confrontación, cuando no de plano militar.Los legisladores federales de la mayoría oficialista están tratando de aprobar las leyes mediante las cuales pueda realizarse la elección extraordinaria en junio del próximo año, a fin de elegir a los ministros de la Suprema Corte y a los titulares del nuevo órgano de disciplina judicial, así como a la mitad de los jueces y magistrados federales. La necesidad autoimpuesta de estas renovaciones ha provocado la prisa aprobatoria, tanta que han evidenciado una serie de problemas técnicos en las condiciones electorales y de procedimiento en las parlamentarias.Tan acelerado proceder se ha justificado por el oficialismo legislativo y general, no tanto en las premuras de la elección del 2025, sino más bien en el mandato de las verificadas en el 2024. Senadores, diputados, influencers cuatroteístas y un amplio conjunto de apoyadores del mismo signo, consideran que cualquier medio está justificado para lograr la elección futura. A su vez, el fin parece sostenerse en su totalidad en el ya cuasi mítico fundamento ancestral de los 36 millones de votos. Sin diferenciar entre los que correspondieron a la nueva presidenta como persona, a los partidos coaligados como unidades, al hartazgo o decepción de los demás contendientes o, en general, a cualquier otro factor individualizado, se ha asumido la idea de un mandato prístino, prácticamente esférico, para lograr la renovación electoral de los poderes judiciales del país.Es esta atribución de un sentido unitario a las pasadas elecciones lo que ha provocado y permitido la construcción del referido lenguaje militar con la finalidad de encausar y darle sentido al proceso en marcha. Es por ello que se habla de la necesidad de vencer a los opositores de la reforma. De derrotarlos en todos los frentes mediante una acción decidida y frontal prácticamente de destrucción. En esta lógica de avance y conquista, las formalidades procesales de su propio actuar, las suspensiones judiciales, los llamados a la prudente rectificación de los errores, los eventuales daños económicos y financieros o las posibles condenas internacionales, son vistas como obstáculos a superar cuando no, de plano, plazas por ocupar. Los adversarios van adquiriendo el carácter de enemigos y los dubitativos el de colaboradores. Los rechazos o los meros cuestionamientos a la reforma misma o a las maneras de llevarlas a cabo sirven para asignar bandos y actuar en consecuencia. La lógica, también autoimpuesta, sirve para caracterizar con cierta definitividad y mayor rotundidad, a los “ellos” y a los “nosotros” bajo distintos signos.Del lado opositor, las acciones no han sido menores. A diferencia de la mayoría gobiernista que por su posición misma puede desplegar una estrategia más o menos general y unificada, quienes están en contra de la reforma han tenido que actuar, por su propia condición dispersa, mediante diversas y descentralizadas tácticas. Quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación han acudido al paro de labores, quienes tienen la tarea de juzgar a la suspensión parcial de actividades, los grupos organizados de la sociedad civil a las marchas, los articulistas y comunicadores a la denuncia de contradicciones y peligros, y otros grupos organizados a la presentación de demandas y recursos judiciales.Tan variados medios tienen como eje articulador la oposición a la reforma, por sus contradicciones al constitucionalismo vigente, al texto constitucional en vigor, a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a la destrucción de un servicio civil de carrera, a los desatinos funcionales de las propuestas, a los temores a la concentración del poder o a la pérdida de los contrapesos necesarios para la correcta conducción de un gobierno efectivamente democrático. La pluralidad de acciones y propósitos opositores se han ido configurando también mediante una narrativa militar. Se habla o se intuyen batallas, asedios, derrotas o largas resistencias frente a lo que de suyo se mira como ataques e inaceptables victorias.En la confrontación de narrativas militares en la vía de estrategias y tácticas, avances y repliegues o triunfos y derrotas, se ha ido imponiendo de a poco, pero crecientemente, la distinción entre los propios y los ajenos. Con ello, y también de manera muy militar, la idea de la necesaria victoria mediante la rendición incondicional de aquellos a quienes, también de a poco y consistentemente, van siendo caracterizados como enemigos irreconciliables.El riesgo que se corre con los actuales modos de desplegar las luchas parlamentarias y judiciales es la constitución de dos procesos diferenciados que, aun cuando por el momento parezcan paralelos, en algún punto dejarán de serlo y se cruzarán en condiciones previsiblemente violentas. Los oficialistas han redoblado su marcha mediante la presentación de las iniciativas de leyes necesarias para desarrollar la elección extraordinaria del próximo año. También, han intensificado los discursos descalificatorios hacia los juzgadores en particular, así como a quienes los apoyan, o a quienes están en contra de la reforma o hayan expresado dudas sobre su viabilidad. Igualmente, han decidido desconocer las suspensiones judiciales considerándolas, nuevamente, como una especie de ataque o mera resistencia de sus enemigos.Desde el lado opositor al oficialismo reformista se han suscitado, también, una gran cantidad de acciones consideradas, en la misma lógica militar, ofensivas o defensivas. Unas de ellas, a fin de resistir los embates del gobierno, tal como sucedió con las consultas promovidas ante la Suprema Corte por los propios funcionarios judiciales. Otras, como respuestas de los grupos opositores al gobierno en la forma de acciones de inconstitucionalidad. Unas más, como controversias constitucionales para tratar de salvaguardar a lo local de los afanes centralistas disfrazados de renovación federalista.Hasta este momento los procesos legislativo-electoral y judicial han podido desplegarse de un modo relativamente autónomo; sobre todo por la decisión de las cámaras de diputados y senadores de no acatar las suspensiones judiciales. Sin embargo, en las próximas semanas ambos procesos confluirán cuándo la Suprema Corte y otros juzgadores federales se pronuncien sobre la validez de las reformas constitucionales y legales. Lo resuelto en la vía judicial determinará las posibilidades jurídicas de lo decidido por los legisladores. Las decisiones paralelas dejarán de serlo. En ese momento, los apoyadores de la reforma pensarán que sus posiciones son completamente legítimas y por lo mismo deben prevalecer con total independencia de las formas jurídicas. En sentido contrario, los opositores a la reforma considerarán que la misma es ilegal y que no puede realizarse conforme al marco jurídico-constitucional. De persistir las posiciones de ambos grupos contendientes bajo la lógica confrontacioncita de signo militar, tendremos un encontronazo entre oficialistas y opositores, personificando el viejo, conocido y peligroso desencuentro entre la legitimidad y la legalidad.La dinámica adversarial a la que asistimos le ha hecho suponer a cada uno de los grupos contendientes —más allá de sus variables composiciones— que no hay más camino que el triunfo o la derrota. Se ha evocado, incluso, algo así como el “chicken run” realizado por James Dean en “Rebelde sin causa”. Legitimidad contra legalidad en un juego de machos dispuestos a morir antes que verse derrotados. El orgullo de ser gobierno y de tener detrás 36 millones de votos como justificación para no sólo llevar a cabo la reforma, sino sobre todo para desconocer las normas del orden jurídico en el que se sustenta el gobierno mismo y su legitimidad ordinaria.El punto central de todo este proceso estará en la determinación de la persona e institución que pueda tratar de resolver el conflicto. No parece que vayan a ser los propios actores directamente involucrados, pues es previsible que cada uno de ellos insista en su posición apertrechado en sus correspondientes lógicas legitimistas y legalistas. Así las cosas, el papel determinante recaerá en la presidenta de la República. Esto no sólo por su carácter formal de jefa del Estado mexicano, que de suyo sería bastante y suficiente. Es ella la persona que, por una parte, participa de los elementos en los que el legitimismo está fundado; es ella la que, por otra, debe otorgar apoyo y viabilidad al Poder Judicial de la Federación, al disponerlo la propia Constitución (art. 89).Si la presidenta Scheinbaum se asume sólo como parte del proceso que pretende la pura y radical realización de la reforma sin advertir las violaciones constitucionales que se están actualizando, participará desde ahora en la fractura de la legalidad con la que deben gobernar a lo largo de los próximos seis años. La decisión que tome en los próximos días no tiene que ver sólo con el cortoplacismo con que suelen considerarse los conflictos entendidos en clave militar. Lo que en realidad está haciendo es comprometer la legitimidad de su ejercicio presidencial al romper la base de la legalidad mediante la cual debe actuar.

Desencuentros y encuentros en la reforma judicial

La Suprema Corte de Justicia analizó el alcance del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cuando se comete por un grupo de personas. Además, se pronunció sobre la obligación de las empresas de comercio electrónico de no cometer prácticas comerciales engañosas.AmparoBanco que rechaza abrir una cuenta bancaria ¿es autoridad en amparo?&nbsp;Los bancos forman parte del Sistema Bancario Mexicano y aunque realizan actividades de interés público, pueden negarse a aperturar una cuenta bancaria con base en un análisis de riesgo. En este supuesto, el banco actúa en un plano de igualdad con los particulares por lo que no existe un acto de autoridad y por tanto, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7994" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 318/2024</a>Juzgados no están obligados a aplicar criterios aisladosLa Primera Sala confirmó la validez del artículo de la Ley de Amparo que permite a los juzgados de Distrito a dejar de aplicar un criterio aislado o un criterio que fue emitido por un tribunal o pleno que no corresponde a su circuito o región. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7996" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 320/2024</a>CivilDuración de pensión compensatoria en concubinatoLa pensión compensatoria asistencial y resarcitoria otorgada a la mujer no podrá limitarse al tiempo que duró el concubinato, cuando los hijos de esa relación quedaron a su cuidado. La pensión deberá mantenerse hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029416" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029416</a>Anotación sobre el estado civil en acta de nacimientoLa Primera Sala declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Registro Civil del estado de Jalisco que establece que el matrimonio y en su caso divorcio de una persona, debe plasmarse como anotación marginal en el acta de nacimiento. Estas medidas pueden causar discriminación. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7993" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 317/2024</a>AdministrativoProcedimiento de verificación en aguas nacionales&nbsp;No procede juicio contencioso administrativo en contra de la resolución por la que concluye el procedimiento de verificación en materia de aguas nacionales. Es necesario que se siga el procedimiento de imposición de sanciones para que el particular pueda acudir a juicio. [Segunda Sala, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029415" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029415</a>¿Qué son las prácticas comerciales engañosas?Si bien la Ley Federal de Protección al Consumidor no define el término “prácticas comerciales engañosas” cuando establece obligaciones a las empresas de comercio electrónico, con esto no se viola el principio de seguridad jurídica, porque el alcance de este término se desprende de otras disposiciones de la ley. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 319/2024</a>LaboralDeclaración de beneficiario de AFORE  La demanda en un conflicto individual de seguridad social, solo tiene que cumplir con los requisitos previstos para ese tipo de procedimientos. Por tanto, si una persona presenta demanda para que se le reconozca como beneficiaria del trabajador fallecido, no está obligada a acreditar que previamente se le negó la entrega de los recursos por parte de la Afore. [Plenos Regionales, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029414" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029414</a>PenalDelito de portación de armas de fuego y agravanteLa Primera Sala sostuvo que es constitucional la agravante en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cuando el delito se comete por un grupo de tres o más personas, ya que la ley prevé con precisión las circunstancias que se deben acreditar para imponer la agravante. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7996" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 320/2024</a>

Blog 179: Delito de portación de armas de fuego y prácticas comerciales engañosas

Artículo publicado en El UniversalA partir del pasado 16 de septiembre, fecha en que entró en vigor el decreto de reforma constitucional en materia del poder judicial, nuestra Constitución prevé la figura de los llamados “jueces sin rostro”. En la fracción X del apartado A) del artículo 20 de dicho decreto, se dispone que “(t)ratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.La expresión “resguardar la identidad” permitirá ocultar la identificación de quien haya de juzgar a las personas acusadas de la comisión de delitos de delincuencia organizada. El procesado no sabrá quién conduce su proceso, quién tiene la obligación de respetar sus derechos humanos, quién la de conducirse con imparcialidad y dictar la sentencia que lo condene o absuelva.La decisión tomada por los integrantes de los órganos que intervinieron en la reforma constitucional tiene enormes implicaciones para los habitantes de la República mexicana. Desconozco si fueron conscientes de la magnitud de su decisión individual, pero introdujeron una flagrante distorsión a los principios básicos del estado de derecho y de la gobernanza democrática.Quienes votaron a favor de la adición hecha en la Cámara de Diputados, sabían o debieron saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado en diversos casos la inconvencionalidad de la figura de los “jueces sin rostro”. Que ese tribunal consideró que la misma era violatoria del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos por vulnerar la independencia e imparcialidad judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a no declarar bajo coacción y a la publicidad del proceso. Al actuar como lo hicieron, los legisladores oficialistas expusieron al estado mexicano a una condena internacional.Quienes votaron a favor de los “jueces sin rostro”, posibilitaron la introducción de ese tipo de notables excepciones al de por sí incierto futuro del debido proceso. Como la tipificación de la delincuencia organizada tiene rango legal y sus supuestos pueden aumentarse de manera ordinaria, es posible y probable que en el futuro asistamos a la ampliación de tales supuestos. En la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en vigor se consideran como tales a los delitos de terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, secuestro, hidrocarburos y contra el ambiente. Basta con que el legislador determine qué otras conductas deben tener el carácter de delincuencia organizada para que alguien sea procesado por un juez desconocido.Es posible que quienes votaron a favor de los “jueces sin rostro” se sientan cómodos con el eufemismo de la expresión. Un juez sin rostro evoca a una persona concreta y real, presente ante nosotros cuya faz no conocemos. Más allá de este acomodo moral, a lo que en realidad asistimos es al enmascaramiento de la justicia misma por no saber quién la imparte. Los antiguos griegos representaban a la diosa de la justicia, Themis, con una venda en los ojos a fin de mostrar su imparcialidad. Themis era una diosa y los “jueces sin rostro” personas de carne y hueso. Themis actuaba en las posibilidades y restricciones de la cultura y las creencias de aquel mundo griego. Nuestros “jueces sin rostro” lo harán, enmascarados, en el riesgoso mundo de la seguridad nacional. En ese hábitat en expansión en el que las personas y sus conductas van adquiriendo su dimensión por lo que son y por lo que no son. En donde el enmascaramiento del juzgador sirve para hablar en nombre de quien le colocó la máscara y pronunciar su fallo.

Justicia enmascarada

Se publicaron los precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia analizó las deducciones por servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y regalías. Además, la Segunda Sala estableció los pasos que deben seguir los juzgadores en la interpretación conforme.FiscalDeducciones por asistencia técnica, transferencia de tecnología y regalíasLa Segunda Sala confirmó la constitucionalidad de los requisitos para realizar deducciones por servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías, para efecto del impuesto sobre la renta, y vigentes desde 2022.&nbsp;Elusión y evasión fiscal. Los requisitos para la deducción de estos servicios buscan evitar que los contribuyentes disminuyan indebidamente su carga tributaria y cometan prácticas indebidas o delitos fiscales. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029391" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029391</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029408" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029408</a>. Derecho al mínimo vital. La reforma no viola el derecho al mínimo vital, el cual se refiere a la obligación del legislador de respetar un umbral en el que no se afecten los recursos necesarios para la subsistencia de las personas. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029384" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029384</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029407" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029407</a>. [Jurisprudencia]ConstitucionalSCJN establece reglas para la interpretación conforme&nbsp;Al realizar la interpretación conforme, los juzgadores deben seguir estos cuatro pasos: 1. Definir las normas de aplicación preferente; 2. Aclarar los alcances que puede tener el derecho humano, como una guía para la interpretación; 3. Obtener todos los sentidos en que puede interpretarse la norma; y, 4. Contrastar los sentidos de interpretación con la norma suprema. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029394" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029394</a> Licencia por cuidados médicos ¿se limita a casos de hijos con cáncer?La Ley del ISSSTE y la Ley del Seguro Social establecen que solo uno de los padres podrá obtener la licencia por cuidados médicos, cuando su hijo menor de 16 años sea diagnosticado con cáncer. La Segunda Sala resolvió que se violan los derechos a la igualdad y no discriminación, en tanto la licencia se limita a solo uno de los padres, y también porque excluye a otras enfermedades igual de graves.&nbsp;La licencia deberá concederse cuando se trate de una enfermedad grave que implique periodos críticos, hospitalización o tratamientos destinados al alivio del dolor y cuidados paliativos. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029399" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029399</a>Derechohabiente acude a hospital privado y reclama pago de gastos al IMSS La Segunda Sala confirmó que el IMSS no está obligado a reembolsar los gastos en los que incurrió un derechohabiente, cuando éste solicitó atención médica directamente en un hospital privado, sin acudir previamente al IMSS. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029406" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029406</a>AmparoSuspensión con efectos restitutorios Un tribunal confirmó que puede concederse la suspensión con efectos restitutorios en contra del bloqueo de una cuenta bancaria por parte del IMSS, cuando existan pruebas de que los créditos garantizados quedaron sin efectos. Los juzgadores no deben negar dogmáticamente la suspensión cuando coincida con algunos aspectos del juicio principal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029400" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029400</a>Juicio en líneaPruebas y manifestación bajo protesta de decir verdadEn el juicio de amparo promovido en línea, las pruebas documentales que se adjunten deben cumplir con la manifestación bajo protesta de decir verdad. La falta de la manifestación no permite que se prevenga a la parte quejosa ni que se reponga el procedimiento. No se trata de un formalismo y la falta de manifestación conlleva a que las pruebas se valoren como copias simples. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029378" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029378</a>MercantilRequisitos para medida cautelar de retención de bienes en materia mercantilCuando en un juicio oral mercantil se solicite la retención de una cuenta bancaria como medida cautelar, deben cumplirse los requisitos contenidos en el Código de Comercio y no los de la Ley de Amparo: apariencia del buen derecho o peligro en la demora. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029409" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029409</a>CivilDemanda de pérdida de patria potestad y denuncia penalUna madre demandó por la vía civil al padre, para la pérdida de la patria potestad y lo denunció por la vía penal por abuso sexual en contra de la hija. La materia penal y civil tienen un objeto y estándares probatorios distintos por lo que no aplica cosa juzgada material o refleja por los mismos hechos. Si en materia penal se absuelve al padre ello, no implica que deba mantener la patria potestad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029376" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029376</a>Adjudicación de un inmueble y posesión de la propiedadLa Primera Sala sostuvo que es inconstitucional el artículo del Código Federal de Procedimientos Civiles que condiciona la entrega de la posesión de un inmueble adjudicado mediante remate judicial, a la entrega de la escritura pública. La propiedad y posesión nacen de la adjudicación que fue sancionada por el juez en sentencia. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029364" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029364</a>

Blog 178: Deducciones en ISR y reglas para interpretación conforme

Artículo publicado en MilenioEl artículo 129 de la Constitución de 1917, un texto heredado de la Constitución de 1857 y que se mantuvo inalterado por más de 160 años, establecía un principio fundamental: &#8220;En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar&#8221;. Este principio, pilar de la república, reflejaba la visión de los constituyentes de circunscribir el poder militar para mantenerlo acotado y subordinado a la autoridad civil.Es innegable que la relación entre el poder civil y militar en México ha sido compleja. Durante la primera mitad del siglo XX, el Ejército ejerció una influencia política considerable, como lo demuestra el hecho de que todos los presidentes entre 1917 y 1946 fueran militares. Sin embargo, con la llegada de Miguel Alemán al poder en 1946, culminó un proceso de institucionalización que supuso un acuerdo tácito para cumplir el texto constitucional: la lealtad y subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y a la Constitución, a cambio de mantenerse alejadas de la política.Desde entonces, el Ejército se enfocó, siempre bajo la autoridad del presidente en turno, en contener las amenazas internas a la seguridad interior del Estado, por ejemplo la “guerra sucia”, y a brindar apoyo a la población civil en casos de desastre. Esta última labor le generó un amplio reconocimiento popular.Esta dinámica comenzó a cambiar con la creciente participación del Ejército en tareas de seguridad pública, legitimada por una polémica decisión de la Suprema Corte en 1996. A pesar de las severas críticas de la entonces oposición, la intervención militar en la guerra contra las drogas se intensificó.La llegada de López Obrador a la Presidencia marcó un punto de inflexión, un sorpresivo giro de 180 grados en su visión del tema. No solo creó la Guardia Nacional como una corporación militar, sino que también ordenó una participación sin precedentes de las fuerzas armadas en áreas propias del gobierno civil, como puertos, aeropuertos, aduanas y obras de infraestructura, todo ello al margen de la Constitución.En este contexto, las recientes reformas a la Guardia Nacional, de por sí preocupantes, sirvieron de pretexto para modificar el artículo 129. Sin debate, justificación, análisis ni debate alguno, el Congreso desechó una regla centenaria y fundamental de la República. En su lugar, se introdujo un texto que permite la participación de las fuerzas armadas &#8220;en tiempos de paz&#8221; en las funciones &#8220;que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen&#8221;.Esta modificación abre la puerta a una mayor participación militar en la esfera civil, más allá de la seguridad pública. Se configura así un nuevo arreglo institucional que legitima la militarización del país y socava el pacto político preexistente. Con cada cambio se va construyendo la nueva Constitución de la 4T.

El fin de un pilar republicano

Artículo publicado El PaísA lo largo de las últimas semanas se ha producido una importante discusión en torno a la iniciativa en materia militar presentada el 5 de febrero de este año por el presidente López Obrador. Buena parte de los análisis y posicionamientos de quienes están a favor o en contra de esa propuesta ha girado en torno a la Guardia Nacional. Específicamente, respecto de si este cuerpo militar debe quedar adscrito orgánica y funcionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional o si, por el contrario, debe ser un cuerpo civil con organización militarizada. En estos extremos se encuentran definidas las posibilidades y efectos del cambio. Por una parte, si tendremos, como acabo de decir, un cuerpo del Ejército Mexicano diferenciable de los restantes sólo por sus funciones o si, por la otra, nos encontraremos ante una corporación policiaca de carácter civil con disciplina militar.No sé si por estrategia u obsesión, López Obrador y los suyos han querido o logrado reducir la totalidad de la reforma a la cuestión de la trasferencia de la Guardia Nacional. En la básica dualidad de si queda insertada en el Ejército o colocada fuera de él. Esta súper simplificación —como tantas otras del obradorismo— ha sido efectiva. Ha permitido reducir un muy complejo problema a un juego más de vencidas entre quienes están a favor o en contra del presidente. Es un ejemplo más de los juegos plebiscitarios que tan bien maneja y que tan buenos resultados le han dado. Adicionalmente, la manera en la que el presidente y sus seguidores han logrado posicionar la discusión de la Guardia Nacional les ha permitido evitar la discusión integral de la iniciativa.Más allá de trucos, evasiones y reducciones, la iniciativa de López Obrador implica muchas más cosas que el mero traspaso de la Guardia Nacional. En realidad, y por más que sus apoyadores lo nieguen para halagarlo o para convencerse, se trata de un paso gigantesco para la militarización del país. Constituye el elemento definitorio para cerrar estructuralmente lo que López Obrador ha venido haciendo a lo largo del sexenio.Si analizamos las cosas con atención, la relevancia de la reforma no radica en la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Este es un mero paso operativo para que un cuerpo pretendidamente civil quede en manos de uno militar. Lo que es verdaderamente relevante radica en entender el resultado de lo que con la reforma constitucional habrá de producirse. Me refiero a la realización de operaciones civiles ordinarias por parte de cuerpos militares.Conforme al artículo 21 de la todavía propuesta de reforma, la Guardia Nacional será la fuerza federal de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial y dependiente de la secretaría de la Defensa Nacional, encargada de ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública. Esta determinación despeja cualquier duda sobre la adscripción y naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, e impide mantener la falsa distinción entre el cuerpo militar y sus funciones o mando civiles. Nos lleva a tener que admitir, abierta y lealmente que, con esta reforma, se militariza la seguridad pública y no, por decirlo así, se civiliza la acción militar.Lo que con la reforma se producirá es la militarización de la seguridad pública mediante la desaparición de la acción policiaca federal. Este orden jurídico se quedará sin un cuerpo civil para la prevención y persecución de los delitos, dado que ello quedará monopolizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y su cuerpo militar funcionalmente policial. Al realizarse esta transferencia, las funciones y condiciones de los redefinidos cuerpos de policía gozarán de las prerrogativas militares.La propuesta de reformas al artículo 21 le confiere a la Guardia Nacional la posibilidad de investigar delitos conjuntamente con el ministerio público y las policías. Por este motivo, los militares adscritos a este cuerpo podrán intervenir en la vida civil y cotidiana de los habitantes del territorio nacional. A su vez, en el artículo 13 de la propuesta de reformas, se otorga a los miembros de la Guardia Nacional —es decir, a los militares que habrán de ejercer funciones de policía— fuero de guerra. Ello implica que serán juzgados por tribunales militares por los delitos y faltas contra la disciplina militar o, parafraseando el texto constitucional, a partir de la adición que se pretende, contra la disciplina policíaca ejercida como función militar.Por si no quedara clara la militarización que va a llevarse a cabo mediante la intervención directa de la Guardia Nacional —es decir, del cuerpo militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional—, en el artículo 73 de la todavía propuesta de reforma, se faculta al Congreso de la Unión para emitir las leyes que establezcan las condiciones de participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la seguridad interior y en el apoyo a la seguridad pública. En la misma lógica de la reforma, en el artículo 89 se propone conferirle atribuciones al presidente de la República para disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las tareas de apoyo a la seguridad pública. Ello implica posibilitar la intervención de las Fuerzas Armadas aun cuando no se hayan suspendido los derechos humanos o sus garantías, ni se haya declarado la guerra a una potencia extranjera.Más allá de las particularidades funcionales y organizativas relacionadas con la Guardia Nacional, el punto central de la reforma está en otro lugar. Radica en la modificación a lo dispuesto en el artículo 129 constitucional.En el texto todavía en vigor se dispone que “(E)n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Aunque el concepto de “disciplina militar” sea un tanto indeterminado, es central para la conformación del papel que constitucionalmente corresponde a las Fuerzas Armadas. Implica que el legislador ordinario, su comandante supremo, los órganos judiciales encargados del control de regularidad constitucional y las autoridades administrativas, tienen que considerar qué es aquello que sí guarda conexión con ese tipo de disciplina. Es decir, tienen que considerar si aquello que van a establecer en una norma jurídica o en una sentencia relacionada con su validez, guarda algún tipo de vínculo material con tal concepto.Si la respuesta es afirmativa debido a que, efectivamente, esa relación queda garantizada, la norma será válida. Sin embargo, si aquello que se le quisiera asignar a las Fuerzas Armadas no tuviera algún tipo de vinculación con ella, tendría que declararse inconstitucional mediante los varios métodos que al respecto prevé nuestro orden jurídico.En la propuesta de reformas al artículo 129 constitucional, busca disponerse que “(E)n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. El cambio que pretende incorporarse es enorme si lo consideramos desde el punto de vista jurídico. Lo que se está pretendiendo es que sea el Congreso de la Unión el que determine qué es lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer en tiempos de paz sin ningún tipo de límite o referente militar. Se busca que el concepto de “disciplina militar” quede anulado para dar paso a un ejercicio en el que de manera autogenerada —prácticamente autoreflexiva<a>—</a> ese Congreso determine mediante leyes ordinarias qué es lo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pueden hacer en tiempos de paz.Lo grave de esta pretensión consiste en que los legisladores federales pueden asignar cualquier tipo de tarea civil a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, los integrantes de sus corporaciones pueden ocupar cualquier posición, realizar cualquier actuación o inmiscuirse en cualquier espacio público, sin más restricciones que las determinadas por el legislador ordinario.Una consecuencia de esta decisión es que, al realizar las tareas civiles asignadas, las instituciones armadas y sus integrantes actuarán en la vida civil con sus privilegios militares. Es importante que sus prerrogativas existan cuando las Fuerzas Armadas realizan diversas acciones, cuando se haya declarado la guerra o se hayan suspendido los derechos humanos. Lo que en modo alguno podrá justificarse es que esas Fuerzas Armadas y sus integrantes cuenten con beneficios extraordinarios al realizar funciones civiles ordinarias.¿Se justifica que los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea gocen de fuero militar cuando construyan carreteras, administren aeropuertos o presten servicios públicos? ¿Se justifica que las operaciones civiles realizadas por militares, para la adquisición de los bienes necesarios para construir un tren o alimentar a los soldados y marinos encargados de construir bardas, queden exceptuados de la transparencia gubernamental, argumentando su vinculación con la seguridad nacional?La reforma propuesta por el presidente López Obrador —internalizada sin reparo y sin recato por sus seguidores y afines— no se reduce a la adscripción militar de los cuerpos policiacos encargados de la seguridad pública. En esta ocasión, no es otro ejemplo de la necesidad de quien pronto dejará de presidir a la República mexicana de saberse invicto ante los que llama sus adversarios. Más bien, se trata de la construcción de un muy complejo entramado institucional para permitir la normalización de un sinnúmero de operaciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas. De darle una autorización general a soldados y marinos para actuar en todo aquello que el Congreso de la Unión y su propio comandante supremo determinen en el futuro sin ningún tipo de vinculación con aquello que, como hasta ahora, podría considerarse propio o al menos vinculado con la disciplina militar.En lo sucesivo y de manera por demás amenazante para la vida democrática del país, veremos a los soldados y marinos realizar tareas de seguridad pública con el uniforme de la Guardia Nacional. Los veremos con o sin uniforme, realizando diversas labores civiles, amparados en los privilegios militares que, hasta hoy, les estaban asignados para sus tareas estrictamente castrenses vinculadas a su intervención en guerras externas para la defensa de la nación mexicana. Es por todo lo anterior que la reforma propuesta por López Obrador es la culminación constitucional de sus afanes militarizadores.

Culminó la militarización obradorista

&nbsp;2024<ul class="wp-block-list"><li>16 de septiembre</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Reforma Judicial: entra en vigor.</li>

<li>Inicia Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 = “Primera elección judicial”.</li>

<li>PJF: debe ajustar sueldos de servidores públicos para que sean menores al del Presidente de la República.</li>

<li>23 septiembre </li>

<li>INE: debe iniciar con la organización de la “Primera elección judicial”.</li>

<li>16 octubre</li>

<li>Senado: fecha límite para que emita convocatoria para listados de candidatos judiciales.</li>

<li>15 de diciembre</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>PJF y PJLs: fecha límite para extinguir fideicomisos y fondos. El dinero deberá entregarse a la Tesorería de la Federación y tesorerías de los estados.</li>

<li>Congreso de la Unión: fecha límite para adecuar legislación secundaria.</li></ul>2025<ul class="wp-block-list"><li>16 de febrero </li>

<li>Congresos locales: fecha límite para adecuar leyes de poderes judiciales estatales.</li>

<li>1 de junio </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>“Primera elección judicial”: 100% de ministros, 50% de magistrados y jueces, magistrados electorales e integrantes de nuevos órganos del PJF.</li>

<li>Elecciones judiciales en los estados.</li>

<li>1 de septiembre </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Nueva SCJN, Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración judicial: entran en funciones.</li>

<li>TEPJF: entran en funciones magistrados de Sala Superior y salas regionales</li>

<li>Consejo de la Judicatura Federal: desaparece.</li>

<li>15 de septiembre</li>

<li>Magistrados y jueces electos: fecha límite para asignarlos a tribunales y juzgados.</li></ul>2027<ul class="wp-block-list"><li>Junio</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>“Segunda elección judicial”: 50% de magistrados y jueces, y algunos magistrados de la Sala Superior del TEPJF.</li>

<li>Elecciones judiciales en los estados.</li>

<li>PJF y PJLs: deben renovarse en su totalidad.</li></ul>Primera elección judicial.&nbsp;¿A quién elegiremos el 1 de junio de 2025?Nueve ministros de la SCJN, magistraturas vacantes de la Sala Superior y totalidad de magistrados de salas regionales del TEPJF, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 50% de magistrados de circuito y jueces de distrito.INE &#8211; Instituto Nacional ElectoralPJF &#8211; Poder Judicial de la FederaciónPJLs &#8211; Poderes judiciales localesSCJN &#8211; Suprema Corte de Justicia de la NaciónTEPJF &#8211; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónecundaria en los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

Blog 177: Fechas clave de la Reforma Judicial

Artículo publicado en El Universal, el día 17 de septiembre de 2024Una reforma tan compleja como la acabada de publicar concerniente a la función judicial conlleva una gran cantidad de motivaciones y efectos. Los daños causados y por causar a nuestra de por sí pobre institucionalidad son tan grandes y profundos, que sus reales implicaciones aparecerán cuando las cosas se vayan desarrollando. Sin embargo, y sin importar cuándo aparezcan, hay algunos elementos que permiten conocer que repercutirá para la mayoría de la población.De distintas maneras se han destacado los problemas del mal diseño para elegir a los juzgadores, el quebrantamiento a las lealtades constitucionales, la anulación de la independencia judicial y las condenas por parte de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se ha señalado también el arrastre que la reforma le implicará a las finanzas nacionales, así como a las inversiones requeridas para realizar el programa de gobierno triunfador en las elecciones del 2 de junio. Se ha hablado también de las irregulares operaciones jurídicas y morales que el oficialismo realizó para sacar adelante la reforma, desconociendo sus dichos sobre el valor de su movimiento y de los sujetos principales que lo componen.Sin embargo, se ha hablado menos de las cosas que no quedaron expresamente representadas en los procesos iniciados el 5 de febrero. Como ilustra el ensayo de James Baldwin, no hemos considerado la evidencia de las cosas no vistas. De los elementos no explicitados en la iniciativa de reformas, los discursos de sustento y los procesos legislativos realizados durante varios meses.El mejor ejemplo que evidencia lo no dicho es el artículo decimoprimero transitorio del decreto promulgatorio de la reforma judicial: “Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.A primera vista pareciera que estamos ante una disposición técnica para ordenar el modo en que el decreto promulgatorio debe ser interpretado y aplicado. Sin embargo, lo que ese artículo demuestra es la ignorancia sobre las posibilidades interpretativas, el afán de control de los procesos por venir y el temor al sistema jurídico del que se forma parte. Lo primero, porque las apelaciones a la literalidad no pasan de ser manifestaciones vacías hechas por su emitente desde la posición en la que decidió colocarse. Lo segundo, porque así y desde ahí, asume que los únicos factores culturales intervinientes en un proceso son aquellos que le son propios. Lo tercero, porque finalmente muestra su temor a cualquier posibilidad de disenso mediante la infantil e imposible apelación a un sentido total y definitivo de su texto acudiendo a la mera sucesión de unas palabras.Supongo que al redactar el artículo decimoprimero transitorio, los legisladores federales pertenecientes a la mayoría supusieron que estaban mostrando el poder que les da esta condición. Algo así como el acaparamiento de todo el proceso en los términos dispuestos por ellos mismos. Lo que a mi parecer lograron, eso sí, fue mostrar sus propios temores a la participación de otros en el proceso electoral que pronto iniciará. También, su incapacidad para generar reglas adecuadas para conducir sus propias decisiones. Su actuar se parece al de esos niños que se llevaban su balón cuando el juego no iba como ellos querían. La mayoría oficialista se atrincheró en el dictum de su palabra. Apeló a su imposible objetividad, suponiéndola posible únicamente porque ella misma la escribió.

Otra cerrazón en la reforma judicial

Artículo publicado en Milenio, el día 11 de septiembre de 2024El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se ha consolidado como un actor clave en el panorama social mexicano. Su doble función, evaluar los programas sociales y medir la pobreza, lo coloca en una posición delicada, donde el rigor técnico debe convivir con la sensibilidad política. Su buen desempeño le ha valido confianza y reconocimiento.En su diseño original, el Consejo es un órgano descentralizado de la Secretaría del Bienestar y el secretario ejecutivo es nombrado por el Presidente de la República. Las decisiones técnicas centrales están en manos de una Comisión Ejecutiva compuesta por seis investigadores académicos y un secretario técnico.En 2014, en medio de las negociaciones del Pacto por México, alguien tuvo la brillante idea de darle autonomía constitucional. Esto habría implicado separarlo del Ejecutivo Federal y cambiar, para peor, su diseño institucional. Aquí la historia comienza a enredarse. Un artículo transitorio de esa reforma estableció que la autonomía sería efectiva solo después de que el Congreso expidiera la ley reglamentaria correspondiente.Desde entonces han pasado 10 años y esa ley nunca se aprobó. Por eso, el Coneval sigue funcionando como siempre. Incluso el presidente López Obrador nombró al secretario ejecutivo en funciones.Este año, el furor de la desaparición de los órganos con autonomías constitucionales alcanzó al Coneval ¿Y adivine qué? Sus funciones se envían al Inegi, institución que sí conservará la autonomía constitucional.La iniciativa argumenta que el Coneval duplica funciones con INEGI. Esto es falso. La medición de la pobreza es un proceso complejo que comprende tres etapas: definir las normas y criterios, recopilar la información y realizar los cálculos. Mientras que el Coneval se encarga de la primera y la tercera etapa, el Inegi&nbsp;hace la segunda. Esta división de funciones, lejos de ser redundante, garantiza la confiabilidad de la medición. Fusionar todas las etapas en una sola institución, por muy solvente que esta sea, sería un grave error que comprometería mucho de lo ya avanzado.Además, la propuesta ignora por completo la importante labor del Coneval en la evaluación de programas sociales, una tarea que no forma parte del mandato ni de las capacidades del Inegi&nbsp;y que requiere, a contracorriente de lo que propone la reforma, trabajar de forma cercana con las dependencias de la administración pública federal.Moraleja. Un buen diseño institucional puede ser, en ocasiones, más efectivo que la autonomía constitucional. Lo prueba la experiencia de Coneval. La desaparición de los órganos autónomos deja intacta la necesidad de instituciones que decidan con criterios técnicos, aunque sensibles a la política. Es posible diseñarlos. Pero si la reforma progresa en sus términos, todos perdemos, empezando por el propio Poder Ejecutivo.

Coneval o el mundo al revés

Artículo publicado en El País, el día 8 de septiembre de 2024El motivo de esta manifestación, pacífica e informada, es hacerle saber a los senadores de la República nuestro rechazo a la reforma judicial que comenzarán a discutir en las próximas horas.Quienes participamos en esta reunión ciudadana hemos leído el texto aprobado por los diputados federales. Estamos convencidos de que los intentos por modificar a los poderes judiciales de nuestro país, anteponen los intereses de quienes hoy gobiernan en perjuicio de la convivencia plural de la inmensa mayoría de los mexicanos de hoy y de las generaciones por venir.La propuesta de reforma judicial que está en marcha tiene como justificación un supuesto mandato popular proveniente de&nbsp;<a href="https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2024-06-03/claudia-sheinbaum-primera-mujer-presidenta-de-mexico.html">las elecciones del pasado 2 de junio</a>. Ello no es así. Quienes votaron ese día por Morena y sus aliados, se expresaron por los candidatos que compitieron en esa jornada. No por quienes ya ocupaban un cargo público. Votaron por nuevas personas y nuevas propuestas. No por la reelección de nadie ni menos por la instauración de un nuevo Maximato nacional.Si la propuesta de reformas efectivamente atendiera a las urnas, habría tenido que considerar que nuestra nación se compone por 130.000 millones de personas y no solo por los votantes de Morena y sus aliados. Tendría que considerar que sus partidarios y sus oponentes tienen las mismas calidades ciudadanas y que en democracia tiene que gobernarse para todos. Que una vez concluidas las elecciones, el buen gobierno tiene que ejercerse sin distingos partidistas. Que no hacerlo implica insertar el germen de la división y, tal vez, el de la guerra civil.La propuesta de&nbsp;<a href="https://elpais.com/mexico/2024-09-09/indemnizaciones-a-jueces-y-permiso-para-que-puedan-litigar-tras-dejar-el-cargo-los-cambios-a-la-reforma-judicial.html">reforma judicial</a>&nbsp;que está en marcha quiere justificarse en el beneficio del pueblo. En la invocación a ese cuerpo abstracto e ignorado que a lo largo de los siglos, y especialmente en estos años, ha servido para justificar atrocidades y obtener beneficios. La propuesta de reforma judicial que está en marcha no busca beneficiar a los habitantes de México. Se utiliza para centralizar el poder y minimizar los contrapesos a su desmesurado ejercicio.Si la reforma judicial se hubiera hecho pensando en los habitantes de nuestro país, hubiera evitado invocar al pueblo y se referiría a las personas. A quienes a diario son víctimas de homicidios, extorsiones, desapariciones y las otras maneras de vejación cotidiana a la que están expuestas. Si la reforma judicial se hubiera hecho pensando en los habitantes de nuestro país, hubiera reconocido los muchos problemas de inseguridad y violencia, así como lo que no se ha hecho para evitarlos. Inclusive, y con contrición, lo que se ha hecho para incrementarlos desde las bases de la política y sus perversas alianzas.Lejos de reconocer las faltas propias, se ha optado por la antigua medida del chivo expiatorio. Se sostiene que muchos de nuestros males se deben a los jueces. Que proviene de su corrupción, elitismo y separación del pueblo. Que es por ello que el pueblo, y solo él, puede poner fin a sus males mediante su participación directa. Con respeto a los niños, esta es una narrativa infantil. Lo es por los componentes del relato, por la subestimación del oyente y porque, como en los cuentos para niños, promete un mundo perfecto, redondo, para siempre.Si se quisiera mejorar la condición de los mexicanos frente a la justicia, debió<a href="https://elpais.com/mexico/2024-09-08/la-ministra-norma-pina-propone-una-reforma-alternativa-a-la-de-lopez-obrador-la-demolicion-del-poder-judicial-no-es-la-via.html">&nbsp;proponerse la modificación de sus componentes básicos</a>. De las policías y sus labores de prevención. De los servicios periciales y sus tareas forenses. De los ministerios públicos y sus capacidades de investigación. De los juzgadores y sus formas de trabajo. Del cumplimiento de las sentencias. De la culminación de las reformas procesales en materia penal, mercantil, laboral, familiar y civil en marcha. De la multiplicación de los medios alternativos para resolver la mayor cantidad de disputas. De las condiciones carcelarias. De tantas otras cosas que sí tienen que ver con la justicia. Nada de eso quiso considerarse. De haberse hecho, y como en otro relato infantil, las desnudeces gubernamentales hubieran quedado expuestas.Lejos de enfrentar los indudables problemas de la procuración y la impartición de la justicia, lo que pretende hacerse es utilizar los problemas a los que también se ha contribuido para concentrar más poder. Para construir un movimiento dominado por unos pocos a partir de la invocación de muchos más. Para controlar a quienes, en las horas finales de un periodo de gobierno, podrían exigir la muy republicana rendición de cuentas por lo hecho y lo dejado de hacer.Es así como se explica el que, una vez más, invocando al pueblo se quiera elegir a los juzgadores de todo el país mediante procedimientos tramposos e inoperantes. Es así como se explican los intentos por forzar la mecánica electoral para elegir a los juzgadores con el sesgo del poder proponente. Es así como se explica la vergonzosa cesión que de sus facultades legislativas quiere hacer el Congreso de la Unión para que el Instituto Nacional Electoral emita unas normas electorales de excepción. Es así como se explica que el Congreso de la Unión quiera impedir que sus propios representantes y los de los partidos políticos participen en las discusiones de tan inconstitucionales procederes.La reforma que se propone busca que, mediante una remota y abstracta legitimación popular, los gobernantes de hoy controlen a los jueces de hoy y de mañana. Su acelerado e irreflexivo proceder les ha impedido percatarse de los riesgos en que van a colocarnos y colocarse. No han reparado en que las indebidas influencias que ya existen en las elecciones políticas habrán de presentarse en las judiciales. Que en ellas participaran delincuentes, potencias extranjeras y capitales depredadores de la economía y la convivencia nacional.No han reparado que al asimilar la legitimación del juez con la del representante popular encargado de emitir las leyes, pondrán en riesgo la mediación de la ley, esa que sin entender que ya son gobierno suponen mera formalidad. No se han dado cuenta de que los juzgadores que pretendan ser electos o reelectos, tienen que construir sus propias bases electorales, jugar sus propios juegos políticos y satisfacer sus propios intereses y los de sus patrocinadores.Desde el oficialismo de nuestro tiempo, no se han querido ver los problemas que implica la propuesta de reformas al sistema de justicia de México. Frente a los muchos problemas y retos generados por la iniciativa presidencial, el dictamen de la Cámara de Diputados y la minuta que habrán de discutir los senadores, es necesario preguntarnos por las motivaciones originales y actuales de estos esfuerzos.¿Por qué razones personas inteligentes, informadas y con un pensamiento progresista y democrático, han decidido embarcarse en la aventura que están corriendo? ¿Por qué están dispuestos a arriesgar el futuro de México, su hoja de vida y mucho por lo que han luchado a lo largo de sus vidas o en lo que alguna vez creyeron? ¿Qué necesidad tienen de incorporarse a una masa en la que no es posible disentir? ¿Por qué no son capaces de tomarse un tiempo para pensar en las implicaciones de un cambio que no ha querido discutirse abiertamente? ¿Por qué no han querido sopesar lo que implica cambiar para mal el sistema de justicia del país? Más aún, ¿por qué no se animan a sí mismos para sostener su individualidad sin estridencias y sin heroísmos, fundados sólo en la convicción de lo que se tiene que ser y se tiene que hacer?Quienes nos oponemos a la reforma no lo hacemos por contradecir a una persona, por importante que todavía lo sea. Quienes nos oponemos a la reforma lo hacemos porque hemos leído y comprendido sus alcances y, tal vez, sus motivaciones. Quienes nos oponemos a la reforma no consideramos correcto que se invoque a la colectividad “pueblo” para servirse de ella. Por el respeto que tenemos a los habitantes de nuestro país, del país de todos los mexicanos y de quienes no siéndolo han decidido asentarse en él, evitamos servirnos de una abstracción. Preferimos hablar de personas, de sujetos de derechos y de obligaciones que tienen que acceder a la justicia determinada en las leyes para vivir cotidianamente de la mejor manera posible.Es este pensamiento respetuoso hacia el otro, hacia su propio proyecto de vida, el que ha hecho que los juzgadores del país hayan decidido levantar la voz y actuar mediante los mecanismos jurídicos y pacíficos que les otorga el derecho. Ha sido este pensamiento el que les ha dado el valor para actuar a todos los compañeros del Poder Judicial de la Federación y a los de muchos de los poderes judiciales de los estados. Unos y otros, todos ellos, han entendido que sus demostraciones son la única manera con la que cuentan para salvaguardar sus legítimos derechos laborales pero, sobre todo, los derechos a la justicia de todos los habitantes de nuestro territorio nacional.Es la comprensión crítica de las propuestas de reforma judicial lo que ha hecho que los estudiantes y los profesores de derecho y de otras carreras hayan decidido levantar la voz para apoyar a sus&nbsp;<a href="https://elpais.com/mexico/2024-09-07/la-ministra-norma-pina-se-une-a-la-protesta-contra-la-reforma-judicial-en-la-camara-de-diputados.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">juzgadores&nbsp;</a>y dar a conocer sus también legitimas preocupaciones. Pensar que los estudiantes y profesores están siendo manipulados, es una falta de respeto para ellos, pero también para quienes, desde el poder, piensan que sólo gobiernan para los suyos porque coinciden con ellos.En la comprensión critica de las propuestas se han manifestado y se están manifestando aquí y ahora, los abogados en lo individual o mediante los colegios a los que han decidido afiliarse. Sus preocupaciones han sido desdeñadas. Se les ha querido etiquetar de diversas formas a fin de descalificarlos. Lejos de escuchar y debatir con ellos, se ha supuesto que ignorarlos es negarles la razón.En la compresión crítica de las propuestas participan también los sectores sociales que miran con preocupación las similitudes con otros momentos de nuestra historia patria. El que con la misma vehemencia y convicción, se diga hablar por el pueblo tal como en su momento se le hizo hablar sobre los fueros y los privilegios, el orden y el progreso, o el destino siempre ascendente de la Revolución mexicana. Tal como ahora, con la misma convicción y las mismas muestras de infalibilidad, quienes entonces invocaron al pueblo dijeron representarlo, tal como ahora se hace para querer reformar a la justicia nacional. Otros tiempos y otros modos con los mismos y fallidos afanes de salvación.En las próximas horas México estará frente a una encrucijada histórica. Los 128&nbsp;<a href="https://elpais.com/mexico/2024-09-05/la-reforma-judicial-llega-al-senado-con-la-incognita-de-quien-de-la-oposicion-dara-su-voto-al-oficialismo.html">senadores de la República tendrán que decidir entre varias posibilidades</a>. En el ámbito estrictamente personal, ¿cómo quieren verse ante sí mismos? ¿Como integrantes de un movimiento al que habrán de delegarle su decisión, o como individuos que, conscientemente, han decidido actuar por voluntad propia?En el ámbito de sus responsabilidades públicas, los senadores tendrán que pensar la manera en la que su voto, individual y concreto, habrá de repercutir en el México por venir. Respetuosamente les pido que al votar no invoquen la tan manida solución del juicio de la historia para fugarse del presente en el que tienen que actuar. Con el mismo respeto les pido que no se escapen de sí mismos invocándose su mera tranquilidad de conciencia. Como ciudadano les pido que como senadores de la República se enfrenten a sí mismos, sin las mediaciones de sus líderes de hoy, sin los escapismos de las falsas conciencias, y sin posponer su propia individualidad en la fantasía de un juicio de la historia por hacerse.Quienes estamos reunidos aquí invitamos a los senadores y a las senadoras de la actual Legislatura del Congreso de la Unión, a que sean amos de sí mismos. A que, como lo quería nuestro poeta Carlos Pellicer, a que sepan ser héroes de sí mismo. Sin estridencias y sin alardes. Los invitamos a que voten por la ambición de saberse libres. Con la conciencia de lo que por sí mismos son. En la responsabilidad que por ustedes mismos les confirió el voto popular para guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Para mirar en todo por el bien y la prosperidad de la unión de todos los mexicanos. De todos los mexicanos.

Discurso contra la reforma judicial

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>En este blog comentamos la reforma judicial en los términos en que quedó aprobada por la Cámara de Diputados y que se encuentra en estudio en el Senado de la República.&nbsp;La reforma judicial en cinco puntos:<ul class="wp-block-list"><li>Elección popular de ministros, magistrados electorales, magistrados y jueces federales y locales sin financiamiento para campañas.</li>

<li>Reducción de ministros y desaparición de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</li>

<li>Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial.</li>

<li>Modificar el juicio de amparo para que las sentencias no puedan tener efectos generales y que no proceda la suspensión cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas.</li>

<li>Los 32 estados tendrán que replicar la reforma para que magistrados y jueces locales sean elegidos por voto popular.</li></ul>Esta reforma plantea cambios trascendentales en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales. Conoce a detalle sus alcances.<ol class="wp-block-list"><li>ELECCIÓN POPULAR EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN</li></ol><ul class="wp-block-list"><li>La propuesta de reforma introduce una nueva forma de elegir a ministros, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, jueces de distrito y los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.</li>

<li>La elección se llevará a cabo el mismo día en que se realicen las elecciones federales, cada seis años.</li>

<li>Previamente el Senado publicará una convocatoria con los cargos sujetos a elección para cada proceso electoral. </li>

<li>Tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Poder Judicial recibirán la solicitud de los candidatos para contender a dichos cargos. </li>

<li>Cada poder tendrá un Comité de Evaluación que recibirá la documentación de los candidatos interesados, analizará que cumpla con los requisitos y formará un listado para cada cargo. La propuesta señala que cada listado será depurado por sorteo, y deberá aprobarse por el titular de cada poder, sin embargo, no resulta claro cómo se llevará a cabo.</li>

<li>Cada uno de los tres Comités de Evaluación propondrá a los candidatos para cada cargo, con lo que se integrará un solo listado final. Para ministros, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial el listado será de diez personas por cargo. Para magistrados de circuito y jueces de distrito el listado será de seis. </li>

<li>El Senado recibirá los listados y añadirá a las personas que se encuentran en funciones en cada uno de los cargos que se someterán a elección, salvo que declinen participar.</li>

<li>El Senado enviará el listado final al Instituto Nacional Electoral para que sean integrados al proceso electoral.</li>

<li>Los candidatos podrán hacer campañas, que durarán 60 días, sin que puedan recibir financiamiento público o privado.</li>

<li>La elección de ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina será nacional, mientras que la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito se realizará por circuito judicial.  </li>

<li>Cuando los titulares de los órganos jurisdiccionales falten por más de un mes sin justificación, sean separados de su cargo, renuncien o fallezcan, obtendrá su puesto el candidato que en la elección obtuvo el segundo lugar y si declina, será el tercero.</li></ul><ol start="2" class="wp-block-list"><li>LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN</li></ol><ul class="wp-block-list"><li>Reducir el número de ministros de once a nueve.</li>

<li>Eliminar la Primera y Segunda Sala de la SCJN, para que solo sesione el Pleno.</li>

<li>El presidente de la SCJN sería el ministro que reciba más votos en su candidatura.</li>

<li>Reducir la duración en el cargo de ministros de 15 a 12 años, sin reelección.</li>

<li>Eliminar el derecho a un haber de retiro de los ministros.</li>

<li>Los conflictos que se susciten entre la SCJN y sus empleados serían resueltos por el Tribunal de Disciplina, actualmente son resueltos por la SCJN.</li>

<li>Los ministros en funciones que no queden electos no tendrán derecho a un haber por retiro, salvo que renuncien a su cargo antes de que finalice la convocatoria.</li>

<li>Modificar los requisitos para ser ministro: i) eliminar la edad mínima de 35 años; ii) promedio general de 8 en la licenciatura en derecho y promedio de 9 para las materias que se postula; y, iii) reducir los años de experiencia, de diez a cinco años de práctica profesional.</li></ul><ol start="3" class="wp-block-list"><li>JUECES Y MAGISTRADOS</li></ol><ul class="wp-block-list"><li>Los magistrados y jueces durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos, no podrán ser adscritos a otro circuito salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina.</li>

<li>Incluir en la Constitución los requisitos para ser juez o magistrado: i) tres años de experiencia; ii) promedio general de 8.0 en la licenciatura en derecho y de 9.0 en la materia que se especializará; iii) gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y, iv) no haber sido titular de una secretaría de Estado, fiscal general, senador, diputado federal o titular del poder ejecutivo de un estado un año antes de la candidatura.</li>

<li>Tratándose de casos relacionados con delincuencia organizada se podrá resguardar la identidad de los juzgadores conforme a un procedimiento a definir en la ley.</li></ul><ol start="4" class="wp-block-list"><li>TRIBUNAL ELECTORAL</li></ol><ul class="wp-block-list"><li>Será presidente del Tribunal la persona que obtuvo el mayor número de votos y será rotativa.</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Reducir de nueve a seis años la duración de los magistrados electorales.</li>

<li>El Tribunal Electoral conocerá de las impugnaciones en las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la SCJN.</li></ul><ol start="5" class="wp-block-list"><li>LA ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN</li></ol>Tribunal de Disciplina Judicial<ul class="wp-block-list"><li>Estará integrado por cinco magistrados elegidos por voto popular, sin derecho a reelección.</li>

<li>Evaluará el primer año de desempeño de los jueces y magistrados (no magistrados electorales, ni ministros).</li>

<li>Conocerá de los casos en que los órganos jurisdiccionales excedan del plazo establecido para resolver los juicios. </li>

<li>Investigará a jueces y magistrados por faltas graves, delitos, actos u omisiones contrarios a la ley, a la administración de justicia y a los principios de imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia.</li>

<li>Cualquier persona o autoridad podrá interponer denuncias ante este Tribunal por hechos relacionados con responsabilidad administrativa o penal de jueces, magistrados y ministros.</li>

<li>Podrá imponer las siguientes sanciones: amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación.</li>

<li>Sus resoluciones serán inatacables.</li></ul>Órgano de administración judicial<ul class="wp-block-list"><li>La propuesta de reforma no establece la denominación de este órgano.</li>

<li>Sustituye al Consejo de la Judicatura Federal.</li>

<li>Estará integrado por seis personas: tres designadas por el Poder Judicial, dos por el Legislativo y una por el Ejecutivo. </li>

<li>Será el encargado de la administración y de elaborar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia.</li>

<li>Estará a cargo de la carrera judicial.</li>

<li>Sus decisiones podrán impugnarse, aunque la propuesta de reforma no señala quién conocerá de los recursos.</li></ul>Otras propuesta de reforma<ul class="wp-block-list"><li>No podrán crearse ni mantenerse fondos, fideicomisos, mandatos o contratos no previstos en la ley.</li>

<li>Los fondos y fideicomisos que existen actualmente tendrían que disolverse 90 días después de la entrada en vigor del Decreto y el remanente enterarse a la Tesorería de la Federación o a las entidades federativas para que se destine a implementar la reforma.</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Ningún integrante del PJF podrá ganar más que el Presidente de la República.</li>

<li>El tope a las remuneraciones aplicaría a partir de la entrada en vigor del Decreto.</li></ul><ul class="wp-block-list"><li>El Senado será quien otorgue o niegue las licencias por más de un mes y las renuncias de los juzgadores.</li>

<li>El juicio político procederá no solo contra ministros, también en contra de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de los integrantes del pleno del órgano de administración judicial.</li></ul>Escuela Nacional de Formación Judicial&nbsp;<ul class="wp-block-list"><li>Será la encargada de los procesos de capacitación, evaluación y certificación del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación.</li>

<li>La propuesta de reforma señala que también podrá capacitar y evaluar al personal de los poderes judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general.</li>

<li>Llevará a cabo los concursos de oposición para los puestos de carrera judicial, sin que la propuesta de reforma señale cuáles serán los cargos que estarán dentro de la carrera judicial.</li></ul><ol start="6" class="wp-block-list"><li>JUICIO DE AMPARO Y MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL</li></ol>Celeridad en la resolución de juicios<ul class="wp-block-list"><li>En el artículo 17 de la Constitución Federal se establece que todos los asuntos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses. </li>

<li>En materia penal el plazo para resolver será de cuatro meses o un año dependiendo de la pena que amerite el delito.</li>

<li>En caso que el órgano jurisdiccional exceda el plazo sin dictar sentencia deberá dar aviso al Tribunal de Disciplina y justificar la demora.</li></ul>Juicio de amparo<ul class="wp-block-list"><li>Las sentencias dictadas en juicio de amparo no podrán tener efectos generales. </li>

<li>Cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas generales la suspensión no tendrá efectos generales.</li>

<li>Se reduce de ocho a seis los votos requeridos para que la SCJN emita un precedente obligatorio.</li></ul>Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad<ul class="wp-block-list"><li>No procederá la suspensión de normas generales.</li>

<li>Se requerirán seis votos para declarar la invalidez de las normas impugnadas en acciones de inconstitucionalidad, actualmente se necesitan ocho votos.</li></ul>Declaratoria general de inconstitucionalidad<ul class="wp-block-list"><li>Tendrá efectos generales cuando sea aprobada por seis votos de los ministros de la SCJN, actualmente se necesitan ocho votos.</li></ul><ol start="7" class="wp-block-list"><li>ELECCIÓN POPULAR EN LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS</li></ol><ul class="wp-block-list"><li>Se propone modificar el artículo 116 de la Constitución Federal para que los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales sean elegidos por voto popular.</li>

<li>Las candidaturas y elecciones de los juzgadores locales serán en los mismos términos y modalidades que lo dispuesto para el Poder Judicial de la Federación.</li>

<li>Los jueces y magistrados durarán en sus funciones nueve años y podrán ser reelegidos.</li>

<li>Se propone que jueces y magistrados locales no reciban un salario mayor al del Presidente de la República.</li>

<li>No podrán crearse ni mantenerse fondos, fideicomisos, mandatos o contratos no previstos en la ley.</li></ul><ol start="8" class="wp-block-list"><li>ENTRADA EN VIGOR Y PLAZOS</li></ol>El Decreto deberá interpretarse de forma literal.El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Al día siguiente de la entrada en vigor, iniciará el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para elegir a la totalidad de ministros, a las vacantes de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y a la mitad de magistrados de circuito y de jueces de distrito.El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio con una convocatoria que emitirá el Senado, 30 días después de que entre en vigor el Decreto.Los ministros, jueces y magistrados que estén en funciones, podrán postularse para los cargos de elección popular.La segunda mitad de jueces y magistrados será elegida en un proceso electoral en 2025.El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación secundaria en los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

Blog 176: ¿Cuáles son los cambios que propone la reforma judicial?

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>El no asignar recursos a un fondo público es violatorio de derechos humanos, así lo resolvió la Primera Sala. Además, se publicó la jurisprudencia de la Segunda Sala que confirmó la constitucionalidad del límite a la PTU de los trabajadores.FiscalPrograma de condonación de créditos fiscales y medios de defensaLa Segunda Sala se pronunció sobre la limitante que se estableció en el programa de condonación de créditos fiscales “<a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0035_a.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ponte al corriente</a>” de 2013, que señalaba que la resolución emitida por la autoridad en la que aceptaba o negaba la condonación, no podía ser impugnada por medios de defensa. Dicha limitación solo se refiere a los medios ordinarios de defensa, por lo que el contribuyente sí podía interponer juicio de amparo. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029302" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029302</a>LaboralLímite a PTU de los trabajadoresLa restricción que se impuso al monto de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), máximo tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, no viola el principio de irretroactividad de la ley ni el derecho de los trabajadores a las utilidades. El pago de PTU no es un derecho adquirido sino una expectativa de derecho de los trabajadores que puede ser modificado por el Congreso de la Unión.  [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029329" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029329</a> Si quieres conocer más sobre este tema te invitamos a leer nuestro <a href="https://pdea.mx/scjn-valido-limite-a-ptu-y-el-iva-en-alimentos-para-mascotas/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 156</a> en el que comentamos el <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7774" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 101/2024</a> publicado por la Suprema Corte de Justicia en abril pasado, cuando este asunto se resolvió.ConstitucionalFalta de asignación presupuestal para Fondo de reparación a víctimas de delitos&nbsp;La reforma legal de 2020 que eliminó la garantía presupuestal para asegurar los recursos destinados al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas del delito, viola el principio de progresividad en relación con el derecho humano a la reparación integral del daño.Se trata de una medida regresiva. Por tanto, el Congreso de la Unión estaba obligado a acreditar: 1) la falta de recursos,  2) que realizó todas las acciones para obtener los recursos faltantes y, 3) que el máximo de los recursos disponibles se aplicaron para garantizar ese derecho u otro de atención prioritaria. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029319" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029319</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2023937</a>CivilUso de UMAs tiene excepcionesLa prohibición del uso del salario mínimo como base de cuantificación no puede considerarse como absoluta. Si bien desde 2016 se introdujo la unidad de medida actualizada (UMA), se dejó abierta la posibilidad para el uso del salario mínimo para ciertos casos. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029315" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029315</a>Pago de indemnización con base en salario mínimoSi los familiares de una persona atropellada demandan a la propietaria del vehículo y a la aseguradora el pago de la indemnización por daño patrimonial, deberá calcularse con base en el salario mínimo, si lo que se pretende compensar es una capacidad de trabajo perdida -un lucro cesante-, de la persona que falleció. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029321" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029321</a>Acciones colectivas no proceden por servicios de saludNo proceden las acciones colectivas para exigir servicios de salud por parte de las reclusas de una prisión. El que las acciones colectivas estén limitadas a ciertos supuestos, no viola el derecho de acceso a la justicia. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029344" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029344</a>Contrato de prestación de servicios en una prisiónEl contrato firmado entre una empresa privada y un Centro Federal de Readaptación Social para prestar servicios de mantenimiento y alimentos se rige por la legislación civil. Por lo que no es posible considerar que la empresa lleva a cabo funciones de seguridad pública y tampoco se podrá aplicar por analogía la legislación en dicha materia. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029310" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029310</a>AmparoContradicción de criterios improcedenteLa contradicción de criterios entre dos tribunales es improcedente, si uno de ellos resolvió con base en un precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029304</a>Desistimiento cuando se involucran derechos de niños y niñasLos padres de una niña con síndrome de down promovieron juicio de amparo en contra de la aseguradora, porque al emitir la póliza de seguro de gastos médicos lo hizo con un endoso de exclusión respecto del síndrome de Down y sus secuelas.La Primera Sala resolvió que si los padres llegaron a un acuerdo con la aseguradora y esto los lleva a desistirse del juicio de amparo, el juez está obligado a analizar las razones que motivaron el desistimiento así como el acuerdo al que llegaron las partes, previo a acordar el sobreseimiento del juicio, lo anterior porque se trata de un asunto que involucra derechos de niños, niñas o adolescentes. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029316" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029316</a>PenalSuspensión con efectos restitutorios para fijar fecha de audienciaEn el supuesto de que el tribunal de enjuiciamiento fije la fecha de la audiencia de debate sin atender a los parámetros legales, sí procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, para que el tribunal señale nueva fecha de audiencia atendiendo a dichos parámetros. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029347</a>

Blog 175: Fondos que se quedan sin presupuesto y PTU de trabajadores

Artículo publicado en Milenio, el día 28 de agosto de 2024Mientras la opinión pública se concentra en la Reforma Judicial, la Cámara de Diputados avanza en el análisis de otras iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Presidente López Obrador. Un ejemplo es la aprobación del dictamen sobre la Guardia Nacional el pasado 22 de agosto. Este asunto no ha generado mayor debate público, a pesar de que sus implicaciones van mucho más allá de simplemente autorizar la adscripción de este cuerpo a la Secretaría de la Defensa Nacional. En realidad, se sentarían las bases constitucionales de la militarización.“Militarizar”&nbsp;es el proceso de transferir funciones propias del gobierno civil al ámbito militar. Desde la administración de Miguel Alemán, primer presidente civil después de la Revolución Mexicana, se estableció un acuerdo institucional que garantizaba la lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil y delimitaba sus funciones al ámbito castrense.La participación del Ejército en tareas de seguridad pública fue una anomalía constitucional que se extendió al menos durante los últimos tres sexenios. Durante el gobierno del Presidente López Obrador, y por mandato presidencial, se ampliaron las funciones del Ejército y se le dio el control, por ejemplo, de los puertos, los aeropuertos, las aduanas e importantes obras públicas. Todo ello al margen de lo que establece la Constitución.La creación de la Guardia Nacional, a inicios del sexenio, desató un intenso debate. El acuerdo político plasmado en la Constitución autorizó su creación como una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el Presidente nunca aceptó esta decisión y, en la práctica, la Guardia Nacional fue siempre un cuerpo formado por militares y bajo el mando de éstos.La iniciativa presidencial propone que la Guardia Nacional sea una fuerza de seguridad pública permanente, conformada por personal militar y naval con formación policial, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, faculta al Presidente a disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para &#8220;tareas de apoyo a la seguridad pública&#8221;. Esta medida implica un cambio radical, transfiriendo la seguridad pública, tradicionalmente una función civil, al ámbito militar.Más allá, también se modifica la regla del artículo 129 Constitucional que mandata que, en tiempos de paz, el Ejército se mantenga en sus cuarteles, para establecer que, en los mismos tiempos, podrá hacer todo aquello que la Constitución y las leyes le permitan. Se elimina el candado y se abre la puerta a la intervención militar en el gobierno civil.Durante décadas, la clara separación entre el ámbito civil y militar brindó estabilidad institucional y garantizó la lealtad de las Fuerzas Armadas a la Constitución y al Presidente. Estas reformas modifican este equilibrio. Vaya usted a saber, amable lector, con qué consecuencias.

Constitucionalizar la militarización

Artículo publicado en El País, el día 27 de agosto de 2024El 5 de febrero de 2024 el presidente López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas constitucionales en materia judicial. La misma fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación. El 16 de agosto se publicó en la Gaceta Parlamentaria el texto que habría de ser sometido a la discusión y, en su caso aprobación, el día 26 del mismo mes. En esta fecha fue aprobado por 22 votos a favor y 17 en contra, sin ninguna abstención.El proyecto de dictamen introdujo algunas variantes a la propuesta originaria, sin modificar en modo alguno sus elementos estructurales. Algunos cambios tienen un carácter anecdótico, como la exigencia de ciertas calificaciones en los estudios universitarios, desconociendo la tragedia existente con motivo del descontrolado otorgamiento de reconocimientos de validez oficial por la Secretaría de Educación Pública. Otras tienen mayor seriedad, como sucede con la eliminación de la edad mínima para postularse a los cargos judiciales. Más allá de estas modificaciones, que buscan legitimar los problemas y desencuentros en las audiencias públicas, no se produjeron cambios sustantivos a la iniciativa presidencial.Por una parte, se mantuvo el procedimiento de elección para la totalidad de los integrantes de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas mediante el voto popular. Tal como lo deseó el presidente López Obrador, los ciudadanos habremos de acudir a las urnas para elegir a quienes deban juzgar nuestras conductas. Al momento de rendir su dictamen, quienes lo elaboraron sabían bien de los inconvenientes operativos, funcionales, sociales y políticos del método elegido por López Obrador. Sabían también de la imposibilidad de elegir a cerca de nueve mil personas mediante boletas compuestas con muchos nombres, en condiciones de inseguridad electoral, con grandes costos presupuestales y riesgos de descarrilar la gobernabilidad que como legisladores e integrantes del partido oficial tratarán de establecer a partir del 1° de octubre. A pesar de ese conocimiento, se empeñaron en mantener el deseo de su líder, sin tener ni la capacidad técnica para corregir sus errores, ni el compromiso que dijeron asumirían no con una persona, sino con un orden jurídico en el que todos los mexicanos debemos caber.Lo que hicieron los diputados dictaminadores con respecto de la elección de los juzgadores lo repitieron con el tribunal de disciplina judicial. En caso de producirse la reforma, ese órgano de denominación y competencias fascistas tendrá a su cargo el control de los integrantes de los poderes judiciales Federal y locales del país. Un órgano que, como en esos regímenes, buscará que las conductas judiciales se apeguen a lo que dispone la ley —en lo que no puede haber objeción—, pero que también habrá de sancionar a quienes actúen en contra de lo que el propio tribunal considere opuesto a la administración de justicia o a los principios judiciales con independencia de los supuestos legales establecidos por el legislador democrático. Los dictaminadores sabían de los enormes problemas a que los supuestos sancionatorios darán lugar para el mantenimiento de la autonomía e independencia judiciales, pero aun así decidieron mantener el dictum obradorista. Creyeron que la sustitución del interés público por los principios judiciales sería suficiente para ocultar un cambio cosmético.Debido a los pocos cambios que a los legisladores se les permitió hacer —o que ellos mismos se permitieron hacer—, lo propuesto en la iniciativa y lo planteado en el dictamen es, efectivamente, menor en las dos acepciones de la palabra.El único lugar en donde sí existen elementos novedosos es en los extensos y poco técnicos artículos transitorios concebidos por los dictaminadores. Queda la impresión de que ante la imposibilidad de cumplir sin más con los deseos de López Obrador, los diputados propusieron una serie de soluciones para darles viabilidad a costa de su prestigio e independencia personales.Lejos de proponer la elección de la totalidad de los juzgadores federales como originariamente fue planteada, los diputados dictaminadores los dividieron en dos grandes grupos. Uno para ser votados en la elección extraordinaria del 2025, y otro en la ordinaria del 2027. En lo que corresponde a la primera mitad, el actual Consejo de la Judicatura Federal deberá presentar al Senado la lista de las vacantes, renuncias y retiros programados. Ese número se restará del total que corresponda al primer grupo, y la cantidad restante de cargos a concursar se identificará mediante el sorteo realizado con la totalidad de los juzgadores federales en activo. Quienes no resulten seleccionados en esa primera ocasión esperarán a que su cargo se someta a votación en la elección ordinaria del 2027.La curiosa manera de identificar a la primera mitad de cargos a elegir tiene el exclusivo propósito de facilitar la elección mediante la reducción de las cantidades en juego. Aun así, los problemas cualitativos y cuantitativos se mantienen. Si atendemos a los datos que mostré en un artículo publicado hace unas semanas en este diario (Cossío Díaz, 18 de julio de 2024), más allá de las nuevas cantidades, lo cierto es que, por ejemplo, en el primer circuito judicial, correspondiente a la Ciudad de México, y considerando los puestos tanto a nivel federal como local, la elección del 2025 implicaría imprimir 2,224,664,191.5 boletas —o 2,224,664,192, si redondeamos el número decimal, en el supuesto de que éste representaría necesariamente una boleta adicional aun si se ocupa solamente la mitad del espacio disponible—, mediante las cuáles los electores deberían seleccionar a quienes elijan que los representen judicialmente de entre 1,270 nombres, siendo necesario instalar 286.5 urnas —o 287—. Si se tratara de la elección del circuito décimo —Tabasco y parte de Veracruz—, los números de las boletas serían de 107,741,122.5 y 60.5 urnas; mientras que en el caso de Nayarit se necesitaría contar con 33,969,929.5 boletas y 36.5 urnas. La complejidad de los números anteriores no implica, desde luego, introducir el embrollo de la representación en las casillas, el control sobre el financiamiento en las campañas, o la intervención de la delincuencia organizada, los capitales y las potencias extranjeras y sus intereses geopolíticos.&nbsp;Los cambios introducidos por los dictaminadores son, en sí mismos considerados, una causa generadora de problemas, pues son muchas las leyes, los recursos presupuestales y las acciones que tienen que llevarse a cabo para lograr implementarlos en la elección extraordinaria del próximo año. Seguramente conscientes de esos problemas, los dictaminadores generaron una de las más extrañas y vergonzosas soluciones legislativas a que nuestro país ha asistido. Con tal de ejecutar lo que el presidente les ordenó, decidieron claudicar de sus funciones legislativas y dotar al Instituto Nacional Electoral de las facultades necesarias para emitir los acuerdos mediante los cuales pueda llevarse a cabo la elección de los juzgadores. Digo que es esta una de las páginas más negras del ya de por sí oscuro parlamentarismo mexicano, pues los dictaminadores han decidido transferir las facultades de un órgano soberano electo popularmente a otro que no lo es. Ello con el exclusivo propósito de cumplir en tiempo y forma lo ordenado por el titular del Ejecutivo Federal que se va. No se han parado a considerar ni su papel de legisladores electos por el pueblo, ni la posición del poder del Estado que integran, ni la elección recaída en quienes habrán de tomar posesión el primero de septiembre, ni lo que pudiera decidir por sí misma la presidenta electa un mes después.Sobre la mala idea presidencial de elegir mediante voto popular a los juzgadores nacionales y crear el fascista tribunal de disciplina, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, se han colocado a la altura de sus antecesores de la XXVI-bis. Esa que comenzó sus funciones en octubre de 1913 y que también legitimó las decisiones de quien los había puesto ahí. A López Obrador le corresponderá la responsabilidad de destruir la independencia y autonomía judicial. A los integrantes de esa Comisión dictaminadora, la de haber hecho hasta lo indecible para que lo lograra.

La reforma judicial y el dictamen de los diputados

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Un tribunal se pronunció sobre los amparos promovidos en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, además la Primera Sala analizó la clausura de gasolineras que no cuentan con permisos o que venden hidrocarburos de procedencia ilícita.AdministrativoClausura de gasolineras por falta de permisos&nbsp;La Comisión Reguladora de Energía (CRE) está facultada para imponer medidas precautorias de clausura o suspensión temporal cuando advierta en una visita de verificación, que una gasolinera actúa sin permisos o que adquiere hidrocarburos ilícitos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029265" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029265</a>Las facultades de la CRE para prevenir y detectar la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos, no invaden las facultades exclusivas del ministerio público. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029264" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029264</a> [Primera Sala, Jurisprudencia] Protocolo de perspectiva de género ante tribunales contencioso administrativosLos tribunales contencioso administrativos federal y de los estados deben observar los Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Género y de Discapacidad emitidos por la Suprema Corte de Justicia, ya que están basados en jurisprudencia, por ejemplo, cuando se trate de una persona que demandó en juicio de nulidad el pago de daños y perjuicios derivados de la indebida atención médica que recibió de una institución pública de salud. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029282" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029282</a>LaboralJuzgador y secretario deben firmar sentencias para plena validezLas sentencias dictadas en el juicio laboral deben incluir tanto la firma del juzgador como del secretario instructor. En caso de que falte alguna de ellas, la sentencia será nula de pleno derecho. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029285" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029285</a>AmparoAmparo indirecto contra extinción de fideicomisos del PJFEn relación con el Decreto de 2023 que extinguió los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, se analizó la procedencia de los juicios de amparo y de la suspensión solicitada por jueces y magistrados, bajo la figura del interés legítimo.Plazo para promover el amparo. Debe contarse desde la publicación del Decreto pues desde ese momento adquiere obligatoriedad, no obstante que se estableció una vacatio legis para su entrada en vigor. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029278</a>Suspensión provisional. Procede otorgar la suspensión provisional en contra de los efectos del Decreto en tanto el objeto de los fideicomisos es garantizar condiciones para la administración de justicia y fortalecer el sistema de justicia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029288" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029288</a> Interés suspensional. Es suficiente con que los promoventes acrediten de forma indiciaria una afectación directa o indirecta en sentido amplio. El eventual beneficio de conceder la suspensión es que continúen recibiendo las prestaciones que derivan de los fideicomisos o que en su momento las puedan recibir. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029277" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029277</a>Convenio administrativo entre ente público y un particularAun cuando un convenio administrativo celebrado entre un ente público y un particular, surge de una relación de coordinación, pueden llevarse a cabo actos de autoridad susceptibles de ser impugnados en amparo en los casos en que el ente público afecte unilateralmente la situación jurídica del particular. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029271">20</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029271" target="_blank" rel="noreferrer noopener">29271</a>CivilConflicto en un condominio ¿es obligatorio conciliar antes de juicio?Un tribunal sostuvo que los condóminos y la administración del inmueble no están obligados a acudir a los centros de conciliación previo a iniciar un juicio, en términos de la legislación civil de Nuevo León. Lo anterior debido a que el acceso a la justicia no puede condicionarse a que realicen un trámite contrario a su voluntad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029270" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029270</a>Personas con discapacidad ¿deben acreditar su capacidad jurídica en juicio?El juez no puede ordenarle a una persona con discapacidad, que presente un certificado médico para probar que cuenta con la capacidad legal para iniciar un juicio. Se trata de un acto discriminatorio que atenta contra su dignidad humana. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029281" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029281</a>MercantilVisitas de verificación por parte de la CFECuando la Comisión Federal de Electricidad realice visitas de verificación para revisar los medidores de suministro de luz, se debe ajustar a las condiciones del contrato de luz que se encontraba vigente al momento en que se hizo la contratación, y no el vigente al momento en que se realizó la visita. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029269" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029269</a>

Blog 174: Amparo contra extinción de fideicomisos del PJF

Artículo publicado en El Universal, el día 20 de agosto de 2024Con motivo de la iniciativa de reformas a la justicia nacional presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado y acogida con entusiasmo por sus legisladores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) puso a consideración de sus agremiados la suspensión de las labores jurisdiccionales de ese Poder. Esta Asociación se constituyó en 2002 a fin de representar a sus agremiados en la defensa de su función de juzgadores, así como para defender los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia en la impartición de justicia y de la carrera judicial.Conforme al primer objeto, la JUFED debe velar por los derechos de los juzgadores vinculados con la función jurisdiccional. Es decir, de las garantías jurisdiccionales —mantenimiento de ingresos durante el tiempo del ejercicio, inamovilidad, establecimiento de causas precisas y acotadas de responsabilidad y supuestos de remoción—; en otras palabras, para proteger los elementos necesarios de la adecuada impartición de justicia. Es por ello que cuando los juzgadores nacionales demandan la observancia de las garantías jurisdiccionales, en realidad representan a quienes están —o pueden llegar a estar— sometidos a la justicia. El segundo objeto de la JUFED está íntimamente vinculado con el anterior, a saber: defender las condiciones institucionales previstas en la Constitución y los tratados internacionales. Ambos ordenamientos prevén derechos humanos para los particulares y, en correspondencia, obligaciones para las autoridades a fin de garantizar la impartición de justicia.Los directivos de la JUFED consideran —para mí con total justificación— que no fueron escuchados ni, menos aún, tomados en cuenta en los “Diálogos Nacionales” convocados por los legisladores del oficialismo para recoger los puntos de vista que sobre la reforma existen en nuestra muy plural sociedad. Igualmente, estiman —también justificadamente— que mediante la reforma se destituiría masivamente y sin juicio previo a los actuales juzgadores federales y locales, se crearía un modelo disciplinario de única instancia sin recurso efectivo, y se afectaría la división de poderes y la propia independencia judicial. Todo lo anterior les parece —y concuerdo plenamente con ellos— atentatorio de diversos preceptos de la Constitución, de los tratados internacionales y de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en perjuicio, ante todo, de los justiciables nacionales.Fue así que la mesa directiva de la JUFED convocó a sus agremiados a manifestarse respecto del paro de labores. Este método legitima la decisión y las acciones que los juzgadores federales tomarán para proteger las garantías jurisdiccionales y los derechos humanos de los justiciables.Ante una decisión mayoritaria por la suspensión de labores planteada en la convocatoria, se dará sustento a la protección de las garantías jurisdiccionales de los juzgadores federales; las condiciones laborales de los servidores del Poder Judicial de la Federación estarán respaldadas y protegidas, y los juzgadores y servidores de todos los poderes judiciales locales contarán con un ejemplo de lucha jurídica y moral. Finalmente, la población sabrá que sus juzgadores defendieron a las instituciones que les permitirán ser juzgados de manera independiente, sin sujeciones arbitrarias al poder político que actualmente nos gobierna o, en el futuro, habrá de gobernarnos.

La reforma judicial y la suspensión de labores

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La Segunda Sala analizó la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2022 que aumentó a 12 días el periodo mínimo de vacaciones de los trabajadores. También se pronunció sobre dos prestaciones laborales que pueden reclamarse en juicio sin que sea necesario acudir a la conciliación prejudicial.FiscalNegativa del aviso de cancelación de RFC y juicio contencioso administrativoEl acuse de respuesta que emitió el SAT en el que señala que el contribuyente no cumple con los requisitos para presentar el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, es una resolución definitiva contra la que procede el juicio contencioso administrativo federal. Ante la falta de presentación del aviso, la autoridad fiscal calificaría la fusión como una enajenación. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029252" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029252</a>Irregularidades en revisión de gabineteCuando el requerimiento de información por el que da inicio una revisión de gabinete, es irregular por la forma en que la autoridad solicitó la información al contribuyente, se está ante un vicio en el procedimiento. En caso de impugnarse, se tendrá que analizar si las irregularidades trascendieron o no al sentido de la resolución final. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029258" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029258</a>LaboralTarifa progresiva de aportaciones patronales de vejez y cesantíaLa Segunda Sala avaló la reforma de 2020 a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que estableció una tarifa progresiva, en vez de una fija, para calcular el monto de las aportaciones patronales en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029233" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029233</a>Tarifa progresiva. Se trata de una medida adecuada y proporcional, en tanto es un instrumento de política pública que permite que las aportaciones sean acordes a la capacidad contributiva del patrón y se otorgue una pensión digna a los trabajadores. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029232" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029232</a> Elementos esenciales de las aportaciones patronales. La Segunda Sala sostuvo que la Ley del Seguro Social no contiene la totalidad de dichos elementos (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y fecha o época de pago), pero que pueden identificarse a través de un análisis sistemático de dicha ley. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029231" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029231</a> Reclamo de prestaciones que no requieren conciliación prejudicialEs innecesario agotar la conciliación prejudicial cuando se reclamen, únicamente y de forma conjunta, las siguientes prestaciones: 1) la designación de beneficiarios del trabajador fallecido, y 2) la entrega del saldo de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029253" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029253</a>Excepción a conciliación prejudicial: Nuevo patrón demandado&nbsp;Cuando en el juicio laboral se advierte que quien fue señalado como tercero interesado, en realidad tiene el carácter de patrón y por tanto, de demandado, no será necesario que respecto de él se agote la etapa previa de conciliación. Solo se le deberá correr traslado de la demanda, respetando los plazos, sin suspender el procedimiento. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029238" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029238</a>SCJN avaló aumento del periodo vacacionalLa Segunda Sala avaló la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2022 por la que se aumentó a 12 días el periodo mínimo de vacaciones de los trabajadores que tengan más de un año laborando, en tanto genera mejores condiciones laborales para el trabajador. No es posible sostener que los patrones tienen un derecho a que las condiciones contractuales permanezcan inamovibles, sin que deben sujetarse al texto legal vigente. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7948" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 273/2024</a>PenalInvestigación ministerial: aseguramiento registral de un inmueblePara que el ministerio público realice el aseguramiento registral o catastral de un inmueble, es necesario que cuente con autorización judicial previa. Si bien este acto de investigación no se encuentra listado expresamente entre aquellos que requieren autorización judicial, es un acto de molestia que afecta de forma temporal el derecho de propiedad. [Pleno Regional, Jurisprudencia]. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029235" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029235</a>Declaración de sustracción a la acción de la justicia ¿solo procede contra el imputado?El juez podrá dictar la declaratoria de sustracción a la acción de la justicia en contra de cierta persona, sin que sea necesario que previamente se le haya formulado la imputación. Con esta jurisprudencia del Pleno Regional deja atrás el criterio que establecía que dicha declaratoria solo podía dictarse respecto de quienes ya tuvieran la calidad de imputado. La referida declaratoria dará lugar al libramiento de una orden de aprehensión. [Pleno Regional, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029262" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029262</a>Administrativo¿Celeridad procesal? en el juicio contencioso administrativoEl auto por el que se tiene por no presentada la demanda, debido a que el demandante cumplió de forma parcial con un requerimiento, deberá dictarse al día siguiente a aquel en que se presentó el escrito, y no un mes después, como sucedió en el caso que se comenta. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029243" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029243</a>

Blog 173: Más vacaciones y conciliación prejudicial

Artículo publicado en Milenio, el día 14 de agosto de 2024En las últimas entregas de esta columna, revisé diversos aspectos de la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente López Obrador al Congreso. En síntesis, se trata de una refundación de los poderes judiciales para alinearlos políticamente con la 4T. Pero no está orientada a generar ni un mayor acceso ni una mejor justicia.Hace unos días, en los foros que organizó la UNAM para analizar la iniciativa, el investigador emérito Diego Valadés, en una notable intervención, lo dijo sin ambigüedad: “Tales providencias (seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias)&nbsp;no resolverán los problemas existentes y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas”. Sostuvo que “la elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder” y más adelante remató “la iniciativa elude una auténtica reforma de la justicia y mantiene el atavismo de un Estado carente de política en materia de justicia”.Aunque con algunos matices, la decisión de reformar parece tomada. Todo dependerá, en última instancia, de la decisión de cada uno de los cinco magistrados del Tribunal Electoral sobre la manera en que asignarán las curules de representación proporcional. La responsabilidad ética y jurídica es enorme pues, rara vez en la historia, unos cuantos pueden cambiar tanto. Si la decisión favorece la interpretación del gobierno, entonces una vez que los magistrados hayan votado se vuelven prescindibles, pues habrán habilitado a Morena para que con solo 54% de los votos efectivos modifiquen sin límite a la Constitución.Entre tanto, insistiremos en lo que sí hay que cambiar. Hay que fortalecer a la justicia local. Revertir la tendencia presupuestal existente y destinar recursos a la formación de capital humano, de infraestructura y tecnológicos de los tribunales locales. Hay que multiplicar los mecanismos de acceso a la justicia, los medios alternativos de solución de controversias y los juicios abreviados para des-formalizarlos, simplificarlos y acercarlos a la población que los necesita. Hay que lograr que la justicia sea legible para los ciudadanos y ampliar la oferta de defensores públicos. Tenemos que generar mecanismos de rendición de cuentas y promover un diálogo entre jueces y sociedad. Además, hay que construir una política judicial nacional flexible, inclusiva y que pueda incidir en la dirección del conjunto del sistema.

Reformar la justicia (5 de 5)

Artículo publicado en El País, el día 13 de agosto de 2024Las necesidades de complacer sin más los deseos de su todavía líder han llevado a los integrantes —salientes y entrantes— del oficialismo a dejar de reflexionar sobre los deseos presidenciales. Lo que acontece con la propuesta de reforma judicial es un claro ejemplo de ello. Lejos, muy lejos, de tomarse en serio la gravedad de lo planteado por López Obrador el 5 de febrero del año en curso, para analizar sus propuestas se ha instaurado un modo de proceder negacionista, cuando no, de plano, afirmacionista. El primero ha consistido en rechazar, sin más, cualquier tipo de objeción fundacional, operativa o funcional a cualquier aspecto de la iniciativa; el segundo, en sostener, también sin más, las virtudes o hasta excelsitudes de los deseos presidenciales.Para poder sustentar ambos procederes, los oficialistas —con o sin cargo público— han tenido que deformar distintos aspectos materiales. Por ejemplo, han tenido que señalar la viabilidad operativa de una elección numérica y presupuestalmente imposible, o han tenido que rechazar las objeciones hechas al modelo boliviano desde el cual apelan. En su complaciente actuar, han tenido que alterar los hechos tal como son y que, de manera simultánea, les trasciende y afecta. Es en esta disposición como se han pronunciado sobre la incidencia de la reforma en los mercados y el financiamiento privado a los proyectos del gobierno entrante.El contexto de su discusión está fundado en la paradójica condición de suponer que, por una parte, el nacionalismo es prácticamente autorreferente en la obtención de proyectos y recursos y que, por otra parte, estos últimos tienen que complementarse con inversiones provenientes de los capitales nacional y extranjero. Esta tensión —de un orden más bien retórico— ha producido y produce discursos y posicionamientos erráticos frente a la propuesta de reforma judicial.En ánimo nacionalista sostiene que la propuesta de López Obrador está sobre las inversiones y los mercados. Que la fuerza moral del presidente es suficiente para imponerse al egoísmo y maldad que a aquellos se les atribuye. En el entusiasmo personal y moral que tales discursos concitan, la reforma termina siendo la única elección posible —por correcta—respecto de toda la acción judicial del Estado mexicano.Al lado de esta imagen, está la realidad agradable y desagradable, provechosa y destructiva, de los mercados y del financiamiento del proyecto nacional. Por más que quieran fundar la propuesta del presidente saliente en sus virtudes y moralidad intrínseca, saben que, como El Quijote con la iglesia, algo han de hacer con los mercados e inversiones con las que se han topado en esta nuestra compleja y desigual modernidad.La dimensión negacionista del oficialismo sustenta que la reforma no tendría ningún efecto sobre las inversiones futuras, o que los mercados ya la descontaron. Este primer aspecto se refuta, por ejemplo, con la lectura del informe que a finales de julio presentó la calificadora Fitch sobre nuestro país. A diferencia de lo que cuentan entre los apoyadores de la reforma —y de lo que posiblemente le cuentan a la presidenta electa— hay preocupación entre los mercados y los inversionistas sobre los alcances de la reforma. Es por ello que se han detenido las inversiones en nuestro país y se está analizando la permanencia de las ya realizadas en el futuro próximo. Por otra parte, no es verdad que los mercados ya descontaron la reforma. Existe la idea de que la próxima presidenta puede asumir plenamente el hecho de haber sido electa directamente —y no por intermedio o gracia de otra persona— para evitar que el nuevo Congreso reforme la Constitución. Existe la idea de que la propuesta de López Obrador puede modificarse. Estas dos posibilidades han provocado que los mercados, los fondos o los inversionistas, no hayan descontado la reforma. En realidad, no se ha asumido —ni menos reflejado— que las discusiones y la publicación de los nuevos textos constitucionales no tenga efecto en la inversión o la calificación de nuestro país. Que los inversionistas ya aceptaron que a los juzgadores se les elija por voto popular y se sometan a un tribunal disciplinario. Que para la administración fiduciaria de los capitales encomendados, da igual que se mantenga lo que hoy existe a lo que conforme a la propuesta pueda resultar. Que lo actual y lo posible son iguales o indiferentes para la seguridad de las inversiones.En el ámbito afirmacionista sobre la reforma, las cosas no son menos fantasiosas que en el negacionista. Se sostiene que las inversiones no sólo no habrán de irse, sino que la elección popular de los juzgadores producirá, de una vez por todas, la identificación entre éstos y la verdadera justicia, y que tal identificación derramará sus beneficios sobre los capitales privados. Que la identificación entre justiciables y juzgadores producirá la auténtica justicia. Instalados en esas condiciones, a los inversionistas se les dice que no sólo no deben temer a la reforma, sino que deben abrazarla por estar alineada con los sus deberes fiduciarios.En los próximos años México requerirá de enormes recursos para sacar adelante a su población. Es necesario invertir en energías, agua, seguridad, infraestructura, empleos remunerados, salud y tantas otras carencias. Si más allá de una retórica que no se aviene a los hechos existentes para el desarrollo nacional en abstracto y de su población en concreto, se requiere del financiamiento público y privado, no es una buena idea dejar de discutir, al menos, la relación entre la propuesta de reforma judicial y los objetivos de crecimiento y desarrollo del país. La negativa a hacerlo deja la sensación de una audiencia irrestricta a los deseos del presidente que se va, sin tomar en cuenta ni el proyecto de la presidenta ni de los legisladores que llegan ni, menos aún, de las posibilidades reales de bienestar para la población mexicana.

La reforma judicial y la inversión privada

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>En Plenos Regionales se resolvió sobre la suspensión de plazos cuando existen fallas en el Portal de Servicios en Línea. También se publicó un criterio sobre los supuestos en que podrá eximirse al sujeto obligado de la imposición de una multa, por  incumplimiento de obligaciones en prevención de lavado de dinero.FiscalPrórroga en plazo para solicitar devolución de saldo a favorSi el plazo de prescripción concluye en un día inhábil, por encontrarse el SAT en periodo de vacaciones, el contribuyente podrá presentar la solicitud de devolución de saldo a favor en el primer día hábil siguiente. Lo anterior aun cuando el plazo de prescripción se cuente por años. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029212" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029212</a>AmparoSuspensión contra normas de tránsito, movilidad y seguridad vialUn Pleno Regional resolvió que no procede conceder la suspensión en contra de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial, en tanto se afecta el interés social y se contraviene el orden público. Las normas y la implementación de sanciones son medidas para garantizar la seguridad vial. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029226" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029226</a>Acreditar interés jurídico con sentencia en el SISESi para acreditar su interés jurídico la parte quejosa señala los datos de identificación de una sentencia almacenada en el SISE, el órgano jurisdiccional está obligado a consultar el archivo, descargarlo e integrarlo al expediente, ya que se trata de un hecho notorio. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029223" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029223</a>Fallas en el Portal de Servicios en Línea en la fecha de término de un plazoSi la persona se ve imposibilitada para interponer un recurso en el Portal de Servicios en Línea por una falla técnica, es necesario que presente un aviso en la plataforma. De lo contrario, no se podrá ampliar el plazo para la presentación del recurso. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029225" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029225</a>LaboralProtección reforzada para trabajadoras en embarazo y lactanciaNo es posible despedir a una trabajadora cuando no pueda acudir presencialmente al trabajo durante la lactancia, por un padecimiento del recién nacido. Las trabajadoras en periodo de lactancia tienen una protección reforzada por lo que se deberán equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029209" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029209</a>En contra del acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo de separación del cargo de la trabajadora en periodo de lactancia procede el amparo indirecto. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029210" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029210</a>Plazo para reclamar prestaciones laboralesUn tribunal sostuvo que sí pueden establecerse límites cuando se trate de prestaciones laborales distintas a la pensión o jubilación. Por tanto, si la Ley del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores de Sonora (ISSSTESON) prevé el pago de una indemnización global para el trabajador que se separa de su cargo, es constitucional que ésta prescriba en el plazo de tres años. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029211" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029211</a>AdministrativoObligaciones y multas en prevención de lavado de dineroNo podrá imponerse multa al sujeto que realiza actividades vulnerables si cumplió con las obligaciones establecidas en la legislación de prevención de lavado de dinero de manera extemporánea y espontánea, previamente al inicio de facultades de verificación por parte de la autoridad. Con el cumplimiento extemporáneo se satisface el requisito relativo al reconocimiento expreso de la falta en que incurrió. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029213" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029213</a>Distinción entre denuncia y queja ante la PROFECOEn el caso de denuncias presentadas ante PROFECO no podrá obligarse a que el denunciante sea el afectado directo. Este requisito solo es aplicable cuando se presenta una queja. Por tanto, cualquier persona puede denunciar a una empresa por haber enviado publicidad a personas que registraron su número telefónico en el Registro Público de Consumidores para no recibir publicidad. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029191" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029191</a>Reembolso de gastos médicos ante falta de hospital públicoUn derechohabiente solicitó la afiliación inmediata de su madre al servicio médico asistencial, ante la falta de respuesta de la institución la ingresó en un hospital privado. Puede promoverse amparo indirecto en contra de la omisión de la institución pública de brindar atención médica de urgencia y deberá ordenarse el reembolso de los gastos vía incidente innominado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029219" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029219</a>

Blog 172: Juicio en línea y multas en prevención de lavado de dinero

Artículo publicado en El Universal, el día 6 de agosto de 2024La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con una importante cantidad de órganos para cumplir sus funciones. Además de la Asamblea General, la Secretaría General y el Consejo de Seguridad, hay relatores nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para cumplir tareas específicas. Dada la complejidad de la agenda en esta materia, los hay para las detenciones arbitrarias, los desplazados internos, la desaparición forzada o involuntaria, o las libertades de opinión y expresión, entre otros. Desde 1994 se creó la Relatoría sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados para enfrentar las violaciones a los derechos humanos en ambos campos. A partir de entonces diversos relatores han contribuido a la observación, prevención y crítica de las acciones estatales en contra de la independencia de los jueces y de la afectación de los medios de defensa de los particulares en todo el mundo.Es en este contexto que la actual Relatora Especial emitió el 29 de julio de este año el informe sobre la iniciativa de reformas judiciales presentada el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador. La relatora sostiene que, de llegar a aprobarse tal iniciativa sin modificaciones sustanciales, se socavaría la independencia de la judicatura nacional. En particular se refirió a la elección popular de los juzgadores, la creación del tribunal de disciplina judicial, la reducción de integrantes de la Suprema Corte, la vinculación de las remuneraciones judiciales a las del Ejecutivo Federal, y la ampliación de los supuestos de juicio político. Se refirió también a la intimidación de los juzgadores mediante los ataques verbales realizados por los poderes Ejecutivo y Legislativo.El oficialismo gubernamental reaccionó pronto a los pronunciamientos de la Relatora Especial. Una parte acudió al manido expediente de la soberanía nacional, desconociendo que nuestro país forma parte del sistema de Naciones Unidas y que sus órganos cuentan con competencias legítimas para pronunciarse sobre lo que acontece en nuestro país. Otros críticos se limitaron a cuestionar a la Relatora o a su informe sin molestarse en generar un diálogo sobre sus comentarios. Desestimando una crítica de la propuesta de reforma a la luz de los criterios internacionales y estandarizados de los que echó mano la Relatora, el oficialismo descalificó al trabajo o a la persona.Este gregario actuar ha perdido de vista que la Relatora presentó sus objeciones basadas en una doctrina pública y reiterada que, en su momento, le permitirá a la comunidad internacional y a sus órganos calificar lo que López Obrador busca realizar y el Congreso aprobarle sin más. Es por ello que, en caso de aprobarse la reforma en sus términos, los órganos de la ONU y otros regidos por los mismos principios, habrán de considerar que la reforma aprobada es violatoria de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional. Llama la atención que, en la emoción por complacer ciegamente a su líder, los legisladores que con él se van o los que llegarán el 1° de septiembre, no consideren seriamente el informe de la Relatora. Su seguidismo les impide considerar lo que les ha sido advertido por la instancia internacional competente para revisar lo que acontece en nuestro soberano país. Su rechazo les complicará hacerse los sorprendidos o los indignados cuando se produzcan las previsibles reacciones internacionales por lo que les está siendo claramente señalado y advertido.

La reforma judicial en las Naciones Unidas

Artículo publicado en Milenio, el día 31 de julio de 2024El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), establecido en 1994, juega un papel central en el sistema judicial mexicano. Es el órgano encargado de administrar, vigilar y disciplinar a los tribunales federales, incluyendo la formación y gestión de la carrera judicial. A pesar de su importancia, el CJF es un órgano relativamente desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Su estructura y funciones se replican en la mayoría de los poderes judiciales del país.La iniciativa de reforma judicial del presidente López Obrador considera que el CJF “ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos que ocurren al interior del Poder Judicial” y que su desempeño ha sido insuficiente para “vigilar con objetividad e imparcialidad la conducta de los integrantes de los órganos judiciales, y de sancionar de forma ejemplar conductas contrarias a la ley”.Este juicio sumario sirve para justificar la condena: los consejos de la judicatura desaparecen y serán reemplazados por dos entidades separadas. Los órganos de administración judicial y los tribunales de disciplina judicial. El problema más delicado está en estos últimos.Estos tribunales, integrados por cinco&nbsp;miembros electos, se convertirán en “los jueces de los jueces”. Tienen un espectro muy amplio de facultades que les permitirá llamar a cuentas a cualquier juez, magistrado o ministro cuando, a su juicio, haya dictado una sentencia que contravenga el “interés público”, la “adecuada administración de justicia”, implique complicidad o encubrimiento de delincuentes, o se aleje de los vagos principios de “objetividad” “profesionalismo” o “excelencia”. Las decisiones de este tribunal son definitivas e inatacables, es decir, nada ni nadie puede controvertirlas. Será una institución sin paralelo en el mundo democrático y pondrá en jaque la facultad de los jueces de valorar las pruebas e interpretar las normas con independencia (principio de libre apreciación).Este tribunal consolida un sistema que garantiza la captura del Poder Judicial por el gobierno de la 4T. Primero, se destituye a la totalidad de jueces, magistrados y ministros, quienes serán reemplazados por otros. Estos nuevos funcionarios, propuestos en su mayoría por el Presidente y las dos cámaras, se someterán a las urnas. Este proceso asegura entonces que los electos comulguen ideológicamente con Morena. Y si alguno de ellos osara apartarse de la línea de la 4T en sus sentencias, se activaría un mecanismo de corrección inmediata que podría sancionarlo, incluso con la destitución. En este contexto, no habrá cabida para jueces que se opongan a la voluntad presidencial.

Reformar la justicia (4 de 5)

Artículo publicado en El País, el día 29 de julio de 2024La propuesta de reformas a los poderes judiciales planteada por el presidente López Obrador, ha sido objeto de distintos análisis. Unos han tenido que ver con sus aspectos técnicos; otros con los supuestos ideológicos de la función judicial, y algunos más con la viabilidad operativa de la elección de los juzgadores federales y locales. Todos esos escrutinios han quedado atrapados en la inmediatez de estos días y sus afanosos ritmos. En lo que un presidente en salida estima necesario para complementar su obra o alcanzar su tranquilidad, y en lo que sus hasta ahora incondicionales han asumido que éste les requiere. Aun cuando entendible, la inmediatez imperante no impide reflexionar fuera de la coyuntura.Después del triunfo electoral del pasado 2 de junio y de los consabidos y repetidos treinta y seis millones de votos para Morena y aliados, se ha asumido que uno y otros conducen sin más a la reforma judicial. Más aún, que tiene que darse en los términos y condiciones planteados por el presidente López Obrador en la iniciativa presentada el 5 de febrero. En una curiosa prestidigitación se ha dado el alineamiento entre esa iniciativa, la elección y los resultados electorales. En esta linealidad no ha quedado espacio para lo que pueda decir la mujer que legítimamente ganó la elección presidencial, para lo que puedan plantear los legisladores que recién fueron electos, ni para las críticas —o al menos comentarios o sugerencias— de quienes se han tomado el tiempo de analizar la propuesta de López Obrador. La necesidad de cumplir los deseos de quien ya se va, parece ser el único motivo y horizonte por cubrir, con total independencia de lo que puedan o tengan que decir quienes llegan al poder.Más allá de los problemas técnicos y funcionales de la propuesta de reformas, es posible preguntarnos a contrapelo del seguidismo imperante, si a quienes pronto ocuparán diversos cargos públicos les conviene gobernar con la propuesta lopezobradorista.&nbsp;Al plantear esta cuestión no trato de ocultar mi rechazo a la iniciativa, pues de distintas maneras he expresado mi oposición a lo que estimo está constituido por ocurrencias y disparates. Desde esta posición me pregunto si a quienes pronto ejercerán distintos cargos públicos les conviene la reforma judicial. Si, más allá de la complacencia al presidente que se va, les resultará útil para realizar el proyecto que por sí mismas deberán desarrollar.Estimo que la respuesta es negativa debido a las complicaciones y obstáculos que enfrentarán. Tantos que, muy probablemente, verán comprometido su quehacer e, inclusive, el proyecto que, supongo, pretenden desarrollar autónomamente con respecto de la persona que por mandato constitucional está por concluir su encargo como presidente de la República. Asumo que la próxima presidenta de México busca realizar su proyecto político en condiciones democráticas y ajustadas al marco constitucional y, en sentido contrario, que no pretende constituir un gobierno autoritario. Bajo esta condición me parece que la existencia de un juego de frenos y contrapesos es esencial para el mantenimiento del modelo que buscará realizar la doctora Sheinbaum, su gobierno y las mayorías de los partidos que formaron la coalición triunfante. La pérdida de racionalidad jurídica por parte de los juzgadores derivada de la realización de elecciones será un factor determinante para debilitar esos frenos y contrapesos y, por lo mismo, una seria amenaza para el mantenimiento del modelo que, insisto, supongo querrá mantener la próxima presidenta.Si acepta que los jueces deben tener la misma racionalidad que su gobierno, también deberá asumir que estos deberán ser partícipes de la conducción política del país, en tanto no habrá diferencias entre lo que ella diga o haga con respecto a lo que los juzgadores consideren que están obligados a decir o a hacer. Al provenir de la misma fuente de legitimidad electoral no es evidente —ni funcional ni ideológicamente— por qué razón los jueces no se considerarán llamados a desarrollar sus propios entendimientos políticos con independencia a los que los legisladores o la presidenta estimen adecuados, necesarios o convenientes. Unos y otros serían representantes populares dotados de la misma legitimidad y sin que entre ellos existan diferencias fundamentales en cuanto a proveniencia, mandato o vinculación con el pueblo.Los diferentes orígenes entre los representantes populares a los cargos legislativos y ejecutivos frente a los de los juzgadores, tienen el propósito de diferenciar sus condiciones funcionales. Los primeros tienen que actuar conforme a los mandatos que sus electores vayan determinando en los comicios que periódicamente se celebren; los segundos, por su parte, tienen que someterse a las disposiciones jurídicas emitidas por esos representantes populares. De esta manera, los juzgadores no son entes que de manera autónoma puedan ni deban actuar por lo que por sí mismos estimen que es la voluntad de las mayorías, sino por el contrario, asumir que tal voluntad ha quedado plasmada en una norma jurídica a la cual deben obediencia por provenir precisamente de un ejercicio democrático.Desde el momento en que a los juzgadores se les lanza al campo de las contiendas electorales, se les hace participes de la voluntad popular. De la necesidad de entender, directamente y sin mediación alguna, los mandatos del electorado que habrá de llevarlos al triunfo en las casillas. Su vinculación dejaría de ser con las normas aprobadas por los representantes populares, para ser, al igual que la de éstos, directamente con el electorado. Así como el legislador se considera sometido únicamente al mandato de su elector, así el juez habrá de saberse vinculado en los mismos términos con él. Lo que el legislador haya establecido en la ley no tendrá por qué serle vinculante si, finalmente, hay un elector al cual obedecer directamente y sin intermediación de nadie, ni siquiera de un partido político en tanto su participación está expresamente prohibida.En el juego de las apelaciones democráticas, los impulsores de la reforma no parecen estar considerando sus fundamentos políticos. Parecen estarse limitando a ver un juego de dominaciones cortoplacistas, sin atender a las posibilidades operativas del Estado mismo. Puedo entender que el todavía presidente López Obrador piense que va a establecer algún tipo de control sobre los jueces para su personal beneficio. Lo que ya no resulta tan claro es por qué la futura presidenta y su propio proyecto de gobierno habrían de beneficiarse de una solución en la cual los juzgadores terminarían disputándole la conducción política del país.

Las legitimaciones políticas en la reforma judicial

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>El Pleno de la SCJN analizó la relación entre acceso a la información pública, seguridad nacional y medio ambiente. En amparo se emitieron criterios sobre el incidente de suspensión y sobre la legitimidad de la víctima para impugnar la sentencia condenatoria. En responsabilidades administrativas se analizó la procedencia del recurso de revisión fiscal.AdministrativoRecurso de revisión fiscal en responsabilidades administrativasEn contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se declaró nula la sanción impuesta al servidor público en materia de responsabilidades administrativas no procede recurso de revisión fiscal. Lo anterior debido a que no es un recurso previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029180" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029180</a>LaboralSanción de hechos notoriamente falsos en juicio laboralEl apoderado legal del trabajador manifestó en el juicio laboral un salario que no correspondía con la realidad. Para que ello amerite una sanción como un hecho notoriamente falso debe quedar acreditado en autos que la manifestación se hizo con dolo para obtener beneficios indebidos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029169</a>AmparoIncidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensiónUn tribunal interpretó la Ley de Amparo y determinó que, en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión no procede el recurso de queja contra el auto que desecha una prueba ya que ello podrá hacerse valer cuando se impugne la resolución. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029179" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029179</a>CivilAbandono de hogar y cese de beneficios de sociedad conyugal La esposa promovió acción de cesión de derechos de la sociedad conyugal en lo que beneficien al esposo debido a que éste abandonó el domicilio. La disposición que sanciona al cónyuge que no permaneció en el domicilio conyugal es contraria al derecho al desarrollo de la libre personalidad y la autonomía. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029155" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029155</a>PenalDelito por sustracción de hijo ante incumplimiento de régimen de convivencia&nbsp;Para que se dicte auto de vinculación a proceso por el delito de sustracción de menor de edad en contra de la madre que incumplió en diversas ocasiones el régimen de convivencia con el padre, el ministerio público debe probar preliminarmente que la madre impidió la convivencia con dolo. De lo contrario no se trata de un hecho penal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029182" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029182</a>Legitimación de la víctima en amparo&nbsp;La víctima del delito es parte del proceso penal y tiene legitimidad para promover amparo contra la sentencia condenatoria <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003918" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1a./J. 40/2013 (10a.)</a>. Un tribunal sostuvo que la víctima tiene derecho a exigir que todas las determinaciones dictadas estén debidamente motivadas y puede promover amparo directo en contra de la sentencia condenatoria que imponga el grado mínimo de culpabilidad al sentenciado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029183" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029183</a>Juez de control niega reapertura de investigación complementariaNo procede juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del juez de control que niega la reapertura de la investigación complementaria en el procedimiento penal acusatorio en tanto no es un acto de imposible reparación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029170" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029170</a>Acceso a la informaciónSCJN avala resoluciones del INAI sobre base aérea militar en TulumLa Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió recursos de revisión en materia de seguridad nacional en contra de resoluciones del INAI en las que se ordenó a la SEMARNAT entregar en versión pública la resolución por la que se tramitó el cambió de uso de suelo forestal para la “Construcción de una Base Aérea militar y el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Tulum Quintana Roo”.El Pleno de la SCJN sostuvo que los recursos en materia de seguridad nacional se limitan a analizar si la divulgación de información puede afectar la seguridad nacional y no configuran una segunda instancia. El Pleno avaló las resoluciones del INAI y sostuvo que no está justificado que por razones de seguridad nacional se reserve información relacionada con materia medio ambiental. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7906" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 231/2024</a>

Blog 171: Responsabilidades administrativas y amparo penal

Artículo publicado en Milenio, el día 17 de julio de 2024Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son jueces constitucionales y por ello su proceso de designación, sus funciones y garantías son distintos de los jueces y magistrados federales. Va una brevísima explicación.Un Tribunal Constitucional (TC) tiene como función primordial salvaguardar el principio de supremacía constitucional: nada, ni nadie, por encima de la Constitución. Es el árbitro que resuelve los conflictos entre los poderes, federales o estatales, y determina la constitucionalidad de las leyes. Además, es el garante último de los derechos humanos.Una de las razones más importantes que justifica la existencia de los TC es la necesidad de controlar a los parlamentos, en particular cuando sus decisiones afectan los derechos de las minorías, o bien cuando limitan indebidamente los derechos de las personas. En el ejercicio de esta función contramayoritaria algunas decisiones de la SCJN incomodaron —por decir lo menos— al Presidente López Obrador y algunos miembros del Congreso, quienes afirmaron que la Corte se había excedido en el ejercicio de sus funciones cuando, en realidad, simplemente las ejercieron.La SCJN tiene un diseño peculiar, pues además de ser un TC, es también un tribunal de casación, es decir, el órgano que garantiza la legalidad de las decisiones de todos los tribunales del país. Esta labor es técnica, compleja y requiere de conocimientos y experiencia en la labor jurisdiccional.Los integrantes de los TC no son necesariamente jueces de carrera. Su designación, normalmente realizada por autoridades políticas, obedece a criterios de experiencia, conocimiento, prestigio y, en última instancia, políticos.El procedimiento que existe para designar a los ministros de la SCJN tiene graves problemas. Por un lado, el Presidente en turno puede determinar en buena medida quién será designado y, por otro, el proceso de escrutinio de los candidatos a ministros por el Senado deja mucho que desear. Es necesario modificarlo, pero ¿es la “elección popular” la forma idónea?No lo creo. Primero, porque esta “elección popular” pasaría primero por una selección discrecional de los candidatos realizada por los otros poderes (10 candidatos por el Presidente, 5 por cada Cámara y 10 por la SCJN) sin que existan criterios para seleccionarlos. Segundo porque una elección supone campañas para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado. Éstas están marginalmente reguladas en la iniciativa presidencial, y dejan muchas preguntas abiertas. ¿Se podrán presentar los actuales ministros? ¿Cuál será su contenido? ¿Cómo se desplegarán si se prohíbe el financiamiento público o privado? No es difícil imaginar qué pasará si este procedimiento se aprueba. Tendremos un TC alineado con Morena que difícilmente será un contrapeso efectivo y generará muchos problemas. https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/reformar-la-justicia-3-de-5

Reformar la justicia (3 de 5)

Artículo publicado en El País, el día 16 de julio de 2024En la importante discusión que se está llevando a cabo sobre una posible reforma judicial, algunos de sus más importantes aspectos siguen sin ser abordados. ¿Qué es lo que la misma implica en términos electorales? La validez de la pregunta se da por el intento de lograr que mediante elección popular directa se designe a la totalidad de los juzgadores que integran al Poder Judicial de la Federación y a los jueces y magistrados de las entidades federativas. Si los cargos judiciales se determinarán mediante elección, es necesario considerar sus aspectos operativos para entender sus posibilidades y sus pretensiones.En lo que sigue voy a correr un ejercicio respecto de los juzgadores radicados en el primer circuito judicial federal y los de carácter local que residen en la Ciudad de México. Guardadas las correspondientes proporciones y diferencias, los resultados obtenidos servirán para ilustrar lo que acontecería a nivel nacional en caso de aprobarse la reforma tal como está planteada.Comenzando con los juzgadores federales, en el primer Circuito habría que elegir 352 posiciones. De ellas, 9 corresponderían a los ministros, 7 a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 3 a los magistrados de la correspondiente Sala Regional del propio tribunal, 5 a los magistrados del órgano de disciplina judicial, 115 a los jueces federales y 213 a los magistrados de Circuito. Conforme a la propuesta, el presidente de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, tendrían que proponer hasta 10 personas en los casos de ministros, de magistrados electorales de la Sala Superior y de la Sala Regional, 10 candidaturas del nuevo tribunal de disciplina judicial y 6 para&nbsp; cada uno de los jueces y magistrados de la federación (2 por el presidente de la República, 2 por la Suprema Corte y 1 por cada una de las cámaras legislativas señaladas).Dado que la iniciativa prevé que las propuestas serán de hasta los números mencionados, podría suceder que no en todas las elecciones se presentara la misma cantidad de candidatos. A fin de modelar la magnitud de lo que está en juego, planteo un escenario hipotético. Éste consiste en suponer, primero, que respecto de todos los cargos en competencia, cada órgano postulante presente la totalidad de los nombres que constitucionalmente tiene asignado y, segundo, que todos y cada uno de ellos sean puestos por el órgano electoral en la correspondiente boleta. Si este supuesto se cumpliera, 2,088 nombres aparecerían en las papeletas de este circuito. Sobre ellos, de un modo u otro, habrían de elegir los ciudadanos a partir, deseablemente, de un cierto conocimiento de perfiles y trayectorias.Partiendo de lo anterior y dado que la lista nominal de electores de la Ciudad de México —que no necesariamente del primer Circuito— es de 7,764,971 ciudadanos, sería necesario imprimir y distribuir 1,312,280,099 boletas. Ello es así porque debe haber una papeleta para la Suprema Corte, una para el tribunal disciplinario Judicial, una para la Sala Superior Electoral, una para la Sala Regional de dicho Tribunal y una para cada uno de los 165 órganos jurisdiccionales federales de este Circuito.Pasando a la esfera local de la Ciudad de México, en el artículo 122 constitucional se dispone que deberán aplicarse en lo conducente las reglas que rigen en el ámbito federal para la elección de sus jueces y magistrados. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los anteriores servidores públicos ascienden, respectivamente, a 368 y 79, lo que da un total de 447 cargos a elegir. En esta cantidad no estoy incluyendo a los integrantes del tribunal de disciplina judicial local, pues su número no está precisado en la propuesta de reforma. Si éstos fueran 5 —como a nivel federal—, habría que elegir 452 funcionarios judiciales locales. Dado que el número de órganos —juzgados y salas— suman 404 y, aventuro, para cada uno de ellos habría una boleta, habría que imprimir 3,137,048,284 de ellas, partiendo de las cantidades de ciudadanos que componen la citada lista nominal de electores de esta Ciudad. De esta manera, en la elección electoral ordinaria, a cada persona debieran dársele 404 boletas a fin de ser depositadas en igual número de urnas.Un elector mínimamente responsable procedería a elegir uno de los nombres de cada boleta. Así, por ejemplo, tomaría la correspondiente al juez primero en materia administrativa del primer Circuito, leería —o tal vez hasta analizaría— los nombres listados, marcaría el de su preferencia, doblaría la boleta y la dejaría a un lado. Luego tomaría la correspondiente al juez segundo en materia administrativa del primer Circuito y haría lo mismo o algo muy similar. Al terminar con los de esa materia iría con los de la penal, los civiles y los laborales, para después realizar un ejercicio semejante en cuanto a los distintos tribunales de cada una de las materias señaladas. Una vez que cada uno de los electores haya marcado el nombre de su preferencia en cada una de las 169 boletas federales y 404 locales, deberá depositar una por una de ellas en la urna correspondiente. Supongo que se colocará ante una larga fila de 573 cajas, bien ordenadas e identificadas, y en la estrecha ranura irá metiendo cada una de las boletas. Una vez concluida la jornada, los funcionarios de casilla —¿asistidos de representantes de los candidatos a juzgadores?— procederán a contar los votos emitidos para cada uno de los cargos federales y/o locales en disputa, así como el de la totalidad de los cargos judiciales en cada una de las 573 boletas que le fueron entregadas a cada elector para elegir, en cada una de ellas y según el caso, un nombre de entre varios.A fin de no parecer alarmistas dada la dimensión del primer Circuito-Ciudad de México, consideremos el caso de una entidad menos poblada y con menos órganos jurisdiccionales. Nayarit cuenta con 56 órganos jurisdiccionales locales. Si la autoridad electoral decidiera imprimir una boleta por cada órgano y dado que su lista nominal ascendió a 930,683 ciudadanos en julio de 2024, se necesitarían 52,118,248 boletas para consumar el proceso electoral sólo en lo judicial. A esta cantidad habría que añadir las papeletas necesarias para elegir a los 12 jueces y 9 magistrados del Poder Judicial de la Federación radicados en el área del vigésimo cuarto Circuito, lo que no necesariamente equivale a la demarcación territorial estatal. A las 13 boletas (1 boleta para cada uno de los órganos judiciales federales), tendríamos que añadir una más para elegir a los ministros de la Suprema Corte, una para los magistrados de disciplina judicial, una para la Sala Superior del Tribunal Electoral y una para la Sala Regional correspondiente (17 boletas). Finalmente, 73 boletas y urnas federales y locales, cada una de ellas compuesta por varios nombres.Si consideramos lo que acontecería en una entidad federativa con una magnitud jurisdiccional media como es el caso de Tabasco, cada persona debería recibir 94 boletas electorales para cubrir cada uno de los órganos jurisdiccionales tabasqueños. Tomando en cuenta que Tabasco cuenta con una lista nominal de 1,780,845 electores, se tendrían que imprimir, distribuir y contabilizar 167,399,430 boletas. Si a ellas sumamos las que corresponderían a los 27 órganos jurisdiccionales federales —unos en Villahermosa y otros en Coatzacoalcos, Veracruz—tendríamos un total de 121 boletas que, por otra parte, habría que agregar a las que corresponden a las elecciones de los órganos legislativos y ejecutivos federales, locales y municipales.Dadas las magnitudes acabadas de señalar, desde ahora es posible prever que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, tendríamos jornadas electorales muy complejas en lo que se refiere a la renovación de los jueces y magistrados de los poderes judiciales federal y locales. Que más allá de los problemas relacionados con las campañas electorales, el financiamiento a los candidatos, y el control político y económico que sobre jueces y magistrados se pretenda tener, existen serias complicaciones en sus aspectos operativos.Adicionalmente, existen otros problemas vinculados con los anteriores que pueden afectar no solo a la elección de los juzgadores, sino también a la de todos los cargos públicos puestos a disputa en el mismo proceso. El primero es el ya mencionado de la geografía electoral. En la propuesta de reformas constitucionales se plantea que la elección de funcionarios federales se hará a partir de la demarcación del correspondiente Circuito judicial. Sin embargo, es importante advertir que no siempre hay plena correspondencia entre los distritos electorales y tales demarcaciones judiciales. Ello implicará tener que redistritar la geografía electoral —con sus consabidas consultas a los grupos involucrados— tal como sucedió con la que recientemente concluyó después de 3 años de trabajo.El segundo problema tiene que ver con el control del financiamiento. En la iniciativa se prohíbe, correctamente, que los candidatos reciban apoyos partidistas o de agentes públicos o privados. Sin embargo, y a diferencia de las regulaciones con que más allá de su eficacia se imponen a los partidos políticos, es difícil vigilar la manera en la que los potenciales juzgadores puedan recibir financiamientos prohibidos.En tercer lugar destaco lo relacionado con el umbral de votos mínimo para ocupar un cargo. En el actual sistema electoral, a los partidos políticos que no obtengan un mínimo de votos no se les asignan posiciones. Tratándose de las personas que pretendan ser juzgadoras mediante elección es necesario preguntarse por el nivel mínimo de representatividad indispensable para hacerlo. ¿Cualquier votación es suficiente para triunfar y acceder al cargo?Otro problema más tiene que ver con la cantidad de impugnaciones que previsiblemente habrán de presentarse ante las autoridades electorales por los numerosos candidatos que consideren que, correcta o incorrectamente, no triunfaron en la elección. Dada la enorme cantidad de contendientes, la falta de controles presupuestales, su falta de afiliación a un partido y las posibilidades poco controladas de actuación, es previsible que habrá sanciones y perdedores. Sobre dichas sanciones, a su vez, se presentarán muchos recursos de quienes suponemos conocen las reglas jurídicas que enmarcan la elección en que hayan decidido participar.Las cuestiones planteadas en modo alguno son especulativas. En las condiciones de inseguridad que vive el país y con los intentos para dominar la función judicial y someterla a la política, esos y otros elementos prácticos son decisorios para el proceso que pretende llevarse a cabo. Como en tantos otros sueños de la política o de los políticos, los elementos operativos no se han tomado en cuenta. Sin embargo, cuando estas omisiones aparezcan y muestren la inviabilidad de lo deseado, serán consideradas artificios del derecho y calificadas como formalidades jurídicas. Con ello, se aducirán razones de más a fin de considerar que aquello que se pretendía hacer era tan bueno que la mera intervención del derecho demuestra por qué los jueces deben ser electos y pertenecer al pueblo. Además de los problemas conceptuales de la propuesta de reforma del presidente López Obrador respecto de la división de poderes, la independencia judicial y los derechos humanos, hay que agregar también sus numerosos defectos operativos. Una vez más, los juegos de poder y para acumularlo, terminarán afectando en lo concreto a quienes requieren más y mejor impartición de justicia.

Los números electorales de la reforma judicial

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La Primera Sala se pronunció sobre la constitucionalidad del procedimiento para acreditar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) pagado en el extranjero, las obligaciones de los juzgadores cuando se argumenta tortura y la falta de legitimación del Ministerio Público para promover el juicio de amparo. En materia de concursos mercantiles, un Pleno Regional analizó la procedencia de la suspensión en la etapa de quiebra.FiscalIngresos exentos de ISR deben calcularse conforme a la UMA&nbsp;A diversos contribuyentes se les negó la devolución de saldo a favor de ingresos exentos del pago de ISR por concepto de jubilaciones, pensiones, retiro, primas de antigüedad e indemnizaciones debido a que lo habían calculado conforme al salario mínimo y debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029120" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029120</a>Límites al acreditamiento de ISR pagado en el extranjeroCon la reforma de 2014 a la Ley del ISR se condicionó el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero de personas morales al cumplimiento de determinados requisitos. La Primera Sala sostuvo que la medida es constitucional en tanto evita que se mezclen los pagos realizados en diversos países. [Primera Sala] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029121" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029121</a>Contribuyente no localizado en domicilio fiscal y suspensión en amparoNo procede conceder la suspensión definitiva en contra de los efectos de la resolución que determina a un contribuyente como no localizado en su domicilio fiscal. Lo anterior con la finalidad de que el contribuyente no evada las facultades de investigación, comprobación y ejecución del SAT, y afecte con ello el orden público e interés social. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029145" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029145</a>PenalValoración de prueba de cargo obtenida con torturaEl sentenciado argumentó que para condenarlo se valoró la declaración del coinculpado obtenida bajo tortura. Ante el argumento de tortura el órgano jurisdiccional está obligado a realizar un análisis oficioso. Toda persona tiene derecho a ser juzgado a partir de pruebas obtenidas de forma lícita, por lo que aquella prueba obtenida bajo tortura debe ser excluida como prueba de cargo. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029152" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029152</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029151" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029151</a> y<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029150" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029150</a>Amparo¿El Ministerio Público puede promover juicio de amparo?El Ministerio Público es el órgano encargado de la persecución y acusación del delito pero no es titular ni representante de los derechos afectados por el delito. Por ello carece de legitimación para promover el juicio de amparo, incluso cuando de no promoverlo quede firme una sentencia absolutoria. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029096" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029026</a>Empresas productivas subsidiarias de la CFELas empresas productivas subsidiarias de la CFE forman parte de una nueva organización de la administración federal y se consideran personas morales oficiales por lo que están exentas de exhibir garantía para que se le conceda la suspensión en amparo directo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029112" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029112</a>Suspensión provisional en derecho de peticiónNo procede conceder la suspensión provisional para efectos de que se dé respuesta a una solicitud realizada mediante el derecho de petición. Lo anterior debido a que de concederla tendría efectos restitutorios y no sería un beneficio transitorio. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029149</a>Concursos mercantilesNo procede conceder la suspensión contra actos en etapa de quiebraLa paralización de la venta de los activos de la persona en quiebra causa múltiples afectaciones que se agravan cada día afectando el interés social y el orden público, por lo que en contra de los efectos de la etapa de quiebra no procede conceder la suspensión en el juicio de amparo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029135" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029135</a>

Blog 170: Límites al acreditamiento de ISR y suspensión en etapa de quiebra

Artículo publicado en El Universal, el día 9 de julio de 2024Como no podía ser de otra manera dada la relevancia de lo que se propone, en las últimas semanas se han discutido algunos aspectos puntuales de la reforma judicial planteada por el presidente López Obrador. Una parte importante de la discusión ha tenido que ver con los aspectos relativos al Poder Judicial de la Federación. En particular, los relacionados con la elección mediante voto popular de los ministros, magistrados y jueces, así como con la creación del llamado tribunal de disciplina judicial.El debate sobre las propuestas ha sido tan intenso entre sus promotores y sus críticos, que se han desplazado otros temas de importancia. Entre ellos, el que se haya asumido que la reforma termina y culmina en el ámbito federal. Que finalmente la Suprema Corte y sus integrantes, así como los magistrados de circuito y los jueces de distrito, serán los únicos que resulten afectados con la propuesta lopezobradorista.Frente a este equivocado punto de vista es indispensable señalar que, además de las indudables afectaciones a los órganos federales, también resultarán lastimados los órganos de impartición de justicia de las entidades federativas y, desde luego y por lo mismo, los justiciables de ellas.Al respecto, conviene comenzar señalando que, al proponerse la reforma de los artículos 116 y 122 de la Constitución, todos los estados y la Ciudad de México tendrán que adaptar sus correspondientes sistemas jurídicos a un modelo semejante al federal. En esos dos artículos se propone que deberán establecer las condiciones para, primero, elegir por voto directo y secreto a sus jueces y magistrados siguiendo las reglas para la elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación y, segundo, crear un órgano de disciplina judicial distinto a los existentes consejos de la judicatura locales. En los artículos transitorios se propone que las remuneraciones de los juzgadores locales no podrán ser superiores a las del presidente de la República, y que las legislaturas locales deberán adecuar sus normas en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma constitucional.Como puede verse, y a diferencia de lo que todavía muchas personas siguen suponiendo, la propuesta de reformas está pensada para transformar a las judicaturas locales en la misma dirección y con la misma intensidad que la federal. Por este motivo, las justificadas críticas hechas al modelo federal son perfectamente aplicables al local. En primer lugar, el hecho de que las elecciones deban hacerse en el contexto de una vida electoral amenazada por las muchas delincuencias que en el país operan. En segundo lugar, a las dificultades operativas para que los ciudadanos conozcan a sus candidatos a jueces y magistrados, así como para que tengan la capacidad de emitir un voto mínimamente razonado. En tercer lugar, las muchas complicaciones operativas en el acto electoral mismo, dadas las prohibiciones de intervención —por lo demás justificadas— respecto de los partidos políticos y capitales privados.Tengo la impresión de que los foros, academias, judicaturas y organizaciones de la sociedad civil, tanto de los estados como de la Ciudad de México, siguen suponiendo que la propuesta no les afectará por referirse primordialmente a los órganos federales. Ojalá que todos esos grupos entiendan de una vez lo mucho que está en juego y las altas probabilidades que existen para dañar de manera directa e irremediable su función y, sobre todo, a la población local que acuda en búsqueda de justicia.

La reforma judicial en las entidades federativas

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Un Pleno Regional resolvió cuáles son los efectos de los amparos otorgados por la inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la CDMX. Un tribunal analizó la posibilidad de imponer multas a las partes por actuaciones que puedan impedir llegar a una conciliación.FiscalEfectos de amparo contra impuesto sobre adquisición de inmuebles en CDMXLos amparos que se concedan en contra de la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles de la Ciudad de México, vigente en 2021 y 2022, tienen como efecto eliminar la obligación del quejoso de realizar el pago del impuesto y en caso de haberlo realizado, restituirle el monto enterado. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029075</a>AmparoRetención de cuentas bancarias de socios y suspensión en amparoEn contra de la medida cautelar dictada en un juicio mercantil que ordena la retención de cuentas bancarias de una sociedad y de los socios en lo individual, podrá promoverse amparo y obtener la suspensión provisional para levantar la retención por el monto excedente y liberar las cuentas de los socios. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029086" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029086</a>Laboral¿Multa por no solucionar conflicto en la etapa de conciliación?Al resolver la etapa de conciliación prejudicial, el tribunal no podrá imponer multa al litigante de la parte demandada por considerar que al haber opuesto excepciones notoriamente improcedentes impidió la solución del conflicto en esta etapa. Solucionar el conflicto en la etapa de conciliación es optativo para las partes. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029078</a>AdministrativoPrincipio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo federalAl impugnarse el desechamiento de un recurso administrativo por improcedente, la Sala debe estudiar en primer lugar el desechamiento y solo si advierte que fue ilegal, entonces podrá analizar la resolución objeto del recurso, tanto por lo que hace a los argumentos planteados en el recurso como aquellos argumentos nuevos que se hicieron valer en el juicio contencioso administrativo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029077" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029077</a>Sanciones a particulares por faltas administrativasLos órganos internos de control de las dependencias carecen de facultades para sancionar a particulares vinculados con un procedimiento de responsabilidad administrativa. Las únicas autoridades facultadas para ello son los tribunales de justicia administrativa federal o locales. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029088" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029088</a>MercantilPeritajes contradictorios: ¿debe designarse un perito tercero en discordia?En juicio ejecutivo mercantil se demandó el pago de dos pagarés, pero el demandado afirmó que no había firmado él por lo que las partes ofrecieron peritajes que llegaron a conclusiones contrarias. El juez no está obligado a nombrar un tercer perito, si considera que cuenta con los elementos suficientes para resolver y expresa las razones de su decisión. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7900" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 225/2024</a>Valor probatorio de facturas emitidas en el portal del SATSi al demandar en juicio el pago de varias facturas, estas son objetadas por la parte demandada, es necesario que las partes ofrezcan pruebas adicionales para acreditar sus pretensiones. Aun cuando las facturas fueron emitidas en el portal del SAT, no justifican la relación comercial, ni la existencia de los bienes o la prestación del servicio respectivos. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029074" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029074</a>Propiedad intelectualIMPI no está obligado a requerir al solicitante por falta de documentaciónSi una persona cuenta con el registro de una patente o diseño industrial en el extranjero y busca que quede registrado en México desde esa fecha (derecho de prioridad), debe exhibir ante el IMPI copia certificada de la solicitud efectuada en el extranjero y su traducción. En caso de no hacerlo, el IMPI no está obligado a requerirlo. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029082" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029082</a>

Blog 169: Inconstitucionalidad de ISAI y conciliación laboral

Artículo publicado en Milenio, el día 3 de julio de 2024En la última entrega de esta columna planteamos algunas consideraciones sobre una reforma judicial. Ahora revisaremos las modificaciones propuestas por el presidente López Obrador.El punto de partida de su iniciativa es simple. La impunidad y la falta de justicia se deben a la ausencia de independencia y el distanciamiento de las autoridades judiciales federales con la sociedad. La reforma introduce mecanismos democráticos para permitir que los jueces respondan a la sociedad.Este diagnóstico justifica las reformas constitucionales. En muy apretada síntesis implican la destitución de todos los jueces del país y su sustitución por otros electos mediante voto popular, la modificación de la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la desaparición de los Consejos de la Judicatura y la creación de Tribunales de Disciplina Judicial. Se trata de refundar al Poder Judicial que está, en palabras del Presidente, “completamente echado a perder”.La legitimidad judicial se encuentra en la imparcialidad de los jueces que resuelven los conflictos mediante la aplicación de normas preexistentes. Sus decisiones son dicotómicas. Le dan a una parte la razón y se la niegan a otra. Quienes pierden pueden aceptar la sentencia porque saben que fue el resultado de la decisión de un juez sin interés en el resultado.La independencia judicial es entonces la garantía de la imparcialidad, que se logra mediante una serie de medidas institucionales, como una carrera judicial basada en el mérito, una remuneración adecuada&nbsp;e incluso un sistema disciplinario que asegura los derechos de los presuntos responsables.La elección de los jueces rompe esta lógica. Una elección supone una promesa de acción que vincula al elegido con los electores. La imparcialidad para juzgar se ve comprometida por el sesgo que introduce la competencia electoral. El juez deja de ser imparcial, pues se convierte en el garante de los intereses (legítimos) de sus electores. ¿Qué sucedería si los árbitros del futbol fueran electos? ¿Confiaríamos en su imparcialidad? La respuesta, me temo, es negativa. Vale lo mismo para los jueces. Más lejos aún, una elección judicial facilitaría que puedan ser capturados por los (ilegítimos) intereses fácticos, sean políticos, económicos o del crimen organizado. Y entonces los problemas se agravan pues la seguridad jurídica más básica se diluye.Tres ideas finales. Uno, me hago cargo de que la independencia judicial hoy está lejos de ser una realidad. Dos, la elección de 6 mil 730 jueces y magistrados federales y estatales es una operación extraordinariamente compleja, costosa, que acabará con carreras y difícilmente permitiría una selección ciudadana informada. Tres, los ministros de la Corte no son jueces ordinarios y existen razones que obligan a diferenciarlos del resto. Sobre esta cuestión volveremos.

Reformar la justicia (2 de 5)

Artículo publicado en El País, el día 3 de julio de 2024A lo largo de estos días y seguramente de los que correrán en los próximos meses, se habla y hablará de la reforma judicial. Ello es y será así porque el tema se ha constituido en el eje de asuntos que poco tienen que ver con la justicia, más allá, desde luego, de la pegajosa retórica con la que el asunto busca ser comprendido. La reforma judicial es el eje en torno al cual se está discutiendo la salida de López Obrador y de lo que él considera su fuerza; la transición al poder de Claudia Sheinbaum y el modo como intenta llegar al 1° de octubre; también, las maneras en las que los seguidores y cortesanos de uno y otra pretenden acomodarse en los vaivenes propios de un tiempo en el que uno no se ha ido y la otra no ha llegado.Tal como está planteada, la reforma judicial no generará cambio alguno en la justicia ordinaria; tampoco en la vida de quienes cotidianamente tienen que someterse a ella. La misma es un trágico juego de poder entre las facciones componentes de la organización matricial de la que todos parten. Lo que le suceda al justiciable común no importa en la visión, estructura y consecuencias de este juego. Lo relevante es la acumulación —orgánica, funcional y personal— del poder para ejercerlo con plenitud frente a los adversarios, sean estos propios o extraños. Lo primordial es constituir una organización de leales —o al menos de favorables— para evitar la persecución o los reclamos por lo ya realizado. No vaya a ser que a los jueces nombrados por otros se les ocurra darles cauce a las denuncias abiertas o por abrir respecto de hechos sancionables por corrupción, extorsión o violencias. No vaya a ser que algún juez piense que es necesario investigar lo sucedido en los años recientes para afectar a quienes piensan irse o quedarse en su gloria y con su paz.El país enfrenta una de sus mayores crisis de inseguridad en sus poco más de doscientos años de vida independiente. Las cifras oficiales de personas muertas, desaparecidas, extorsionadas, levantadas, vejadas o lastimadas de muchas otras maneras son grandes y, por ello, inocultables. La tasa de impunidad no ha bajado en el sexenio lopezobradorista. La estrategia de seguridad —cualquiera que sea— no arroja resultados. Frente a todos estos déficits o fracasos, el gobierno que sale ha inventado un enemigo para justificarse a sí mismo y ante los demás. Son los juzgadores federales —se dice y nos dicen— los que han impedido la implementación de la estrategia que, de haberse realizado, le hubiera dado a México paz y prosperidad. Son los juzgadores federales —se dice y nos dicen— quienes, por sus intereses egoístas, sus vínculos con el statu quo o, más recientemente, por su falta de sensibilidad política, han impedido la realización de un proyecto político que, de haberse desarrollado, hubiera dado a los mexicanos la grandeza que históricamente les corresponde.En las narraciones justificatorias que constituyen las propuestas de control judicial no hay, ni se esperaba que hubiera, ninguna autocrítica. La búsqueda de control que se trata de montar sobre la retórica de la división de poderes, la democracia o la independencia judicial, impide reconocer los propios errores y omisiones. En esto no hay nada extraño si se entiende lo que el proyecto de cambio busca controlar, para así evitar futuros daños o sobresaltos. En la racionalidad política que los salientes buscan constituir —ya veremos los entrantes—, no hay nada extraño o novedoso en lo que proponen para lograrlo. Ya será cosa de cada cual creerse o no lo que escucha.Lo que sí llama la atención de las propuestas es la pobreza de lo planteado respecto de la justicia en general y de la condición de los justiciables a los que se pretende apoyar. No hay nada en la iniciativa a discusión que ayude a mejorar la condición cotidiana de quienes están sometidos a la violencia y a la inseguridad provocada por éste y por los anteriores gobiernos, o que éste y los anteriores gobiernos no han sido capaces de remediar. ¿De verdad no se les ocurrió a los proponentes de la reforma nada mejor para resolver los problemas de inseguridad pública e impunidad que elegir a los juzgadores nacionales y crear un extraño tribunal para disciplinarlos bajo el nebuloso concepto del interés público? Las limitaciones de la iniciativa muestran sus verdaderas intenciones y alcances; el uso de la votación popular para lograr que los controladores y los controlados partan de una y la misma base de legitimación para que unos y otros caminen bajo el mismo signo, para que unos y otros no puedan reprocharse nada por provenir de un mismo origen.

Fundamentos y pretensiones de la reforma judicial

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La Suprema Corte analizó el amparo cuando se reclama la negativa del ISSSTE de otorgar una pensión y un Pleno Regional se pronunció sobre la suspensión con efectos restitutorios.AmparoSuspensión con efectos restitutoriosSi el acto impugnado en amparo es una sentencia que revocó una medida cautelar otorgada en un juicio mercantil, sí podrá otorgarse la suspensión para impedir la ejecución de la sentencia y por tanto conservar la medida cautelar. En este caso sí procede la suspensión definitiva con efectos restitutorios. [Plenos Regionales, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029064" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029064</a>LaboralExcepción a la obligación de agotar conciliación prejudicialTratándose de una mujer que padece cáncer y que reclama despido injustificado por faltas injustificadas al trabajo, no es necesario que agote la conciliación prejudicial. Se trata de un caso de excepción a la obligación de agotar la etapa de conciliación, por discriminación en el empleo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029043" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029043</a>Pensión por viudez y la procedencia del amparoEn caso de que el ISSSTE emita resolución en la que se niegue a reconocer una pensión de viudez, el juicio de amparo deberá promoverse en el plazo de 15 días. Si bien el derecho a recibir una pensión es imprescriptible, esto no aplica para la promoción del juicio de amparo. [Segunda Sala, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029057" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029057</a>Juicio en líneaPresentación de demanda sin firma electrónicaEs válida la demanda de amparo directo presentada en línea ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJA), conocido como <a href="https://enlinea.trijaem.gob.mx/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa</a>, a pesar de que en dicha plataforma no se firme la demanda con firma electrónica. Entre los elementos que deben certificar los secretarios del TJA al recibir la demanda, está el de corroborar la vinculación entre la persona que ingresó a la plataforma y la que promovió la demanda. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029051" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029051</a> y <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029052" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029052</a>AdministrativoFalta de pago de contrato de obra pública en CDMXEl contrato de obra pública entre un particular y una autoridad de la Ciudad de México es de naturaleza mercantil, pero los tribunales de justicia administrativa de la CDMX serán competentes para conocer de la demanda en la que se reclame el pago de facturas derivadas de dicho contrato. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029040" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029040</a>Responsabilidades administrativas y convenios de coordinaciónEl plazo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los servidores públicos atiendan el requerimiento efectuado por el órgano interno de control (OIC) no puede modificarse por los congresos locales. El Pleno de la SCJN invalidó diversas porciones normativas de la legislación de Chihuahua que modificaron dichos plazos.&nbsp;En otra controversia constitucional, la SCJN validó la facultad del OIC del Instituto Electoral de Chihuahua de celebrar convenios de coordinación para eficientar la fiscalización. Como parte del Sistema Nacional de Fiscalización, el Instituto debe coadyuvar con otros entes de la misma naturaleza en tareas de fiscalización. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7892" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 217/2024</a> y <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7891" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 216/2024</a>CivilSupuestos para extinguir el usufructo&nbsp;El usufructo solo podrá extinguirse por las causas previstas expresamente en la legislación civil. Si se señala en juicio que es voluntad de quien otorgó el usufructo darlo por terminado, no podrá considerarse que se extinguió el contrato, si la legislación de Sonora no lo contempla expresamente. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029047" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029047</a>Daños punitivos y daños morales en accidente en carreteraEl pago de daños punitivos solo puede exigirse a quien causó el daño moral. Por tanto, la persona que sufrió un accidente de tránsito en una carretera provocado por un tercero, solo podrá demandar a la aseguradora el pago del daño moral, pero no el pago de daños punitivos por la actitud que asumió la aseguradora desde el momento del siniestro. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029049" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029049</a>

Blog 168: Amparo laboral y suspensión con efectos restitutorios

Artículo publicado en El Universal, el día 25 de junio de 2024Como es de todos conocido, en estos momentos se está desarrollando la discusión sobre los alcances de una posible reforma judicial. Aun cuando la propuesta del presidente López Obrador abarca muchos temas, su discusión se ha reducido a la posible designación de los ministros de la Suprema Corte mediante un proceso electoral. Más allá de si el actual presidente logra imponer su agenda a la futura presidenta de la República, debemos considerar otros aspectos del texto que pretende ser sometido al órgano de reformas a la Constitución.De entre todos ellos hay uno particularmente delicado por la intromisión que supone a la autonomía e independencia judiciales. Me refiero al llamado “Tribunal de Disciplina Judicial”, es decir, al órgano compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía nacional conforme a la convocatoria que deberá emitir el Senado en el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección, para integrar la lista de candidaturas que cubran las correspondientes vacantes. En la mecánica propuesta, el presidente de la República y la Suprema Corte postularían hasta diez personas, y cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión a cinco de ellas, a fin de que el propio Senado verifique que las personas postuladas cumplan con los requisitos de elegibilidad y haga llegar la lista de candidatos al Instituto Nacional Electoral para la realización y culminación del proceso electoral.&nbsp;En la propuesta se prevé que al Tribunal de Disciplina Judicial le correspondería conocer, investigar y sancionar, con carácter definitivo e inatacable, a “las personas servidoras del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarios a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia”. Las sanciones que podría imponer serían amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación, además de denunciar al ministerio público la posible comisión de delitos. Los integrantes de este tribunal durarían seis años en su cargo y sólo podrían ser removidos en términos del Título IV de la propia Constitución.Analizada en conjunto la iniciativa, existen varios supuestos alarmantes. Desde luego, la elección mediante voto público en un país en el que la delincuencia y los intereses particulares han afectado los procesos electorales. También, el que sus integrantes puedan sancionar a la totalidad de los miembros del Poder Judicial —incluidos los de la Suprema Corte— sin ser sometidas a ningún medio de impugnación. Finalmente, la condición de los supuestos sancionatorios. Como se desprende de la propuesta, hay tres causas generales. Por una parte, y de manera correcta, los actos y omisiones contrarios a la ley dada la satisfacción al muy democrático principio de legalidad. Sin embargo, y adicionalmente, es decir, con total autonomía a lo anterior, se prevé la sanción a los actos y omisiones contrarios al interés público o a la adecuada administración de justicia. Tal como está redactada la propuesta, estos dos últimos supuestos son independientes de las violaciones legales y su determinación correspondería a la decisión del órgano disciplinario.&nbsp;En el actual debate sobre la reforma judicial debemos considerar no sólo lo referente a la elección de los ministros, pues en realidad involucra muchos otros elementos dudosamente democráticos. Lo que en realidad está en juego es mucho más que la pura afectación a la Suprema Corte y a sus actuales integrantes. La propuesta no oculta nada. Es la retórica progresista y reivindicadora la que pretende hacerlo. Una lectura somera del texto propuesto lo evidencia. Basta con realizarla para darse cuenta de lo que se pretende hacer con la función judicial en todo el país.

Sobre la reforma judicial. La propuesta del Tribunal de Disciplina Judicial

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La Secretaría de Hacienda puede impugnar el no ejercicio de la acción penal en delitos fiscales, así lo resolvió un Pleno Regional. Un tribunal otorgó la suspensión por expresiones de acoso contra un periodista en las conferencias “Mañaneras”. FiscalBoleta predial y pago ¿procede juicio contencioso administrativo? No procede el juicio contencioso administrativo en contra de la boleta predial y su pago, aunque se reclamen conjuntamente. El pago del impuesto es un acto del contribuyente, por lo que no se cumple con el requisito de procedencia de que se trate de una resolución definitiva de la autoridad que cause un agravio en materia fiscal.  [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029012" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029012</a>Amparo¿SHCP puede impugnar en amparo el no ejercicio de la acción penal?&nbsp;En los procedimientos penales en que se persigan delitos fiscales, la SHCP es considerada víctima u ofendida y, en caso de que no se ejerza la acción penal, tiene legitimidad para impugnar en amparo indirecto el acto en el que se confirme el no ejercicio de la acción penal.  [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029030" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029030</a>Cumplimiento de sentencia ¿deben señalarse plazos concretos?La obligación del juzgador de precisar los efectos de la concesión del amparo en una sentencia se limita a la restitución de derechos del quejoso. No es obligatorio que en la sentencia se establezca un apartado en el que se fije el plazo para el cumplimiento y los apercibimientos que en su caso se aplicarán. Esto último corresponde a la etapa de ejecución. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029031" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029031</a>Pruebas no ofrecidas en el juicio de origenSe reclamó en amparo indirecto el emplazamiento al juicio de origen y en la audiencia constitucional el tercero interesado ofreció prueba documental privada sobre el conocimiento previo del acto reclamado por parte del quejoso (demanda extemporánea).  Si en el juicio de origen no obra esa prueba, el juez debe diferir la audiencia constitucional para que el quejoso pueda conocer y, en su caso, objetar la prueba. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029022" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029022</a>Límites a la libertad de expresión del presidente en “Mañaneras” Un tribunal otorgó la suspensión definitiva a un periodista en contra de las declaraciones realizadas por el presidente de la República y su vocero durante las “Conferencias Mañaneras” en la sección &#8220;Quién es quién en las mentiras de la semana&#8221;. Tales autoridades deben abstenerse de emitir expresiones de acoso, represalias o denostación, ya que configuran violencia y estigmatización. En cambio, deben apegarse a los principios de veracidad, objetividad, neutralidad, institucionalidad y respeto a los datos personales, vida privada. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029033" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029033</a>PenalReconocimiento de probables responsables por fotografía&nbsp;Cuando en la investigación se cite a los testigos para que realicen el reconocimiento de los probables responsables de la comisión del delito, a partir de fotografías, no es necesario que esté presente el abogado defensor de los imputados. Lo anterior, porque en ese momento todavía se desconoce la identidad de los probables responsables. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029009" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029009</a>Robo a cuentahabiente saliendo del bancoEl Código Penal del Estado de México contempla como agravante del delito de robo el que se realice contra una persona que acaba de retirar dinero de un banco y vaya en camino a su “destino inmediato”. La Primera Sala avaló la constitucionalidad de este agravante y negó que se trate de un concepto ambiguo, ya que por “destino inmediato” debe entenderse el sitio al que se dirige la persona saliendo del banco. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7867" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 193/2024</a>Constitucional¿Son vinculantes las opiniones consultivas de la CIDH?Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son distintas de una sentencia y no pueden considerarse vinculantes jurídicamente ni obligatorias para los juzgadores. No obstante, las opiniones sí tienen relevancia jurídica y alta autoridad interpretativa por lo que pueden ser tomadas en cuenta al dictar una resolución.&nbsp;Hay dos supuestos para que las interpretaciones contenidas en las opiniones consultivas se incorporen con carácter obligatorio al derecho nacional: i) cuando la CIDH las utiliza en un caso concreto y, ii) cuando la SCJN la incorpora en un precedente obligatorio. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7882" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 207/2024</a>AdministrativoCumplimiento de suspensión en juicio contencioso administrativoAun cuando la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no precisa desde qué momento debe cumplirse la suspensión en el juicio contencioso administrativo, un tribunal sostuvo que la suspensión surte efectos desde el momento en que se concede y no hasta que se notifique a la autoridad que debe cumplirla. Con esto se maximiza el alcance de los derechos humanos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029034" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029034</a>LaboralTrabajador pensionado promueve acción de designación de beneficiarios&nbsp;El trabajador tiene derecho a designar a sus beneficiarios y lo puede materializar a través del escrito en el que consten las condiciones laborales o bien acudiendo a instituciones de seguridad social, bancarias o notariales. Un tribunal confirmó que ese derecho también lo puede ejercer el trabajador mediante la acción de designación de beneficiarios que tradicionalmente estaba reservada al momento del fallecimiento del trabajador. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028999" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028999</a>

Blog 167: Delitos fiscales y límites a la libertad de expresión del Presidente

Artículo publicado en Milenio, el día 19 de junio de 2024El presidente López Obrador se impondrá y las instituciones judiciales serán reformadas. ¿Cuál es el contenido de la reforma? ¿Qué justicia se quiere alcanzar? Dedicaré varios artículos para responder a estas preguntas, que no tienen respuestas sencillas.Desde hace muchas décadas, todos los análisis señalan que las instituciones de impartición de justicia han fallado. Para muestra basta un botón. El Índice del Estado de Derecho 2023 del Proyecto Mundial de Justicia ubica a México en materia de justicia civil y penal, respectivamente, en los lugares 131 y 132 de 142. Estamos desde hace tiempo entre los peores países del mundo.La Consulta sobre Justicia Cotidiana de 2015, el último gran ejercicio nacional sobre el tema, concluyó que los procesos judiciales son largos, costosos e inflexibles,&nbsp;que existen numerosos obstáculos para acceder a la justicia&nbsp;y que esta se percibe como lejana, incomprensible y tiende a incrementar la desigualdad social. En suma, la mayor parte de las y los mexicanos no tiene hoy acceso a la justicia. A pesar de tener casi una década, estas conclusiones aún resultan válidas. Por ello, es evidente que la mayor parte de la población tenga una muy mala percepción de jueces y tribunales.Así, una gran reforma en materia de justicia es necesaria y urgente. Ahora bien, para diseñarla hay que considerar que tenemos 33 sistemas de justicia diferentes en el país, uno por cada estado y el federal. La mayor parte de los litigios se inician y son resueltos en los tribunales estatales que, por otro lado, reciben solo&nbsp;40 por ciento&nbsp;del presupuesto agregado que el país dedica a la justicia.La reforma importa porque es crucial tener instituciones para procesar pacífica y legítimamente los conflictos, especialmente en una sociedad cada vez más compleja. Además, porque la garantía efectiva del acceso a la justicia facilita que los derechos se reivindiquen, los acuerdos se cumplan y se produzcan consecuencias para quienes los transgreden. Finalmente, porque crea un entorno de certidumbre que reduce los costos de transacción y genera crecimiento y bienestar.Así, creo que una reforma judicial debe tener en su foco al fortalecimiento de los sistemas de justicia estatal; que debe atender el problema de su gobernanza y presupuestos para garantizar su independencia y autonomía; que hay que diseñar e implementar procedimientos sencillos, expeditos, no formalizados, que permitan intervenciones que atiendan el fondo de los conflictos para dar certeza y seguridad a las personas; que se debe fortalecer la carrera judicial, y finalmente que jueces y tribunales deben rendir cuentas del desempeño de sus funciones y se deben erradicar los focos e incentivos a la corrupción.¿Cuál fue el diagnóstico y cuáles los objetivos de la reforma del presidente López Obrador? ¿Cómo busca atender estos y otros problemas? Sobre esta cuestión volveremos.

Reformar la justicia (1)

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La Primera Sala analizó la Ley Federal de Cinematografía y las nuevas obligaciones para la transmisión de películas en salas de cine, también se pronunció sobre si los notarios públicos y secretarios de acuerdo de los juzgados pueden considerarse como autoridades en el juicio de amparo. En materia penal se analizó la prueba testimonial de oídas y su valoración.FiscalDevolución automática de saldo a favor de contribuyente¿El SAT está obligado a verificar el número de cuenta bancaria en la que va a realizar la devolución de saldos a favor? La Segunda Sala resolvió que no. El contribuyente es responsable de señalar correctamente su número de cuenta al presentar la declaración, por lo que el SAT no está obligado a requerirlo para que corrija la información. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028937" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028937</a> Nota: Este tema fue comentado en el <a href="https://pdea.mx/declaracion-anual-y-afores/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 155</a>, y ahora integró jurisprudencia.Amparo¿Los notarios públicos son autoridades en amparo?El juicio de amparo no es el medio para reclamar, de un notario público, la entrega de una escritura pública a la persona que la solicitó. Por tanto, si el notario autorizó la escritura, pero es omiso en inscribirla y entregarla al comprador, éste deberá recurrir a otras instancias, como la civil, penal o administrativa. No puede considerarse como un acto de autoridad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028967" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028967</a>Secretario de Acuerdos del juzgado y derecho de peticiónEl Secretario de Acuerdos de un juzgado es funcionario público y debe responder por escrito y en breve término, a las solicitudes que reciba en ejercicio del derecho de petición, de lo contrario se le considera autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Tratándose de un secretario en materia familiar, el amparo indirecto debe presentarse ante juzgados civiles.Lo anterior no resulta aplicable cuando la petición refiera a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028936">2</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028936" target="_blank" rel="noreferrer noopener">028936</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028926" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028926</a>PenalPrisión preventiva no, otras medidas cautelares síSi el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada para el imputado, el juez puede optar por otro tipo de medidas si considera que es excesiva y desproporcionada. La Primera Sala validó la constitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales que faculta al juzgador a imponer una medida cautelar diversa a la solicitada por el Ministerio Público. Con esto no se afecta el principio de contradicción ya que en la audiencia, previo a que el juez imponga la medida, las partes tienen derecho a ser oídos.  [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028965" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028965</a>Testimonio de oídas y su valor probatorioUna diferencia entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, es que en este último existen restricciones para el testimonio de oídas, como prueba en el procedimiento.&nbsp;Testimonio de oídas. Es la declaración de un testigo que percibió una comunicación de un tercero y que pretende acreditar como cierto lo comunicado. En este caso, se trataba de las declaraciones de los oficiales que detuvieron a los secuestradores, y que a su vez, entrevistaron a las víctimas del delito.Restricciones. Es una prueba de referencia que por regla general, no constituye prueba válida que pueda ser valorada al dictar la sentencia. Contraviene los principios de inmediación y contradicción.&nbsp;Excepción a la regla. La SCJN sostuvo que la prohibición de valorar pruebas de referencia puede modularse. En este caso, las víctimas no comparecieron al procedimiento, y fueron los oficiales quienes dieron cuenta de sus declaraciones.&nbsp;Las declaraciones de los oficiales -testimonio de oídas-, solo tendrán valor probatorio si las víctimas no pudieron rendir su testimonio en el procedimiento por causas insuperables y ajenas a su voluntad (fallecimiento, enfermedad física o mental). [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028979</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028998" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028998</a>LaboralDemanda en la que se reclama una prestación no laboralUn trabajador promovió un juicio laboral en contra de su AFORE por considerar que no había realizado debidamente la inversión de sus recursos. Si el juez no era competente para conocer de este asunto, estaba obligado a remitir el expediente ante el órgano jurisdiccional competente, pero no debió desechar la demanda y ordenar su archivo. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028935" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028935</a>AdministrativoPelículas en el cine, su doblaje al español y subtítulos en español&nbsp;Cinemex promovió juicio de amparo contra la Ley Federal de Cinematografía reformada en 2021. La Primera Sala resolvió en jurisprudencia:Doblaje al español. Es inconstitucional que la Ley solo permita el doblaje de películas para niños y documentales educativos. Existen medidas menos lesivas para respetar la realización de las obras cinematográficas, como son las cuotas de exhibición de películas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028910" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028910</a> Subtítulos en español. La SCJN validó que la Ley establezca que todas las películas deben contar con subtítulos en español. Esta medida permite incluir a las personas con discapacidad auditiva y respeta su derecho a la igualdad y acceso a la cultura. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028911" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028911</a>Ventaja para televisoras y streaming. El que no tengan la obligación de subtitular al español todas las películas no implica una ventaja competitiva injustificada. Las transmisiones en televisión no se comparan con las de un cine, en el que toda una audiencia comparte un mismo formato. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028912" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028912</a> ¿Mejora regulatoria en actos legislativos? La reforma a la Ley no contó con un proceso de mejora regulatoria sustanciado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Las reformas legislativas efectuadas por el Congreso de la Unión no deben cumplir con este requisito para su validez. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028966" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028966</a>

Blog 166: Películas en el cine y testimonio de oídas en materia penal

Artículo publicado en El Universal, el día 11 de junio de 2024Es imposible negar la tensión histórica entre poder y derecho. De ese delicado punto en el que las voluntades individuales y comunitarias tienen que entrelazarse con las reglas mediante las cuales tiene que ejercerse el poder ante quienes se quiere que queden subordinados a él. Los poderosos han pretendido contar con espacios de autonomía frente al derecho —aún en los casos en que haya sido creado por ellos— sin llegar a desconocerlo por completo por el riesgo de derrumbar su actuación y, con ella, su propia legitimidad.A pesar de numerosas advertencias históricas, nuestros actuales políticos han incurrido en la ingenuidad de suponer que el aplazamiento o la franca disolución del sentido jurídico terminará actuando en su beneficio. Que es posible simultáneamente dejar de observar las normas creadas por el orden del que emana su poder, y ejercer su autoridad mediante las normas que han desconocido. Es verdad que en distintos momentos de nuestra historia se han dado espacios para constituir una autonomía de lo político frente a lo jurídico. Sin embargo, en la actualidad hay distintas condiciones que anuncian el fracaso de tal opción.En los afanes por obtener o mantener el poder público, algunos políticos han pactado con la delincuencia cuando no, de plano, se han subordinado a ella. Para sus propósitos, los primeros se han financiado con el dinero de los segundos, se han beneficiado de su violencia o han constituido sus zonas de influencia en donde sus socios tienen dominio material o territorial. En la prisa por ser y estar en la política, se han pensado como amos y señores del juego sin considerar la dimensión de quienes han supuesto auxiliares o socios temporales.Cuando en el pasado los políticos acudían a otros colegas o a financiadores insertos en los juegos políticos y jurídicos que ellos desplegaban, sabían de la posibilidad de subordinar a los aliados mediante las reglas generadas por ellos mismos. Supongo que, a partir de una representación semejante, los políticos de los últimos años han creído que pueden echar mano de la delincuencia para ocupar sus cargos, dejar de observar las normas jurídicas por ellos mismos creadas o, de plano, violarlas por completo. En el primer caso, han perdido de vista que sus apoyadores actúan con una lógica propia que, desde luego, no es la estatal en la que los políticos participan. En el segundo caso, han dejado de entender —así sea cínicamente— que la fuente de su autoridad está vinculada a la preservación general de las reglas por ellos mismos creadas. En el tercero, que al apoyar sus delitos en la delincuencia, han perdido todo punto de contacto con el orden que les permite ser lo que son. En cualquiera de los tres casos, es decir, por asociación delictiva, por desdén regulatorio o por inserción en la ilicitud, los actores políticos del presente han erosionado, dramática y consistentemente, tanto su cotidiana base de actuación como su legitimidad de fondo.En los próximos años la nación mexicana enfrentará enormes retos. Uno de ellos será la manera en la que su estado y su sociedad se colocarán frente a las crecientes y poderosas delincuencias nacionales e internacionales. No dejará de ser paradójico que cuando las autoridades pretendan hablar en nombre del derecho para imponer una cierta racionalidad jurídica en la convivencia común, no encuentren el respaldo de las normas que ellas mismas decidieron desconocer. Más dramático aún será enfrentarse con las exigencias totales de aquellos a quienes miraron como sus instrumentos o sus auxiliares circunstanciales y pasajeros.

Paradojas de la política por venir

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>El Pleno de la SCJN validó las reformas en materia de derechos de autor derivadas de la firma del T-MEC. La Primera Sala se pronunció sobre cuándo hay un reconocimiento tácito de un crédito fiscal, sobre la constitucionalidad del archivo temporal de una carpeta de investigación y la entrega de datos de comunicaciones al Ministerio Público.FiscalNotificación personal de empresa fantasma como definitivaLa notificación de la resolución que tenga como definitivo a un contribuyente del listado del 69-B que no tiene activo su buzón tributario, puede realizarse de forma personal, a pesar de que no está previsto expresamente en el Código Fiscal de la Federación. Lo anterior no puede considerarse como una irregularidad en el procedimiento que lleve a su nulidad. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028888" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028888</a>Reconocimiento tácito de un crédito fiscal y plazo de prescripciónLa prescripción de un crédito fiscal se interrumpe cuando el contribuyente reconoce su existencia de forma expresa o tácita. Si una persona promueve un medio de defensa del que pueda deducirse que conoce la existencia del crédito o de su ejecución, entonces se interrumpe el plazo de prescripción. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028895" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028895</a>Administrativo¿Cuál es el plazo para que COFECE requiera información?Si bien la legislación no establece un límite en el tiempo para que la Comisión Federal de Competencia Económica pueda requerir información y documentos a los agentes económicos, debe entenderse que solo podrá hacerlo cuando no hayan prescrito sus facultades para investigar prácticas monopólicas o habiendo una investigación abierta, no haya excedido el periodo de duración. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028866" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028866</a>Penal¿Es constitucional archivar de forma temporal la carpeta de investigación?La Primera Sala determinó que es constitucional la facultad del Ministerio Público de archivar de forma temporal una investigación en fase inicial, si no se cuenta con elementos suficientes para una línea de investigación.  El ejercicio de la facultad no viola la presunción de inocencia del investigado, ni su seguridad jurídica y tampoco vulnera la prohibición de absolver de la instancia. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028860" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028860</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028861" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028861</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028862" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028862</a>Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y registros telefónicos&nbsp;Solo los jueces federales pueden autorizar la entrega de datos conservados por los concesionarios de telefonía, incluyendo los registros de llamadas telefónicas. Aun cuando la lista de llamadas no contenga el contenido de la comunicación, tales datos requieren de una protección reforzada, en tanto revelan información sobre el desarrollo de la comunicación.&nbsp;La inviolabilidad de las comunicaciones no puede entenderse de forma restrictiva y debe considerar los avances tecnológicos. Quienes contraten una línea telefónica tienen una legítima expectativa de privacidad sobre sus comunicaciones, tanto en el contenido, como en los datos relacionados con las mismas. [Primera Sala] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028870" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028870</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028871" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028871</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028872" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028872</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028877" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028877</a>AmparoError al presentar demanda contra crédito fiscalSi el contribuyente pagó un impuesto a través de autoliquidación, y al promover amparo indirecto le atribuye a las autoridades ejecutoras del crédito fiscal la aplicación y cobro del impuesto, no podrá considerarse que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda respecto de los actos atribuidos a esas autoridades. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028880" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028880</a>Suspensión definitiva por la construcción de un relleno sanitarioCuando en amparo indirecto se argumente una violación al medio ambiente sano por la construcción de un relleno sanitario y se solicite la suspensión definitiva, el juzgador deberá conceder la medida cautelar conforme a los principios de precaución e in dubio pro natura, si el quejoso acredita precariamente posibles daños o perjuicios que puedan causarse y conlleven un riesgo de daño al medio ambiente. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028906" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028906</a>Civil¿Custodia exclusiva o compartida? Entre abuelos maternos y paternos&nbsp;&nbsp;Como consecuencia de la muerte de los padres, es posible conceder la custodia a los abuelos maternos y paternos para que la ejerzan de manera compartida, esto a pesar de no estar previsto expresamente en ley.Al determinar la obligación alimentaria compartida, el juez no puede limitarse a considerar el tiempo que pasarán los nietos con cada uno de sus abuelos, sino que deberá analizar la capacidad económica y las necesidades de las partes.El principio del interés superior del menor debe regir sobre los intereses de los adultos, por lo que el juzgador está vinculado a seguir determinados lineamientos. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028869" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028869</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028898" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028898</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028893" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028893</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028902" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028902</a>¿Se puede ordenar terapia psicológica en caso de violencia familiar?En un juicio en el que se alega violencia familiar en contra de la mujer y la hija, el juez no podrá ordenar en sentencia que las partes acudan a terapia psicológica y a sesiones de justicia restaurativa, como un medio alternativo de solución de controversias. Lo anterior pone en riesgo a las víctimas y es contrario a los derechos de acceso a la justicia, a vivir una vida libre de violencia y de debida diligencia. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028892" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028892</a>Violencia familiar, de género y contra los menores de edadCuando se ejerce violencia de género en el hogar, los menores de edad pueden ser víctimas indirectas de esa violencia ya que aprenden a normalizarla o quedan en situación de indefensión. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028909" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028909</a>Propiedad intelectualSCJN valida reformas en derechos de autor derivadas del T-MECCon motivo de la suscripción del T-MEC se reformaron diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal para proteger derechos de autor y conexos en el entorno digital. El Pleno de la SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad 217/2020 y su acumulada 249/2020 promovidas por la CNDH y un grupo de senadores y validó las reformas:Sistema de retiro de contenidos en internet. Cuando el proveedor de servicios en línea reciba un aviso del autor o una resolución de autoridad competente, debe retirar de internet los materiales transmitidos sin el consentimiento del autor y tomar medidas razonables para prevenir que el mismo contenido se vuelva a subir a la red.Sanciones administrativas y penales. Se validaron aquellas previstas en contra de quienes, sin autorización del autor, evadan las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP), que son aquellas medidas que protegen y controlan el acceso a una obra.&nbsp;Liberación de responsabilidad. Los proveedores de servicios de internet no serán responsables por los daños y perjuicios causados por infracciones a derechos de autor o conexos en sus redes cuando no controlen, inicien o dirijan la infracción.&nbsp;<a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7854" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 180/2024</a> y <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=7859" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 185/2024</a>

Blog 165: Derechos de autor en el entorno digital y reconocimiento de crédito fiscal

Artículo publicado en El País, el día 5 de junio de 2024Los resultados de la elección mexicana del 2 de junio fueron abrumadores. Morena y sus aliados obtuvieron una cantidad enorme de votos. Con ellos podrán integrar un amplísimo número de órganos de representación política. Más allá de las denuncias de fraude electoral, las mayorías orgánicas habrán de mantenerse. Este fenómeno tiene diversas lecturas. De ellas dependerá la explicación de lo que fue el proceso electoral y el papel de sus principales actores y, de manera más relevante, la determinación del mandato de las urnas para los nuevos gobiernos y el proceso político y social del país entero.En el futuro cercano asistiremos a una disputa por lo que la votación, metafóricamente hablando, le está ordenando al México por venir. De las interpretaciones dominantes dependerá lo que el gobierno —o, inclusive el Estado— estime son sus posibilidades de transformación y sus márgenes de actuación.Si miramos los resultados electorales como un texto, ¿qué interpretaciones pueden extraerse de él? La primera, que la preparación, conducción, realización, resultados y efectos de la elección, son obra y gracia de Andrés Manuel López Obrador. Que el texto electoral proviene de su persona. Ante esta lectura, los cauces de actuación política tendrían que limitarse a la recreación del ideario del creador del texto. Por ello, los nuevos elegidos tendrían que acotar su quehacer a la reelaboración del pensamiento y obra de su redactor. Su función acabaría siendo la de meros exégetas.Siguiendo con la metáfora, podría asumirse que el texto fue escrito por el movimiento de transformación encabezado por López Obrador, pero no sólo por él. En este caso, la hermenéutica y los resultados de su aplicación serían distintos. Lo procedente sería identificar las claves personales, ideológicas u operativas del movimiento y de su líder, para determinar, primero, la sede del mandato y, segundo, las condiciones materiales y temporales de su implementación.Una tercera posibilidad abierta por la textualidad mencionada sería considerar que el liderazgo y el proyecto de Claudia Sheinbaum fueron determinantes de la redacción. Que fue ella quien construyó lo que está sometido a interpretación. Que más allá de la existencia de un texto que desde luego ella no escribió originariamente, sus decisivas intervenciones produjeron un nuevo testamento frente al elaborado por el fundador del movimiento del cual es heredera.La interpretación que se imponga determinará la construcción de las narrativas políticas y sociales que dominarán los próximos años. Si domina una de ellas, Claudia Sheinbaum sería capaz de desarrollar su proyecto propio a partir de una base que, con el tiempo, será crecientemente distante y difusa respecto de su creador y de los seguidores de éste. Si domina la lectura de que el texto electoral se debe a López Obrador, Sheinbaum y su gobierno serían los exégetas encargados de guiar su actuación por el pensamiento del fundador.Las posibles lecturas sobre el texto electoral del 2 de junio tienen implicaciones para la futura cotidianeidad. Por ejemplo, si se acepta a López Obrador como creador, sería entendible que Claudia Sheinbaum y los nuevos representantes consideraran que el paquete de reformas constitucionales presentado por él el 5 de febrero, tiene que ser aprobado sin más. De prevalecer esa interpretación, los nuevos funcionarios deberían preguntarse con frecuencia si, aquello que como gobierno están haciendo, tiene el carácter de exégesis o si, más bien, es un inaceptable revisionismo.En la misma línea de interpretación radica una cuestión de importancia. Al finalizar el sexenio obradorista, se han ido acumulando numerosas denuncias —penales y no penales— sobre la gestión de funcionarios públicos, familiares y amigos del todavía presidente de la República. Denuncias que han sido ninguneadas, acalladas o ridiculizadas por el pronto ex titular del Ejecutivo y su aparato comunicacional. Sin embargo, los datos de compras y ventas, de intervenciones y misiones y, sobre todo, de enriquecimientos inexplicables o por demás explicables, continúan ahí y llegarán al 1° de octubre. Frente a esas enormidades habrá que responder una pregunta esencial: ¿la copiosa votación del 2 de junio tuvo, además de posibilitar la renovación democrática de los representantes populares, la capacidad de introducir un borrón y cuenta nueva sobre toda la gestión sexenal pasada? ¿De crear una especie de manto (púrpura) para cubrir denuncias acumuladas en el sexenio que ya termina? Si la lectura del texto electoral es que todo él fue redactado por la pluma obradorista, me temo que ese manto de impunidad se extenderá y quedará extendido. Si, por el contrario, se asume que la redacción fue hecha por varias manos, será posible preguntarse por las intervenciones de cada cual y, con ello, extraer diferencias y posibilidades interpretativas que, finalmente, permitan futuras innecesarias actuaciones en contra de una criminalidad que no ha podido ni podrá sepultarse por treinta millones de votos.

Lecturas electorales

Artículo publicado en Milenio, el día 5 de junio de 2024La 4T es un movimiento que rompe, transforma y refunda. Rompe con las políticas neoliberales,&nbsp;transforma dando prioridad a los pobres y eliminando la corrupción y los privilegios; finalmente refunda a la Nación, tal y como sucedió con sus antecesoras, las otras grandes revoluciones de la historia del país: independencia, reforma y revolución. Esta es su narrativa y su credo.&nbsp;El presidente López Obrador aprendió que para consolidar su proyecto de transformación era necesario reformar a fondo la Constitución, y con ello generar las nuevas reglas de acceso, ejercicio y control del poder. Que nadie se llame a engaño. Lo dijo muchas veces y en varios tonos y formas. Aún más, abrió las cartas y envió 18 iniciativas de reforma constitucional al Congreso y pidió expresamente el respaldo de los electores para que crearan las condiciones que permitieran su aprobación. Por eso, la elección del 2 de junio era también un plebiscito sobre el futuro de&nbsp;la Nación.Las urnas hablaron. Más de 33 millones de personas expresaron su voluntad de completar el proyecto de Nación de la 4T, que Claudia Sheinbaum abrazó y promovió durante su campaña.&nbsp;Hoy vivimos una nueva realidad política que implica una redistribución radical del poder. Creo que, desde septiembre, la maquinaria legislativa se echará a andar para que estas reformas se aprueben y modifiquen la arquitectura constitucional.Así, entre otros temas, se refundarán todos los poderes judiciales del país para elegir a los jueces, se modificarán las reglas de representación en el Congreso para asegurar el predominio del partido dominante y desaparecerán los contrapesos que significaban los organismos con autonomía constitucional, todo en beneficio de una conducción del país desde la&nbsp;Presidencia.Existen muchas razones que explican el racional de los electores. Destaco tres. El profundo desencanto con la democracia, la crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, y una indiferencia profunda con las implicaciones de la modificación del sistema de pesos y contrapesos. La pedagogía de la democracia falló y la sustituye un pragmatismo que busca presidentes fuertes como solución mágica a los problemas.Es todavía tiempo de recordar que un poder sin controles ha sido y es una mala idea. Que una democracia jerárquica que otorga al líder electo amplias facultades para interpretar la voluntad popular es una trampa que acaba generando deformaciones que afectan los derechos y la libertad. Por eso, si ya es inevitable lo que vendrá, aún tenemos tiempo de innovar en el diseño institucional para crear condiciones que impidan su transformación en autoritarismo o algo peor.PD. Mi reconocimiento al INE y a los miles de ciudadanos que, una vez más, hicieron posible unas elecciones que, a pesar de los pesares, fueron ejemplares. Aun así, me temo que el INE que conocemos desaparecerá.

Refundar la nación

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La SCJN validó el tope a comisiones de las AFORES. Los profesores de una universidad son servidores públicos y deben presentar declaración patrimonial. Un tribunal se pronunció sobre la responsabilidad civil extracontractual cuando los usuarios del banco son asaltados en sucursal.AmparoNo procede suspensión contra omisión de nombrar comisionados del INAIEn los juicios de amparo promovidos contra la omisión del Senado de nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no procede la suspensión, porque se trata de actos omisivos y no se cumple con el requisito de transitoriedad de la medida cautelar. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028856" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028856</a>¿Qué sucede si el quejoso desconoce el domicilio del tercero interesado?Si el quejoso no atiende el requerimiento del juzgado de señalar un nuevo domicilio para emplazar al tercero interesado, no podrá sobreseer el juicio. Al contrario, el juez deberá ordenar las medidas necesarias para investigar el domicilio e incluso ordenar la notificación por edictos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028827" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028827</a>Promoción simultánea de amparo y un medio ordinario de defensaNo se actualiza la improcedencia del juicio de amparo, cuando una persona promueva un juicio de amparo y, simultáneamente, haga valer un incidente de nulidad en contra de la notificación del acto reclamado. Esto porque dicho incidente no tiene por objeto resolver sobre la constitucionalidad del acto, sino que sólo cuestiona la legalidad de su notificación. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028832" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028832</a>CivilEfectos del emplazamiento ilegal a juicio de divorcioSi una de las partes no es debidamente emplazada al juicio de divorcio incausado, se debe dejar sin efectos la sentencia dictada y ordenar la anotación conducente ante el Registro Civil. Aun cuando el divorcio sea una expresión del libre desarrollo de la personalidad deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028828" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028828</a>Responsabilidad civil extracontractual de bancos por roboUna persona fue asaltada al interior del banco al realizar un depósito en la ventanilla y demandó al banco la responsabilidad civil extracontractual. Los bancos están obligados a implementar medidas básicas de seguridad y protección de los usuarios en sus sucursales y tiene la carga de la prueba para acreditar que cumplió su obligación.  Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028848" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028848</a>MercantilRequisito de época de pago en pagaréDespués de que es firmado un pagaré puede fijarse la época de pago de común acuerdo entre las partes. El beneficiario del pagaré no puede fijar unilateralmente la fecha ya que ello incide en el cómputo de la prescripción para acudir a la vía ejecutiva mercantil y en la fecha en que empiezan a cuantificarse los intereses moratorios. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028836" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028836</a>PenalJuez puede modificar clasificación del delito sin informar a partesUn tribunal interpretó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y sostuvo que el juzgador al dictar el auto de vinculación a proceso puede modificar motu propio la clasificación del hecho delictivo efectuado por el Ministerio Público sin necesidad de informarlo previamente al imputado. La nueva clasificación puede ser impugnada por el imputado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028834" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028834</a>AdministrativoSCJN valida tope a comisiones de AFORESLa Segunda Sala desestimó los argumentos de las AFORES al impugnar las reformas de 2020 que establecieron un tope al monto de las comisiones. Esta reforma no viola el principio de confianza legítima y tampoco afecta los derechos a la libre competencia y concurrencia, ya que está relacionado con el derecho a la seguridad social de los trabajadores. [Jurisprudencia]  Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028852" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028852</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028853" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028853</a>Estos criterios los comentamos en el <a href="https://pdea.mx/declaracion-anual-y-afores/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 155</a>, cuando se publicó el Comunicado de Prensa de la SCJN y ahora se publican las jurisprudencias.Profesores de universidad estatal deben presentar declaración patrimonial y de interesesUn Pleno Regional consideró que los profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México son servidores públicos y por lo tanto deben presentar su declaración patrimonial y de intereses, con independencia de que solo realicen funciones académicas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028840" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028840</a>Responsabilidad administrativa de enfermera por agresión a pacienteUna enfermera agredió físicamente a un menor de edad en el IMSS que se rehusaba a recibir atención médica. Los servidores públicos tienen prohibido agredir a los menores físicamente y, en caso de hacerlo incurren en responsabilidad administrativa. No son excluyentes de responsabilidad el estrés laboral o el estado de alteración de los menores.Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028849" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028849</a>

Blog 164: Declaración patrimonial y responsabilidad de banco por robo en sucursal

Artículo publicado en El Universal, el día 26 de mayo de 2024Prácticamente a diario escuchamos hablar en diversos ámbitos, y con muy distintas intenciones, del principio de división de poderes. Las menciones a él suelen darse en el contexto de una discusión política, por ejemplo, cuando se señalan las críticas sobre el actuar de algún órgano estatal o con motivo de proponer lo que debería hacerse para mejorar las condiciones de nuestra actual convivencia jurídica. Algo que tienen en común estas expresiones —o cualquier otra que podamos imaginar— es que suelen reducirse a los escenarios de realización de tal principio. Dicho de otro modo, suelen referirse a la forma en la que deberían quedar distribuidas las competencias entre dos órganos del poder, o sobre la manera en la que, por medio de la actuación de uno de ellos, se ha desconocido el papel o la función de otro. Así, por ejemplo, en el plano de las posibilidades se menciona que sería más adecuado que la relación entre una entidad legislativa y otra judicial pasara por tal o cual modalidad jurídica, o que uno de ellos tuviera la competencia necesaria para intervenir o controlar las actividades del otro en ciertas condiciones o tiempos. En el plano de las críticas, a su vez, se suele considerar que un órgano de carácter judicial ha rebasado sus competencias o funciones al haber declarado la invalidez de las decisiones de otro, por ejemplo, legislativo o ejecutivo.Una de las características de la cotidiana discusión de la división de poderes o, si se quiere, de sus usos diarios, tiene que ver con sus aspectos técnicos. Es decir, con las maneras en las que el mismo se realiza o debiera realizarse en la interacción concreta y cotidiana propia de las prácticas jurídicas o políticas. Sin ser en modo alguno despreciable o censurable este tipo de ejercicios, dada su necesaria utilidad para controlar o cuestionar el ejercicio del poder, lo cierto es que propicia un reduccionismo respecto del cual hay que mantenerse alerta. Me refiero a la necesidad de mantener vivo y actuante el concepto de la división de poderes, más allá de considerar sus posibilidades regulatorias y posibles desviaciones.La división de poderes tiene una dimensión conceptual que, en efecto, tiene que ser diferenciada de las prácticas expresadas en sus diversas posibilidades técnicas. Una cosa es, desde luego, considerar al concepto en su dimensión histórica, funcional o referencial, y otra muy distinta es aludir a la manera en la que en diferentes tiempos históricos y diversos marcos institucionales, deben regularse las relaciones o las interacciones entre ciertos órganos del poder. El problema que surge al omitir la primera posibilidad es que se asume que todo lo vinculado con ese principio se reduce a establecer posibles combinaciones entre entidades y funciones. Algo así como limitarse a definir si, en el orden jurídico mexicano, el ejecutivo federal debiera poder hacer tal o cual conducta o si, por el contrario, la misma debiera quedarle vedada o, al menos, debiera estar controlada por el actuar de otro órgano del estado.La pérdida de visibilidad sobre el concepto mismo de la división de poderes ha reducido el tema a una mera técnica. Ello no sólo ha provocado la ya señalada reducción combinatoria, sino a que ésta, a su vez, se haya constituido en la expresión instrumental de las posiciones políticas en conflicto. Así, por ejemplo, quienes están a favor del modo como el presidente López Obrador conduce la política nacional, estimarán que todo o mucho de lo realizado por los jueces al anular sus decisiones, es contrario a la división de poderes. Por otra parte, quienes se oponen a él o a alguna de sus determinaciones, estimarán que no hay ningún tipo de violación a ese principio y que, inclusive, su sentido correcto sólo puede manifestarse mediante el incremento de sus capacidades de actuación.Si más allá de las posibilidades técnicas conforme a las cuales puede desplegarse la división de poderes, consideramos el concepto mismo de ella, existe la oportunidad de abrir un entendimiento o, al menos, las condiciones para significar la relevancia de ella. No, desde luego, en un plano de pretendida neutralidad sobre la política en su conjunto, pero sí, al menos, como un espacio relativamente posible de discusión común.Si nos preguntamos acerca de la división de poderes en sus elementos iniciales o esenciales, tenemos que retrotraernos a las condiciones mismas del poder político, a la manera como este puede ser entendido en sus más básicas manifestaciones. ¿De qué manera los seres humanos ejercen el poder político? ¿Lo hacen limitadamente y con un cierto grado de altruismo hacia sus congéneres o, por el contrario, los realizan sin limitaciones internas y en la lógica de una mayor acumulación y permanencia? Es más que evidente que a lo largo de la historia las respuestas a estas muy apretadas preguntas han sido diferentes. Algunos pensadores filosóficos, políticos o jurídicos asumen la bondad humana y la necesidad de otorgar tanto poder como sea necesario a los benefactores de la humanidad. Otros pensadores han sostenido la posición exactamente contraria y han supuesto la necesidad de encontrar mecanismos para controlar el actuar de quienes ejerzan tal poder.&nbsp;Las distintas concepciones de la naturaleza humana y del ejercicio del poder han generado distintas respuestas políticas y jurídicas, y una de ellas es precisamente la de la división de poderes. Partiendo de la idea básica de que quien cuenta con un poder poco controlado, tiende a ejercerlo de manera discrecional y, de ser posible, arbitraria, además de querer mantenerlo durante el mayor tiempo posible en esas mismas condiciones, es que se ha pensado en la necesidad de introducir diversos modos de acotarlo cuando no, de plano, limitarlo. Es a la institucionalización de estas determinaciones a lo que suele llamársele división de poderes. Es decir, a la fragmentación entre diversos agentes de los componentes que en cada momento histórico sean constitutivos del poder político. Así por ejemplo, si se está frente a una monarquía, la división del poder habrá de darse entre el monarca y la aristocracia constituida por el mismo régimen en la forma de duques, condes o representantes de ciertos estratos poblacionales. De igual manera, si se está en un régimen parlamentario, la división de poderes tendrá que ver con el modo en que las tareas se distribuyen entre el primer ministro, los miembros de su partido y los parlamentarios.&nbsp;Cualquiera que sean las condiciones propias de cada régimen, lo cierto es que se buscará —por las razones antropológicas ya mencionadas— que quien ejerza el poder únicamente pueda hacerlo para determinadas situaciones, respecto de determinados sujetos, en tiempos especificados y bajo el control de otros agentes. Desde luego que es posible controlar el ejercicio del poder público mediante otros mecanismos, como por ejemplo, la duración en el cargo de quien lo tuviere conferido así fuere de manera ilimitada. Pero ello no es lo propio de la división de poderes. Es el que de la totalidad de las posibilidades que en cada tiempo histórico sean consideradas propias del poder político, sólo una parte de ellas sea ejercida por una persona o corporación, y las restantes por otras personas o corporaciones.En el devenir de nuestros tiempos, se fue perfilando un modo en el que las actividades estatales podían realizarse. Por una parte, el establecimiento de normas que definieran en términos más o menos abstractos e impersonales, las conductas a realizar por sectores, también, más o menos amplios de la población. Por otra parte, unos quehaceres consistentes en la actualización de actos concretos para darle vida o sentido a la cotidianeidad. Finalmente, la resolución de los conflictos que se fueran dando entre los particulares y las autoridades o entre los particulares entre sí. En un tránsito que no fue fácil ni breve, esas funciones fueron distinguiéndose tanto por el origen diferenciado de los agentes, sus técnicas de realización y la legitimidad de sus saberes y sus actuares. De a poco fue entendiéndose que las leyes debieran corresponder a unos órganos dotados de una representatividad y un modo propio de actuar, mientras que, por otra parte, y, por ejemplo, a los jueces debía corresponderle otro hacer, fundado en un origen de una técnica distinta.La existencia de órganos, procedimientos, saberes, labores, legitimidades y fines fue tanto la causa de la división de la actividad entre distintos poderes, como el efecto diferenciador entre todos ellos. A mayor avance en cada uno de los componentes mencionados, se produjo un reforzamiento sobre la necesidad de mantener la división con dimensiones crecientemente rígidas o, al menos, controladas de manera recíproca. Fue así como lo que pudo haber sido una respuesta acerca de la naturaleza del ser humano y del poder político, que terminó por ser un modelo estandarizado de, primero, el ejercicio de ese poder y, segundo, la concepción de los seres humanos a los cuales les estaba encomendado.Es por las razones acabadas de mencionar, que en nuestro tiempo la discusión sobre el poder está en mucho mediatizada por la manera en cómo se divide o debe dividirse para su ejercicio. De lo que se trata no es tanto de reconstituir o precisar la génesis del poder, sino de asumir que dada la naturaleza que subyace a su división, y lo que su partición muestra, es preciso mantenerlo dividido para controlarlo. No se trata entonces solo de encontrar las mejores combinaciones para repartir un poder dado —como si se tratara de una masa fragmentable—, sino de conservar la idea originaria de la división para evitar la concentración o, si se quiere, para mantener vivas y reciprocas las relaciones entre los sujetos dotados de una porción definida y acotada del propio poder.En nuestros días existen enormes presiones sobre la división de poderes. Éstas suelen reducirse a una especie de ingeniería en donde lo único relevante pareciera ser la asignación cuantitativa de más o menos competencias para uno u otro órgano estatal. Una especie de juego de suma cero en donde se trataría de acumular más facultades en demérito de otros órganos, o de eliminar las que otros tengan respecto de unos. Un proceso en el que, a final de cuentas y desde distintas justificaciones y discursos, se trataría de acumular poder de unos actores políticos frente a otros, a partir, claro está, de las propias preferencias políticas fundamentadas en aparentes neutralidades.Al hablar de la división de poderes es preciso no reducir la discusión a esos “tomas y dacas” propios del marchanteo político que parece ser el signo de nuestros tiempos. La discusión no puede resumirse a si el poder judicial o su suprema corte pueden tener más o menos control sobre el Ejecutivo o su administración, o acerca de si el presidente puede encarnar la soberanía nacional y decidir así lo que más conviene a todos los mexicanos. Lo verdaderamente importante al discutir estas cuestiones es recordar que en la base de todo diálogo debe pesar el fundamento conceptual que, con todas las dificultades que se quiera, llevó a plantearse el problema teórico de la división de poderes. Debemos preguntarnos, una y otra vez, si es o no adecuado otorgarle el poder a una sola persona o corporación, y limitar las intervenciones de otros por considerar que esa persona tiene una capacidad humana que, con base en su razón o una revelación, le haga saber lo que es mejor para lo que, finalmente, acabará llamando “su pueblo”.

Concepto y técnica de la división de poderes

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>La Segunda Sala se pronunció sobre el procedimiento contra empresas fantasma y la obligación de probar del contribuyente. También resolvió que el patrón puede intervenir en el juicio para definir cuál es el sindicato que tendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo.FiscalEmpresas fantasma y materialidad operacionesLa Segunda Sala resolvió que el contribuyente debe demostrar que cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones respaldadas en los CFDI (facturas) que son objeto del procedimiento del 69-B, sin que esté obligado a probar la materialidad de las operaciones amparadas con dichas facturas, a efecto de que el SAT no lo considere en definitiva como empresa fantasma. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028795" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028795</a>Identificación de visitadores del SATLa obligación de los visitadores del SAT de identificarse al inicio de la visita domiciliaria se cumple cuando lo hacen antes de ingresar al domicilio del contribuyente. En el supuesto de que el domicilio a visitar se encuentre dentro de un inmueble, por ejemplo, una oficina dentro de un edificio, no es necesario que los visitadores previamente se hayan identificado al ingresar al inmueble. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028819" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028819</a>Suspensión contra aseguramiento de cuentas bancarias del contribuyenteSi el contribuyente se niega a que el SAT lleve a cabo sus facultades de comprobación y como consecuencia se ordena como medida de apremio el aseguramiento de sus cuentas bancarias, podrá solicitar la suspensión en el juicio de amparo siempre que otorgue garantía que cubra la determinación provisional de contribuciones realizada por el SAT. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028811" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028811</a>Amparo¿Quién está facultado para solicitar la apertura del incidente de suspensión?Una vez admitida la demanda de amparo, el autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo está facultado para solicitar la apertura del incidente de suspensión. Lo anterior aun cuando la Ley de Amparo no lo establezca de forma expresa. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028794" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028794</a>Si el Juez niega la apertura del incidente bajo la consideración de que el autorizado en términos amplios no tiene facultades para ello, procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b de la Ley de Amaparo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028799" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028799</a>CivilAseguradora se niega a cubrir seguro de vidaLa aseguradora no puede negar al beneficiario de un seguro de vida el pago de la suma asegurada, bajo el argumento de que no le proporcionó la información completa sobre el padecimiento del asegurado que falleció. La aseguradora puede solicitar información al beneficiario, pero no podrá trasladarle la carga de la prueba. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028776" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028776</a>MercantilImpugnación de una resolución sobre providencias precautorias Si en el juicio mercantil se niegan las providencias precautorias solicitadas, será necesario agotar el recurso de apelación, para posteriormente acudir al juicio de amparo. Lo anterior de acuerdo con el principio de definitividad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028797" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028797</a>LaboralTitularidad de contrato colectivo, libertad sindical e intervención del patrón¿Es constitucional que el patrón intervenga en el juicio que define cuál es el sindicato titular del contrato colectivo? La Segunda Sala resolvió que sí. A pesar de que los intereses del patrón no estén en juego, su participación puede ser indispensable, además de que la decisión le afectará de forma indirecta. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028815" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028815</a>Acudir a juicio laboral confesando no contar con constancia de conciliaciónSi la persona que promueve demanda laboral reconoce que aún no cuenta con la constancia que acredite haber agotado la etapa de conciliación laboral, procede desechar la demanda, quedando a salvo el derecho para presentarla cuando se haya agotado dicha etapa. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028770" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028770</a>IMSS debe dar tratamiento médico a menor que no fue registradaEl IMSS negó tratamiento médico a una estudiante de 16 años, hija de una derechohabiente. Aun cuando la madre no tramitó previamente el alta de la menor como derechohabiente del IMSS, debe considerarse que sí lo es y concederse la suspensión de plano para efectos de que se le brinde atención médica. Los hijos menores de 25 años de los derechohabientes que continúen estudiando, en escuela pública o privada, se consideran a su vez derechohabientes del IMSS. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028809" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028809</a>

Blog 163: Empresas fantasma y contrato colectivo de trabajo

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>23 de mayo de 2024El Pleno de la Suprema Corte de Justicia publicó las primeras cinco jurisprudencias del 2024, todas ellas en materia de amparo, con nuevas interpretaciones a la Ley de Amparo sobre la suspensión, los recursos y terceros en juicio.&nbsp;Amparo¿Cuál es la vía para asegurar el cumplimiento de la suspensión provisional?&nbsp;El Pleno de la SCJN interpretó la Ley de Amparo y determinó que aun cuando el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión solo está previsto para la suspensión de plano y la definitiva, también procede para el cumplimiento de la suspensión provisional. [Pleno, Jurisprudencia]&nbsp; Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028736" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028736</a>Recurso contra resolución en incidente de cumplimiento de suspensión provisionalSi se promueve recurso de queja en contra de la resolución del incidente promovido por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional y durante su tramitación se concede o niega la suspensión definitiva, el recurso de queja no queda sin materia. Será necesario analizar la legalidad de la resolución dictada y el debido cumplimiento por parte de las autoridades. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028749" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028749</a>Apariencia del buen derecho en amparo directoEl Pleno de la SCJN resolvió en contradicción de criterios que los tribunales colegiados no deben analizar la apariencia del buen derecho para determinar si conceden la suspensión en amparo directo. La Ley de Amparo no lo prevé y su uso en amparo directo sería contradictorio con la mecánica de la medida cautelar. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028755">2</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028755" target="_blank" rel="noreferrer noopener">0</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028755">28755</a>Nota: En 2022 el Pleno de la SCJN sostuvo que en amparo indirecto no puede invocarse el análisis de la apariencia del buen derecho para negar la suspensión. Esta jurisprudencia la comentamos en nuestro Blog 88.Denuncia de incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidadEl Pleno de la SCJN confirmó la procedencia del recurso de inconformidad en contra&nbsp; del acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad, a pesar de no estar previsto expresamente en la Ley de Amparo. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028729" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028729</a>Tercero extraño a juicio por equiparaciónSi el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen cuyas actuaciones pretende anular, no podrá considerarse como un tercero extraño a juicio por equiparación, a pesar de no haber sido notificado de manera personal de que se reanudó el trámite del juicio de origen que se encontraba suspendido. La figura de tercero extraño a juicio por equiparación solo aplica cuando exista un desconocimiento total del juicio. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028760" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028760</a>Amparo por inconstitucionalidad en ISREl contribuyente que busque la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionalidad de la Ley del ISR, en tanto dispone que no se darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, tendrá que ofrecer prueba pericial contable junto con la declaración de pago para acreditar que se encuentra en el supuesto de ley. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028735" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028735</a>Interrupción del plazo para aclarar la demanda de amparoSi se previene al promovente para que aclare la demanda y al responder atiende de forma incompleta el requerimiento, el juez está obligado a interrumpir el término de cinco días y permitirle que subsane las omisiones, aun y cuando el escrito fue presentado el último día del plazo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028718" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028718</a>Suspensión con efectos restitutorios en materia penalProcede la suspensión provisional para que un auto que se encuentra en el corralón por estar relacionado con una carpeta de investigación se devuelva a su propietario, si previamente la fiscalía ordenó que se devolviera en calidad de depósito. A pesar de que la medida cautelar tiene efectos restitutorios, el quejoso queda vinculado a lo que se resuelva en la sentencia de amparo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028757" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028757</a>Concursos mercantilesCobro a accionistas por créditos de la empresaAun cuando la empresa esté sujeta a concurso mercantil, si los accionistas son obligados solidarios de un crédito, el acreedor podrá iniciar juicio ejecutivo mercantil en contra de aquellos para exigir el pago. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028725</a>AdministrativoImpedimento para cumplimir sentencia de nulidadCuando el cumplimiento de una sentencia del juicio contencioso administrativo requiera la intervención de diversas autoridades y la falta de cumplimiento de una de ellas impida las actuaciones de las siguientes, debe identificarse si la autoridad a la que se pretende imponer multa fue la responsable del incumplimiento. Si la autoridad está impedida legalmente para emitir el acto que le corresponda, entonces existe una causa justificada para no acatar el fallo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028743">20</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028743" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028743">8743</a>

Blog 162: El Amparo en cinco jurisprudencias del Pleno de la SCJN

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz15 de mayo de 2024.La Primera Sala amplió el plazo para reclamar daños a una aseguradora con una nueva interpretación, también sentó jurisprudencia sobre los momentos procesales para impugnar los actos de imposible reparación en amparo. Por su parte, la Segunda Sala se pronunció sobre la compensación de contribuciones.FiscalContribuyentes cumplidos vs. deudoresLa Segunda Sala resolvió que la disposición que permite que los contribuyentes sujetos a revisiones fiscales puedan corregir su situación fiscal, mediante la compensación de  cantidades que tienen derecho a recibir de las autoridades hacendarias por cualquier concepto, no puede considerarse como una compensación universal. Por tanto, no se actualiza un trato diferenciado injustificado entre los contribuyentes deudores y los cumplidos, que no pueden aplicar esta facilidad. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028694" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028694</a>CivilSCJN amplía plazo para reclamar daños a aseguradoraLa Primera Sala consideró que el plazo de prescripción de cinco años que solo aplica para los contratos de seguro de vida, deberá ampliarse al seguro contra responsabilidad por daños cuando se trate de la muerte de una persona por un accidente de auto y sus familiares reclamen el seguro que cubre los daños en una carretera federal. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028688" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028688</a> Reconocimiento de adeudo entre particulares y juicio ejecutivo mercantilEl convenio de reconocimiento de adeudo celebrado entre dos personas ante un notario público no puede considerarse como un acto de comercio, por lo que no puede utilizarse para iniciar un juicio ejecutivo mercantil oral. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028699" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028699</a>AmparoNo preclusión en actos de imposible reparaciónLa omisión de impugnar en amparo indirecto un acto de imposible reparación dictado en un juicio ordinario, no genera la preclusión del derecho a combatirlo después en amparo directo, por considerar que generó efectos que trascendieron a la sentencia de fondo. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028689</a>¿Los bancos son autoridad en amparo cuando cumplen la orden de un juez?Los actos de embargo o retención de fondos de cuentas bancarias que realicen los bancos en cumplimiento a una orden de un juez, no se consideran actos de autoridad para efecto del juicio de amparo. Se trata de actos que realizan los bancos para auxiliar a la administración pública. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028705" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028705</a>Laboral¿Quién es la beneficiaria del trabajador fallecido: concubina o esposa?Si un matrimonio no fue disuelto legalmente y el trabajador posteriormente tuvo una concubina, esto no es impedimento para que la esposa sea beneficiaria de los derechos laborales de aquel. Por tanto, ambas deben reconocerse como legítimas beneficiarias de forma proporcional, de la pensión y de otros derechos que surgieron por la muerte del trabajador. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028693" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028693</a>AdministrativoImprocedencia y cosa juzgada en juicioEl supuesto de improcedencia del juicio contencioso administrativo relativo a que los actos impugnados hayan sido materia de otro juicio en el actuaron las mismas partes, aunque las violaciones alegadas sean diversas, exige que la sentencia dictada en el primero haya quedado firme, esto es, que se actualice la cosa juzgada. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028703" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028703</a>Salas deben aplicar criterios que han sostenido en casos pasadosSi una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha resuelto asuntos similares bajo un criterio, debe mantenerlo en juicios futuros para respetar la seguridad jurídica y el control de la arbitrariedad judicial. En caso de que decida abandonar dicho criterio, se encuentra obligada a motivar con argumentos que lo justifiquen. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028708" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028708</a>Notificación de resolución por buzón tributarioDebe considerarse que el SAT le dio debido cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, si le notificó al contribuyente la nueva resolución a través del buzón tributario dentro del plazo de cuatro meses, no obstante que el contribuyente haya ingresado a su buzón con posterioridad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028714" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028714</a>PenalNuevo criterio negando suspensión en prisión preventiva oficiosa&nbsp;&nbsp;Un tribunal colegiado negó la suspensión provisional para efecto de modificar la prisión preventiva oficiosa a la que estaba sujeta una persona, por considerar que no resultaban aplicables las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, no obstante que en septiembre de 2023 un Pleno Regional emitió la jurisprudencia <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027280" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PR.P.CN. J/13 P</a> señalando que sí procede la suspensión. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028716" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028716</a>Autor intelectual de robo comete delito emergenteLa persona que solo participó en la planeación del delito de robo, será responsable también del delito de homicidio que se cometió durante la ejecución del primero, a pesar de que no fue parte del acuerdo. Se trata de un delito emergente del que es responsable en tanto fue consecuencia de los medios concertados para cometer el delito principal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028701" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028701</a>

Blog 161: Reclamo de daños a aseguradora y actos de imposible reparación

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.3 de mayo de 2024.Si el banco se niega a abrir una cuenta bancaria ¿puede considerarse como autoridad para el juicio de amparo? Además, la Suprema Corte se pronunció sobre el nuevo etiquetado de alimentos con exceso de calorías y azúcares.AmparoAutoridad responsable al impugnar una norma localCuando se impugna en amparo indirecto una disposición de la Constitución local por vicios propios, debe llamarse a juicio en calidad de autoridad responsable al Ayuntamiento, en tanto realizó la aprobación de la norma, aun cuando no haya intervenido en la etapa de discusión de reforma a la Constitución.&nbsp; [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028659" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028659</a>Incidente de nulidad de notificaciones después de dictada la sentenciaUna vez dictada la sentencia definitiva en amparo directo, no procede el incidente de nulidad de notificaciones en contra del emplazamiento del tercero interesado en el amparo, pues debe respetarse la cosa juzgada. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028669" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028669</a>Negativa de apertura de cuenta bancaria, ¿es un acto de autoridad?Si un banco se niega a aperturar una cuenta bancaria, el afectado no podrá promover juicio de amparo, porque no puede considerarse como un acto de autoridad. La institución bancaria se negó conforme a la libertad contractual y no conforme a una potestad de imponerse sobre los demás. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028654" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028654&nbsp;</a>LaboralObservaciones de la ASF y condiciones laboralesBIRMEX, una empresa del estado, disminuyó el monto del aguinaldo de sus trabajadores después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizara una observación sobre la forma en que se aplicaba el contrato colectivo de trabajo. Un tribunal sostuvo que BIRMEX no puede modificar ni reducir las prestaciones extralegales de sus trabajadores a partir de observaciones de la ASF. [Jurisprudencias] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028686" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028686</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028655" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028655</a>CivilEs inconstitucional desechar demanda por falta de copias de trasladoEl Pleno de la Suprema Corte realizó una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de la norma que establece que a falta de copias de traslado, no podrá admitirse la demanda principal, la reconvención o el escrito incidental, esto para el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal -artículo 103, párrafo segundo-.Para privilegiar el derecho al acceso a la justicia, los jueces deben requerir a las partes para que exhiban copias suficientes y en caso de que persista la omisión expedirse a costa del actor. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7820" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 146/2024</a>MercantilNotificación de sentencias dictadas en audienciaCuando el juicio oral mercantil concluya con el dictado de la sentencia en audiencia oral, se tendrá por notificada en ese momento a pesar de que una de las partes no estuvo presente. Así lo resolvió la Primera Sala al señalar que las partes tienen la obligación de acudir a la audiencia. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7815" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 141/2024</a>AdministrativoNuevo etiquetado de alimentosVarias empresas de alimentos promovieron amparos en contra de las normas que regulan el etiquetado de alimentos pre envasados y bebidas no alcohólicas que exceden en calorías, azúcares, grasas, sodio o que contienen edulcorantes.El Pleno de la Suprema Corte resolvió que dichas normas buscan proteger la salud de los consumidores, al proporcionar información sobre los productos cuyo consumo se asocia a enfermedades como diabetes e hipertensión. Además, es constitucional que las normas no aplican para productos a granel y envasados en punto de venta.Las empresas productoras y comercializadoras de los alimentos no son titulares de los derechos a la protección de la salud ni a la información de los consumidores. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7811" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 137/2024</a>PenalValor probatorio de la prueba testimonialCarece de valor probatorio la prueba testimonial rendida por un policía de investigación en la audiencia de juicio oral, cuando se relacione con entrevistas que le realizó a terceras personas, si dichas personas no comparecieron al juicio. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028676" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028676</a>

Blog 160: ¿Los bancos pueden ser autoridad? y nuevo etiquetado de alimentos

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.26 de abril de 2024.Desde que empezamos este blog cada año preparamos una compilación de criterios en materia fiscal. En esta ocasión nos dimos a la tarea de revisar más de 100 jurisprudencias y sentencias para elaborar un recuento de los criterios más relevantes emitidos en materia fiscal desde abril de 2023 a la fecha.&nbsp;Conoce otras compilaciones en materia fiscal que hemos hecho sobre <a href="https://pdea.mx/compilacion-delitos-fiscales-y-prision-preventiva/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">delitos fiscales y prisión preventiva</a> y <a href="https://pdea.mx/los-criterios-mas-relevantes-en-materia-fiscal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">los criterios más relevantes en materia fiscal</a>.Impuesto al valor agregado&nbsp;Si un contribuyente optó en su declaración por acreditar un saldo a favor de IVA, pero en los meses posteriores no lo utilizó para pagar el impuesto a cargo, entonces podrá solicitar la devolución de ese saldo a favor. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026399" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026399</a> La capitalización de adeudos en una sociedad a través de la emisión de acciones, no puede ser utilizada como un medio de pago del IVA. Por tanto, si como resultado de esta operación existe un saldo a favor, la empresa no podrá solicitar su acreditamiento y devolución. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026405" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026405</a> Deducciones ISRA partir de una reforma de 2020, la Ley del ISR establece que no son deducibles los intereses pagados que superen $20 millones de pesos y que excedan el 30% de la utilidad fiscal ajustada. El concepto de “utilidad fiscal ajustada” no requiere mayor explicación sobre su cálculo y es válido para determinar el tope a las deducciones de las personas morales [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028573" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028573</a> y <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 115/2023</a>El SAT puede emitir reglas para regular aspectos secundarios relacionados con el límite a la deducción contenida en la Ley del ISR, que establece que las empresas no podrán deducir los pagos que realicen a partes relacionadas cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028523" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028523</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028522" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028522</a> Las empresas que busquen deducir los créditos incobrables mayores a 30 mil UDIS ($239 mil pesos) deben cumplir con los requisitos de la Ley del ISR y agotar prácticamente todos los medios ordinarios y legales para el cobro del crédito sin lograrlo. La limitación a la deducción de créditos busca que objetivamente el crédito sea incobrable, el impuesto pagado atienda a la capacidad contributiva y no es absoluta. [Primera Sala, Jurisprudencia]  Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027791" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027791</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027792" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027792</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027793" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027793</a> Devolución de saldo a favor&nbsp;Cuando el SAT niega la devolución de contribuciones debido al incumplimiento de requisitos de forma, falta de pruebas aportadas o debido a que no se atendió un requerimiento efectuado, el contribuyente puede presentar una nueva solicitud mientras no transcurra el plazo de cinco años de prescripción.En caso de que el SAT se pronuncie sobre los hechos o pruebas y niegue la devolución, el contribuyente no podrá presentar una nueva solicitud en la que aporte nuevos elementos. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028093" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028093</a>Empresas fantasmaLa obligación de empresas y sociedades de informar a la autoridad fiscal sobre el nombre de sus socios, accionistas y de las personas que tienen control efectivo, es una medida que se justifica en tanto busca evitar la creación de empresas fantasma. Por tanto, es una excepción válida al derecho a la protección de datos personales. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026586" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026586</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/31477" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentencia</a> Delitos fiscalesLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con un plazo de cinco años desde que se comete el delito de defraudación fiscal, y no tiempo indefinido, para emitir el dictamen técnico contable base para promover una querella en contra del delito de defraudación fiscal. Si la autoridad fiscal conoce del delito después del plazo de cinco años habrá prescrito el delito. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027797" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027797</a> Materialidad de las operacionesCuando el SAT le solicita al contribuyente que pruebe la materialidad de las operaciones, no puede exigirle que aporte documentos que no guardan relación con las operaciones realizadas.&nbsp;La legislación fiscal no establece un estándar de prueba, por lo que el SAT tendrá que aceptar documentos privados y pruebas indirectas, y analizarlos de manera correlacionada para concluir si se acredita o no la materialidad de las operaciones. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027497" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027497</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027498" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027498</a>Facultades de comprobaciónEn las visitas domiciliarias del SAT para verificar que se expiden CFDI en establecimientos abiertos al público, no es necesario que la regulación establezca expresamente que los visitadores deben identificarse antes de ingresar al establecimiento. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028294" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028294</a> Medios de defensa en materia fiscalPor regla general, no puede impugnarse a través del recurso de revocación la resolución que emite el SAT en cumplimiento de una sentencia del juicio de nulidad. Excepcionalmente procede el recurso de revocación cuando la resolución del SAT introduce temas novedosos o tiene un vicio formal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027772" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027772</a> Si el SAT efectúa una revisión electrónica, el contribuyente no puede impugnar en amparo las actuaciones dentro del procedimiento (la resolución provisional, el oficio de preliquidación y sus constancias de notificación). Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027120" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027120</a> Para impugnar la orden de revisión de gabinete emitida por el SAT los contribuyentes pueden promover juicio de amparo sin acudir previamente al juicio contencioso administrativo. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027085" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027085</a> El SAT está obligado a permitir el uso del certificado de sello digital mientras se esté tramitando el procedimiento de aclaración por la restricción temporal del mismo. Si el SAT se niega a hacerlo, procede la suspensión en amparo para restablecer su uso y así poder emitir facturas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028394" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028394</a> Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicta una sentencia en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la autoridad puede promover recurso de revisión fiscal. El plazo para presentar dicho recurso debe contarse a partir de que el TFJA le notifica la sentencia a la autoridad y no cuando el tribunal colegiado le da vista a las partes. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027035" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027035</a> La Carta Porte da certeza sobre el orígen y destino de mercancías en tránsito, por lo que no procede conceder la suspensión provisional en juicio de amparo para efectos de que el contribuyente no emita CFDI con el Complemento de Carta Porte. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026869" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026869</a> Beneficiario controladorSe trata de la obligación que tienen todas las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas de entregar al SAT información sobre las personas físicas que ejercen el control o se benefician de ellas. La regulación sobre beneficiario controlador, vigente desde enero de 2022, es válida aun cuando entre los obligados a identificar a su beneficiario controlador está “cualquier otra figura jurídica”. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027228" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027228</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027229</a>Cuando los notarios públicos intervienen en la constitución de una sociedad o fideicomiso deben identificar al beneficiario controlador: i) deben utilizar los criterios para identificar al beneficiario controlador a pesar de que la Resolución Miscelánea no lo señala de manera expresa. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028355" target="_blank" rel="noreferrer noopener">202835</a> ii) deben obtener la información al momento en que se constituye la sociedad o fideicomiso, pero no están obligados a mantenerla actualizada con posterioridad a ese momento. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028354" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028354</a> iii) su obligación se limita a emplear las medidas razonables para comprobar que la información obtenida es fidedigna. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028356" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028356</a> [Segunda Sala, Jurisprudencia]En otros casos se resolvió que…No procede solicitar un acuerdo conclusivo con el SAT cuando ya exista una resolución judicial, salvo que en la resolución se ordene reponer el procedimiento de fiscalización. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7593" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 403/2023</a>La restricción de temporalidad que, desde 2021, limita la cancelación de los CFDI al ejercicio fiscal en que se emitieron es inconstitucional y atenta contra la seguridad jurídica. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7771" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 098/2024</a> La firma electrónica de los funcionarios del SAT debe estar amparada con un certificado, para que pueda utilizarse para firmar las resoluciones. Sin embargo, no existe obligación de que el certificado se reproduzca en la resolución. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028159</a>.Las cuotas por concepto de derechos pueden aumentarse cada año en el porcentaje que determine el legislador, sin que exista un tope máximo, como podría ser la inflación anual. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028482" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028482</a> y<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028486" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028486</a>

Blog 159: Compilación en materia fiscal 2024

Con Alejandra Cullen BenítezVER CÁPSULA<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="¿Cómo podemos acelerar la inclusión financiera?" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y0VGWFEKDag?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>RESUMENLa inclusión financiera contribuye directamente a reducir la pobreza y a promover un desarrollo sostenible.CONOCE MÁS DE LOS EXPERTOSAlejandra Cullen Benítez

¿Cómo podemos acelerar la inclusión financiera?

Entrevista de Luis Pérez de Acha al triatleta y emprendedor Marco Pérez de AchaVER EN YOUTUBE<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="De Ironman a emprendedor" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N-5EEQF0whw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>ESCUCHAR EN SPOTIFY<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: De Ironman a emprendedor" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/3aDrXPjDgJRumeZM95hSrI?si=R8RylifeQn6uquuMxtlNGA&#038;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>RESUMENLa historia de Marco en el deporte como triatleta inicia con la búsqueda de un cambio de hábitos. El primer reto fue terminar una carrera de 5km, luego una de 13 km, después fueron 11 maratones y finalmente un Ironman. Muchos le dicen que está loco, obsesivo, pero para cumplir un objetivo Marco considera que debe haber una obsesión positiva.&nbsp;&nbsp;El deporte te hace parte de una comunidad y también te enfrenta a ti mismo, a tus tiempos y a tus distancias.En esta plática, Marco Pérez de Acha nos revela:¿Cuál es el aprendizaje más relevante del deporte?¿Se pueden trasladar los aprendizajes del deporte a la vida profesional?CONOCE MÁS DE LOS ESPECIALISTASMarco Pérez de AchaIngeniero industrial y MBA de profesión, coach ejecutivo, especialista en RH y emprendedor.Ha participado en 11 maratones, un duatlón, un triatlón olímpico, medio Ironman y un Ironman en Cozumel (3.8km de natación, 180km de ciclismo y 42 km de carrera).

De Ironman a emprendedor

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.18 de abril de 2024.En dos criterios se analizó la excesiva duración de procedimientos judiciales, en juicio de amparo y en materia laboral. Un tribunal confirmó que Cofepris debe otorgar los permisos para el consumo lúdico de marihuana y un Pleno Regional resolvió en jurisprudencia sobre la prisión preventiva oficiosa.AmparoOmisión de dictar sentencia en amparo indirectoUna vez que el expediente queda integrado y se celebra la audiencia constitucional, el juez tiene 90 días para dictar sentencia. En caso de que no se dicte en ese plazo procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, así lo interpretó la Primera Sala. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7797" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de prensa No.123</a>Suspensión en controversia constitucional y en amparoUn funcionario del INE solicitó la suspensión en amparo para que no se le separara de su cargo como consecuencia de la reforma electoral de 2023, argumentando que se había otorgado la suspensión en contra de dicha reforma en la <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2023-03-27/MI_IncSuspContConst-261-2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Controversia constitucional 261/2023</a>. En Pleno Regional resolvió que el juez no se encuentra obligado a considerar lo resuelto en una controversia constitucional, porque se trata de juicios de distinta naturaleza. [Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028603" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028603</a>Multa a IMSS por incumplir suspensión definitiva para dar atención médica Se concedió la suspensión definitiva para que el IMSS prestara atención médica en el domicilio de un derechohabiente, debido a sus condiciones de salud. El IMSS no acreditó el pago a la empresa a la que subrogó los servicios médicos y el juez le impuso una multa que después fue dejada sin efectos. El derechohabiente puede promover recurso de queja contra el auto que dejó sin efectos la multa cuando el incumplimiento de la suspensión pueda afectar gravemente su salud, vida e integridad física. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028589" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028589</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028595</a>LaboralPensión por cesantía en edad avanzada ¿puede ser menor al salario mínimo?Un pensionado por cesantía en edad avanzada recibió una pensión menor al salario mínimo y demandó al IMSS para que se realizara el ajuste. El parámetro financiero para incrementar la pensión puede ser el salario mínimo o el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y deberá optarse por aquel que sea más benéfico. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028590" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028590</a>Amparo contra dilación en procedimiento de huelgaEn materia laboral procede juicio de amparo indirecto contra dilaciones excesivas en juicio, lo cual se actualiza cuando transcurren más de 45 días hábiles, de acuerdo con la jurisprudencia <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019400" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2a./J. 33/2019 (10a.)</a>. Un tribunal resolvió que tratándose de actos fuera de juicio, por ejemplo la determinación de la competencia en el procedimiento de emplazamiento a huelga, no es necesario esperar 45 días naturales para promover amparo por dilación excesiva. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028587" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028587</a>PenalPrisión preventiva oficiosa por más de dos añosDos personas que se encontraban en prisión preventiva oficiosa por más de dos años solicitaron la revisión de la medida cautelar. Si el Ministerio Público no justifica la necesidad de que se mantenga esa medida, debe concederse el amparo para que el juez penal: 1) ordene el cese de la prisión preventiva oficiosa, y 2) celebre una audiencia en la que se defina la imposición de otra medida cautelar que no sea prisión preventiva. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028591" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028591</a>SCJN se pronunciará sobre sentencia de CIDH en prisión preventivaEsta semana se incluyó en el listado de asuntos a discutirse en el Pleno de la SCJN,&nbsp; el Expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023 referente a la sentencia dictada en el caso “García Rodríguez y otro vs. México” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que resolvió la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. En este asunto el Pleno definirá cómo deberá ser la ejecución de la sentencia y por tanto, cómo deberán resolver los juzgados y tribunales respecto de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo.AdministrativoAutorización de Cofepris para consumo personal de marihuana La Cofepris negó a una persona la autorización para el consumo personal recreativo de marihuana, bajo el argumento de que no está previsto en la Ley General de Salud. En amparo se resolvió que la negativa de Cofepris incumple la <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/resumen/2022-07/Resumen%20DGI%201-2018%20DGDH.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018</a> de la SCJN, y que deberá otorgarse la autorización para consumo de marihuana conforme a los lineamientos fijados por la SCJN, hasta que se legisle al respecto. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028599" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028599</a>MercantilSituación de vulnerabilidad y reducción de intereses moratorios&nbsp;En un juicio ejecutivo mercantil se demandó a una profesora de primaria con motivo de una deuda y se embargó su salario por falta de bienes. En este caso debe presumirse que la persona se encuentra en situación vulnerable y por tanto, los intereses moratorios deberán reducirse al mínimo pagable. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028586" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028586</a>

Blog 158: Dilaciones excesivas en juicio y consumo de marihuana

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.11 de abril de 2024.La Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre las deducciones en pagos a partes relacionadas, la temporalidad para cancelar CFDI, la garantía de créditos fiscales y el cálculo de la utilidad fiscal ajustada. También analizó las relaciones poliamorosas y si deben considerarse dentro del matrimonio o del concubinato.FiscalLímite en deducción de pagos a empresas en paraísos fiscalesLa Primera Sala resolvió que es constitucional que la Ley del Impuesto sobre la Renta establezca que las empresas no podrán deducir los pagos que realicen a partes relacionadas cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. Esta medida evita la elusión y la evasión fiscal, así como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028523" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028523</a>También validó que el SAT pueda emitir reglas para regular aspectos secundarios relacionados con el límite a la deducción. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028522" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028522</a>Limitaciones al plazo para cancelar CFDIEn 2021 se limitó el plazo para cancelar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), solo durante el ejercicio fiscal en que se emitieron. La Primera Sala resolvió que la restricción de temporalidad es inconstitucional y atenta contra la seguridad jurídica. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7771" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 098/</a><a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7771">2024</a>Garantía de créditos fiscales con títulos valorLa Primera Sala avaló que el contribuyente pueda garantizar el interés fiscal ante el SAT mediante títulos valor o con la cartera de créditos del mismo contribuyente. Este supuesto solo procede cuando se acredite la imposibilidad de utilizar algún otro medio de garantía previsto en ley, ya que implica cargas adicionales para el Estado a fin de obtener lo adeudado. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 100/2024</a>Actos o actividades no objeto del IVA&nbsp;La disposición que establece que no podrá ser acreditado el IVA pagado que se vincule con actividades exentas o no objeto de dicha Ley, es constitucional. Así lo resolvió la Primera Sala al sostener que el legislador tiene libertad para configurar el sistema tributario. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028545" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028545</a>Utilidad fiscal ajustada ¿constitucional?En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que desde 2020 establece que no son deducibles los intereses netos devengados en cantidad superior a $20 millones y que excedan 30% de la utilidad fiscal ajustada, la Primera Sala resolvió que no existe incertidumbre respecto del concepto de utilidad fiscal ajustada, y que no se requiere de mayor explicación sobre su cálculo. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028573" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028573</a>AdministrativoAlcance del juicio contencioso administrativoSi el contribuyente impugnó en juicio contencioso administrativo diversos actos del procedimiento administrativo de ejecución, porque no se le notificó la resolución en la que el SAT le determinó un crédito fiscal, en la sentencia no podrá declararse la nulidad de la resolución, ya que ésta no se impugnó expresamente en la demanda. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028536" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028536</a>Opinión de cumplimiento negativa por créditos fiscalesSi el SAT le emite al contribuyente una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales, porque tiene créditos fiscales a su cargo, no podrá promover juicio contencioso administrativo, ya que no se trata de una resolución definitiva. Lo que procede es ingresar una solicitud de aclaración ante el SAT. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028537" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028537</a>Civil¿Existe el matrimonio o concubinato poliamoroso?Una persona argumentó que la legislación civil de Puebla es discriminatoria porque define al matrimonio y al concubinato como la unión entre dos personas, y excluye las relaciones poliamorosas entre tres o más personas. La Primera Sala sostuvo que es constitucional que no se incluya a las relaciones poliamorosas en esas figuras ya que tienen una operatividad distinta. El derecho a formar una familia no se agota con las figuras de matrimonio y concubinato. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7777" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 104/2024</a>AmparoLímites al amparo para autoridades en materia penalSi la autoridad pretende promover amparo en materia penal en contra de actos intraprocesales, es necesario que acredite que su participación en el juicio de origen es para proteger su patrimonio y no solamente para defender el ejercicio de sus funciones públicas. Por tanto, deberá acreditarse que la autoridad resintió un detrimento patrimonial con motivo del delito que se persigue. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028542" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028542</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028543" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028543</a>

Blog 157: Cancelación de CFDI y relaciones poliamorosas

Con Elisa de Anda Madrazo, Bernardo Mendoza Ruenes y Luis Pérez de AchaVER EN YOUTUBE<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Prevención de lavado de dinero en la era digital" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OfQmeqXQyRc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>ESCUCHAR EN SPOTIFY<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify wp-embed-aspect-21-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Spotify Embed: Prevención de lavado de dinero en la era digital" style="border-radius: 12px" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy" src="https://open.spotify.com/embed/episode/5v0p1ZXlsbGkK5Xa68L4vy?si=i2FTBAB3QnuviBSbsxZfdA&#038;utm_source=oembed"></iframe>
</div></figure>RESUMENLa prevención de lavado de dinero en la era digital es un tema crucial. Las transacciones en línea y la evolución de la tecnología representan un desafío para las instituciones financieras.CONOCE MÁS DE LOS EXPERTOSElisa de Anda MadrazoFue elegida como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con sede en París, Francia (2024-2026). Abogada con enfoque en Derecho Internacional, egresada de la Universidad Iberoamericana. Funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito&nbsp;Público.Bernardo Mendoza RuenesAbogado con más de 10 años de experiencia en los sectores financiero, bancario y energético. Su carrera profesional ha estado enfocada en diversos cargos de la administración pública federal en México y la iniciativa privada. Como director general adjunto de la CNBV tuvo a cargo el área legislativa y consulta en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como la supervisión de asesores en inversión y represente de México en la evaluación realizada por&nbsp;GAFI&nbsp;a&nbsp;Suecia.Luis Pérez de AchaEs socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, especializado en litigio constitucional, administrativo y fiscal. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM es considerado uno de los mejores expertos nacionales en derecho constitucional, fiscal y administrativo. Es catedrático de las más importantes escuelas y facultades de derecho del país (UNAM, Escuela Libre de Derecho, CIDE, UIA, UP) y escribe regularmente es medios nacionales y extranjeros como el New York Times, El País, Expansión y Nexos. Es autor de varios libros y artículos especializados. Fue Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019. Es socio de “Justicia Justa”, organización dedicada a temas de derechos humanos, sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción y es miembro fundador de Inteli-Iuris.

Prevención de lavado de dinero en la era digital

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.4 de abril de 2024.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de la regulación que establece cómo debe calcularse la PTU y también validó que los alimentos procesados para mascotas estén gravados con IVA.LaboralSCJN validó límite a PTUEs constitucional que la Ley Federal del Trabajo establezca un límite para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). Al resolver este asunto, la Segunda Sala de la Suprema Corte validó la reforma de 2022 en la que se limitó la PTU a un máximo de tres meses del salario del trabajador o al promedio de las participaciones recibidas en los últimos tres años. Entre las dos opciones debe entregarse al trabajador el monto que más le favorezca.&nbsp;En el caso concreto, a una trabajadora sin antigüedad en el puesto, se le pagó la PTU conforme a tres meses de salario, sin valorar si el promedio de las últimas tres utilidades anuales entregadas a trabajadores de su mismo puesto le era más favorable. La Segunda Sala sostuvo que cuando el trabajador no cuente con tres años de antigüedad debe considerarse el promedio del monto entregado como PTU en los últimos tres años de los trabajadores de la misma categoría o puesto y determinar el monto que le beneficie más.  La Segunda Sala sostuvo que el Congreso de la Unión tiene facultades para regular el reparto de utilidades de los trabajadores y su regulación debe ser revisada regularmente considerando la economía nacional. La Segunda Sala también diferenció entre un derecho adquirido y una expectativa de derecho, para concluir que el límite para el pago de PTU no vulnera el principio de irretroactividad de la ley. Amparo en revisión 633/2023. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7774" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 101/2024</a>FiscalIVA en alimentos para mascotasLa venta de alimentos para humanos y animales está gravada con tasa de 0% de IVA, sin embargo los alimentos procesados para perros, gatos y otras mascotas se gravan al 16%. La Segunda Sala resolvió que la diferencia entre ambos supuestos es constitucional, porque la tasa del 0% busca fomentar las actividades ganaderas, pesqueras y silvícolas. [Jurisprudencia]. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028469</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028470" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028470</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028471" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028471</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028472" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028472</a>Libertad del legislador para aumentar las cuotas de derechosLas cuotas por concepto de derechos pueden aumentarse cada año en el porcentaje que determine el legislador, sin que exista un tope máximo, como podría ser la inflación anual. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028482" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028482</a> y<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028486" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028486</a>PenalAmparo contra orden de aprehensiónLa demanda de amparo indirecto que se promueva en contra de una orden de aprehensión, detención o de presentación debe ser admitida a trámite aun cuando no sea inminente que se materialice la orden. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028457</a>Recluso no recibe notificación personal de sentenciaSi el quejoso privado de su libertad pretende impugnar la sentencia dictada en amparo directo porque le fue notificada por lista y no de manera personal, tendrá que promover incidente de nulidad de notificaciones, sin que en este supuesto proceda el amparo directo en revisión. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028456" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028456</a>Amparo¿En qué momento surte efectos la suspensión?La suspensión en amparo indirecto surte efectos desde el momento en que se dicta y no cuando se notifica a las partes. La suspensión se rige por el peligro en la demora y si se condiciona su efectividad a que se notifique a las partes, se perdería el beneficio de su otorgamiento. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028503" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028503</a>Corte de energía eléctrica: suspensión y garantíaEn el supuesto de que la CFE realice un corte en el servicio de energía eléctrica, el particular que solicite la suspensión en amparo no está obligado a exhibir garantía porque no hay un tercero al que se perjudique con el otorgamiento de la suspensión. [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028504" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028504</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028505" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028505</a>Excepción al principio de definitividad por falta de atención médicaSi a un adulto mayor se le negaron servicios médicos en el ISSSTE y al solicitar el reembolso de los gastos en que incurrió no recibe respuesta de dicho Instituto, podrá acudir directamente al amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente el juicio contencioso administrativo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028366" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028366</a>Civil¿El arrendador puede cancelar el servicio de energía eléctrica?El dueño de un local en renta canceló el servicio de energía eléctrica y después demandó en juicio oral civil la rescisión del contrato de arrendamiento. El juez resolvió que la cancelación del servicio de energía eléctrica configura una presión indebida hacia el arrendatario, viola derechos humanos e impide el uso del inmueble. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028461" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028461</a>

Blog 156: SCJN validó límite a PTU y el IVA en alimentos para mascotas

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.27 de marzo de 2024.¿Estás listo para la declaración anual?, un tribunal resolvió que el contribuyente es responsable de señalar los datos correctos de su cuenta bancaria. Además, la Suprema Corte se pronunció sobre las comisiones de las AFORES.FiscalAportaciones para el retiro que no deduciblesSi el régimen de jubilaciones y pensiones de un trabajador está administrado por el IMSS, las aportaciones voluntarias que realice no serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028410" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028410</a>Declaración anual y errores del contribuyenteSi al momento de presentar la declaración anual el contribuyente tuvo un error al llenar el número de cuenta para la devolución automática del saldo a favor, no podrá responsabilizar al SAT si el saldo fue depositado en la cuenta de un tercero. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028425" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028425</a>Asistencia técnica se grava al 0% de IVALos servicios de asistencia técnica otorgados por una empresa y que fueron exportados, estarán gravados con la tasa del 0% para efectos del impuesto al valor agregado, si se acredita que cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028433" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028433</a>AdministrativoSuspensión provisional en contra del ejercicio de facultades de la UIFNo procede la suspensión provisional contra los actos de investigación y fiscalización de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, pues con ello se paraliza la investigación de delitos fiscales y de lavado de dinero. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028449</a>La Suprema Corte resolvió un asunto sobre la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en noviembre de 2023, si te interesa consulta el <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7618" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 428/2023</a>.SCJN valida tope máximo a comisiones de AFORESLa Segunda Sala validó que las AFORES tomen como referencia para fijar el tope máximo de sus comisiones, los criterios de la CONSAR y los sistemas de otros países. La finalidad es que las comisiones tengan niveles similares a las mejores prácticas internacionales en beneficio de los trabajadores en retiro. Las AFORES prestan un servicio de seguridad social y no tienen autonomía operativa total. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7761" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 088/2024</a>PenalSecreto bancario y delitos fiscalesCasi dos años después de haberse resuelto este amparo por la Primera Sala, se publicaron los criterios de jurisprudencia que sostienen que la información que obtenga el SAT sobre las cuentas bancarias de un contribuyente durante una revisión fiscal, podrá ser utilizada posteriormente para presentar una denuncia o querella por delitos fiscales.&nbsp;En este supuesto no será necesario que el SAT haya solicitado previamente una orden judicial para obtener la información bancaria. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028429" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028429</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028427</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028428" target="_blank" rel="noreferrer noopener">20288428</a>Sobre este tema, te recomendamos el artículo: <a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-suprema-corte-el-secreto-bancario-y-el-sat/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Suprema Corte, el secreto bancario y el SAT</a>.Investigación de un delito por video difundido en redes socialesLa fiscalía puede iniciar una investigación penal a partir de un video en el que un servidor público reconoció participar en la comisión de un delito, no obstante que no se tenga certeza del origen o veracidad del video, lo cual deberá esclarecer durante la investigación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028431</a>Prueba penal: toma de muestra de vozComo parte de la investigación, la fiscalía puede solicitarle al juez de control que ordene una toma de muestra de voz del servidor público, para compararla con la voz del video, sin que con esto se violen los derechos a la privacidad y a la no autoincriminación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028406" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028406</a>MercantilPersona que recibe transferencia bancaria por error ¿debe ser llamada a juicio?Un Pleno Regional reconoció la importancia de llamar a juicio como tercero, a la persona que recibió los fondos por una transferencia bancaria errónea, ya que la sentencia podrá afectarlo. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028404" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028404</a>Información sobre tercero que recibió transferencia por errorEl banco que es demandado por haber realizado transferencias bancarias erróneas deberá entregarle al juez la información de la persona que recibió el dinero, en caso de que solicite que sea llamado a juicio como tercero. Si no es posible identificar a la persona, podrá seguirse el trámite del juicio. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028405" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028405</a>AmparoDerecho de petición ¿procede suspensión ante falta de respuesta de la autoridad?Si en amparo se reclamó la falta de respuesta de una autoridad a una solicitud realizada por un particular, en violación al derecho de petición, no podrá otorgarse la suspensión provisional para que la autoridad dé respuesta. Se trata de un caso de excepción. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028448" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028448</a>En este caso se analizó la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la suspensión con efectos restitutorios. Jurisprudencia: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026730" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2a./J.22/2023</a>  Recurso de revisión interpuesto por buzón judicial Si se presenta recurso de revisión a través de buzón judicial y al llenar la papeleta se señala un juzgado distinto a aquel que emitió la sentencia, no se interrumpirá el plazo para la presentación. Es responsabilidad de quien promueve el recurso, llenar debidamente la información. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028442" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028442</a>LaboralNo hay plazo para impugnar falta de pago de pensión por viudezLa persona a la que le fue negada la pensión por viudez por parte del ISSSTE, podrá reclamarlo en cualquier momento a través del juicio de amparo. La falta de pago es un acto de tracto sucesivo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028437" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028437</a>Sobre este tema, la Suprema Corte resolvió en 2007 que tanto el derecho a la jubilación y a la pensión, como los medios de defensa para tutelarlos son imprescriptibles. Jurisprudencia: ​​<a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/171969" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2a./J. 115/2007</a>. Amparo en contra de retraso del IMSS en pagar pensión por jubilación&nbsp;Una persona jubilada reclamó en amparo el retraso del IMSS en el pago de su pensión de jubilación. Si durante el trámite del amparo el IMSS realiza el pago no se debe sobreseer el juicio, pues subsiste la afectación al derecho a la seguridad social por el retraso en el pago. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028419" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028419</a>

Blog 155: Declaración anual y AFORES

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.22 de marzo de 2024.La Suprema Corte de Justicia analizó las obligaciones de los notarios para identificar al beneficiario controlador de una sociedad, se pronunció sobre el consumo de tabaco en lugares públicos y sobre la responsabilidad civil de los condóminos por la muerte de una persona.FiscalObligaciones de notarios sobre beneficiario controladorCuando los notarios públicos intervienen en la constitución de una sociedad o fideicomiso deben identificar al beneficiario controlador, la Segunda Sala analizó el alcance de esta obligación:Criterios. Los criterios para identificar al beneficiario controlador deben ser utilizados por los notarios, a pesar de que la Resolución Miscelánea no lo señala de manera expresa. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028355" target="_blank" rel="noreferrer noopener">202835</a>Temporalidad. Los notarios deben obtener la información al momento en que se constituye la sociedad o fideicomiso, pero no están obligados a mantenerla actualizada con posterioridad a ese momento. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028354" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028354</a>Alcance. La obligación de los notarios de verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador se limita a emplear las medidas razonables para comprobar que la información obtenida es fidedigna. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028356" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028356</a> [Segunda Sala, Jurisprudencia]Restricción de certificado de sello digital y suspensión en amparoEl SAT está obligado a permitir el uso del certificado de sello digital mientras se esté tramitando el procedimiento de aclaración por la restricción temporal del mismo. Si el SAT se niega a hacerlo, procede la suspensión en amparo para restablecer su uso y así poder emitir facturas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028394" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028394</a>AdministrativoPasaporte para niños concebidos por gestación subrogadaLa Secretaría de Relaciones Exteriores le negó su pasaporte a un niño concebido por gestación subrogada, al considerar que el acta de nacimiento no daba certeza de su filiación. Un tribunal ordenó a la Secretaría expedir la normatividad que regule la expedición de pasaportes para las personas concebidas por gestación subrogada o sustitución. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028373" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028373</a>Empresa obtiene amparo contra nueva reglamentación sobre tabacoUn tribunal declaró inconstitucional la nueva reglamentación sobre el consumo de tabaco respecto de una persona moral y definió que los efectos del amparo son para que la empresa desconozca la reglamentación del control del tabaco respecto de todos los establecimientos en los que opere. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028362" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028362</a>Zona para fumadores en establecimientos públicosLa Segunda Sala resolvió que la norma que establece la obligación de que las zonas para fumadores en restaurantes u otros establecimientos sean al aire libre, es constitucional y no vulnera la libertad de comercio. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7762" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 089/2024</a> Ver proyecto de <a href="https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2024-02/AR%20672.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sentencia</a>.Acceso a la informaciónProgramas sociales e información confidencialLa información relativa a la ubicación y límites de terrenos que están relacionados con un programa social es confidencial, y no puede ser entregada a través de solicitudes de acceso a la información. Si bien el padrón de beneficiarios es público, de entregarse la información sobre los terrenos se pondría en riesgo la confidencialidad de sus domicilios. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028371" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028371</a>LaboralReclamo por errores de cuantificación en pensiónEl plazo para que una persona reclame que su pensión fue cuantificada de manera incorrecta debe contabilizarse a partir del día siguiente a que tuvo conocimiento de la resolución en la que se cuantificó incorrectamente, lo anterior para los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Social del estado de Zacatecas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028377" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028377</a>CivilCompensación económica para cónyuge que se dedicó al hogarLa Primera Sala analizó cuándo procede la compensación económica con motivo de un divorcio:Compensación económica. Es en favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos, y adquirió menos bienes que su cónyuge o ninguno. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028359" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028359</a>Separación de bienes. Solo procede cuando el matrimonio se celebró bajo separación de bienes y podrá otorgarse hasta por el 50% de los bienes adquiridos en el matrimonio. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028360" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028360</a>No prevista en ley. El juez puede fijar una compensación económica a pesar de no estar prevista en la legislación local. Deriva del derecho humano a la igualdad entre los cónyuges. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028358" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028358</a>Pensión alimenticia compensatoria. Se trata de una figura distinta que busca cubrir las necesidades básicas de subsistencia del cónyuge que se dedicó en mayor medida al hogar o al cuidado de los hijos. Se otorga de forma periódica, temporal o vitalicia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028357" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028357</a> [Jurisprudencia]Responsabilidad por muerte en condominio en Acapulco&nbsp;Si una persona fallece en un condominio por una descarga eléctrica al tocar un espejo de agua en las áreas comunes ¿quiénes son responsables? La Primera Sala resolvió cuál es el alcance de la responsabilidad civil extracontractual:Responsabilidad subjetiva:Administración. Es responsable por daños ocurridos en las áreas comunes del edificio si: i) actuó ilícitamente al incumplir sus deberes como administrador, ii) existe dolo o culpa, y iii) existe una relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño causado a la víctima. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028384" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028384</a> Comité de Vigilancia. Debe acreditar haber cumplido sus funciones de vigilancia sobre los actos u omisiones de la administración, de lo contrario incurre en responsabilidad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028382" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028382 </a>Excepción de culpa o negligencia inexcusable. Solo procede cuando la víctima incurrió en una falta grave, que se aparte del estándar de conducta exigible en el caso concreto. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028383" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028383</a>Responsabilidad objetiva:Condóminos. En casos de responsabilidad objetiva por un riesgo creado en las áreas comunes, los condóminos responden de acuerdo con su parte alícuota. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028381" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028381</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028380" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028380</a> [Jurisprudencia]PenalSentencia del recurso de apelación en el proceso oralEl tribunal de alzada puede resolver el recurso de apelación de tres maneras:De plano.&nbsp; La sentencia se puede dictar de inmediato cuando las partes no soliciten la celebración de la audiencia de aclaración de alegatos, sin sustanciar el procedimiento.&nbsp;Oral. Cuando sí se celebre la audiencia y la sentencia se dicte en la propia audiencia.Por escrito. Dictando la sentencia dentro de los tres días siguientes a la audiencia. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028378" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028378</a>¿Quieres consultar nuestros blogs anteriores? 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Blog 154: Beneficiario controlador y restricciones al tabaco

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.7 de marzo de 2024.La Suprema Corte avaló las restricciones a deducciones para RESICO, se pronunció sobre el daño moral en accidentes de tránsito y analizó el derecho a la asesoría jurídica cuando la víctima del delito sea un menor de edad. FiscalSCJN avala límites a deducciones en RESICOLa Segunda Sala avaló la constitucionalidad del régimen simplificado de confianza -RESICO- para personas morales, por lo que hace a la restricción para deducir los anticipos a remanente a los socios de sociedades civiles. El legislador puede modificar las deducciones, incluso entre un régimen y otro. [Segunda Sala, Jurisprudencia]. Registros:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028337" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028337</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028338" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028338</a>AdministrativoPresentación de demanda a través de correoPara la presentación de la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de Correos de México:La demanda puede depositarse en las oficinas de correos de cualquiera de los municipios de la zona conurbada en que resida el demandante, sin que pueda limitarse al municipio de su domicilio. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028311" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028311</a> Incluso, la demanda puede depositarse desde cualquier entidad federativa, aun cuando no corresponda con su lugar de residencia, sin que se considere como una ventaja indebida. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028312" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028312</a>Negativa ficta y momento procesal para defensaSi la parte actora no amplía la demanda cuando se trate de un juicio promovido por una negativa ficta, precluye el derecho para formular nuevos argumentos de defensa en contra de la contestación dada por la autoridad. Por tanto, la Sala no podrá tomar en cuenta los argumentos presentados mediante alegatos. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028328" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028328</a>PenalDerecho a la asesoría jurídica para víctimas menores de edad&nbsp;El derecho a la asesoría jurídica de las víctimas de un delito no se equipara con la defensa adecuada de los imputados. No obstante, tratándose de víctimas menores de edad, los juzgadores deben garantizar la asesoría jurídica con un estándar reforzado atendiendo el interés superior de la niñez, para lo cual la Primera Sala estableció los lineamientos que debe seguir el juzgador. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028313" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028313</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028314" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028314</a>CivilDaño moral en accidente de tránsitoLa empresa dueña del autobús es responsable de indemnizar el daño moral causado a los familiares de la persona que falleció en un accidente de tránsito. La reparación del daño moral procede tanto en los casos de responsabilidad subjetiva (hecho ilícito) como de responsabilidad objetiva (hecho lícito), lo que es acorde con el derecho a una justa indemnización. [Primera Sala]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028307</a>AmparoDemanda de amparo directo presentado en la vía incorrectaSi el amparo se promovió en la vía indirecta y el juzgador advierte que debió presentarse en la vía directa, se considera interrumpido el plazo para promover la demanda desde el momento en que el juzgado recibió la demanda. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028309" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028309</a>Laboral¿Cuál es el domicilio para emplazar una persona moral a juicio laboral?Un Pleno Regional sostuvo que debe entenderse como domicilio para emplazar a juicio a una persona moral, cualquiera en el que pueda lograrse una comunicación procesal efectiva. Basta con que el actuario se cerciore que el domicilio se vincula con la persona a notificar y se concluya que el demandado tiene conocimiento de la demanda en su contra. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028316" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028316</a>

Blog 153: Deducciones en RESICO y daño moral en accidente de tránsito

Con Mary Pily Loo, Itzul Girón, Andreá Thomé y Pablo Pruneda Gross.VER EN YOUTUBE<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Ciberseguridad en los bancos digitales digitales" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SQqk9FiE_EY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
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</div></figure>RESUMEN¿Son seguros los bancos digitales? Conoce cuáles son las herramientas tecnológicas que tienen los bancos digitales para ofrecer sus servicios de forma segura y proteger a sus usuarios.CONOCE MÁS DE LOS PANELISTASMary Pily LooLicenciada en informática y maestra en seguridad informática por la Universidad de la Rioja. Ha laborado en el sector financiero y de gobierno por más de 15 años. Actualmente está a cargo de la Dirección General de Riesgo Operacional y Tecnológico en la CNBV.Itzul GirónEmpresaria experta en tecnologías de mobile marketing, unificación y enriquecimiento de datos. Emprendedora y líder de proyectos de punta en materia tecnológica. Fundadora de Cedetech. Un proyecto interdisciplinario de desarrollo tecnológico sin precedentes en México.Andreá ThoméDirectora de seguridad empresarial y GRC en Nubank.&nbsp;Especialista en soluciones de consultoría para Seguridad de la Información, GRC &#8211; Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento, Auditoría Interna y Gobernanza de TI desde hace más de 29 años.Elegida Top 20 Women to Follow por Daryus e IDESP en 2022 y 2023, Women in Tech LATAM Lifetime Achievement Award 2022 y 100 Tech Informers por el portal IT Show.Pablo Pruneda GrossProfesor universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace 23 años y desde 2020, Co-cordinador de la línea de Investigación de Derecho e Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a partir de la cual se ha estudiado las implicaciones y retos que representa para muy diversas áreas del derecho, la irrupción tecnológica de la IA. Tomó dos cursos de Posgrado en la Universidad de Salamanca, España, siendo el último sobre “Inteligencia Artificial y Derecho” y en 2022 obtuvo la maestría en “Industria 4.0 y Automatización de Procesos”, en la Universidad Politécnica de Cataluña (BARCELONATECH). Fue recipendario de la Cátedra extraordinaria “Francisco M. Vázquez” y de la Cátedra especial “Gabino Fraga”, ambas otorgadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM.Desde 2016 y hasta principios de 2023, tuvo el honor de ser Consejero Universitario representante de los profesores de la Facultad de Derecho, de la UNAM

Ciberseguridad en los bancos digitales

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.29 de febrero de 2024.La Primera Sala analizó la constitucionalidad de las visitas domiciliarias para verificar la expedición de facturas. La Segunda Sala declaró inconstitucional la ley del IMSS y del ISSSTE por limitar las licencias de cuidado para padres cuyos hijos padecen una enfermedad grave.FiscalVisitas del SAT en establecimientos abiertos al públicoEn las visitas domiciliarias del SAT para verificar que se expiden CFDI (facturas) en establecimientos abiertos al público, no es necesario que la regulación establezca expresamente que los visitadores deben identificarse antes de ingresar al establecimiento. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028294" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028294</a>¿Se debe retener el IVA a una empresa extranjera que enajena mercancías?&nbsp;Si las mercancías que fueron importadas temporalmente para un proceso de manufactura, posteriormente se importan en definitiva (sin salir físicamente del país), debe considerarse que se trata de una operación virtual en la que jurídicamente las mercancías fueron retornadas la extranjero. En este supuesto, la enajenación no se realizó en territorio nacional, por lo que la empresa mexicana que adquiere las mercancías no está obligada a retener el IVA, cuando la empresa que vende es residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. [Plenos Regionales, Jurisprudencia]&nbsp; Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028254" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028254</a>CivilReparación del daño a víctimas indirectasLas comisiones de atención a víctimas están obligadas a analizar todas las cuestiones necesarias para asegurar una reparación integral, incluso cuando no hayan sido planteadas por las víctimas. En este caso se demandó la reparación del daño causado a una niña que perdió un ojo por falta de atención médica en hospitales públicos. La comisión estaba obligada a pronunciarse sobre la reparación a las víctimas indirectas, la madre de la niña, si de los hechos narrados se podía advertir que también sufrió un daño. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028275" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028275</a>AmparoDesechamiento parcial de demanda de nulidadEs improcedente el juicio de amparo en contra del desechamiento parcial de una demanda de nulidad, ya que no se genera una afectación de imposible reparación. Esta situación podrá ser impugnada al promover amparo directo contra la sentencia. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028256" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028256</a>Amparo por un posible internamiento en hospital psiquiátricoLa Segunda Sala resolvió que sí procede el juicio de amparo cuando se reclame el posible internamiento de una mujer con discapacidad en un hospital psiquiátrico, a pesar de que se trate de un acto futuro. Dicho amparo podrá ser promovido por una persona distinta, en caso de que la afectada esté imposibilitada a hacerlo. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7729" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 057/2024</a>LaboralOmisión de resolver sobre una solicitud de pensiónLa omisión del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus Municipios de atender una solicitud de pensión es un acto que tiene ejecución material, por lo que será competente el juez de amparo del domicilio de la persona que solicita la pensión. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028236" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028236</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028241" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028241</a>Licencia de cuidado a padres de niños con enfermedades gravesSon inconstitucionales las leyes del ISSSTE y del IMSS en tanto solo contemplan licencias de cuidado para padres y madres cuyos hijos padecen cáncer, y no prevén tal derecho para otras enfermedades graves. De acuerdo con la Segunda Sala, este derecho deberá extenderse para enfermedades graves con períodos críticos, hospitalización o cuidados paliativos. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7736" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 64/2024</a>

Blog 152: Visitas domiciliarias y licencias de cuidado para padres

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.21 de febrero de 2024.La Segunda Sala se pronunció sobre el derecho de las familias no tradicionales y los derechos de seguridad social. En Plenos Regionales se analizó el cobro del SAT de créditos fiscales y el pago de efectivo por usuarios de UBER o DIDI.FiscalSAT no puede cobrar créditos menores a 28 mil pesosLa legislación señala que el SAT “podrá abstenerse” de determinar los créditos fiscales cuando sean menores a 3,500 UDIS (28,000 pesos). De la redacción de la norma parece ser una facultad discrecional del SAT, pero un Pleno Regional resolvió que se trata de una facultad reglada, esto es, el SAT no podrá determinar créditos fiscales ni imponer sanciones cuando advierta un adeudo menor a dicha cantidad, en una revisión o visita domiciliaria. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028205" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028205</a>Reglas para deducir el IVA por personas moralesLas reglas de deducibilidad para el impuesto sobre la renta (ISR) no le son aplicables al impuesto al valor agregado (IVA). Por tanto, el SAT no podrá negar la devolución de un saldo a favor de una persona moral, bajo el argumento de que ciertos pagos fueron clasificados como “inversión”  y no como “gastos”, ya que estos requisitos son para el ISR y no aplican al IVA. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028207" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028207</a>Administrativo¿Trámites en el municipio? primero paga tus impuestosLos municipios no pueden obligar a los ciudadanos a que obtengan un certificado de no adeudo de contribuciones, como requisito para que realicen trámites ante el ayuntamiento. Se trata de una medida inconstitucional. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028194" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028194</a>Juicio en líneaPresentación de la demanda en línea ante el TFJADebe tenerse por presentada la demanda del juicio contencioso administrativo en el sistema en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando se registre en el sistema y se firme con firma electrónica. Por tanto, no podrá desecharse la demanda por no haberse cumplido con un requisito adicional previsto en la Guía de operación del sistema, que establece que deberán integrarse las firmas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028231" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028231</a>LaboralDos o más concubinas pueden recibir pensión por viudez  La Segunda Sala resolvió que es inconstitucional la disposición de la Ley del Seguro Social que impide que varias concubinas de una persona fallecida tengan derecho a recibir la pensión por viudez. En caso de que las concubinas acrediten esa calidad ante la autoridad deberá dividirse el monto de la pensión entre ellas, en protección de las familias con una integración distinta a la tradicional. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7720" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 048/2024</a>AmparoUsuarios de UBER y DIDI pueden ampararse para pagar en efectivo&nbsp;En 2015 <a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c9b9972feb6fa4501f6facffc2b9a9bf.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">se prohibió</a> en la Ciudad de México el pago en efectivo o en tarjetas de prepago en las plataformas de transporte como UBER y DIDI. Un Pleno Regional resolvió que sí procede el amparo cuando los usuarios impugnen dichas normas y tendrá por efecto que el usuario sí pueda pagar el servicio a través de esos medios de pago. Esto a pesar de que se pueda afectar a las plataformas en su operación. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028206" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028206</a>¿Las notificaciones mediante mensajería privada son válidas?Las notificaciones por oficio a través de un servicio de mensajería privada,  dirigidas a las autoridades responsables con domicilio en un estado distinto a aquel en que se lleva el trámite, no son válidas para contar plazos ni para interponer recursos. Solo tienen validez las realizadas a través del Servicio Postal Mexicano. [Pleno Regional, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028215">202</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028215" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028215">215</a>Civil¿Quiénes deben ser llamados a juicio sucesorio testamentario?Únicamente deben ser llamados a juicio las personas designadas como herederos, legatarios o albaceas por el testador, y no así las personas que consideren que tienen derecho a heredar si no fueron contempladas en el testamento. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028212" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028212</a>PenalSentenciado solicita pago a plazos para reparación del dañoEl sentenciado que fue condenado a la reparación del daño a la víctima, podrá solicitar realizar el pago a plazos, siempre que lo haga ante el Tribunal de Enjuiciamiento o ante el Tribunal de Alzada. Dicha petición no podrá realizarse al momento de presentar amparo directo en contra de la sentencia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028220" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028220</a>Mercantil¿Qué debe pagar el banco por operaciones bancarias nulas?El banco que fue condenado por operaciones bancarias nulas, tendrá que pagarle al usuario el monto de dichas operaciones más los intereses previstos en la legislación mercantil. Si el banco promovió amparo y solicitó que se suspendiera el cumplimiento de la sentencia, además tendrá que pagarle al usuario el monto de la garantía que otorgó para la suspensión. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028197" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028197</a>

Blog 151: Pago en efectivo en UBER y derecho de concubina(s) a pensión por viudez

Con Paula Sofía Vásquez Sánchez, Alejandro Madrazo, Juan Jesús Garza Onofre y José Roldán Xopa.VER EN YOUTUBE<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="No estudies derecho" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J_yNRqo4L4Y?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
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</div></figure>OBJETIVONOMBRE DEL WEBMINARIO: &#8220;Presentación del libro &#8220;No estudies derecho”FECHA: Martes 20 de febrero del 2024.De la serie: &#8220;Derecho administrativo. Pensar para decidir&#8221;MODERA: José Roldán Xopa.PONENTESCon Paula Sofía Vásquez Sánchez.Abogada por la UNAM y analista política. Es especialista en derecho electoral, regulación y políticas públicas. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional Electoral y en el Centro de Investigación y Docencia Económica. En el TEPJF&nbsp; colabora cotidianamente en diversos medios de comunicación.Alejandro Madrazo.Licenciado en derecho por la UNAM y el ITAM. Doctor en derecho por la Universidad de Yale. Ha sido profesor en el CIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado en revistas especializadas en México y en el extranjero sobre sobre la enseñanza del derecho, la historia del pensamiento jurídico, la libertad de expresión, la justicia electoral. Litiga temas de interés público especializándose en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Juan Jesús Garza Onofre.Licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho en Monterrey.&nbsp; Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del Derecho y la ética jurídica. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.NOTAS DEL EPISODIO<h4 class="wp-block-heading" id="resumen">Resumen</h4>El libro “No estudies derecho” de Tito tiene como objetivo provocar reflexiones sobre la profesión jurídica y su futuro, planteando desafíos y críticas hacia la práctica del derecho.<h4 class="wp-block-heading" id="aspectos-destacados">Aspectos destacados</h4><ul class="wp-block-list"><li>💼 La colegiación de abogados es vista como una posible solución para mejorar el sistema jurídico, aunque existen objeciones y críticas acerca de sus implicaciones.</li>

<li>📚 La necesidad de una educación jurídica integral y la transformación de la enseñanza del derecho son consideradas como aspectos clave para el futuro de la profesión.</li>

<li>🤝 La importancia de fomentar la interlocución y el diálogo entre profesionales del derecho con diferentes perspectivas y enfoques.</li>

<li>💬 El uso del lenguaje jurídico y la necesidad de simplificar la comunicación para hacerla más accesible y comprensible para la sociedad.</li></ul>

Presentación del libro “No estudies derecho” de Juan Jesús Garza Onofre

Con Fabiana H. Schafrik, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Marco Antonio Elizalde Jalil, José de Jesús Gómez Cotero y Luis José Béjar Rivera.VER EN YOUTUBE<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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</div></figure>OBJETIVONOMBRE DEL WEBMINARIO: &#8220;Medidas cautelares”FECHA: Viernes 16 de febrero del 2024.De la serie: &#8220;Diálogos fiscales&#8221;MODERA: José de Jesús Gómez Cotero y Luis José Béjar Rivera.PONENTESFabiana H. Schafrik.Especialista en Derecho Tributario. Abogada por la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Derecho Constitucional.Miguel de Jesús Alvarado Esquivel.Magistrado de Circuito del Poder Judicial Federal. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y por la UNAM.Marco Antonio Elizalde Jalil.Abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor en Derecho por la Universidad de la Coruña.NOTAS DEL EPISODIOResumenEn este diálogo fiscal se discuten las medidas cautelares en Argentina, México y Ecuador.Destacados Las medidas cautelares sirven para preservar la materia del juicio y garantizar el cumplimiento de las sentencias. Medidas cautelares 📚 Las medidas cautelares pretenden conjurar el peligro que representa el tiempo en el juicio. 🌍 Las medidas cautelares tienen diferencias en su aplicación en cada jurisdicción. 💰 En Argentina, las medidas cautelares en materia tributaria han sufrido un revés en la práctica. ⚖️ La apreciación judicial de las medidas cautelares depende de quién solicite la medida. 📝 En Argentina, se observa una desnaturalización del instituto cautelar por parte de los legisladores. 🔒 En Ecuador, las medidas cautelares se limitan mayormente a la suspensión del acto administrativo. 🔄 En Ecuador se está discutiendo la ampliación de las medidas cautelares en sede judicial.

Medidas cautelares

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.14 de febrero de 2024.La SCJN confirmó la constitucionalidad del régimen del IVA para donatarias autorizadas, se analizó la aplicación de la jurisprudencia sobre el bloqueo de cuentas bancarias por lavado de dinero y criterios sobre el nuevo sistema de justicia laboral.FiscalDonatarias autorizadas y exención de IVALa Primera Sala confirmó la constitucionalidad de la reforma de 2019 en la que se exentó del pago del IVA a las donatarias autorizadas cuando enajenan bienes, prestan servicios independientes u otorgan el uso o goce temporal de bienes.Al resolver un amparo promovido por Fundación Teletón, en el que argumentó que la reforma les impide acreditar el IVA que les es trasladado, se sostuvo que:&nbsp;Fin constitucional válido. El IVA es un impuesto indirecto por lo que se considera que si la donataria tiene la capacidad de adquirir un bien o servicio debe considerar el IVA como un costo. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028115" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028115</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028116" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028116</a>Proporcionalidad tributaria. La distinción tributaria entre las actividades de las donatarias autorizadas con el resto de las personas morales es en beneficio de personas, sectores y regiones de bajos recursos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028113" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028113</a>No regresividad. La reforma no transgrede el principio de progresividad pues las donatarias no tienen un derecho adquirido sobre la forma de tributar. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028114" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028114</a>Resoluciones del SAT con firma electrónicaLa firma electrónica de los funcionarios del SAT debe estar amparada con un certificado, para que pueda utilizarse para firmar las resoluciones. Sin embargo, no existe obligación de que el certificado se reproduzca en la resolución, así lo resolvió la Segunda Sala. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028159</a>AmparoGestación subrogada y futuro registro de bebé no nacido&nbsp;Los padres por gestación subrogada buscan registrar al bebé con sus apellidos y no con los de la persona que los gestó. Si lo solicitan al Registro Civil previo al nacimiento del bebé y éste se niega, pueden solicitar la suspensión en amparo.&nbsp;Suspensión con efectos restitutorios. El juez de amparo previo a conceder la suspensión debe verificar que la persona gestante dio su consentimiento de manera libre, revisar el contrato y los documentos sobre el periodo de gestación. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028136" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028136</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028137</a>Efectos de la suspensión. Una vez que nazca el bebe se le deberá registrar con los apellidos de los padres sin hacer mención de la madre gestante. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028138" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028138</a>Suspensión en contra de impuestos ecológicosUna empresa minera de Durango solicitó en amparo la suspensión en contra de un decreto que estableció nuevos impuestos ecológicos por la emisión de gases a la atmósfera. En este caso el juez puede conceder la suspensión si el contribuyente garantiza el interés fiscal para efectos de que no entere las contribuciones, pero no respecto de las obligaciones de cuidado del medio ambiente. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028182" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028182</a>LaboralNotificación de contestación de la demandaAl notificarle a la actora la contestación de la demanda no es necesario que se realice de manera personal, cuando se esté actuando en el procedimiento laboral ordinario. Así lo resolvió la Segunda Sala. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028127" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028127</a>ConstitucionalSolicitudes de petición no atendidas y juicio de amparoLos diputados locales están obligados a responder las solicitudes que reciban de cualquier persona mediante el derecho de petición, en tanto son funcionarios del Estado. Ante la falta de respuesta, el solicitante puede promover juicio de amparo. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028167">20281</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028167" target="_blank" rel="noreferrer noopener">6</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028167">7</a>AdministrativoLista de personas bloqueadas y suplencia de la quejaEl juez que reciba una demanda de amparo impugnando el bloqueo de cuentas bancarias realizado por una autoridad nacional, deberá aplicar la jurisprudencia <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016903" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2a./J. 46/2018</a> en suplencia de la queja, en la cual la Segunda Sala sostuvo que dicho bloqueo solo procede cuando se efectúe por una solicitud de una entidad internacional. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028135" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028135</a>Nuevo sistema de justicia laboralInicio de juicio laboral y revisión de notificaciones&nbsp;La Segunda Sala se pronunció en jurisprudencia sobre dos temas:Confirmó que las constancias que emite el Centro de Conciliación y que son el requisito para que inicie el juicio laboral pueden ser en dos sentidos: 1) que acredite haber agotado la conciliación prejudicial sin llegar a un acuerdo o, 2) que deje a salvo los derechos del trabajador para promover juicio, si no se logró notificar al demandado. Además, resolvió que el tribunal que conozca del juicio está facultado para analizar los actos de notificación realizados por el Centro de Conciliación y en caso de deficiencias, que realice nuevamente la notificación. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028142" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028142</a>

Blog 150: IVA para donatarias y bloqueo de cuentas bancarias

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.06 de febrero de 2024.Con voto de calidad del ministro presidente, la Segunda Sala de la SCJN declaró que la ley no puede modificar el funcionamiento de la red nacional de energía eléctrica, favoreciendo a la CFE y limitando las energías renovables. En el Semanario Judicial se publicó jurisprudencia sobre devoluciones de impuestos, escuelas privadas y peticiones a autoridades por X (twitter).FiscalRechazo a la solicitud de devolución de contribucionesSi el SAT niega la devolución de contribuciones ¿el contribuyente puede presentar una nueva solicitud? Depende de la razón por la que se negó:Cuando el SAT se pronuncie sobre los hechos o pruebas y concluya que no procede la devolución, entonces el contribuyente deberá impugnar la respuesta. No podrá presentar una nueva solicitud aportando nuevos elementos.Si la resolución fue desfavorable porque no se cumplió con requisitos de forma, no se aportaron pruebas o no se dio respuesta a un requerimiento de la autoridad, entonces sí podrá presentar una nueva solicitud, mientras no transcurra el plazo de cinco años de prescripción. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028093" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028093</a>Civil¿Intereses? en un pagaréDebe entenderse que un pagaré no genera intereses moratorios, si las partes llenaron el apartado relativo a los intereses moratorios con el símbolo “#”. En jurisprudencia se aclaró que en este caso no procede aplicar de manera supletoria la tasa de interés que prevé la ley. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028078</a>AmparoAumento de la garantía en la suspensiónLa garantía otorgada inicialmente en el incidente de suspensión podrá aumentarse si se advierte que el trámite del juicio de amparo tomará más tiempo del que fue considerado en un inicio. Se trata de un hecho superveniente. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028072" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028072</a>Embargo de cuentas bancarias y amparoCuando se promueva amparo en contra del embargo de cuentas bancarias, el afectado debe probar que es el titular de las cuentas bancarias congeladas para que proceda la suspensión provisional. No es suficiente con su declaración “bajo protesta de decir verdad”. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028077">202</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028077" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028077">077</a>Concursos mercantilesJueces en materia concursal señalados como autoridad responsable&nbsp;En el supuesto de que los dos jueces de Distrito especializados en la materia concursal sean señalados como autoridades responsables en un juicio de amparo, estarán impedidos para conocer del asunto y la competencia corresponderá a un juez de Distrito en materia civil, conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028052" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028052</a>LaboralNuevo demandado y constancia de no conciliaciónSi ya iniciado el juicio laboral se advierte que la empresa propietaria de la fuente de trabajo es distinta a la inicialmente demandada, no será necesario que el trabajador siga la etapa de conciliación con el nuevo demandado, ni que se suspenda el juicio. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028059" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028059</a>. La Segunda Sala ya definió cómo proceder en el juicio laboral cuando se promueve demanda contra varios patrones, pero sólo se exhibe la constancia de no conciliación respecto de algunos. Si te interesa conocer más consulta el<a href="https://pdea.mx/derecho-al-olvido-y-demandas-contra-escuelas/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Blog 107</a>.ConstitucionalSCJN declara inconstitucional reforma eléctrica&nbsp;La Segunda Sala de la SCJN resolvió que la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.&nbsp;La Sala sostuvo que la reforma prioriza los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como generador de energía del Estado en perjuicio del resto de los competidores. Se determinó que el fortalecimiento de las empresas del Estado no permite desconocer la libre concurrencia y competencia establecida en la Constitución Federal para esta materia. El amparo se concedió a un grupo de seis empresas pero tendrá efectos generales para todo el sector. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7699" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 028/2024</a>¿Las escuelas pueden negar la reinscripción a un alumno?La Primera Sala resolvió que es ilegal que una escuela privada niegue la reinscripción a un alumno impidiéndole permanecer el siguiente ciclo escolar, señalando solamente que se reserva el derecho de admisión, sin contar con una razón justificada. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028082" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028082</a> y  <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028082" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028082</a>Las escuelas violan el derecho a la educación si al negar la reinscripción lo hacen actuando con discriminación o sin respetar la igualdad de oportunidades. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028067" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028067</a>Por tanto, los padres pueden ir al amparo a reclamarlo y deberá continuarse con el trámite del juicio a pesar de que haya concluido el ciclo escolar. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028083" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028083</a>Respecto de los servicios educativos, no todos los actos que realiza una escuela pueden considerarse como servicios públicos, solo los vinculados con la validez oficial de los estudios. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028079" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028079</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028084" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028084</a> [Jurisprudencia]¿La autoridad debe atender peticiones por X (twitter)?Se publicó la jurisprudencia del asunto resuelto por la Primera Sala en febrero de 2023, en el que analizó el derecho de petición en redes sociales. Las autoridades deben atender peticiones realizadas por X (twitter) cuando tengan habilitado ese canal para su actuar oficial.&nbsp;Para conocer más sobre este asunto consulta el <a href="https://pdea.mx/autoridades-deben-responder-por-twitter/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 105</a>.

Blog 149: SCJN declara inconstitucional la reforma eléctrica

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.26 de enero de 2024.La Primera Sala publicó jurisprudencia sobre la constitucionalidad de los recargos por la falta de pago de contribuciones, el recurso de revisión en amparo directo y la participación ciudadana cuando se afecta al medio ambiente. Por su parte, la Segunda Sala se pronunció sobre el juicio en línea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.FiscalRecargos por pago extemporáneo de contribucionesLos recargos por la falta de pago de contribuciones se causan por cada mes que transcurre a partir del día en que debió hacerse el pago. La Suprema Corte validó dicha disposición a pesar de que el cálculo se establece por mes completo, sin considerar una reducción cuando el pago se realice antes de concluido el mes. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028032" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028032</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028033" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028033</a>Cobro de créditos fiscales por el SATSi el contribuyente presenta juicio contencioso administrativo en contra de un crédito fiscal y no otorga garantía, no se suspende el plazo de prescripción de las facultades de cobro del SAT, ya que puede ejercer su cobro. Por tanto, la sola presentación de la demanda de nulidad no suspende la prescripción. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028031" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028031</a>Juicio en líneaNotificaciones en juicio en línea&nbsp;Se publicó jurisprudencia en la que la Segunda Sala confirma que en la tramitación en línea del juicio contencioso administrativo la notificación de la sentencia surte efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practicó. Lo cual no está previsto expresamente en la legislación.Con este criterio se declaró como inaplicable la jurisprudencia de 2017 que sostenía que cuando la legislación no establezca el momento en el que surte efectos la notificación, debe entenderse que ello ocurre al momento de la realización. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028030" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028030</a>. Este criterio también lo sostuvo un Pleno Regional y lo comentamos en nuestro <a href="https://pdea.mx/subcontratacion-especializada-y-compensacion-de-contribuciones/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 147</a>.AmparoRecurso de revisión en amparo directo&nbsp;La procedencia del recurso de revisión ante la Suprema Corte está limitado a que sea un asunto de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Los asuntos resueltos con base en precedentes de la Suprema Corte en los que no se efectúe una interpretación nueva no cumplen con el requisito de procedencia. [Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028040" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2028040</a>.Participación ciudadana y medio ambienteSe reconoció el interés legítimo de los pobladores de un municipio de Quintana Roo para impugnar el programa de desarrollo municipal, al no haberse respetado sus derechos a la participación ciudadana y al acceso a la información en materia medioambiental.Además, la Primera Sala sostuvo que las autoridades deben garantizar la participación de los ciudadanos durante la elaboración de los programas de desarrollo municipal, sobre todo cuando se pueda afectar el medio ambiente. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028014" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028014</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028013" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028013</a>.Conceptos de violación inoperantesUn Pleno Regional resolvió que si con motivo de un mismo asunto se presenta un segundo amparo directo, no se podrán hacer valer conceptos de violación sobre temas procesales, si estos no fueron impugnados desde el primer amparo. No obstante de que el quejoso sea un trabajador y el asunto se trate de un tema laboral. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028007" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028007</a>.PenalComunicaciones privadas y su entrega al ministerio públicoUn Pleno Regional resolvió que son los jueces federales quienes pueden atender las peticiones del ministerio público para obtener datos en poder de las empresas de telecomunicaciones, para ser utilizadas en investigaciones penales. Dicha autorización no puede ser otorgada por los jueces locales. Se trata de una actuación que afecta el núcleo del derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028011" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028011</a>Medidas provisionales para la víctima del delitoLa Primera Sala validó la constitucionalidad del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales que le permite a la víctima solicitar al juez que se restituyan sus bienes o cosas al estado que tenían antes del delito, como medida provisional. a pesar de que el Código no prevé la intervención del imputado, el juez debe resolver si procede o no la solicitud en audiencia en la que se encuentren las partes. [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028015" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028015</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028016" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2028016</a>

Blog 148: Cobro de créditos fiscales y participación ciudadana

<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="973" height="528" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_3.png" alt="" class="wp-image-40093" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_3.png 973w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_3-300x163.png 300w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_3-768x417.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_3-624x339.png 624w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_3-600x326.png 600w" sizes="auto, (max-width: 973px) 100vw, 973px" /></figure>Artículo publicado en El Universal, el día 23 de enero de 2024.Por error o mala estrategia, a las operaciones iniciadas por las fuerzas armadas mexicanas en contra de la delincuencia organizada en el sexenio de Felipe Calderón se les dio el nombre de “guerra”. Con el tiempo, tal expresión comenzó a ajustarse o a sustituirse. Comenzamos a hablar de combate o lucha. Nunca, sin embargo, se abandonó la idea de la confrontación entre las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y las de los distintos grupos delincuenciales que actúan en el territorio nacional.En los sexenios de los presidentes Peña Nieto y López Obrador se han mantenido muchas de las condiciones iniciadas por Calderón, y otras se han modificado en un plano incremental. Actualmente es mayor el número de efectivos militares desplegados y la cantidad de equipo con que cuenta el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En el tiempo, se han transformado los compromisos y estrategias asumidos en los distintos sexenios. Del lenguaje y la acción confrontativa pasamos a un discurso en el que, simultáneamente, se pretenden hacer convivir las acciones de fuerza con los abrazos.En el ocaso del sexenio obradorista, tenemos que preguntarnos por la eficacia y por los resultados de su estrategia, tal como en su momento se hizo con las de sus antecesores. Cuestionarse por lo que han producido sus celebradas reuniones matutinas, su militarización, los presupuestos asignados, y las implicaciones de su estrategia de “abrazos y no balazos”. Creo que la manera en que debemos analizar los efectos de su mandato no debe ser mediante el mero recuento de errores y omisiones, sino por la posibilidad de que se dé un escenario alternativo que, si bien es cierto que no ha sido generado en su totalidad por López Obrador, sí se ha visto afectado y modificado en su gobierno. Me refiero a la posibilidad de que, en el lenguaje calderoniano, los delincuentes ganen la guerra al Estado mexicano o, en el lenguaje peñista u obradorista, que los grupos delictivos triunfen en sus combates contra el mismo enemigo institucional.Cuando aludo a un posible triunfo de la delincuencia sobre el Estado no me refiero a una situación caracterizada por marchas, armisticios u otras representaciones semejantes. Tampoco a la ocupación directa de la titularidad de los cargos públicos. Me refiero a algo más ordinario, pero no por ello menos grave. Estoy considerando la ocupación por los grupos ilícitos armados de amplias y distintas zonas del país, así como el ejercicio de una parte de las tareas que solemos considerar propias del Estado. Así, por ejemplo, el cobro de derecho de piso como equivalente a los impuestos, el pago de protección asemejado a los derechos, la realización directa de la justicia sobre las personas conforme a las reglas impuestas por los delincuentes, o el ejercicio monopólico de ciertas actividades y del suministro de bienes.Ante los avances de la delincuencia frente a las fuerzas estatales, es urgente preguntarnos por sus posibilidades de triunfo y por las probables condiciones que llegarían a darse en tal escenario. Es respecto a esta perspectiva como debemos valorar, por una parte, lo que ha hecho y dejado de hacer López Obrador en materia de seguridad y, por la otra, cómo deberíamos estar discutiendo la estrategia de seguridad para el período de gobierno que iniciará en pocos meses. Sobre un modo de hacer las cosas que tendrá que ir más allá de meros abrazos o meros balazos.

¿Y si ganan la guerra?

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.18 de enero de 2024.¡Retomamos nuestro blog en 2024! Te presentamos varios criterios en materia fiscal y en subcontratación laboral resueltos por la Suprema Corte de Justicia. Además criterios sobre el juicio en línea en materia administrativa y el emplazamiento por edictos en juicios civiles.FiscalCompensación de contribuciones ante visita domiciliariaLa Segunda Sala de la Suprema Corte validó el procedimiento de compensación de contribuciones adeudadas previsto desde 2022 en el Código Fiscal de la Federación, para los contribuyentes sujetos a una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Este procedimiento permite a los contribuyentes corregir su situación fiscal mediante la aplicación de saldos a favor, sin que pueda entenderse como una compensación universal. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 014/2024</a>Documentos emitidos por el SAT y su valor probatorio&nbsp;En el juicio contencioso administrativo tiene eficacia probatoria el aviso de cambio de domicilio fiscal que se obtiene de la página del SAT, a pesar de que se presente en copia simple. Esto es así, porque el documento cuenta con la cadena original y sello o firma digital que genera el propio sistema del SAT. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027979</a>SAT no puede reducir plazos a través de reglas generalesEl SAT no puede reducir el plazo que se estableció en la Resolución Miscelánea para hacer pública una declaración informativa, a través de la publicación de una modificación a dicha regla, ya que viola el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes.&nbsp;En este caso, la Resolución Miscelánea para 2021 señalaba que las donatarias autorizadas tenían hasta el 30 de julio para presentar una declaración informativa. Sin embargo, al publicar la Primera Resolución de Modificaciones el 3 de mayo, se estableció que la declaración debía presentarse “en el mes de mayo” de ese mismo año. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027996" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027996</a>  Si te interesa este tema, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un asunto similar en marzo de 2023. Aquí la <a href="https://docs.google.com/document/d/1f1bRkz70sw4duxKA1CPFmUJAwqND_Gc0/edit?usp=sharing&amp;ouid=104194634343632876525&amp;rtpof=true&amp;sd=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ejecutoria</a>.LaboralSCJN declara inconstitucionalidad en subcontratación especializadaLa Segunda Sala declaró que es inconstitucional el requisito impuesto a las empresas que buscan el registro en el REPSE, que las obligaba a acreditar el carácter especializado de los servicios que prestan. Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027939" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027939</a>Este requisito fue establecido por la Secretaría del Trabajo a través de reglas. La Segunda Sala resolvió que solo está facultada para regular el procedimiento para el registro en el REPSE, pero no para establecer requisitos adicionales a los previstos en ley para obtener el registro de empresa de subcontratación. Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027938" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027938</a>Las empresas que prestan los servicios especializados no están obligadas a acreditar tales aspectos. Es la empresa que recibe los servicios de subcontratación quien debe acreditar que los servicios son especializados en tanto que no forman parte de su objeto social ni de su actividad económica preponderante. Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027939" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027939</a>Por tanto, son inconstitucionales los requisitos previstos en las reglas de la Secretaría del Trabajo que obligan a la empresa de subcontratación a: i. acreditar el carácter especializado de sus servicios, ii. aportar pruebas de las certificaciones y permisos que regulan su actividad, y iii. contemplar en su objeto social los servicios u obras especializadas que desean registrarse. La Secretaría del Trabajo no podrá negar el registro bajo estos supuestos. Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027938" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027938</a>REPSE = Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras EspecializadasSecretaría del Trabajo = Secretaría del Trabajo y Previsión SocialPensiones de PEMEX cuando dos mujeres la reclamanSi dos mujeres logran acreditar la calidad de cónyuge, ambas tienen derecho a recibir la pensión por muerte del trabajador, a pesar de que solo una de ellas había sido designada como beneficiaria ante la empresa. Esto no implica un doble pago, ya que tendrá que hacerse una división proporcional de las prestaciones. [Segunda Sala] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027961">202</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027961" target="_blank" rel="noreferrer noopener">7</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027961">961</a>CivilDesconocimiento de domicilio del demandadoLa Suprema Corte sostuvo que el emplazamiento constituye la principal de las formalidades esenciales del procedimiento, por tanto, el juez debe analizar si existen otros domicilios además del convencional para realizar la notificación, por ejemplo, el lugar de trabajo. Este análisis debe efectuarse antes de resolver que el emplazamiento se llevará a cabo a través de edictos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027971" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027971</a>Emplazamiento por edictosQueda al arbitrio del juez evaluar cuántos oficios deben girarse y a qué autoridades de acuerdo con el caso particular, para investigar el domicilio del demandado. El juez cuenta con libertad para evaluar si se acreditó o no el desconocimiento del domicilio y por tanto, ordenar el emplazamiento por edictos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027970" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027970</a>AmparoAmparo por falta de cumplimiento en juicio contencioso administrativoEl particular que promovió recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrá promover juicio de amparo indirecto en contra de lo resuelto en dicho recurso, sin necesidad de agotar otros medios de defensa. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027981" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027981</a>AdministrativoNotificaciones en juicio en líneaPara la tramitación en línea del juicio contencioso administrativo, no se estableció en el Capítulo de Juicio en Línea cuándo surte efectos la notificación de la sentencia. El Pleno Regional resolvió que debe aplicarse la regla general que señala que surte efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practicó la notificación. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027987" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027987</a>

Blog 147: Subcontratación especializada y compensación de contribuciones

El <a href=\"https://inteli-iuris.com/producto/abc-del-amparo-fiscal/\">amparo fiscal</a> es la vía procesal de defensa y protección de los derechos humanos de los contribuyentes, cuando las leyes tributarias y las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria son inconstitucionales.
En la situación actual, los contribuyentes y, en particular, los empresarios deben conocer las obligaciones fiscales y las responsabilidades legales a su cargo, incluyendo penales. El juicio de amparo es el medio idóneo para defender sus derechos.
Consulta y descarga aquí la infografía que contiene aspectos básicos del <a href=\"https://inteli-iuris.com/producto/abc-del-amparo-fiscal/\">Amparo Fiscal</a>.
<a href=\"https://inteli-iuris.com/wp-content/uploads/2020/07/amparo-fiscal.png\"><img class=\"aligncenter wp-image-10660 size-medium\" src=\"https://inteli-iuris.com/wp-content/uploads/2020/07/amparo-fiscal-120x300.png\" alt=\"Aspectos básicos del Amparo Fiscal\" width=\"120\" height=\"300\" /></a>
También te puede interesar el curso \&#8221;<a href=\"https://inteli-iuris.com/producto/abc-del-amparo-fiscal/\">ABC del Amparo Fiscal</a>\&#8221;

Infografía: aspectos básicos del Amparo Fiscal

<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="659" height="441" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/La-ultima-trinchera.jpg" alt="" class="wp-image-40068" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/La-ultima-trinchera.jpg 659w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/La-ultima-trinchera-300x201.jpg 300w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/La-ultima-trinchera-624x418.jpg 624w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/La-ultima-trinchera-600x402.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 659px) 100vw, 659px" /><figcaption class="wp-element-caption">Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2021.GALO CAÑAS RODRÍGUEZ (CUARTOSCURO)</figcaption></figure>Artículo publicado en El País, el día 15 de enero de 2024.El sexenio languidece y los fracasos se acumulan. Salvo contadísimas excepciones, no hay rubro en el que los datos, que no sus propias declaraciones, nos muestren errores, ausencias o traslapes por parte del presidente López Obrador y de sus equipos de trabajo. Lo que en un momento fue una poderosa y esperanzadora narrativa, es hoy un triste remedo para desviar la atención y tratar de llegar y vencer en las elecciones de junio de este año. López Obrador se dio el lujo de considerar que el gobierno, y con él la realidad misma, podían ser tratados de manera performativa. Que bastaba con enunciar el siguiente paso, la próxima etapa, la acción concreta o general a realizar para que ésta, la realidad, se transformara con la enunciación por él emitida.El fracaso sexenal se está aparejando con la nueva etapa de su gobierno y de su biografía. Todavía no es capaz él de contarse, mucho menos de enfrentar, lo que empieza a asomarse en el horizonte. Sus seguidores y, sobre todo, sus coros, no quieren hacer un corte de caja. Pretenden ocultar con discursos, caricaturas e insultos lo que muchos dan por descontado. La ilusión se mantiene en parte por el individuo que la sostiene, aun cuando en realidad se espera que la sucesora enderece los entuertos. Que con ella y finalmente los logros se alcancen. La huida del presente comenzó hace tiempo. Se argumenta que la brevedad del lapso encomendado fue insuficiente, que la profundidad de los problemas es mayor a la esperada, que la saña de los adversarios es prácticamente ilimitada. Lo único que ya parece importar es el relanzamiento del proyecto para que, ahora sí, en el nuevo sexenio se catalicen los esfuerzos y las aspiraciones desvanecidas en el presente.Al igual que sucede con los fracasos –o tal vez como mera expresión de ellos—, en los años por venir se harán visibles sus tristes efectos. Una cosa es acusar a los enemigos y otra muy distinta proporcionarle servicios de salud a la población. No es lo mismo hablar de los pecados neoliberales a generar una recaudación suficiente como para cubrir el gasto y los servicios de la deuda pública. Con el transcurrir de los días, los errores y las omisiones se manifestarán como causas generadoras de los problemas que seguirán presentes. Será entonces cuando aparezca la interesante y muy humana pregunta sobre las responsabilidades y los responsables. Sobre a quién hay que atribuirle el mal estado de los diversos campos sociales, económicos o jurídicos, por ejemplo. Concomitantemente, surgirán las preguntas acerca de los orígenes o causas de tales errores y omisiones. Finalmente, sobre las posibilidades y modos de determinarlos y sancionarlos.Las respuestas que surgirán pueden adelantarse desde ahora. Más allá de las consabidas justificaciones —que también las habrá—, una parte importante de los fracasos sexenales serán imputables en exclusiva a López Obrador y a su personal estilo de gobernar. A la manera en la que ha tomado decisiones, ha desplazado a colaboradores y a su necesidad de rodearse de aduladores. Así como a la suposición de que es mucho lo que sabe y mucho, también, lo que con su voluntarismo puede lograr. Otra parte de las responsabilidades se hará recaer en algunos de los funcionarios que han querido acompañarlo en su aventura. Aquellos que, a sabiendas de su incapacidad, aceptaron un cargo. Los que, por seguidismo, decidieron participar en absurdos, con independencia de la justificación sobre la naturaleza social o progresista de un proyecto que nunca tuvo tal dimensión. En la lista de responsables quedarán también aquellos que, desde fuera del gobierno, pudieron beneficiarse de él para proteger sus legítimos bienes, sus viejas prebendas o medrar abiertamente de la confusión o de la ambición del grupo en el poder.Cualquiera que vaya a ser la construcción de las responsabilidades, lo cierto es que la corrupción con y desde el gobierno será un elemento común y constante. Lo que ha ido apareciendo sobre la manera en la que propios y extraños se han servido del patrimonio público, tiene ya un nivel tan grande y escandaloso que difícilmente podrá ser desdeñado por quienes nos gobernarán.En el ir y venir de los próximos meses habrá un elemento de particular importancia que, también desde ahora, es previsible. En sus afanes por serlo todo de cara a una historia con la que supone dialogar y en la que imagina estará, López Obrador ha querido concentrar la mayor cantidad de poder para tomar la mayor cantidad de decisiones. Todos lo hemos escuchado decir que él, y solo él, es responsable de tal o cual determinación en una variedad muy amplia de asuntos. Este modo de satisfacer una necesidad psicológica —que no necesariamente corresponde a las facultades presidenciales— hará necesario dilucidar, con detalle y técnica, su participación en los distintos campos en los que vaya haciéndose necesario definir al responsable y a sus responsabilidades. Tal como él lo ha querido, sus pretensiones participativas son correlativas a su obligación. Supongo, desde luego, que López Obrador no aceptará, porque nunca lo ha hecho, ser el causante de ninguno de los males que en su periodo se han producido. No lo veo admitiendo el agravamiento de la violencia, la inseguridad o las desapariciones forzadas, por citar tres ejemplos. Más bien lo veo, porque siempre lo ha hecho, atribuyéndole a otros lo que en sana lógica es de su incumbencia. Lo que haya de acontecer en caso de que las responsabilidades se exijan, habrá de tener un desarrollo particularmente dramático.Como en todo proceso de cambio político, es previsible que en el próximo sexenio se ordene enjuiciar a uno que otro servidor público del actual, comenzando desde luego con las que se consideren piezas inferiores o de plano visibles y comprometidas. En caso de que las cosas no vayan bien, es probable también que los niveles de persecución se eleven para comprometer a más personas de mayores jerarquías. Pienso que el hilo conductor —si no de todo, sí de una parte importante de los procesos— será la corrupción. Es ésta tan grande y generalizada que, salvo que se quiera formar parte de ella, habrá que denunciarla y enfrentarla. La pregunta que surgirá tiene que ver con la posición que, repito, López Obrador ha querido darse. Si él lo decidió todo y en todo estuvo, ¿cuál es su nivel de participación en los actos de corrupción llevados a cabo en su gobierno?, ¿en efecto supo y mandó, o no supo y no mandó? Lo primero lo haría corrupto; lo segundo, irrelevante.Las líneas de defensa de López Obrador serán varias. Desde luego, y en primerísimo lugar, la culpabilización a quienes, no estando en su gobierno, hicieron todo lo posible para destruirlo. Después, aludirá a las manzanas podridas que hubo en el canasto de su administración o de su movimiento. De seguir avanzando las cosas, apuntará a la dificultad, entonces sí reconocida, de saberlo todo y de estar en todo lo relativo al gobierno de un país como México. Si todo lo anterior llegara a fallarle y a López Obrador se le reclamaran de un modo u otro sus responsabilidades, apelará a una y final defensa. A una línea que no sé qué tanto previó pero que, seguramente ahora, ya tiene identificada. El involucramiento de las fuerzas armadas en una amplísima cantidad de tareas no relacionadas con la disciplina militar. Cuando a López Obrador se le reclame el mal funcionamiento o la corrupción en las obras, servicios o tareas, sea por su mala ejecución, su asignación o sus desvíos, podrá colocarse detrás de las fuerzas armadas. Si no en todos los casos, seguramente sí en una parte importante de ellos, él y todos quienes con él quisieron participar estarán colocados detrás de las líneas militares; prácticamente a modo de trincheras. Para poder llegar a los verdaderos responsables habrá que pasar por encima de quiénes decidieron o se vieron forzados a sumarse a un movimiento y a una persona que supuso que alcanzaría muchos y variados logros por naturaleza o por su destino.

La última trinchera de López Obrador

<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="764" height="430" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_5.jpg" alt="" class="wp-image-39892" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_5.jpg 764w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_5-300x169.jpg 300w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_5-18x10.jpg 18w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_5-624x351.jpg 624w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_5-600x338.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 764px) 100vw, 764px" /><figcaption class="wp-element-caption">(Fotoarte: Steve Allen)</figcaption></figure>Artículo publicado en El Universal, el día 9 de enero de 2024.A menos de diez meses de que termine el sexenio, son evidentes los problemas y los fracasos del periodo presidencial de López Obrador. Los datos chocan con la narrativa triunfalista que el presidente de la República y sus seguidores tratan de imponernos cotidianamente. Que la seguridad es mejor que en otros momentos de la vida nacional; que con una farmaciotota se resolverán los problemas del sector salud; que las desapariciones eran en realidad un problema de cifras. Si no en todos, en muchos y variados aspectos las cosas no marcharon bien para un presidente que soñó con estar a la altura de los próceres de la patria.Agotado el tiempo de las promesas, hemos entrado en el de las negaciones. Se acumulan los discursos para rechazar la realidad de lo que acontece en el país y continuar culpando al pasado y a sus imaginarios procuradores. Para sostener que todo va bien o, al menos, mejor que antes. El episodio negacionista encierra un aspecto paradójico. En su necesidad de ser todo, López Obrador se mira y se nos muestra como el hacedor de nuestra brillante realidad presente. Como su único constructor. Sus colaboradores, descentralizados y difuminados, no aparecen ni aparecerán. “La gloria en la que todavía se piensa que estamos y lo que más adelante lograremos”, sólo puede pertenecer a un hombre. ¿Qué sucederá cuando la palabra no alcance más para cubrir la realidad, cuando los huecos y las torpezas se palpen generalizadamente, cuando la rampante corrupción finalmente se muestre? En ese no tan lejano momento veremos cómo se ajusta el discurso de la presencia omnímoda e infalible. ¿López Obrador jugará la carta de la víctima para mantener su omnipresente imagen o, por el contrario, comenzará a atribuir responsabilidades y errores a sus seguidores aun a costa de perder su centralidad?Al analizar el Macbeth de Shakespeare, Chesterton consideraba que la tragedia de las personas se producía cuando piensan que sus conductas no tendrán consecuencias o efectos en su vida. Al suponer que, por alguna razón, ciertos comportamientos conservarán una condición particular con respecto a su propia y general biografía. Es bajo esta perspectiva como, me parece, López Obrador ya construyó su propia tragedia.Él cree, todavía bajo los influjos de su autoglorificación, que lo mucho que se ha logrado se debe a lo mucho que él es y ha hecho. Que quienes han tenido la fortuna de acompañarlo en su viaje adquirirán importancia histórica refleja. Sin embargo, y pronto, la acumulación de desaciertos patentes, confusiones operativas o tolerancias inaceptables, terminarán por significar al periodo que languidece. Entonces será difícil construir un discurso a beneficio de inventario, en donde lo que de bueno haya, será por la labor de un hombre que no ha permitido acompañamientos ni delegaciones, mientras que lo negativo será sólo el producto de colaboradores venales, incapaces o no comprometidos.La tragedia de López Obrador ya está escrita. En su afán de serlo todo, no ha dejado espacio para nadie. Cuando las culpas y las responsabilidades se asignen como resultado de las necesidades políticas o de ciertas naturalezas humanas, la centralización permitirá la individualización. Como tantos otros personajes históricos, el aludido buscará justificar su proceder apelando al consabido juicio de la historia. Quienes lo acompañaron en el viaje y de él se beneficiaron, tomarán el conocido camino de la imputación centralizada frente a quienes en su momento no quisieron o no pudieron asistir, lo que para efectos de su negación es igualmente irrelevante.

El origen de su tragedia

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.18 de diciembre de 2023.El Pleno de la Suprema Corte analizó la valoración de la prueba testimonial rendida por la víctima en materia penal. Por su parte en materia fiscal, la Primera Sala validó la disposición en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que limita la deducción de créditos incobrables; en otro asunto la Primera Sala se manifestó respecto de la suspensión en amparo en materia medioambiental.FiscalDeducción de créditos imposibles de cobrarLa Primera Sala de la Suprema Corte validó en jurisprudencia los requisitos contenidos en la la Ley del Impuesto Sobre la Renta que deben cumplirse para que empresas puedan deducir los créditos incobrables mayores a 30 mil UDIS ($239 mil pesos), vigentes desde enero de 2022.Obtención de resolución definitiva.Este concepto está vinculado con el principio de veracidad y demostrabilidad razonable. Refiere a agotar prácticamente todos los medios ordinarios y legales para el cobro del crédito sin lograrlo. Este requisito no transgrede los principios tributarios de proporcionalidad tributaria, progresividad e irretroactividad de la ley. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027791" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027791</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027792" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027792</a>Examen de razonabilidad. La limitación a la deducción de créditos supera el examen de razonabilidad en tanto tiene como fin i) que existan elementos objetivos sobre la incobrabilidad del crédito ii) busca que el impuesto pagado atienda a la capacidad contributiva y iii) no es absoluta. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027793" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027793</a>Estudio de las normas fiscales. Deben revisarse con una intensidad “flexible” cuando se trate de deducciones fiscales. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027795" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027795</a>Delito de defraudación fiscalLa Primera Sala interpretó el Código Fiscal de la Federación y sostuvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con un plazo de cinco años desde que se comete el delito de defraudación fiscal, y no tiempo indefinido, para emitir el dictamen técnico contable base para promover una querella en contra del delito de defraudación fiscal. Si la autoridad fiscal conoce del delito después del plazo de cinco años habrá prescrito el delito. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027797" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027797</a>AmparoSuspensión del acto reclamado en materia ambientalUn grupo de vecinos en la ciudad de Durango solicitaron en amparo la suspensión de la construcción de un puente elevado por el que se estaban talando árboles. La Primera Sala resolvió lo siguiente en jurisprudencia:Suspensión en materia ambiental. El juicio de amparo debe reinterpretarse para ajustarse a los estándares internacionales de justicia medioambiental. El juzgador debe considerar lo dispuesto por la Constitución Federal, la Ley de Amparo y los principios in dubio pro natura, de precaución y de acceso a la justicia ambiental contenidos en el Convenio de Escazú. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027846" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027846</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027841" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027841</a>.Daño inminente o irreparable. Este requisito debe interpretarse de acuerdo con los principios de la Convención de Escazú por lo que el daño solo deberá acreditarse de forma indiciaria. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027842" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027842</a>Autoridad no señalada como responsable en amparo y recurso de quejaA una autoridad no señalada como responsable se le requirió que rindiera determinadas constancias en juicio bajo apercibimiento de multa ante incumplimiento. De acuerdo con la Primera Sala la autoridad no tiene legitimación para interponer recurso de queja en contra del acuerdo que le requiere la documentación. [Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027827"> </a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027827" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027827</a>Penal“Duda razonable: historia de dos secuestros”Tres personas fueron condenadas por el delito de secuestro por un tribunal de enjuiciamiento que dio mayor peso a las pruebas y argumentos de la fiscalía aún cuando había pruebas de la inocencia de los sentenciados. La Primera Sala resolvió lo siguiente en jurisprudencia:Presunción de inocencia.De acuerdo con este principio, ante la duda debe absolverse al imputado. En el caso se partió de una presunción de culpabilidad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027822" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027822</a>Prueba testimonial. Los testimonios deben valorarse de acuerdo a su veracidad y conforme a un criterio de objetividad. Cuando el testimonio sea de la víctima no debe presumirse que es verdadero, y cuando el contexto del delito lo permita, debe corroborarse el dicho. Registros:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027825" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027825</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027849" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027849</a>Omisión de realizar una investigación diligente. Si el Ministerio Público y la policía de investigación son omisos en buscar la verdad y recuperar indicios, se debilita la teoría del caso de la fiscalía. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027848" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027848</a>Este caso fue resuelto en diciembre de 2022 por el Pleno de la Suprema Corte y al respecto se emitió el <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7175" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 450/2022</a>Delito sexual cometido por adolescente contra una menorUna menor de edad fue víctima de un delito sexual cometido por un adolescente en su contra. La Primera Sala interpretó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y resolvió lo siguiente en jurisprudencia:Personas trans e identidad de género. Cuando en el juicio sean parte personas trans las autoridades deben referirse a ellos con el pronombre y nombre que elijan, de acuerdo con la perspectiva de género y de interseccionalidad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027802" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027802</a>Prescripción de delitos cometidos contra menores. Es constitucional que el plazo de prescripción de delitos sexuales cometidos por adolescentes en contra de menores comience a correr a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad. Con ello se cumple el principio de interés superior de la infancia y se garantiza el acceso a la justicia de los menores. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027835" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027835</a>Delitos sexuales. Son aquellos que afecten la libertad y la autonomía de los menores de edad y deben interpretarse en sentido amplio conforme a su naturaleza y contexto. Dentro de esta categoría se encuentra el delito de corrupción de menores para la realización de una conducta sexual. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027850" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027850</a>ConstitucionalDesaparición del fideicomiso del cine viola reserva de leyEn 2020 se publicó un Decreto que desapareció el Fideicomiso denominado “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine” (FIDECINE) que conformaba el único mecanismo de fomento permanente a la industria cinematográfica. La Segunda Sala resolvió que el Decreto viola el principio de reserva de ley en tanto incumple el mandato constitucional que obliga a establecer en ley los mecanismos de participación en manifestaciones culturales y elimina el único mecanismo de fomento permanente a la industria. [Segunda Sala] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027801" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027801</a>

Blog 146: Deducciones de créditos incobrables y duda razonable en juicio penal

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.7 de diciembre de 2023.La aseguradora está obligada a notificarle al asegurado que existe una causa para rescindir el contrato, si no cumple con esto, tendrá que cubrir la suma asegurada, así lo confirmó un tribunal. En materia fiscal, en un criterio se analiza los casos en que procede el recurso de revocación en contra de una resolución del SAT.FiscalRecurso contra resoluciones del SAT en cumplimiento de sentenciaPor regla general, cuando el SAT emita una resolución en cumplimiento de una sentencia del juicio de nulidad no podrá impugnarse a través del recurso de revocación. Los casos de excepción son: i) la resolución del SAT introduce temas novedosos o, ii) la resolución tiene un vicio formal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027772" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027772</a>AdministrativoEmbargo de cuentas bancarias por ayuntamiento de JaliscoSi un ayuntamiento inicia el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de un crédito fiscal a un particular y ordena el embargo de sus cuentas bancarias, procede juicio de nulidad porque se trata de un acto de imposible reparación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027730" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027730</a>ConstitucionalContradicción de criterios que conoce la SCJNLa Suprema Corte no puede resolver contradicción de criterios que surjan entre tribunales de una misma región, ya que a partir de la reforma constitucional de 2021 es competencia de los Plenos Regionales. Por tanto, si se presenta una contradicción de criterios entre diversos tribunales, algunos de los cuales pertenecen a la misma región y otros a una región distinta, la Suprema Corte solo podrá resolver la contradicción que exista entre los tribunales de distintas regiones. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027720" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027720</a>AmparoInterés legítimo contra leyes que criminalizan el abortoPara acreditar el interés legítimo para impugnar la legislación de Puebla que criminaliza el aborto, es suficiente con que las mujeres que acuden al amparo señalen bajo protesta de decir verdad que se encuentran en edad reproductiva, sin que pueda exigirse que estén embarazadas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027735" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027735</a>CivilEnfermedad preexistente no declarada en seguro de vidaCuando una aseguradora tenga conocimiento de que el asegurado padece una enfermedad que no declaró al momento de contratar el seguro, es necesario que le informe al asegurado de manera expresa que va a rescindir el contrato. De lo contrario, tendrá que cumplir con los términos del seguro. En este caso, la aseguradora tuvo conocimiento que la persona asegurada padecía diabetes, sin haberlo declarado al contratar el seguro de vida. Un tribunal la obligó a pagar la suma asegurada porque no notificó la rescisión del contrato en los términos que exige la ley. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027721" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027721</a>Pérdida de custodia de hija por consumo de marihuanaAnte indicios de que una niña ha estado expuesta a la marihuana porque la madre consume esa sustancia, el juez debe ordenar de oficio una prueba toxicológica para valorar si el consumo es eventual o no. El juez deberá determinar si se afecta la crianza de la niña y si la madre puede mantener la guarda y custodia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027769" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027769</a>Derecho de réplica sobre información publicada en medios de comunicaciónUn político solicitó a un medio de comunicación que publicara información sobre el desarrollo que tuvo un procedimiento penal en el que se había visto involucrado años atrás, esto en ejercicio de su derecho de réplica.&nbsp;Atención de una solicitud de réplica. El medio de comunicación puede optar por: i) negar la publicación de la réplica debido a que falta un requisito formal, ii) negar la publicación por una causa legal o, iii) publicar la información. <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027726" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027726</a>&nbsp;Etapa extrajudicial. Es necesario que la persona que quiere ejercer su derecho de réplica acuda primero al medio de comunicación, para poder iniciar el procedimiento judicial.&nbsp; <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027727" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027727</a>Litis cerrada. El procedimiento judicial es de litis cerrada por lo que el juez no puede modificar la solicitud de réplica presentada ante el medio de comunicación, ni las razones por las que el medio de comunicación decidió no publicar la réplica. De lo contrario se dejaría en indefensión al medio de comunicación y al solicitante. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027749" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027749</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027750" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027750</a>PenalCumplimiento de sentencia protectora contra prisión preventiva oficiosaCuando se dicte sentencia de amparo confirmando que no procede la medida de prisión preventiva oficiosa dictada en un proceso penal, el juez de control no tiene que convocar a una audiencia para señalar una nueva medida cautelar, si en el juicio de amparo ya se había concedido la suspensión definitiva. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027757" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027757</a>Prisión preventiva en debate entre las partes&nbsp;El juez de control debe someter a debate del ministerio público y del acusado cuál es la medida cautelar que debe ordenarse, esto es, la prisión preventiva u otra medida menos gravosa. Lo anterior de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro vs. México y, Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027758" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027758</a>

Blog 145: Seguros de vida y recursos contra el SAT

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.30 de noviembre de 2023.Si se niega la expedición de un pasaporte, el amparo es el medio para defenderse frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así lo resolvió un tribunal. Además, en materia civil un tribunal resolvió que la parte que pierde un juicio tendrá que pagar los gastos y costas en que incurrió la contraparte, incluso, si se trata de autoridades del gobierno de un estado.AmparoSRE se niega a expedir pasaporteUna persona presentó amparo ante la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de expedir su pasaporte, por una supuesta restricción emitida por un juez. Si al momento de rendir su informe justificado la SRE señala que en sus archivos no hay constancia de dicha restricción, es necesario que aporte las pruebas directas o indirectas que demuestren su dicho. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027706" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027706</a>CivilPago de facturas por prestación de servicios&nbsp;La persona que no recibió el pago por los servicios prestados a otra, sí puede demandar en juicio el pago de las facturas a pesar de que no cumplió con el procedimiento de validación de facturas que habían pactado entre ambas. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027688" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027688</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027689</a>Rendición de cuentas del albacea de una sucesiónEl albacea de una sucesión está obligado a rendir cuentas anualmente, sin que sea necesario requerimiento de juez para cumplir con esta obligación. Por tanto, en caso de incumplimiento, los herederos podrán solicitar que se remueva al albacea de su cargo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027679" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027679</a>Exesposa demanda pensión alimenticia por enfermedadLa exesposa podrá demandar a quien fue su cónyuge para que le otorgue una pensión alimenticia compensatoria si se le diagnostica con cáncer de mama y Alzheimer años después de que se divorciaron. El juez tendrá que analizar el caso concreto para que el monto de la pensión no exceda las capacidades del exesposo.Registros:  <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027700" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027700</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027701" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027701</a>Alimentos retroactivos ¿se deben probar los gastos?Se condenó al padre de una menor al pago de alimentos retroactivos. Para determinar la cantidad a pagar, el juez debe considerar la edad de la menor y si la madre erogó gastos extraordinarios, por ejemplo, por alguna enfermedad, los cuales deberán acreditarse mediante pruebas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027680" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027680</a>Pago de crédito hipotecario por persona distinta a quien lo contrató&nbsp;La persona que adquirió un inmueble hipotecado puede ir a juicio a solicitar la cancelación, si previamente pagó el crédito bancario que estaba garantizado con dicha hipoteca. Esto en el caso de que el banco se niegue a recibir el pago, argumentando que se trata de una persona distinta a aquella con quien contrató el crédito. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027694" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027694</a>Pago de costas en favor de autoridadesEs procedente la condena al pago de costas cuando la parte vencedora en el juicio civil sea una dependencia pública, aun cuando quienes hayan llevado la defensa de la dependencia sean servidores públicos, en este caso, del gobierno del estado de San Luis Potosí. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027685</a>AdministrativoDeclaración patrimonial presentada de forma extemporáneaNo podrá sancionarse a un servidor público si presenta su declaración patrimonial y de intereses de forma extemporánea, pero previamente a ser requerida, esto es, de manera espontánea.  La falta de presentación de la declaración constituye una falta no grave que se subsana con la presentación espontánea. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027704" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027704</a>LaboralCopia de cédula de notificación debe agregarse al expedienteUn Pleno Regional interpretó la Ley  Federal del Trabajo y resolvió que para que el emplazamiento a juicio sea válido, es necesario que obre en el expediente una copia de la cédula de notificación que el actuario entregó a la persona emplazada. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027686" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027686</a>

Blog 144: SRE niega pasaporte y pago de costas a favor de autoridades

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.16 de noviembre de 2023.La Suprema Corte validó los límites que establece la ley para celebrar acuerdos conclusivos con el SAT, además de pronunciarse sobre las solicitudes de devolución de IVA. Un tribunal rechazó la posibilidad de realizar notificaciones por WhatsApp. FiscalDevoluciones de IVA relacionados con CFDI en inglésLos documentos que integran la contabilidad pueden estar en idioma distinto al español y en moneda extranjera, pero al solicitar una devolución de IVA el contribuyente debe presentar traducción de los CFDI y el tipo de cambio que fue utilizado en cada operación. [Segunda Sala, Jurisprudencia]. Registro:  <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027558" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027558</a>Límite a acuerdo conclusivo es validado por la Suprema CorteLa Segunda Sala avaló la prohibición para solicitar un acuerdo conclusivo con el SAT cuando ya exista una resolución judicial, salvo que en la resolución se ordene reponer el procedimiento de fiscalización. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7593" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No 403/2023</a>Visitadores del SAT y créditos fiscalesNo podrá declararse la nulidad de un crédito fiscal porque los visitadores realizaron una valoración de los documentos aportados por el contribuyente en la visita domiciliaria. En todo caso, tendrá que analizarse si la autoridad liquidadora consideró tales valoraciones al determinar el crédito fiscal. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027599" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027599</a>ConstitucionalOmisión legislativa en desapariciones cometidas por particulares&nbsp;Si el Congreso de Michoacán omitió armonizar la legislación local con la regulación internacional sobre desapariciones cometidas por particulares, incurre en una violación de derechos humanos.Mandato constitucional indirecto. El mandato puede derivar de compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, lo cual sucede en materia de desapariciones. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027549" target="_blank" rel="noreferrer noopener">202754</a><a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027549">9</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027582" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027582</a> Omisión legislativa. Se verifica cuando el congreso incumple una obligación contenida a nivel convencional o internacional y puede reclamarse en juicio de amparo indirecto. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027550" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027550</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027547" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027547</a> ¿Quién puede reclamarlo? Los familiares de la persona desaparecida, como víctimas indirectas del delito de desaparición. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027547" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027547</a>¿Cómo remediar la omisión? Si el congreso local omitió regular el trámite para la Declaración Especial de Ausencia, deberá aplicarse la ley general en la materia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027546" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027546</a> Parámetro de validez de las normas. Está integrado por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, y constituye el estándar de validez del resto de las normas jurídicas del país. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027548" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027548</a>  [Jurisprudencia]Implante auditivo para menor de edad en el IMSS&nbsp;El IMSS se negó a colocarle un implante auditivo a un menor de edad derechohabiente por no estar previsto en el Reglamento de Prestaciones Médicas. La Segunda Sala resolvió que la exclusión que hace el Reglamento transgrede los derechos a la salud y a la seguridad social. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027571" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027571</a>AmparoNotificación por videollamada de WhatsApp&nbsp;No es posible realizar notificaciones por videollamada de WhatsApp, incluso en el supuesto de que se esté notificando a una persona privada de su libertad, la concesión de la suspensión provisional. Este tipo de actuaciones no están previstas en la Ley de Amparo ni en los acuerdos del Pleno del CJF sobre uso de medios electrónicos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027580</a>Ampliación de la demanda y ofrecimiento de pruebasSi al ampliar la demanda se ofrece la prueba de inspección judicial, ésta deberá admitirse a pesar de que no se cumpla con el plazo de cinco días que debe mediar antes de la celebración de la audiencia constitucional. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027586" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027586</a>PenalMúltiples notificaciones de sentencia y plazo para promover amparoLa sentencia dictada en la audiencia de apelación fue notificada a la víctima del delito de violación en tres momentos: verbalmente, por correo electrónico y en su domicilio. La Primera Sala resolvió que al haberse realizado distintas notificaciones, debe considerarse aquella que más le beneficie al contabilizar el plazo para presentar amparo. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 405/2023</a>Sentencia de la Corte Interamericana y prisión preventiva oficiosaLos jueces no podrán inaplicar las disposiciones que regulan la prisión preventiva oficiosa atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. Lo anterior porque dicha medida está prevista en la Constitución Federal la cual debe prevalecer sobre los tratados internacionales. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027585</a>Los tribunales han sostenido criterios distintos e incluso contradictorios sobre este tema, por lo que será la Suprema Corte quien lo resuelva en definitiva. Consulta nuestros blogs anteriores en los que hemos comentado los criterios publicados hasta ahora.

Blog 142: Acuerdos conclusivos con el SAT y ¿notificaciones por WhatsApp?

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.23 de noviembre de 2023.La constitucionalidad del trabajo obligatorio que realizan los reclusos en las cárceles de distintos países del mundo ha sido objeto de debate y ahora es analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.FiscalNegativa del SAT de deducciones de ISR&nbsp;Los requisitos que establece la Ley del ISR para que procedan las deducciones de dicho impuesto no constituyen sanciones administrativas, por lo tanto, si el SAT niega una deducción por el incumplimiento de un requisito, esto no podrá considerarse como una pena desproporcionada. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027670" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027670</a>Provisiones por aguinaldo no generan impuesto sobre nóminasNo podrá fincarse un crédito fiscal cuando el contribuyente lleve registros contables por concepto de provisiones de aguinaldo durante los meses de enero a noviembre, ya que el impuesto sobre nóminas se genera hasta el momento en que se realizan los pagos a los trabajadores, lo cual ocurre en diciembre. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027641" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027641</a>PenalTrabajos obligatorios para reclusos en prisiones y derechos humanosLa Primera Sala resolvió que los reclusos no pueden exigir que se les pague por los trabajos que realizan dentro de prisión, por ejemplo, trabajos de mantenimiento o remodelación. Estas actividades no pueden ser consideradas como penas y tampoco constituyen un trabajo forzoso o un tipo de esclavitud moderna, sino que están vinculadas a los programas de reinserción social. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7616" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 426/2023</a> Con motivo de este asunto, la SCJN entró al debate que se ha presentado en países como <a href="https://news.uchicago.edu/story/us-prison-labor-programs-violate-fundamental-human-rights-new-report-finds" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Estados Unidos</a> y <a href="https://www.ft.com/content/1416a056-833b-11e7-94e2-c5b903247afd" target="_blank" rel="noreferrer noopener">China</a>, en los que se ha cuestionado el trabajo obligatorio de las personas privadas de la libertadAmparoJueza incorpora a una autoridad responsable sin dar vista al quejoso&nbsp;La jueza que conoció de un amparo por la falta de pago de pensión por parte del ISSEMYM, puede incorporar como responsable a una autoridad que no fue señalada por el quejoso, cuando advierta que es la encargada de calcular el monto de las pensiones. Lo anterior es válido a pesar de que la jueza no le haya dado vista al quejoso para ampliar la demanda. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027613" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027613</a>Suspensión contra corte de suministro de aguaCuando se reclame en amparo el corte de suministro de agua y el recibo de dicho servicio no esté a nombre del quejoso, el juez debe valorar de forma conjunta las pruebas exhibidas y darle valor a la manifestación bajo protesta de decir verdad de que habitaba en ese domicilio, para determinar si procede o no la suspensión. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027646" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027646</a>Medio ambiente y suspensión contra construcción de un condominio&nbsp;En un amparo por interés legítimo se solicitó la suspensión provisional para detener la construcción de un condominio que no contaba con permisos y que contaminaba el medio ambiente. En este supuesto, el juez debe analizar si el domicilio del quejoso se encuentra en el entorno adyacente y si se beneficia de los servicios ambientales que presta el ecosistema afectado. En caso de conceder la suspensión, no puede solicitarse al quejoso que otorgue garantía. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027672" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027672</a>ConstitucionalDerecho a la movilidad para personas con discapacidad visualUn grupo de personas con discapacidad visual reclamaron en juicio de amparo la omisión de las autoridades de la CDMX de garantizar sus derechos a la accesibilidad y movilidad en el metro. Al respecto la Segunda Sala de la SCJN resolvió en jurisprudencia:Derecho a la movilidad. Refiere a la posibilidad de las personas de desplazarse libremente (dimensión individual) y a la existencia de diversos medios que permitan la movilidad (dimensión colectiva). Las autoridades deben garantizar este derecho cumpliendo con estas condiciones: seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027626" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027626</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027627" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027627</a>Accesibilidad. Es la obligación de las autoridades de eliminar barreras que obstaculicen a las personas con discapacidad el acceso al entorno, al transporte y a los servicios en igualdad de condiciones.  Las autoridades deben cumplir con cinco elementos de accesibilidad. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027601" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027601</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027602" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027602</a>Discriminación. La falta de accesibilidad en los sistemas de movilidad configura una discriminación ya que tiene el efecto de excluir a las personas con discapacidad del uso de dichos sistemas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027600" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027600</a>Medidas de accesibilidad. Son progresivas y deben implementarse por la autoridad como parte de sus políticas públicas, sin que sea necesario que exista solicitud expresa por parte de la ciudadanía.Ajustes razonables. Son las modificaciones o adaptaciones al entorno que deben realizar las autoridades cuando las personas lo soliciten y que atienden a la necesidad especial de quien lo solicita. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027609" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027609</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027655" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027655</a>LaboralHuelga y aportaciones al IMSSEn caso de huelga, el patrón no está obligado a pagar las cuotas obrero patronales al IMSS sino hasta que se resuelva el conflicto o se llegue a un convenio al respecto. Mientras tanto, será el IMSS quien asuma la carga de prestar los servicios médicos a los trabajadores. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027611" target="_blank" rel="noreferrer noopener">20276111</a>CivilVendedor oculta hipoteca de inmueble Si al momento de celebrar un contrato privado de compraventa el vendedor le oculta al comprador que el inmueble se encuentra hipotecado, éste podrá reclamar la nulidad del contrato sin que prescriba la acción. Un tribunal interpretó la legislación de Aguascalientes en este sentido, y sostuvo que se trata de un vicio en el consentimiento que provoca la nulidad absoluta del contrato. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027620" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027620</a>

Blog 143: Trabajo obligatorio de reclusos ¿es esclavitud moderna?

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.9 de noviembre de 2023.Con motivo de un amparo sobre la despenalización del aborto se publicó nueva jurisprudencia de la Primera Sala sobre el interés legítimo de asociaciones en relación con derechos difusos. Además, se reconoció que existe un derecho humano al cuidado y se analizó el alcance del derecho a la propia imagen.FiscalBeneficios fiscales en Guerrero para afectados por huracánEl pasado 30 de octubre se publicó un decreto por el que se otorgan beneficios fiscales para contribuyentes afectados por el huracán Otis que tengan su domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento en las zonas afectadas. Entre los beneficios otorgados se estableció que durante los meses de octubre a diciembre de 2023 podrán:Deducir de forma inmediata y al 100% las inversiones en bienes nuevos y usados de activo fijo.Realizar pagos en parcialidades para:<ul class="wp-block-list"><li>IVA y IEPS a cargo</li>

<li>ISR retenido por salarios</li>

<li>Contribuciones omitidas que no estén garantizadas</li></ul>Además se estableció que las solicitudes de devolución de IVA presentadas hasta diciembre de 2023 se tramitarán en la mitad del plazo previsto en ley.Consulta el <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5707227&amp;fecha=30/10/2023#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto publicado el 30 de octubre de 2023</a>PenalMedida cautelar de prisión preventiva oficiosa es inconvencional&nbsp;Un tribunal dejó insubsistente la prisión preventiva oficiosa dictada en un procedimiento penal, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declaró que dicha medida es violatoria de derechos humanos. En jurisprudencia por reiteración, el tribunal resolvió que es inconvencional el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que contempla el catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva de manera oficiosa. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027539" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027539</a>Sobre este tema. En el Blog 136 comentamos los efectos de la suspensión en amparo cuando se reclama la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.En trámite. Está pendiente de resolverse el Expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definirá los alcances de la sentencia dictada por la CIDH en el caso García Rodríguez y otro vs. México en enero de 2023.ConstitucionalDerecho humano al cuidadoLa Primera Sala resolvió que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado. Este derecho implica que las personas que requieren de cuidados intensos o especializados, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, tienen derecho a acceder a ellos. El derecho al cuidado también implica que las mujeres no pueden ser forzadas a realizar labores de cuidado ni a permanecer casadas porque su pareja requiera de cuidados. El Estado debe adoptar medidas para que los cuidados no recaigan de forma desproporcionada en las familias, particularmente en mujeres y niñas. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7568" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 378/2023</a>AmparoInterés legítimo para asociaciones civiles en defensa de un derecho difusoCon motivo de un amparo promovido en contra del Código Penal de Aguascalientes que sanciona el aborto como delito, la Primera Sala se pronunció sobre los requisitos que deben cumplir las asociaciones civiles para reclamar la inconstitucionalidad de normas generales, y emitió los siguientes criterios:Acreditar interés legítimo de personas morales. Deben probar que: 1) existe una norma constitucional que protege un interés difuso en beneficio de la colectividad; 2) que el acto reclamado transgrede ese derecho; 3) que la asociación pertenece a esa colectividad; 4) que en su objeto se encuentra la defensa del derecho colectivo, y; 5) que la afectación le impide el ejercicio de su objeto social. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027535" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027535</a>Tipo de pruebas. La asociación debe probar que tiene un vínculo especial con los derechos vulnerados, no solo con base en su objeto social sino también a partir de hechos notorios como su página web u otros litigios en los que haya participado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027534" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027534</a>Daño. La asociación no está obligada a probar un daño individualizado, basta con que resienta un daño en sentido amplio. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027536" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027536</a>Principio de relatividad de las sentencias. La Primera Sala interpretó el principio de relatividad conforme al principio pro persona y sostuvo que en los juicios de amparo promovidos por interés legítimo en defensa de derechos colectivos, no debe aplicarse de forma tajante el principio de relatividad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027538" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027538</a>Propiedad intelectualDerecho a la propia imagen: caso de un imitador y canción para spot publicitarioLa letra de una canción de Ricardo Arjona fue modificada y utilizada sin su autorización por la empresa automotriz Toyota en una campaña de publicidad, en la que incluso apareció una persona parecida al cantante. La Primera Sala resolvió en jurisprudencia:Derecho a la propia imagen. No se limita al retrato de las personas, abarca toda representación gráfica incluyendo su voz, rostro, cuerpo y nombre. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027523" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027523</a>Concepto de “obra”. Consiste en un objeto inmaterial o intangible susceptible de ser fijado en un soporte material que permita ser reproducida, sin que pueda limitarse a los medios tradicionales como libros, discos o fotografías. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027524" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027524</a>Protección de los derechos de autor. La protección surge en el momento en que la obra se fija en un soporte material. No está condicionada a que se inscriba en el Registro Público del Derecho de Autor. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027528" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027528</a>Indemnización por daño. No se puede condenar en un mismo caso a la reparación del daño material o moral, y a una indemnización por daños y perjuicios. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027527" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027527</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027526" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027526</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027525" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027525</a>Daño moral. Para que proceda la indemnización por daño moral, el autor debe acreditar la existencia de una obra de su autoría y alguno de los siguientes supuestos: que su obra fue modificada sin su consentimiento o bien, que su obra fue demeritada en perjuicio de la reputación del autor. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027529" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027529</a>Laboral¿El salario de los trabajadores del Estado es inembargable?La Primera Sala resolvió que el salario de los trabajadores del Estado solo podrá embargarse en los casos previstos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y hasta determinados montos. Por ejemplo, tratándose del pago de alimentos por orden judicial, del pago de abonos al fondo de vivienda o por deudas causadas por anticipos del salario. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7578" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado 388/ 2023</a>MercantilConcursos mercantiles: plazo máximo para convenio de conciliaciónUna empresa en concurso mercantil argumentó en amparo la inconstitucionalidad del plazo de 365 días previsto en la ley, como plazo máximo para que se llegue a un convenio en la etapa de conciliación. La Primera Sala resolvió que se trata de un plazo razonable que es acorde con el derecho de acceso a la justicia y los derechos de las partes. [Jurisprudencia] Registro digital: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027519" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027519</a>

Blog 141: Interés legítimo de asociaciones y derecho humano al cuidado

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.27 de octubre de 2023.El Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre las vías para impugnar una norma declarada inconstitucional con efectos generales, cuando es aplicada por una autoridad. En materia fiscal, un tribunal analizó el estándar de prueba que debe seguir el SAT cuando analice las operaciones respaldadas en CFDI.FiscalEstándar de prueba en CFDI -materialidad de operaciones-Cuando el SAT le solicita al contribuyente que acredite la realización de las operaciones respaldadas por CFDI, esto es, que pruebe la materialidad de las operaciones, no puede exigirle que aporte documentos que no guardan relación con las operaciones realizadas.&nbsp;La legislación fiscal no establece un estándar de prueba, por lo que el SAT tendrá que aceptar documentos privados y pruebas indirectas, y analizarlos de manera correlacionada para concluir si se acredita o no la materialidad de las operaciones. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027497" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027497</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027498" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027498</a>AdministrativoDemanda de nulidad en contra de lista de personas bloqueadasSi una persona es incluida en la lista de personas bloqueadas de la UIF, como medida de prevención por lavado de dinero y por tanto, se bloquean sus cuentas bancarias, podrá acudir al juicio contencioso administrativo en cualquier momento, sin que aplique el plazo de 30 días, porque se trata de actos de tracto sucesivo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027490" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027490</a>PenalAlcance de la suspensión contra orden de aprehensiónUn Pleno Regional resolvió que cuando en juicio de amparo se otorga suspensión provisional en contra de una orden de aprehensión, posteriormente no podrá dictarse prisión preventiva justificada, porque el imputado se encuentra a disposición del juez de amparo. [Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027515" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027515</a>AmparoVías para impugnar la aplicación de una norma declarada inconstitucionalCuando una norma haya sido declarada inconstitucional con efectos generales por el Pleno de la Suprema Corte, el particular que busca impugnar un acto fundado en dicha norma podrá optar por el juicio de amparo o por el procedimiento de denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027481" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027481</a>Suspensión con efectos restitutorios y faltas administrativasUna persona denunció la comisión de faltas administrativas por un servidor público y posteriormente presentó amparo por la omisión de la dependencia de investigar. Un Pleno Regional resolvió que en este caso sí procede la suspensión para ordenar que la dependencia emita el auto de radicación de la investigación, sin que pueda negarse la medida por considerar que tiene efectos restitutorios. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027514" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027514</a>Amparo en revisión y causales de improcedenciaSi en segunda instancia el tribunal advierte de oficio una causal de improcedencia que no fue analizada previamente, cuando el quejoso dé respuesta a la vista, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, podrá plantear la inconstitucionalidad del artículo que prevé la causal de improcedencia. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027518" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027518</a>Desahogo de requerimiento de copias de traslado en líneaSi el juzgado requiere al quejoso para que exhiba copias de traslado, el quejoso podrá desahogar el requerimiento en línea, a pesar de que la demanda de amparo fue presentada físicamente. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027489" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027489</a>¿Qué recurso procede contra la revocación de la suspensión de oficio?El Pleno de la Suprema Corte resolvió que en contra de la resolución incidental que revoca la suspensión de oficio y de plano procede el recurso de queja, el cual debe plantearse con fundamento en el inciso b), de la fracción primera del artículo 97 de la Ley de Amparo, y no con fundamento el inciso e) de dicho precepto. Tampoco procede el recurso de revisión. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027502" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027502</a>Constitucional¿Se puede desconocer la jurisprudencia de la SCJN?La jurisprudencia emitida por la SCJN no puede ser desatendida por el resto de los órganos jurisdiccionales bajo la consideración de que se integró indebidamente. Los tribunales solo podrán dejar de aplicar la jurisprudencia cuando estimen que el caso analizado refiere a un supuesto distinto. [Pleno, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027495" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027495</a>CivilPrescripción de la reparación del daño por afectaciones a la saludPara reclamar la reparación del daño en casos de responsabilidad civil extracontractual en los que se haya afectado la salud o integridad personal, deberá aplicarse el plazo genérico de diez años para la prescripción de la acción y no el de dos años previsto en el Código Civil para el Distrito Federal. Lo anterior con base en la tesis aislada de la Primera Sala de la SCJN <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1a. CXCVII/2018</a> [Plenos Regionales, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027501" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027501</a>

Blog 140: Materialidad de las operaciones y normas inconstitucionales

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="204" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.19 de octubre de 2023.La Primera Sala resolvió que se requiere orden judicial para que la Fiscalía General de la República pueda obtener información bancaria de una persona. Además, se pronunció sobre la obligación del IMSS de reembolsar a un paciente los gastos por  comprar medicamentos fuera del sistema de salud, causados por el desabasto.FiscalFacturas falsas y certificado de sello digitalUn tribunal resolvió que la reforma de 2019 que modificó la regulación de la cancelación del certificado de sello digital por el uso de facturas falsas debe ser considerado como un sistema normativo que podía impugnarse por la sola entrada en vigor. Como requisito para acreditar el interés jurídico, el contribuyente debía demostrar que había recibido CFDI de contribuyentes incluídos en el listado del 69-B (facturas falsas).  Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027428" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027428</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027452" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027452</a>Procedimiento para determinar empresas fantasmaAl procedimiento del artículo 69-B del CFF, para verificar la expedición o uso de facturas falsas, no le son aplicables los principios de justicia tributaria del artículo 31, fracción IV constitucional. Por otra parte, no viola el principio de seguridad jurídica ya que permite que los contribuyentes acrediten la legalidad de los CFDI. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027463" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027463</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027462" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027462</a>ConstitucionalDesabasto de medicamentos y obligación de suministrarlos en tiempo&nbsp;Si un paciente del IMSS no recibe su tratamiento por parte del hospital y se ve en la necesidad de comprar el medicamento, entonces el IMSS deberá reembolsar el gasto en el que incurrió. En enfermedades que requieren del suministro constante de medicamentos, el derecho a la salud se viola por la falta de entrega y también por la entrega tardía de las medicinas. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027440" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027440</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027439" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027439</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027441" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027441</a>En nuestro Blog 14 comentamos otro asunto en el que se ordenó al IMSS reembolsar a un derechohabiente los gastos en que incurrió al acudir a un hospital privado ante la negativa de recibir atención médica en el hospital del IMSS.&nbsp;Obligación de dar atención médica por el IMSSEl IMSS está obligado a brindar atención médica a un niño, a pesar de que estando en tratamiento pierda la condición de derechohabiente. Deberá atenderlo directamente, transferirlo a otra institución o incluirlo en el programa IMSS-BIENESTAR para personas sin seguridad social. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027438" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027438</a>PenalSecreto bancario: inconstitucional solicitar información sin control judicialLa Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Fiscalía General de la República a solicitar información a los bancos para fines penales, sin autorización judicial previa. La Primera Sala determinó que esa facultad es inconstitucional porque transgrede el derecho a la privacidad. En materia penal es obligatorio el control judicial previo cuando se puedan afectar derechos humanos. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027468" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027468</a> Este asunto fue resuelto en enero de este año y en el Blog 103 comentamos el <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7207" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de Prensa</a> de la SCJN. Te recomendamos el artículo en el Blog de Nexos sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia respecto del secreto bancario: “<a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-suprema-corte-el-secreto-bancario-y-el-sat/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Suprema Corte, el secreto bancario y el SAT</a>”Solicitud de orden de aprehensión&nbsp;Cuando el juez de control resuelve sobre la solicitud de orden de aprehensión, debe hacerlo en audiencia con la presencia del ministerio público, para asegurar que haya una comunicación entre ambos. El Código Nacional de Procedimientos Penales no permite que el juez emita la orden de aprehensión por escrito. [TCC, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027420" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027420</a>Acceso a carpeta de investigación aun cuando no haya imputaciónLa Primera Sala analizó los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y resolvió que las personas que estén siendo investigadas por el ministerio público tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación cuando se encuentren detenidas, sean citadas como imputadas o bien, cuando la autoridad realice actos de molestia en su contra. Por ello, la persona podrá tener acceso a la carpeta de investigación si el ministerio público acude a buscarla a su domicilio o a su trabajo. Con ello se garantiza el derecho a una defensa adecuada de la persona investigada. [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027417" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027417</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027416" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027416</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027418</a>AmparoCopias de expedientes judiciales certificadas digitalmenteLos juzgados y tribunales pueden expedir copias certificadas digitales del expediente, utilizando su firma electrónica para certificarlas. La entrega de las copias puede hacerse por correo, utilizando la cuenta de correo electrónico institucional. En un segundo criterio se estableció el procedimiento para este trámite, en tanto no está previsto en la Ley de Amparo. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027433" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027433</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027432" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027432</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027431" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027431</a> Derecho ambiental y emplazamiento por edictosCuando se promueva amparo en defensa de derechos difusos o colectivos en materia ambiental, el quejoso queda eximido del pago de la publicación de edictos para emplazar al tercero interesado. El juez deberá gestionar que el Consejo de la Judicatura Federal cubra ese costo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027443" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027443</a>

Blog 139: Secreto bancario y desabasto de medicamentos

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.12 de octubre de 2023.La Primera Sala de la SCJN se pronunció sobre la constitucionalidad de la defraudación fiscal equiparada, sobre el derecho a recibir alimentos de forma retroactiva y la procedencia de recursos en juicio de amparo. Por su parte, la Segunda Sala avaló el RESICO, analizó la protección al ahorro bancario y resolvió sobre los requisitos para obtener la pensión de viudez por parte del IMSS.FiscalDefraudación fiscal equiparada por no pago de impuestosEl representante legal de una empresa argumentó que la falta de entero de contribuciones retenidas o recaudadas no debía ser sancionada como delito. La Primera Sala de la SCJN reconoció que dicha omisión puede ser considerada como defraudación fiscal equiparada, sin que se considere como una medida desproporcionada. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027367" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027367</a>Este asunto también lo comentamos en el <a href="https://pdea.mx/bloqueo-de-cuentas-y-defraudacion-fiscal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 125</a>, cuando se publicó el Comunicado de Prensa de la SCJN.Limitantes a sociedades civiles en RESICO&nbsp;La Segunda Sala de la SCJN avaló que las sociedades civiles que tributan el ISR en el régimen simplificado de confianza -RESICO-, no puedan deducir los anticipos a remanente que le otorgan a sus socios. Esto no contraviene el principio de equidad tributaria, a pesar de que en el régimen general para personas morales sí se permiten tales deducciones. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7538" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 348/2023</a>En el <a href="https://pdea.mx/beneficiario-controlador-y-la-nueva-prision-preventiva/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 136</a> comentamos una jurisprudencia de la Segunda Sala sobre RESICO y sus diferencias con otros regímenes.AmparoRecurso de reclamación contra admisión de demandaLa admisión de una demanda de amparo directo constituye un acuerdo de trámite que afecta a la contraparte en tanto retrasa la ejecución de la sentencia combatida, por lo que en su contra sí procede el recurso de reclamación. [Primera Sala, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027405" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027405</a>No procede la suspensión definitiva en violencia de géneroUn alumno cometió violencia de género y sexual contra compañeras de la misma universidad y solicitó la suspensión definitiva para no ser expulsado. Un tribunal resolvió que no se puede conceder la suspensión definitiva cuando los actos reclamados tengan origen en actos de violencia de género. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027410" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027410</a>Devolución de saldo a favor y ofrecimiento de pruebasEn el juicio contencioso administrativo, el contribuyente sí podrá ofrecer pruebas adicionales a la rendidas ante el SAT, cuando en el procedimiento de solicitud de devolución de saldo a favor de IVA, la autoridad no dio respuesta a la petición del contribuyente y se configuró la negativa ficta. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027409" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027409</a>AdministrativoSeguro para ahorradores por quiebra de bancosEs constitucional que la ley establezca un tope máximo de 400 mil UDIS (poco más de 3 millones de pesos), al monto del seguro que protege a los ahorradores a través del IPAB. Lo anterior, porque la finalidad de este seguro es minimizar la pérdida y no eliminar el riesgo total por realizar operaciones con instituciones bancarias. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027397" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027397</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027398</a>Juicio en líneaFirma electrónica en juicios locales vs. juicio de amparoSe interpuso amparo directo a través del sistema en línea del Poder Judicial de Nuevo León con la certificación de firma exigida por ese sistema. La Primera Sala resolvió que la demanda interpuesta sí cumple con el principio de parte agraviada cuando se firme con el certificado que admite el sistema electrónico del Poder Judicial local aun cuando sea distinta de las autorizadas en la Ley de Amparo -FIEL y FIREL-. Lo anterior de conformidad con el <a href="https://www.cjf.gob.mx/resources/index/inforelevante/2020/pdf/acuerdogeneral12_2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Acuerdo General 12/2020</a> del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027369" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027369</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027370" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027370</a>CivilRetroactividad del derecho a recibir alimentosEl derecho a recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible. Por tanto, a pesar de que el Código Familiar para el Estado de Morelos no lo contemple, una persona que fue reconocida por su padre siendo mayor de edad -a los 20 años-, sí podrá demandar el pago de alimentos que su padre no le proporcionó cuando era niño. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027373" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027373</a>Laboral¿Para recibir pensión de viudez se requieren seis meses de matrimonio? Los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social que condicionan la pensión de viudez del IMSS a que el fallecimiento del cónyuge haya sucedido después de cumplir seis meses de matrimonio o a que hubieran tenido hijos en común, restringen el derecho a la igualdad y son inconstitucionales. [Segunda Sala] <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7535" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado No. 345/2023</a>ConstitucionalFacultad del Congreso para legislar en hidrocarburos ¿es absoluta?El Congreso de la Unión modificó un artículo transitorio en la Ley de Hidrocarburos para eliminar facultades que le habían sido conferidas a la Comisión Reguladora de Energía -CRE- desde la Constitución Federal, respecto de la regulación asimétrica en la venta de hidrocarburos. La Segunda Sala resolvió que la atribución del Congreso de la Unión de legislar en materia de hidrocarburos no es absoluta, por lo que no puede eliminar las facultades de la CRE. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027406" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027406</a>

Blog 138: Protección al ahorro bancario y defraudación fiscal

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.5 de octubre de 2023.La política migratoria puede ser impugnada en amparo por parte de una asociación, así se resolvió en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Además, los bancos no podrán tomar fondos de pensiones para pagar deudas de sus cuentahabientes.AmparoInterés legítimo, asociaciones civiles y política migratoria&nbsp;Las asociaciones civiles tienen interés legítimo para promover amparo en contra de la ejecución de un programa de política migratoria anunciado por el gobierno federal, solo respecto de su aplicación dentro del país. La Primera Sala de la SCJN resolvió en jurisprudencia:Amparo contra “anuncios del gobierno federal”. En enero de 2019 se anunció el programa “Quédate en México”, para recibir en el país a los migrantes que eran devueltos de Estados Unidos. El amparo fue procedente por la omisión del gobierno de emitir lineamientos para el funcionamiento del programa, pero no en contra de los comunicados emitidos por el gobierno federal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027327" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027327</a>Interés legítimo. Lo tienen las asociaciones civiles cuyo objeto social sea la defensa de los derechos de los migrantes. Los derechos de los niños, niñas y mujeres migrantes no sólo tienen una dimensión individual, sino también una colectiva. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027318" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027318</a>¿Cuándo se puede impugnar la política migratoria? El amparo solo procede contra la política migratoria en su faceta interna, la que se dirige a las personas y grupos dentro del país. No procede cuando se trata de su faceta externa, esto es, respecto de las relaciones entre México y otros países. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027324" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027324</a>AdministrativoAutoridades no pueden usar redes sociales para exponer a personasSi un funcionario realiza publicaciones en redes sociales y difunde comentarios en medios de comunicación en contra de una persona, podrá promoverse juicio de amparo en su contra por afectar el derecho al honor y la presunción de inocencia.Actos de autoridad. Todas las manifestaciones hechas por un funcionario deben considerarse como un acto de autoridad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027290" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027290</a>Carga dinámica de la prueba. El funcionario queda obligado a demostrar que la información que difundió es veraz. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027301</a>Libertad de expresión vs. derecho al honor. Las autoridades solo pueden difundir información verdadera, imparcial y que sea de relevancia pública, de lo contrario se violan derechos humanos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027309" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027309</a>PenalPadres son víctimas indirectas del delito de feminicidioSe deben reconocer como víctimas indirectas a los padres de una mujer privada de la vida por un feminicidio y no limitarlos al carácter de ofendidos. Esto con fundamento en la jurisprudencia interamericana y en el criterio de la SCJN <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015766" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1a. CCXII/2017</a>. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027287" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027287</a>ConstitucionalLos bancos no pueden disponer de pensiones para el retiro&nbsp;Debe declararse nula la cláusula que le permite al banco tomar recursos de un cuentahabiente para realizar el pago de un crédito, cuando se trata de la cuenta en la que recibe su pensión del ISSSTE. La Primera Sala de la SCJN resolvió en jurisprudencia:¿Cobro de crédito con otras cuentas? Estas cláusulas son abusivas, sobre todo si le permiten al banco disponer del ahorro para el retiro de un adulto mayor. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027303" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027303</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027304" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027304</a> Pensión jubilatoria. Es una dimensión del derecho al salario, por lo que no puede ser embargado o utilizarse para compensar deudas. La pensión jubilatoria debe protegerse para procurar la subsistencia del adulto mayor. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027325" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027325</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027312" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027312</a>Sistema de ahorro para el retiro. Es un régimen de orden público e interés social que debe ser respetado por las instituciones financieras privadas, ya que prestan servicios de seguridad social y manejan fondos de previsión social.&nbsp;Obligaciones de las entidades de ahorro para el retiro. Deben procurar que los trabajadores ejerzan sus derechos, deben administrar de forma transparente los recursos y entregar lo acumulado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027291" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027291</a>Relación con otras instituciones financieras. Las entidades de ahorro deben evitar conflictos de interés y el uso indebido de información privilegiada. Tiene que operar de manera independiente, incluso dentro del mismo grupo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027334" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027334</a>Derecho a la seguridad social.  Las autoridades deben asegurarse de que las instituciones financieras privadas respeten este derecho, por lo que deben verificar que los bancos no pongan en riesgo el sistema de seguridad social. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027311" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027311</a>Mínimo vital. El ahorro para el retiro materializa el derecho al mínimo vital y a la dignidad humana porque está destinado a la supervivencia en la edad avanzada. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027307</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027308" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027308</a> Acceso a la justicia. El Estado debe asegurar que los adultos mayores y grupos potencialmente vulnerables puedan acceder a la justicia en defensa del derecho a la seguridad social. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027310" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027310</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027326" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027326</a>CivilFalta de forma en el contrato de donación ¿afecta su existencia?Debe reconocerse la existencia de un contrato de donación a pesar de que no esté formalizado en escritura pública o inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Si se trata de la donación de un bien inmueble, la falta de formalidad implica que no será oponible frente a terceros. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027306" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027306</a>Notarios públicos e informes en juicio intestamentarioLos informes que rinde el notario público en un juicio deben considerarse con valor probatorio pleno y como una certificación notarial. En este caso, el informe daba cuenta de un procedimiento testamentario que había sido seguido ante el notario público. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027321" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027321</a>

Blog 137: Interés legítimo y pensiones para el retiro

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.28 de septiembre de 2023.La SCJN resolvió en materia fiscal que las obligaciones sobre beneficiario controlador atienden a un fin constitucional, por tanto, empresas y fideicomisos deben cumplir con ellas. Sobre la prisión preventiva oficiosa, los tribunales reinterpretaron los alcances de la suspensión en amparo, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a México.FiscalBeneficiario controladorLa Segunda Sala de la SCJN resolvió que la regulación sobre beneficiario controlador, vigente desde enero de 2022, cumple con un fin constitucional por lo que debe considerarse válida. Se trata de la obligación que tienen todas las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas de entregar al SAT información sobre las personas físicas que ejercen el control o se benefician de ellas.&nbsp;&nbsp;También se resolvió que el Código Fiscal de la Federación no vulnera el principio de seguridad jurídica al establecer que entre los obligados a identificar a su beneficiario controlador está “cualquier otra figura jurídica”. [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027228" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027228</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027229</a>Queda pendiente. Que los tribunales se pronuncien sobre la constitucionalidad de otros aspectos, por ejemplo, las multas por no contar con la información del beneficiario controlador o por no entregarla al SAT, que van de $500 mil a $2 millones de pesos.Régimen Simplificado de Confianza, ¿viola la equidad tributaria?Este régimen, previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es aplicable a los trabajadores que reciben ingresos por salarios y asimilados. La Segunda Sala sostuvo que existen diferencias objetivas entre el RESICO y el régimen de salarios y asimilados, por lo que no transgrede el principio de equidad tributaria. Además de que persigue un fin extrafiscal: impulsar a los contribuyentes con ingresos variables. [Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027247" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027247</a>Devolución de saldo a favor en declaraciones complementariasUn contribuyente podrá realizar una solicitud de devolución de saldo a favor a partir de una declaración complementaria, si la causa que genere el saldo a favor es distinta a aquella por la que se había negado una primera solicitud de devolución. [Pleno de Circuito, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027241" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027241</a>AdministrativoPensión por orfandad del ISSSTE, puede recibirla el nieto de la derechohabienteLa pensión por orfandad para los derechohabientes del ISSSTE puede ser recibida por el nieto, cuando su abuela ejercía la patria potestad por resolución judicial, ante la falta de sus padres. Así lo resolvió la Segunda Sala de la SCJN al realizar una interpretación conforme para equiparar al nieto con los derechos que tienen los hijos de los derechohabientes. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027265" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027265</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027266" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027266</a>PenalPrisión preventiva oficiosa y suspensión en amparoUn Pleno Regional interpretó los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo que establecen que la suspensión en amparo, en contra de la imposición de prisión preventiva oficiosa al imputado, tiene efectos limitados. Lo anterior, a partir de la declaración de inconvencionalidad efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro. Por tanto, el juez de amparo deberá darle efectos restitutorios a la suspensión y solicitarle al juez de la causa penal que:<ol class="wp-block-list"><li>Convoque a una audiencia dentro de un plazo de 48 horas.</li>

<li>Imponga nuevas medidas cautelares, que pueden ser distintas a la prisión preventiva.</li></ol>Esta medida debe considerarse como de tutela anticipada y no sustituye a la sentencia definitiva. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027280" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027280</a>Casos similares. En Nayarit un tribunal sostuvo que ante la inconvencionalidad del artículo 163 de la Ley de Amparo, se deben aplicar las normas generales de la suspensión en amparo, en los juicios sobre prisión preventiva justificada. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027279" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027279</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027278</a>.Contradicción de criterios. Este criterio fue sujeto de denuncia en la contradicción de criterios 212/2023 y está pendiente de ser resuelta por la Primera Sala de la SCJN, quien tendrá que definir cómo se aplicará la prisión preventiva en nuestro país.Otros criterios sobre prisión preventiva justificada. Consulta el <a href="https://pdea.mx/por-mariana-ruiz-y-denise-tron/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 133</a> publicado en la página web de PDEA Abogados.Auto de vinculación a proceso de persona moral y suplencia de la quejaUna persona moral reclamó en amparo el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de fraude, sin argumentar que el auto se había emitido con un fundamento incorrecto.&nbsp;Suplencia de la deficiencia. Procede la suplencia en los conceptos de violación o agravios en favor de las personas morales que tengan calidad de inculpados o sentenciados. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027274" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027274</a>Normas aplicables. Será ilegal el auto de vinculación si se dictó con base en los artículos que regulan esta materia para las personas físicas, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene disposiciones específicas para las personas morales. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027227" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027227</a>CivilPago de intereses por rescisión de contratoAl rescindir un contrato de compraventa, el vendedor tendrá que pagar intereses sobre el anticipo que recibió, solo en el caso de que el comprador lo haya solicitado al presentar la demanda. El juez no podrá establecerlo de oficio. [Primera Sala, Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027257" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027257</a>MercantilLímites a la voluntad de las partes en contratos mercantilesLos contratos mercantiles pueden violar derechos humanos si existe una ventaja injustificada para una de las partes. En este caso, en el contrato de fideicomiso en garantía entre un particular y una institución de crédito, el inmueble dado en garantía excedía el monto de la deuda.Pacta sunt servanda. El artículo del Código de Comercio que permite que las partes se obliguen conforme a su voluntad es constitucional, pero la contratación entre las partes debe respetar la dignidad humana. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027232" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027232</a>Violación de derechos humanos. En el juicio de amparo se puede revisar si los contratos mercantiles violan derechos humanos y si los convenios de mediación respetan sus principios rectores. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027233" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027233</a>Validez del convenio de mediación. Su eficacia y validez dependen de que el convenio respete derechos humanos y los principios rectores del procedimiento. De lo contrario podrá ser invalidado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027234" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027234</a>Fideicomiso en garantía. Para su ejecución judicial debe exhibirse el avalúo del inmueble dado en garantía, si las partes no designaron al perito valuador, la ejecución del fideicomiso en garantía será improcedente. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027244" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027244</a>

Blog 136: Beneficiario controlador y la nueva prisión preventiva

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.21 de septiembre de 2023.La Primera Sala analiza el alcance de la representación especial de un defensor penal en el juicio de amparo. La Segunda Sala se pronuncia sobre si debe cesar la pensión de viudez cuando se contrae un nuevo matrimonio. Un tribunal analiza el seguro de auto cuando excluye de su protección actos de vandalismo.Penal¿El defensor del imputado puede autorizar abogados en términos amplios? El defensor que promueve juicio de amparo en nombre del imputado tiene una representación especial reconocida por ley que lo faculta a solicitar la suspensión de los actos reclamados y a autorizar en términos amplios a otras personas en el juicio. Las personas autorizadas en términos amplios por el defensor están legitimados para interponer recursos en el juicio. Este criterio se limita a la materia penal. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027192" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027192</a>AmparoAmpliación de la demanda: contra su negativa no procede recurso de quejaEl quejoso solicitó la ampliación de la demanda y el juez de distrito ordenó que se tramitara la ampliación como un nuevo asunto. El acuerdo del juez no causa perjuicio al quejoso en tanto que no se pronuncia sobre su procedencia y se limita a canalizar la ampliación como una nueva demanda. El quejoso no puede interponer recurso de queja contra el acuerdo emitido por el juez. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027209" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027209</a>CivilReconocimiento de paternidad y pago de alimentos adeudados&nbsp;El Código Familiar para el Estado de Michoacán no establece a partir de qué momento deben pagarse los alimentos por parte del deudor alimentario cuya paternidad fue recién reconocida en juicio. De acuerdo con el interés superior del menor el pago de alimentos debe retrotraerse al nacimiento de la menor de edad y no a partir de cuando se condena al pago de alimentos en sentencia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027154" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027154</a>Seguro de auto: protección contra actos de vandalismoEn un contrato de seguro de auto se estableció una cláusula que libera a la aseguradora de la obligación de pago cuando el auto asegurado sufra un daño por actos de vandalismo intencionales. Debe entenderse que la cláusula solo opera cuando el dueño del auto sea quien cometa los actos de vandalismo y no cuando un tercero sea quien dañe el auto asegurado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027165" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027165</a>AdministrativoSistema de Agua Potable de Yucatán puede acudir al amparo como quejosoEl organismo descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid, Yucatán, puede promover amparo directo contra la sentencia dictada en juicio contencioso administrativo que convalida la determinación del SAT de negar parcialmente la devolución de saldo a favor de IVA. En este caso el organismo está en un plano de igualdad con los particulares y se afectan sus intereses patrimoniales. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027191" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027191</a>Pensión de viudez, ¿cesa si se contrae nuevo matrimonio?La Segunda Sala de la SCJN resolvió que el artículo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que contempla la pérdida del derecho a recibir una pensión de viudez cuando el pensionado contrae matrimonio o inicia una relación de concubinato con posterioridad a que fallezca su pareja es contrario a los principios de igualdad y seguridad social.[Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027196" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027196</a>Amparo contra leyes y autoridad responsable que autoliquida un impuestoEl juicio de amparo en el que se reclame a la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX la aplicación, ejecución y cobro de un impuesto a través de la autoliquidación no es un motivo indudable y manifiesto de improcedencia que permita desechar parcialmente la demanda respecto de esa autoridad. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027155" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027155</a>Acceso a la información¿Qué pasa si quieres ejercer tus derechos ARCO y no atienden tu solicitud?En caso de que una persona solicite ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (ARCO) ante un particular que tenga su información y el particular no atienda su solicitud en el plazo otorgado por la Ley el titular puede promover en cualquier momento el procedimiento de protección de derechos y no limitarse al plazo de 15 días. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027199" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027199</a>ConstitucionalPrimera Sala convalida Ley General de Bibliotecas&nbsp;La Primera Sala conoció de un recurso de revisión que cuestionaba la constitucionalidad y convencionalidad de la figura de depósito de obras en la Ley General de Bibliotecas y resolvió lo siguiente:Derecho a la cultura. La obligación de productores y editores de entregar seis ejemplares de cada edición de sus obras a tres bibliotecas garantiza el derecho de acceso a esos bienes culturales por parte de la población. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027153" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027153</a>¿Es una contribución? El depósito legal de obras no está sujeto a los principios de justicia fiscal y, aun cuando cada obra tiene un valor económico, su aportación no constituye un ingreso fiscal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027171" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027171</a>Constitucionalidad. La Ley General de Bibliotecas es constitucional cuando se interpreta conforme a los derechos de autor. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027193" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027193</a> La constitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas fue convalidada previamente en un asunto resuelto por la Segunda Sala. Si te interesa conocer los criterios que se emitieron al respecto te recomendamos consultar el <a href="https://pdea.mx/buzon-tributario-y-cumplimiento-de-sentencias/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 90 </a>en la página web de Pdea Abogados.MigratorioDetención administrativa migratoria ¿arbitraria?Diversos migrantes fueron detenidos por más de 36 horas en una estación migratoria para averiguar si su estancia en el país era legal. En contra de la detención promovieron juicio de amparo. La Primera Sala de la SCJN resolvió lo siguiente:Inconstitucionalidad. Los plazos contenidos en la Ley de Migración que permiten una detención migratoria de 15 y hasta 60 días son inconstitucionales. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027177</a>Detención apegada a derecho. De acuerdo con la Constitución Federal una detención administrativa no puede exceder de 36 horas. La detención en estaciones migratorias solo puede realizarse en los supuestos señalados por la Primera Sala y debe ser razonable, necesaria y proporcional. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027175" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027175</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027179" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027179</a>Procedimiento administrativo migratorio. Una vez transcurridas las 36 horas el procedimiento deberá llevarse en libertad. La autoridad debe entregar al migrante un permiso de visitante que le permita recibir remuneraciones hasta que se defina su situación migratoria. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027180" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027180</a>Detención por riesgo grave. El legislador no ha definido los supuestos en que un migrante representa un riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público y derechos de terceros por lo que la autoridad migratoria está facultada para decidirlo fundado y motivando su determinación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027178" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027178</a>Defensor de oficio. Cuando el migrante no tenga defensor en el procedimiento migratorio deberá asignársele uno de oficio en garantía al derecho a un debido proceso. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027200" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027200</a>Suplencia de la queja deficiente. Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por migrantes debido a que están en desventaja social. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027214" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027214</a>

Blog 135: Seguros de auto y facultades del defensor penal en amparo

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.13 de septiembre de 2023.Te presentamos las posturas de tribunales sobre la posibilidad de tener acceso a la carpeta de investigación del Ministerio Público, por parte de la persona que está siendo investigada. En dos criterios se analizaron contribuciones de la CDMX que fueron declaradas inconstitucionales. Además, la Suprema Corte limitó las revisiones a migrantes.FiscalPago de derechos en proyectos de construcciónPara inscribir un proyecto de construcción en un polígono de actuación, deben pagarse derechos al gobierno de la CDMX, los cuales fueron declarados inconstitucionales porque su monto depende del tamaño del terreno o su valor comercial. Se trata de servicios de inscripción que son independientes de estos elementos. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027173" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027173</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027174" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027174</a>.Impuesto sobre adquisición de inmuebles en CDMXA pesar de que el impuesto sobre adquisición de inmuebles en la CDMX fue declarado inconstitucional, sí deberá pagarse. Deberá calcularse el impuesto sin considerar el elemento que generó la invalidez, esto es, la cuota fija de la tarifa. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027188" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027188</a>PenalNegativa de acceso a la carpeta de investigación: suspensión provisionalUna persona investigada por un delito promovió juicio de amparo en contra de la negativa del Ministerio Público de acceder a la carpeta de investigación. Un Pleno Regional resolvió que, por regla general, no procede la suspensión provisional para que se le entreguen las copias de la carpeta de investigación. En cada caso el juez deberá analizar si se actualiza una excepción a la regla. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027218" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027218</a>En un asunto resuelto en marzo de este año, la Suprema Corte definió los momentos en que sí debe concederse acceso a la carpeta de investigación a la persona investigada, para no afectar su derecho a una defensa adecuada.&nbsp;Si quieres conocer más al respecto consulta nuestro <a href="https://pdea.mx/restricciones-al-tabaco-e-investigaciones-penales/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 113</a> en la página web de Pdea Abogados. Declaración patrimonial de servidores públicos y enriquecimiento ilícitoDerivado de la presentación de una declaración patrimonial una dependencia pública se percató que una servidora pública había aumentado, considerablemente y sin justificación alguna, su patrimonio durante su encargo. La funcionaria fue vinculada por el delito de enriquecimiento ilícito y promovió juicio de amparo impugnando la constitucionalidad del tipo penal. Al respecto la Primera Sala sostuvo lo siguiente:Delito de enriquecimiento ilícito. Sanciona el uso indebido del servicio público para incrementar el patrimonio sin justificación. Su descripción es precisa y cumple con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027182" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027182</a>Carga de la prueba. El que la persona imputada pueda ofrecer pruebas que acrediten el orígen lícito de su patrimonio no afecta su presunción de inocencia y no releva al Ministerio Público de la carga de comprobar la comisión del delito. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027183" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027183</a> Protección de datos personales. Si la institución pública remitió al Ministerio Público la declaración patrimonial del servidor público, sin obtener previamente su consentimiento, no se transgrede el derecho de protección de datos personales, aun y cuando no exista control judicial previo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027220" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027220</a>AmparoInterés suspensional y su acreditamiento en diversos juiciosLa suspensión definitiva concedida en un juicio no constituye prueba idónea para acreditar en otro juicio el interés suspensional del quejoso a fin de que se conceda la suspensión provisional. La suspensión definitiva no reconoce derechos, solo impide que se ejecute o afecte un acto reclamado y sus efectos no pueden extenderse a otro juicio. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027219" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027219</a>Adulto mayor presenta amparo por no recibir pensión del bienestar Cuando un adulto mayor no sea incluido en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, puede reclamar dicha omisión y el consecuente pago de la pensión en juicio de amparo. La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Bienestar es la autoridad responsable, por ser la encargada de la operación del Programa. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027156" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027156</a>MercantilSi recibes dinero en tu cuenta por un error, ¿tienes que comparecer a juicio?El Pleno Regional definió que no existe obligación de llamar a juicio a la persona que recibió fondos por un error en transferencias bancarias, cuando el afectado demande al banco en un juicio oral mercantil. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027194" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027194</a>Acceso a la informaciónPublicidad de sentencias sobre medio ambienteUn tribunal determinó que se deben elaborar versiones públicas sin costo, de las sentencias en las que se analice el derecho al medio ambiente. Las versiones públicas deberán ser digitalizadas y subidas al portal del Consejo de la Judicatura Federal para su consulta pública. Con ello se respeta el derecho de acceso a la información pública, la protección al ambiente y la democracia ambiental. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027172" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027172</a>MigratorioSCJN declara inconstitucionales revisiones migratorias&nbsp;Ante la detención e incomunicación ilegal de un grupo de migrantes, por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), la Primera Sala de la SCJN resolvió que:ES INCONSTITUCIONALRevisión migratoria. Los artículos de la Ley de Migración que facultan al INM a realizar revisiones en todo momento, fuera de las zonas de ingreso y salida del país, son inconstitucionales porque limitan el derecho a la libre circulación y  tránsito de los mexicanos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027184" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027184</a>Discriminación indirecta. Las revisiones configuran una discriminación indirecta en contra de indígenas y afromexicanos, cuando las autoridades se basan en perfiles raciales para su revisión. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027185" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027185</a>ES CONSTITUCIONALAlojamiento en estaciones. El INM puede alojar en las estaciones migratorias a los extranjeros con situación migratoria irregular. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027205" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027205</a> Solicitud de documentación. El INM puede requerir a las personas para que se identifiquen y acrediten su estancia regular en el país, también pueden retener sus documentos cuando haya elementos para considerarlos falsos. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027212" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027212</a>Carga de la prueba. Las autoridades migratorias que soliciten a las personas que se identifiquen no pueden actuar conforme a perfiles raciales y si consideran que los documentos son falsos tienen la carga de la prueba para acreditarlo. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027213" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027213</a> ¿Aplicación retroactiva? En otro caso, un Tribunal Colegiado analizó si la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la Suprema Corte podría tener aplicación retroactiva en favor de una persona detenida en flagrancia, por el delito de transporte de migrantes indocumentados, en una revisión migratoria fuera de las zonas de entrada y salida del país. Se concluyó que no se puede aplicar en su favor, porque se trata de un tema penal. Registro: <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027176" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027176</a> Si quieres conocer más sobre criterios de tribunales emitidos en relación a los derechos de los migrantes, puedes consultar en la página de Pdea Abogados el <a href="https://pdea.mx/comprar-droga-es-delito/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 104</a> y el <a href="https://pdea.mx/jurisprudencias-sobre-juicio-de-amparo-y-ordenes-de-cateo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 122</a>.

Blog 134: Migración, investigaciones penales e impuestos locales

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.7 de septiembre de 2023.En este blog analizamos seis criterios sobre procedimientos administrativos y juicio de amparo. En materia penal comentamos las posibilidades de defensa en las investigaciones del Ministerio Público y en prisión preventiva justificada.Fiscal¿Procede amparo contra el procedimiento de revisión electrónica?Si el SAT efectúa una revisión electrónica, el contribuyente no puede impugnar en amparo las actuaciones dentro del procedimiento, como son: la resolución provisional, el oficio de preliquidación y sus constancias de notificación. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027120" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027120</a>Excepción al principio de definitividad en revisión de gabinete&nbsp;Los contribuyentes podrán promover juicio de amparo sin acudir previamente al juicio contencioso administrativo, para impugnar la orden de revisión de gabinete emitida por el SAT. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 19/2020 relacionada con los requisitos para obtener la suspensión. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027085" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027085</a>AmparoLímites del juez de amparo en el cumplimiento de sentencia&nbsp;Para verificar el cumplimiento de una sentencia de amparo, el juez no puede invadir las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, no podrá analizar el monto de la pensión otorgada por el ISSSTE, si en el amparo se reclamó que dicho Instituto no había otorgado la constancia de la concesión de pensión por viudez. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027138" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027138</a>Bloqueo de cuentas bancarias y juicio de amparo&nbsp;La persona a la que se le incluyó en la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se le bloquearon sus cuentas bancarias, no podrá promover amparo si se encuentra en trámite el procedimiento administrativo ante la UIF. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027087" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027087</a> En este caso se retomó la aplicación de la jurisprudencia <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/190665" target="_blank" rel="noreferrer noopener">P./J. 144/2000</a> del Pleno de la SCJN.Incidente innominado para sustitución de autoridad responsable Si en el incidente de inejecución de sentencia el quejoso considera que la persona moral que actúa como autoridad responsable fue sustituida por otra, debe solicitar al juez la apertura del incidente innominado previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. El juez no puede determinar la sustitución de la autoridad responsable sin que antes ello quede acreditado en el incidente y se dé intervención a las partes. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027090" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027090</a>AdministrativoDisminuyen requisitos para demanda de nulidadAl presentar la demanda de nulidad es suficiente con adjuntar la resolución impugnada en copia simple, así lo resolvió en contradicción de criterios un Pleno Regional. No puede exigirse que se exhiba en original o en copia certificada. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027135" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027135</a>PenalMinisterio Público debe concluir investigacionesEl Ministerio Público no puede actuar de manera arbitraria al integrar la carpeta de investigación, por tanto, la persona que está siendo investigada podrá promover amparo ante la dilación injustificada del Ministerio Público de determinar si procede o no ejercer acción penal. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027079" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027079</a>Prisión preventiva justificada: debe superar test de proporcionalidadUna persona fue sujeta a prisión preventiva justificada por considerar que no acreditó su arraigo o su permanencia en el lugar en que eventualmente se le juzgaría. Un tribunal sostuvo lo siguiente:Test de proporcionalidad. Para aplicar la prisión preventiva justificada como medida cautelar debe superarse un test de proporcionalidad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027131" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027131</a> ¿Automática en algunos supuestos? Aun cuando el imputado esté siendo procesado en diversos juicios, la aplicación de la prisión preventiva debe superar el test de proporcionalidad. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027126" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027126</a> Carga de la prueba. Con base en el principio de presunción de inocencia, la Fiscalía debe probar que existe un peligro de que el imputado se sustraiga de la justicia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027130" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027130 </a>Estándar de prueba. El juez debe analizar los hechos indicadores del riesgo de fuga atendiendo al caso en concreto. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027127" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027127</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027125" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027125</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027128" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027128</a>Hechos notorios. No tienen ese carácter las noticias publicadas por medios de comunicación que informen sobre las facilidades que tiene el imputado para fugarse. Los hechos notorios deben tener una fuente confiable y constatable.  <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027129" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027129</a> A las consideraciones anteriores se suma lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodriguez y otros vs. México (2023) y el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México (2022), en los que se analizan el arraigo y la prisión preventiva en nuestro país.&nbsp;

Blog 133: Facultades de comprobación del SAT y amparo

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.31 de agosto de 2023.El juicio de amparo está en constante evolución. Bajo este criterio un tribunal justificó la expedición de copias certificadas digitales y estableció un procedimiento para esto. Además, se analizaron los límites en amparo cuando se impugna una orden de bloqueo de una página web por parte del IMPI, entre otros temas.AdministrativoSi se reclama crédito fiscal del IMSS ¿deben comparecer los trabajadores?Un tribunal consideró que los trabajadores son terceros interesados en el juicio de nulidad, si el patrón reclama un crédito fiscal fincado por el IMSS por la falta de pago de cuotas obrero patronales. Por tanto, deben ser llamados a juicio a través de su representante. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027052" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027052</a>Inactividad de tribunales administrativosAnte la inactividad del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León para resolver un recurso de revisión, el particular puede presentar juicio de amparo. En este caso, se deberá otorgar la suspensión para que el Tribunal continúe con el trámite del juicio y abandone su indiferencia. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027045</a>Nueva reglamentación sobre tabaco se pone en pausaEn jurisprudencia se confirmó que en los amparos promovidos contra el nuevo Reglamento que establece mayores limitaciones para la venta y consumo de tabaco sí debe otorgarse la suspensión, para que los restaurantes y tiendas no estén obligados a implementar las nuevas reglas hasta en tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. [Plenos Regionales] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027062" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027062</a>Este criterio lo comentamos en el <a href="https://pdea.mx/el-sat-no-puede-compartir-tus-datos-personales/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 120</a> publicado en la página web de Pdea Abogados cuando se emitió un Comunicado por el Pleno Regional.PenalImpugnación en amparo del auto de vinculación a proceso&nbsp;Para impugnar en amparo el auto de vinculación a proceso que fue dictada en audiencia oral, basta que se ofrezca como prueba una copia auténtica del video de la audiencia, sin que sea necesario que se aporte la constancia por escrito de dicha resolución. [Plenos de Circuito, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027046" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027046</a>Acuerdo reparatorio ¿todos los imputados tienen que estar de acuerdo?En un juicio penal dos de las tres personas imputadas por el delito de fraude aceptaron la comisión del delito y acordaron el pago de cierto monto como reparación del daño. Un tribunal consideró que aun cuando la tercera persona no haya aceptado el acuerdo reparatorio el hecho de que los otros imputados lo hicieran lo beneficia y por tanto, se debe considerar que se extingue la acción penal para todos los involucrados. Este criterio no aplica para el procedimiento abreviado. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027042" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027042</a>Amparo¡Nuevo criterio! sobre copias certificadas digitalesAnte la evolución del amparo, los juzgados y tribunales pueden expedir copias certificadas digitales del expediente, utilizando su firma electrónica para certificarlas. La entrega de las copias puede hacerse por correo, utilizando la cuenta de correo electrónico institucional. Con este criterio se va dejando atrás la práctica de ir directamente a los juzgados o tribunales para obtener copias certificadas. En un segundo criterio se estableció el procedimiento a seguir para este trámite, que no está previsto en la Ley de Amparo. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027047" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027047</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027048</a>Presidente de la República no puede impugnar suspensión en amparo contra leyesSi el acto reclamado del Presidente de la República fue la promulgación y publicación del decreto de reforma electoral de marzo de 2023, entonces no podrá promover recurso de queja en contra de la suspensión otorgada para que no se aplicaran dichas normas a quienes promovieron amparo. Solo están legitimadas para presentar queja, las autoridades encargadas de la aplicación de dichas normas. [Tribunales colegiados, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027053" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027053</a>Propiedad intelectual“Clausuras digitales” por descargas de música en internetEl Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ordenó el bloqueo de una página web que permitía la descarga de música y videos sin respetar derechos de autor. Un tribunal sostuvo que no puede concederse la suspensión en amparo, para que se levante el bloqueo de la página web, porque se están afectando derechos de autor. [TCC, tesis aislada] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027061" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027061</a>

Blog 132: Copias certificadas digitales en amparo

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.25 de agosto de 2023.La Suprema Corte publicó jurisprudencia en la que analizó el daño moral cuando se trata de responsabilidad objetiva. Además, analizamos criterios relacionados con la tasa del IVA y con la negativa del IMPI de otorgar un registro de marca.FiscalSCJN define plazo para recurso de revisión fiscal&nbsp;Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicta una sentencia en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la autoridad puede promover recurso de revisión fiscal. La Segunda Sala resolvió que el plazo para presentar dicho recurso debe contarse a partir de que el TFJA le notifica la sentencia a la autoridad y no cuando el tribunal colegiado le da vista a las partes con copia de la sentencia del TFJA. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027035" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027035</a>Tasa de IVA para sustitutos de lecheUn tribunal colegiado analizó si la importación de bebidas de soya, almendras y coco, así como el sustituto de crema para café, se encuentran gravados con la tasa del 0% del IVA, para concluir que deben gravarse al 16% por ser resultado de un proceso de industrialización. Los concentrados, polvos y bebidas que no sean leche no podrán gravarse al 0%. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027024" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027024</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027025" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027025</a>.CivilResponsabilidad objetiva: daño patrimonial y daño moralLa Primera Sala se pronunció sobre la responsabilidad civil con motivo de la muerte de una persona causada por una descarga eléctrica, en la que se demandó a la CFE y a la aseguradora contratada por esta empresa.<ol class="wp-block-list"><li>En caso de muerte, la indemnización le corresponde a los herederos. Esta regla debe interpretarse para que supere el examen de constitucionalidad.</li>

<li>Por tanto, no se le puede exigir al padre de la víctima, que sea reconocido como heredero por juez o notario para demandar el pago de la indemnización. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027036" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027036</a></li>

<li>El daño moral es independiente del daño material, por tanto, la indemnización del primero no podrá depender de la cuantificación que se haga de los daños materiales. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027019" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027019</a></li>

<li>El Código Civil Federal establece cinco parámetros para cuantificar el daño moral: derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica de la víctima y del responsable, y las demás circunstancias del caso.</li>

<li>El valor que debe asignarse a cada uno de los cinco parámetros varía dependiendo de cada caso y de si se trata de responsabilidad objetiva o subjetiva. No pueden tener un valor porcentual fijo. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027017" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027018</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027017" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027017</a></li>

<li>El ‘grado de responsabilidad’ debe tener un efecto limitado en la responsabilidad objetiva, para evitar una sobre indemnización a la víctima. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027016" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027016</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027020" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027020</a></li>

<li>La aseguradora no puede argumentar que el pago del daño moral le afecta a su patrimonio, ya que está obligada a cubrir los daños hasta por el monto de la suma asegurada.&nbsp;</li>

<li>Finalmente, la Primera Sala después de considerar este y asuntos anteriores, establece nueve pautas generales para cuantificar el daño moral. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027015" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027015</a> </li></ol>Pensión alimenticia: ingresos del deudor y deberes de cuidadoCuando una de las hijas se va a vivir con el padre que paga la pensión alimenticia, para fijar la pensión proporcional el juez debe analizar si es el padre o la madre quien realiza las labores de cuidado de la menor. Lo contrario puede implicar una reducción de la pensión en perjuicio de la menor y de sus cuidados.&nbsp;Capacidad económica. La capacidad del deudor alimentario debe determinarse con los ingresos obtenidos de su empleo, considerando además elementos no remunerativos como lo son los recursos que tenga a su alcance.Pruebas. Ante la duda sobre la capacidad económica del deudor el juez puede allegarse de estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos e informes del Registro Público de la Propiedad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027001" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027001</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027000" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027000</a>AdministrativoCuotas obrero patronales en subcontrataciónPara determinar las cuotas obrero patronales de seguridad social, el patrón debe considerar el salario base del domicilio en que se encuentra el registro patronal, en este caso en la frontera norte. Esto es independiente de que los trabajadores fueron subcontratados en lugares en donde el salario base era menor. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027014" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2027014</a>Propiedad intelectualIMPI niega registro de marcaEl Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó a una empresa el registro de una marca y en un segundo momento negó a la misma empresa el registro de una marca muy similar. Un tribunal colegiado resolvió que el IMPI está obligado a mantener un criterio consistente y coherente tratándose de registros de marca similares, en apego a la seguridad jurídica. En caso de que el IMPI cambie de criterio debe fundamentar y motivar las razones. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027029" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2027029</a>Penal¿Existe un plazo límite para promover amparo contra la orden de aprehensión? La Primera Sala analizó una contradicción de criterios y sostuvo que el plazo para promover amparo en contra de una orden de aprehensión es el genérico de 15 días en tanto se trata de un acto dentro del procedimiento penal. No es posible considerar que la presentación del amparo puede realizarse en cualquier momento. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7467" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 277/2023</a>Acceso a la informaciónMilitares ingenieros del AIFA deben presentar declaración patrimonialEl Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública la entrega a un particular de la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.El Pleno de la SCJN confirmó la resolución del Pleno del INAI al considerar que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana están obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, sin que esto afecte la seguridad nacional. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7468" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado SCJN 278/2023</a>

Blog 131: Si litigas en derecho civil, no te pierdas este blog

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.18 de agosto de 2023.Te recomendamos tres jurisprudencias de la Suprema Corte en las que se reinterpretó el derecho de defensa para los imputados. Además, un tribunal analizó los límites para las declaraciones complementarias en materia fiscal.FiscalLímites en declaraciones complementariasEl contribuyente tiene derecho a presentar declaraciones complementarias, pero a partir de la cuarta solo podrá hacerlo respecto de ciertos rubros. Ahora bien, si la tercera declaración se presentó respecto de esos rubros, esto no significa que en la cuarta declaración complementaria el contribuyente tenga libertad para modificar cualquier dato. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026974" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026974</a>PenalSCJN amplía derechos de defensa de los imputadosLa Primera Sala amplió la posibilidad de defensa del imputado cuando promueve recurso de revisión adhesiva a aquel presentado por el ministerio público o por la víctima. En términos generales, la revisión adhesiva está limitada a los planteamientos realizados en el recurso principal, sin embargo, en tres jurisprudencias, la Suprema Corte modificó este criterio, reconociendo que existe un “derecho a la adhesión”:Alcance. El imputado, el ministerio público y la víctima tienen derecho para presentar recurso en adhesión y argumentar en favor o en contra de la resolución impugnada.&nbsp;Nuevos agravios. Pueden incorporar nuevos agravios que no habían sido planteados antes.Naturaleza autónoma. Si bien debe existir un recurso de apelación principal para interponer la adhesión, el desistimiento del recurso principal no afecta la subsistencia del segundo, ya que tiene una naturaleza autónoma e independiente. [Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026976" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026976</a>, <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026977" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026977</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026975" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026975</a>Estas jurisprudencias están relacionadas con lo resuelto por el Pleno de la SCJN en marzo de 2022 en el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, comentado en nuestro <a href="https://pdea.mx/blog-62-scjn-declara-inconstitucionalidad-de-ordenes-de-aprehension/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 62</a>.Prisión preventiva por tiempo excesivoUn Pleno Regional sostuvo que si el imputado, que está siendo juzgado bajo el sistema penal tradicional o mixto, lleva más de dos años en prisión preventiva, puede puede promover juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026992" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026992</a>Si te interesa conocer más sobre la prisión preventiva, consulta el <a href="https://pdea.mx/secreto-bancario-arraigo-y-prision-preventiva/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 103</a> en el que comentamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en la que se condenó a nuestro país por violar derechos humanos. AmparoProcede suspensión contra limitaciones a productos de tabacoEn relación con el reglamento publicado en diciembre de 2022, en el que se establecieron mayores restricciones para la venta de cigarros y otros productos de tabaco, el Pleno Regional resolvió que sí procede la suspensión para que los comercios no se vean obligados a aplicar las restricciones, durante la tramitación del amparo en el que se analiza la constitucionalidad de las mismas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026996" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026996</a>Suspensión en permisos para venta de gasolinaLa Comisión Reguladora de Energía (CRE) revocó el permiso para la venta de gasolina al público porque la empresa omitió presentar los informes sobre volúmenes y precios de venta. Un Pleno Regional resolvió en jurisprudencia que en contra de dicha determinación no puede concederse la suspensión en amparo. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026994" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2026994</a>LaboralInscripción de embargo en cumplimiento a sentencia laboralCuando se ejecute una sentencia en materia laboral en favor del trabajador que ordene el embargo de un inmueble, el trámite de la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad debe ser gratuito. Las actuaciones derivadas de normas del trabajo no causan cargo alguno. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026979</a>CivilCargos bancarios no reconocidos y juez competenteLa persona que promueve juicio en contra de su banco por cargos no reconocidos, tiene la opción de presentar la demanda ante el juez competente en su domicilio particular o en el domicilio señalado en el contrato bancario. En estos casos, el cuentahabiente tiene libertad para decidir la jurisdicción, de acuerdo con la jurisprudencia <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019661" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1a./J. 1/2019</a> de la Primera Sala. [Jurisprudencia]. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026970" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026970</a>Maternidad subrogada ¿quién puede registrar al bebé?Una pareja del mismo sexo tuvo un bebé a través de la maternidad subrogada. Ante la negativa del Registro Civil de registrarla como su hija, promovió juicio de amparo. Un tribunal resolvió que para probar la relación biológica con la menor no es necesario que se realice una prueba genética. De acuerdo con criterios de la Primera Sala, para determinar la filiación debe considerarse: i) la voluntad de los padres de asumir a la menor como hija; y, ii) la voluntad de la madre gestante de no reclamar a la menor. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026982" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026982</a>

Blog 130: Declaraciones fiscales y defensa en procesos penales

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" style="width:393px;height:78px" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.10 de agosto de 2023.Algunos siguen de vacaciones y la Suprema Corte resolvió que las aerolíneas deben pagar una indemnización por la sobreventa de boletos. Además, ¿cómo debe entenderse el derecho de petición en la era digit@l?AdministrativoRecurso de apelación para faltas graves&nbsp;Aun cuando el recurso de apelación solo está previsto contra la resolución que impone sanciones por faltas graves o determina la inexistencia de responsabilidad, tal recurso también es procedente, por identidad de razón, cuando la Sala resuelva que un servidor público cometió cohecho, pero no lo sancione porque devolvió los recursos públicos. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026948" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026948</a>Desechamiento de ampliación de demanda en juicio de nulidadEl acuerdo por el que se desecha la ampliación de la demanda en el juicio de nulidad tramitado en línea debe notificarse de forma personal y no por boletín electrónico, porque afecta el derecho procesal del particular. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026901" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026901</a>CivilCosa juzgada y cosa juzgada reflejaLa Primera Sala de la SCJN analizó el alcance de los conceptos cosa juzgada directa y refleja. La primera se verifica cuando existe un juicio que ya quedó resuelto y se promueve uno nuevo que coincide en: i) la cosa u objeto del litigio, ii) el reclamo y, iii) las partes. Si falta alguno de estos elementos, pero lo resuelto en el primer juicio trasciende al segundo en tal grado que de resolverlo de forma distinta se afectaría la seguridad jurídica, entonces hay cosa juzgada refleja y el juzgado que conozca del segundo juicio tendrá que atenerse a lo resuelto en el primero. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026918" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026918</a>Aerolíneas deben indemnizar a pasajeros por sobreventa de boletosSe declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Aviación Civil, por lo que ahora, si una persona pierde un vuelo de conexión por la sobreventa de boletos, además de que se le dé la opción de tomar otro vuelo o de que se le reintegre el boleto, la aerolínea deberá pagar una indemnización del 25% del precio pagado. [Primera Sala] <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7440" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de prensa 235/2023</a>MercantilBanco debe pagar intereses moratorios por cargos no reconocidosSi en juicio se reconoció la responsabilidad del banco por un cargo no reconocido, al cumplir con la sentencia, el banco deberá reintegrar dicho monto y los intereses moratorios que se deberán contabilizar desde el momento en que el cuentahabiente dio aviso a la institución y no desde la fecha en que se dictó la sentencia. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026917" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026917</a>LaboralJuez competente ante la omisión de la Junta de emitir un laudoLa omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje de emitir un laudo sí tiene ejecución material por lo que el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de esa omisión, es aquel con residencia en el lugar en que se encuentre la Junta. La omisión de dictar un laudo paraliza el procedimiento laboral y afecta los derechos del particular. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026910" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026910</a>Esta jurisprudencia resuelve una contradicción de criterios entre plenos de circuito. Uno de ellos lo comentamos en el <a href="https://pdea.mx/blog-41-limitaciones-para-sancionar-a-funcionarios-publicos/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 41</a>, de octubre de 2021.ConstitucionalDerecho de petición: en la era digit@lUna persona acudió a las oficinas de la Conagua para presentar una solicitud de prórroga de un título de concesión, pero su solicitud no fue recibida bajo el argumento que solo se recibían solicitudes presentadas en línea. Un tribunal resolvió que limitar el ejercicio del derecho de petición a la vía digital genera discriminación, por lo que las autoridades están obligadas a recibir solicitudes por escrito. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026924" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026924</a>PenalInformación de celulares en investigación penalLa entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones relacionados con el celular de la víctima de un delito, no debe considerarse como una intervención de comunicaciones privadas. Por tanto, el ministerio público puede solicitar la entrega de los datos tanto a un juez federal como a uno local. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026953" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026953</a>

Blog 129: Sobreventa de boletos de avión y derecho de petición digit@l

<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png" alt="" class="wp-image-18320" width="393" height="78" srcset="https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1.png 1024w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-600x120.png 600w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-460x92.png 460w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-768x153.png 768w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-120x24.png 120w, https://aula.inteli-iuris.mx/wp-content/uploads/2022/02/PdeA-1024x204-1-310x62.png 310w" sizes="auto, (max-width: 393px) 100vw, 393px" /></figure>Denise Tron y Mariana Ruiz.4 de agosto de 2023.¿Sabías que no pagar impuestos, desocupar tu domicilio fiscal o comprar facturas falsas puede ser delito?En este blog ponte al día en la jurisprudencia de la Suprema Corte y de tribunales sobre derecho fiscal-penal, publicada desde 2021.Delitos fiscalesDefraudación fiscal por declarar deducciones falsasLa defraudación fiscal equiparada no viola el principio de exacta aplicación de la ley, cuando el delito se comete por declarar deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos. No es necesario que la norma establezca a qué tipo de declaraciones se refiere o los plazos de presentación, estos elementos están definidos en la legislación fiscal. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025892" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2025892</a>. Lee más en nuestro <a href="https://pdea.mx/comprar-droga-es-delito/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 104</a>Defraudación fiscal en contribuciones retenidasEs constitucional el delito de defraudación fiscal equiparada en el supuesto de que un contribuyente omita enterar al SAT el ISR retenido. Este delito genera una afectación patrimonial al Estado y un engaño a la persona cuyas cantidades fueron retenidas y no enteradas al SAT, por lo que no transgrede el principio de mínima intervención. [Primera Sala, Sentencia] <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de Prensa No. 241/2023</a>, <a href="https://pdea.mx/bloqueo-de-cuentas-y-defraudacion-fiscal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 125</a>Delito por desocupar el domicilio fiscalEl contribuyente comete delito si deja su domicilio fiscal y no da aviso al SAT del nuevo domicilio, después de que se le notificó un requerimiento de información. No es necesario que transcurra un año para configurarse el delito, pues este requisito se refiere a otro supuesto regulado en el Código Fiscal de la Federación (CFF). Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025803" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2025803</a>, <a href="https://pdea.mx/compraventa-de-palabra-y-delitos-fiscales/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 102</a>Delito por suscribir convenio de pago en parcialidades de contribucionesUn Pleno de Circuito resolvió que un funcionario del SAT cometió el delito de uso indebido de atribuciones, al haber autorizado un convenio de pago en parcialidades de contribuciones que no cumplía con los requisitos del CFF.El delito se refiere a un servidor público que actuando de manera ilícita o indebida, otorga una “autorización de contenido económico”, en este caso, sobre contribuciones que son recursos públicos. Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023244" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2023244</a>, <a href="https://pdea.mx/que-dicen-hoy-los-tribunales-entrega-23/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 23</a>Investigación de delitos penales Persecución de delitos de defraudación fiscalUn tribunal colegiado analizó la diferencia entre el plazo que tiene la Secretaría de Hacienda (SHCP) para presentar querella (preclusión) y el plazo para que el ministerio público ejerza la acción penal (prescripción) para el delito de defraudación fiscal y concluyó que no deben contabilizarse en paralelo.&nbsp;Primero corren los cinco años en que precluye el plazo para que la SHCP presente querella y si esta se presenta, entonces comenzará a correr el plazo para la prescripción de la acción penal (artículo 100, CFF).En delitos fiscales, la presentación de la querella interrumpe el plazo para que no precluya el derecho de la SHCP, pero no interrumpe el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022954" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2022954</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022953" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2022953</a>, <a href="https://pdea.mx/que-dicen-hoy-los-tribunales-entrega-14/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 14</a>Información bancaria en investigaciones penalesEl SAT sí puede utilizar la información bancaria que obtuvo en una visita domiciliaria, para sustentar una querella por delitos de defraudación fiscal. Esta información podrá ser empleada por el ministerio público en la investigación y en el proceso penal. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024653" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2024653</a>, <a href="https://pdea.mx/secreto-bancario-sat-y-derechos-de-las-audiencias/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 70</a>Control judicial para solicitar información bancariaEs inconstitucional que la Fiscalía General de la República pueda requerir información bancaria de los contribuyentes en las investigaciones sobre delitos fiscales. Dichas solicitudes deben realizarse previa orden judicial. [Primera Sala, Sentencia] <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7207" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de Prensa No. 021/2023</a>, <a href="https://pdea.mx/secreto-bancario-arraigo-y-prision-preventiva/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 103</a>Proceso penalLa Suprema Corte limitó la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscalesEn octubre de 2021, el Pleno de la SCJN comenzó el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República en contra de la reforma legal que estableció que en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y el de facturas falsas debía aplicarse la prisión preventiva al inculpado de manera oficiosa, esto es, en todos los casos. En este primer análisis, los ministros no llegaron a un acuerdo y el asunto fue turnado para la elaboración de un nuevo proyecto. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6633" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de Prensa No. 325/2021</a>, <a href="https://pdea.mx/blog-42-conocer-el-derecho-viviente-dijo-la-scjn/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 42</a>En noviembre de 2022, el Pleno de la SCJN resolvió invalidar las normas que calificaban como “amenazas a la Seguridad Nacional” y que consideraban como delincuencia organizada a los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como el delito de facturas falsas. Por tanto, no procede la prisión preventiva oficiosa en los procedimientos penales relacionados con esos delitos.En este asunto, la SCJN confirmó la constitucionalidad del delito de facturas falsas, el cual había sido cuestionado por considerar que no era lo suficientemente claro y preciso. Acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019. <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7155" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Comunicado de Prensa No. 431/2022</a>, <a href="https://pdea.mx/la-suprema-corte-resuelve-temas-pendientes-con-marcador-2-a-1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 97</a>Sobre este asunto te recomendamos el webinario de Inteli-Iuris y PDEA “Delitos fiscales: qué han resuelto los tribunales” con Luis Pérez de Acha y Ulises Gómez Nolasco, da clic <a href="https://open.spotify.com/episode/246TnTx6Gun6sYM2PDFTv6?si=d9781b94e8aa4277" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> para escucharlo en Spotify.A las consideraciones anteriores se suma lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2022 dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y condenó a las autoridades mexicanas por que la regulación del arraigo y la prisión preventiva en nuestro país, violan los derechos humanos. <a href="https://pdea.mx/secreto-bancario-arraigo-y-prision-preventiva/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 103</a>Estándar probatorio en el auto de vinculación a procesoEl juez de control está obligado a analizar y valorar las pruebas ofrecidas por el imputado, antes de que se resuelva si se le vincula o no al proceso penal. El juez no puede argumentar que en este momento del proceso existe un “estándar probatorio reducido” como justificación para no analizar las pruebas. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025895" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2025895</a>, <a href="https://pdea.mx/comprar-droga-es-delito/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 104</a>Amparo penalImprocedencia del amparo promovido por la SHCPLa SHCP no puede impugnar en amparo una sentencia que absuelve a un contribuyente por el delito de defraudación fiscal equiparada. Lo anterior debido a que no se afectan sus intereses patrimoniales, sino los de la hacienda pública federal. De acuerdo con la Ley de Amparo las personas morales oficiales pueden acudir al amparo en defensa de su patrimonio propio. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023456" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2023456</a>, <a href="https://pdea.mx/blog-33-estandar-de-deferencia-y-derecho-humano-a-la-propia-imagen/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 33</a>Suspensión en contra del auto de vinculación a procesoLa Primera Sala analizó los efectos del auto de vinculación y modificó su criterio para sostener que sí se puede conceder la suspensión provisional o definitiva en contra de dicho auto, cuando se cumplan los requisitos generales previstos en la Ley de Amparo, aun y cuando no se afecte la libertad del imputado. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026437" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2026437</a>, <a href="https://pdea.mx/donatarias-autorizadas-y-amparo-penal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blog 118</a>

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